Cerca de 100 personas víctimas de desplazamiento forzado cumplen más de dos meses viviendo frente a la embajada del país europeo en plena emergencia sanitaria. Exigen que el Estado cumpla con lo que les ha prometido. Algunes llevan décadas de espera.
“Personalmente no me importa nada… si me tengo que hacer matar, me hago matar, pero ya no sigo en esta situación” comenta desesperada María*, mientras esconde sus manos en la ruana que la protege del frío. Esta mujer de 62 años llegó el 30 de noviembre del año pasado a la calle 94 con carrera 11A, donde se ubica la Embajada de Noruega en Bogotá, buscando una respuesta que lleva esperando por más de una década.
Hace muchos años María vivía en Puerto Salgar, Cundinamarca, donde tenía su pedazo de tierra. Pero en 2009, como tantxs en este país, fue víctima de desplazamiento forzado. “Me sacaron en el 2009 grupos subversivos de toda clase, porque allí hay de toda clase y empezando por el Gobierno que es una porquería, que vienen a tomarnos del pelo desde hace años por una guerra injusta que no tiene ni pies ni cabeza”. En este momento, más de 10 años después de huir de su tierra, María está amenazada de muerte por su labor como líder comunitaria.
Esa guerra injusta que se ha prolongado por más de 50 años en Colombia ha traído consigo una normalización del absurdo. No es la primera vez que Bogotá ve cómo cientos de personas se toman las calles para literalmente vivir ahí. Buscan refugio de la lluvia, el frío y el sol con lo que pueden: colchonetas que se traen de los lugares de donde huyeron o que algunas personas les donan, una que otra carpa y sobre todo bolsas negras que hacen la función de techo para la mayoría de cambuches.
La repetición de la imagen ya podría pasar por paisaje en Bogotá. El año pasado una de las calles que colindan con el parque Tercer Milenio, en el centro de la capital, fue ocupada por 452 indígenas embera katío y embera chamí que exigían prácticamente lo mismo que las 53 familias campesinas que hoy están refugiándose en frente de la Embajada de Noruega: vivienda digna y restitución de tierras.
¿Pero cómo puede volverse paisaje el hambre y el desahucio? ¿Qué dice eso sobre el país que habitamos?
En ese momento el asentamiento de las y los indígenas embera fue atendido por el Gobierno Distrital y fue cubierto por varios medios de comunicación. Esta vez las 53 familias, que llevan más de dos meses en frente de la embajada, tuvieron que enfrentar el segundo pico de la pandemia sin asistencia sanitaria, sin alcohol ni geles antibacteriales, sin tener acceso a baños para poder asearse y durmiendo sin distanciamiento social para sobrevivir al frío de la ciudad. Sobre todo: han permanecido a la intemperie masivamente sin que casi nadie esté prestando mucha atención.
De hecho, de acuerdo con estas familias y con la concejal Heidy Sánchez, solo otra concejal, Ana Teresa Bernal de la bancada Colombia Humana-UP, ha estado pendiente de esta emergencia humanitaria y ha hecho varias veces la denuncia pública en sus redes sociales.
La historia de María se multiplica varias veces en ese campamento improvisado que se levantó en la mitad de uno de los barrios más ricos de Bogotá. Rubiela Blanco también es una líder social, de la zona del Catatumbo, y hace parte de la Mesa Distrital de Mujeres. Su historia es la muestra de cómo el conflicto armado en Colombia parece una herencia para las generaciones que siguen. En 1993 el padre de Rubiela fue asesinado por guerrilleros del EPL (Ejército Popular de Liberación). 24 años después ella y sus hijes fueron víctimas de los residuos paramilitares de la zona, grupos ilegales más recientes como las Águilas Negras: “El 3 de agosto de 2018 llegué yo aquí a Bogotá, aunque el verdadero desplazamiento fue el 16 de junio porque fue un día antes de las elecciones presidenciales», cuenta Rubiela. «Me asesinaron el hijo el 29 de octubre de ese año y hace tres meses me asesinaron el otro”. Ella cuenta que a su segundo hijo lo asesinaron luego de que la Unidad de Víctimas le aconsejara hacer la denuncia de su situación en la Alcaldía Mayor de Bogotá: “Eso provocó que me mataran al otro hijo”.
El relato de Rubiela es diciente para responder a la pregunta sobre si en Colombia ya se puede hablar de garantías de no repetición. También habla de qué tanta preparación, o falta de ella, están teniendo algunas instituciones para atender adecuadamente a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado.
Las personas que están durmiendo en la calle donde está la embajada de uno de los países garantes de los Acuerdos de Paz con las extintas Farc denuncian también que no hay ninguna ONG que los esté acompañando, y que la veeduría de su situación por parte del Distrito se ha reducido a reuniones virtuales sin resultados o a la alcaldesa Claudia López intentando visitar el lugar, como pasó hace unos días. “La alcaldesa se dignó a venir hasta allí, casi nos echa la camioneta encima», recuerda Rubiela. «Nosotros lo que queríamos era que ella nos escuchara la problemática y que nos atendiera como mujeres y seres humanos que somos. A ella tal vez le dio temor que nosotros la agrediéramos, pero nosotros no somos violentos”.
La única entidad distrital que, según esta población, ha hecho presencia es la Secretaría de Seguridad a través de las y los gestores de convivencia. Sin embargo, para las víctimas este acompañamiento es insuficiente: “Mandan a los gestores de convivencia a saber cómo estamos, cómo amanecimos, a saludarnos y luego se van”, concluye María. Estando en el lugar, vimos que efectivamente las y los gestores de convivencia hicieron presencia en la mañana del martes, pero no estaban autorizades para dar declaraciones a MANIFIESTA.
Otra entidad que sabemos que llegó a la embajada fue la Alta Consejería para las Víctimas. Funcionarios de esta institución realizaron un censo en el que contaron menos de la mitad de las personas que están viviendo allí hace dos meses (45 personas). Sin embargo, al parecer el censo está incompleto, según reclamantes como Juliana*, otra de las víctimas provenientes de Ortega, Tolima: «la entidad por qué se va a lavar las manos mandando una persona a las 11:30 p. m. a hacer un censo. A esa hora no estamos todos porque este frío nos mata». Juliana se refiere a que en las noches algunas y algunos, sobre todo adultes mayores, buscan otro lugar para pasar la noche y evitar enfermarse.
Por su parte, la Secretaría de Integración Distrital, encargada de la protección, la garantía y el restablecimiento de derechos de las y los ciudadanos en Bogotá, nos dijo que “Ya la Alta Consejería para las Víctimas les está dando atención, de nuestra parte les hemos dado un bono canjeable”. Sin embargo, hasta el momento no tenían disponible la información sobre cuántas veces y cuántos bonos habían repartido a una población que lleva más de dos meses viviendo en la calle.
La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, que tiene la obligación de prestar apoyo, asesoría y coordinación a las víctimas del conflicto armado que residen en Bogotá, nos dijo que desde el primer día les habían brindado atención a través de una Unidad Móvil que tenía el objetivo de promover la concertación y el diálogo. Sin embargo, afirma que por las exigencias de las familias, estas son competencia de la Unidad para las Víctimas (UARIV) y del Gobierno Nacional. «La gestión de la ACDVPR consistió en acompañar el diálogo a través de funcionarios de la Unidad Móvil de la entidad quienes efectuaron acercamientos para persuadir a los manifestantes en el levantamiento de la vía de hecho».
Ahora bien, según esta entidad, ellxs sí deben asumir la Atención Humanitaria Inmediata (alojamiento y alimentación) en los casos en los que las víctimas han declarado su estado ante el Ministerio Público. Pero apenas este les incluye como víctimas por los hechos declarados y la Unidad de Víctimas se pronuncia, la Alta Consejería pierde competencias para suministrar esas ayudas. Lo que se entiende por el comunicado que le hizo llegar a MANIFIESTA esta institución es que como ellos ya le habían remitido la información a la Unidad de Víctimas, a la Alta Consejería solo le correspondía conciliar con las víctimas para levantar la vía de hecho (la toma de la calle frente a la embajada).
Sin embargo, los enredos burocráticos entre entidades de orden distrital y nacional no pueden ser una justificación frente a la situación de estas 53 familias, menos teniendo en cuenta que, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), Bogotá ha recibido un total de 22.904 personas víctimas de desplazamiento forzado de otras regiones del país entre los años 2016 y 2019. Se podría decir que desde que se tiene registro, (1985), Bogotá siempre ha sido la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado en Colombia. ¿Por qué después de tanto tiempo las rutas de acción parecen aún confusas e inaccesibles para las personas víctimas y sobrevivientes del conflicto armado que siguen llegando a la capital?
“No es posible que se sigan burlando de nosotros (…), del pueblo. Le estamos exigiendo a todas las entidades, pero todas se tiran la pelota entre ellas y nadie hace nada”, opina María al preguntarle por el accionar de las instituciones. Esa falta de respuestas es una de las razones por las que decidieron tomarse el frente de la embajada de Noruega. Según Rubiela, al ser una calle que pertenece al país europeo, el Esmad no puede entrar a sacarles ni a violentarles. Además, según ella, el embajador se ha ofrecido a ser intermediario entre las instituciones y las familias. Por su parte, la Real Embajada de Noruega le dijo a MANIFIESTA que respeta plenamente el derecho a la protesta pacífica, pero que no corresponde a la embajada responder a las demandas de las víctimas, ni tampoco tienen los medios para hacerlo. «Esto es algo que corresponde enteramente a las autoridades colombianas. Cabe resaltar que no hemos tenido ningún inconveniente con los manifestantes. Su actitud hacia el personal de la embajada siempre ha sido respetuosa y pacífica. Esperamos que las autoridades colombianas y las asociaciones de víctimas encuentren una solución adecuada a la situación».
Para otras víctimas es una forma de activar la presión internacional: “Estamos en esta embajada porque nos han acogido, no nos han molestado y porque ellos (Noruega) son garantes de la negociación (del Acuerdo de Paz)”, dice Yaneth Moreno, otra de las víctimas que se encuentra en el campamento. Yaneth salió desplazada del municipio de Cabrera, en Cundinamarca y llegó a Bogotá en 1994, hace 27 años. “Nos sacaron varios grupos encapuchados, no supe qué grupos», cuenta. «Yo reclamo mi derecho como víctima para todas mis compañeras que están acá, que son madres cabeza de hogar, que tienen una responsabilidad muy grande”.
Yaneth, como otras mujeres en el campamento, también es madre cabeza de familia. Tiene cuatro hijas y dice que en estos años la situación no ha sido fácil para ella: “En realidad uno toca puertas para que lo orienten, para la vivienda, para todo y nunca hay nada para nosotras». La respuesta que le han dado es ‘vaya y trabaje’, asegura. «Pero cómo va una a trabajar si no hay quién lo reciba, nos ponen peros que por la edad, que porque no está capacitado, entonces ya toca tomar una vía de hecho para que el Gobierno nos atienda”.
Eduardo Olaya Vega, un campesino que llegó desplazado desde Yacopí, Cundinamarca, en 1992, también está viviendo una situación parecida. Tuvo que dejar a sus hijos y a su esposa porque grupos armados le dijeron que si volvían a verlo por Yacopí, lo mataban. Su núcleo familiar se desbarató e intentar una vida nueva en Bogotá implicó muchos sacrificios. “Desde que llegué acá he trabajado en muchas cosas, sobre todo en asaderos de pollo. Por fin tenía un trabajito en un asadero en Fontibón, pero llegó la pandemia y me sacaron. No me dieron liquidación ni nada”. Eduardo logró conseguir un abogado que le está ayudando a que las personas que lo tenían empleado lo indemnicen por el despido sin justa causa del que fue víctima en plena emergencia económica por la pandemia.
De hecho, según estimaciones de Fedesarrollo, la pobreza en Colombia, agravada por la covid-19, alcanzará un nivel de entre el 47 y el 49 por ciento este 2021. Esta estimación es más grave aún para la población que ha sido víctima de desplazamiento forzado. La predominante baja tasa de escolaridad, y por ende la tendencia a tener condiciones laborales inestables, son factores que empobrecen aún más a este sector poblacional que ya alcanza las ocho millones de personas en el país.
Junto a los retos de empobrecimiento y desempleo en una ciudad cercana a los 10 millones de habitantes, muchas víctimas siguen huyendo de las amenazas como un rezago del que parece imposible escapar. Esa es la historia que comparten Gabriel* y Joaquín*. Ambos de la Costa Caribe, ambos víctimas de desplazamiento forzado por residuos de grupos paramilitares, ambos amenazados actualmente. Los dos esperando respuestas durante horas en frente de esa Embajada.
Gabriel viene del corregimiento de Media Luna, Cesar. Joaquín de Barranquilla, Atlántico. A Gabriel unos hombres armados lo sacaron de su finca de 800 hectáreas en la que vivía con su familia. Se adueñaron de su tierra. Por su parte, Joaquín afirma fue amenazado de muerte por sus ideas políticas y por ser cercano a ideales de izquierda. El dice que quienes quedaron del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) lo obligaron a salir de Barranquilla. “Nosotros llegamos acá escapando de la violencia para que no nos mataran, pero a veces en las noches vienen carros y gente rara a tomarnos fotos”.
Joaquín tiene miedo de que esos carros y esas personas sean quienes lo sacaron de Barranquilla, o que sean delincuentes que estén detrás de alguien más, pues en varios de los territorios la vida de muchxs sobrevivientes del conflicto aún tiene precio y Bogotá no se libra de la presencia de grupos armados ilegales. “La Policía no hace nada porque ellos están cuidando las paredes, no a nosotros”, concluye Gabriel.
“Estamos 53 familias aquí exigiendo la garantía de vivienda, reparación integral, restitución de tierras, proyectos productivos y el ingreso solidario”. La consigna que nos dijo Rubiela la repiten como una oración las casi 100 personas que están frente a la embajada. También está escrita en los carteles que se encuentran llegando al edificio, invitando a leer a quienes pasan, y es el mensaje que le dan a toda persona que pregunta. Las cinco peticiones son puntos que se acordaron en el Acuerdo de Paz en 2016. Es decir, en un momento el Gobierno nacional entendió lo que necesitan las víctimas para salir de ese ciclo de violencias directas y estructurales, pero no han podido cumplirles ni garantizarles eso mismo que comprendieron como elementos vitales para continuar con la vida luego del conflicto. Más bien todo lo contrario: el año pasado el país registró, según cifras de Indepaz, 91 masacres . Ante este panorama cabe la pregunta, ¿Es un Estado fallido aquel que no logra garantizarle la vida digna a más de ocho millones de sus habitantes?
*Algunos nombres fueron cambiados a petición de las fuentes.
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