Venezuela tiene una de las legislaciones más restrictivas frente al aborto en América Latina. Mientras el gobierno de ese país vende la imagen de una revolución que incluye los derechos y las luchas de las mujeres y niñas, la realidad es que ellas se enfrentan a un país ultraconservador que las criminaliza por decidir.
Desde hace años Venezuela no deja de estar en el centro de los ojos del mundo. La emergencia humanitaria causada por la crisis económica y los bloqueos comerciales internacionales continúa, y a eso sumémosle la pandemia. Millones de personas han abandonado el país y han migrado a distintos países en América Latina, Europa y Norteamérica. Sin embargo la violencia, el hambre y el virus no son los únicos problemas que enfrentan sus habitantes.
Hace un par de semanas los medios regionales e internacionales dejaron un poco de lado su agenda sobre la crisis sanitaria para centrar nuevamente su atención en Venezuela, por una historia increíble por lo injusta: una niña de 13 años fue víctima de violencia sexual en repetidas ocasiones por su vecino, Carlos Alberto Terán, de 52 años, en el estado de Mérida. Como consecuencia queda embarazada y decide, junto a su madre, que lo mejor es interrumpir el embarazo. Buscan a una de las maestras del barrio, Vanessa Rosales, que conoce a la niña desde siempre, para que las asesore. Ella, feminista y activista de 31 años, les aconseja denunciar al violador y además guía el aborto de la menor.
Durante el procedimiento la niña sufre una complicación, algo que puede llegar a suceder en estos casos. En el hospital se dan cuenta de que es por un aborto, le practican un legrado y luego la policía la interroga sin que la acompañe una abogada y sin la presencia de la Fiscalía de menores. En octubre del año pasado, Vanessa Rosales fue detenida junto con la madre de la niña por «agavillamiento, asociación para delinquir y aborto inducido por terceros». Mientras tanto, al violador lo capturaron y lo dejaron libre en cuestión de horas por falta de pruebas. Ante la indignación internacional, el Fiscal general, Tarek William, expidió una orden de captura contra el agresor y lo comunicó por Twitter.
Lo que la emergencia humanitaria de este país dejó en un segundo plano se volvió relevante nuevamente: en Venezuela abortar es un delito, y al parecer más grave que violar a una niña o a una mujer. El Código Penal, que tipifica ese derecho en el capítulo IV como un crimen, es de 1915, algunos artículos incluso datan de 1873, y no ha sido reformado en más de 100 años. Solo contempla una causal, pues es permitido cuando la mujer está a punto de morir. De lo contrario, las mujeres pueden enfrentar de seis meses a dos años en prisión y quien lo ejecuta se enfrenta a penas de tres años, como Vanessa.
Venus Faddoul, feminista y parte del equipo jurídico de Vanessa Rosales, considera que este caso es parteaguas: «Efectivamente hay un antes y un después en nuestro movimiento feminista (…) Fuimos armando toda una estrategia mediática y jurídica porque sabíamos el perfil del caso y el perfil de Vanessa y era la oportunidad de poner por fin el tema en la opinión pública», explica.
A lo que se refiere Venus es al momento en el que se hizo público el caso, pues aunque los hechos ocurrieron en octubre de 2020, solo hasta enero de este año el resto del mundo se enteró de lo que estaban viviendo mujeres y niñas en Venezuela como Vanessa y la menor. Allí, miles de mujeres han decidido interrumpir su embarazo y muchas ni siquiera saben a lo que se pueden enfrentar a nivel jurídico.
De acuerdo con el informe ‘Mujeres al límite (2019)’ realizado por la Coalición Equivalencias en Acción, en Venezuela se registraron 2.246 abortos en 2018 en un periodo de cinco meses (de agosto a diciembre). El 31 por ciento de esos abortos se practicaron en mujeres menores de 18 años y cuatro procedimientos se realizaron a niñas menores de 12 años. De mayo a junio de 2018, el 59 por ciento de las víctimas de abuso sexual fueron menores de 12 años.
Las mujeres van a seguir abortando
«La primera vez no tuve complicaciones, pero ahora me doy cuenta de que usé una dosis incorrecta y que de repente pude haber tenido una hemorragia. Este tipo me mandó casi que a trotar. Una cosa loca. ‘Bueno y en la mañana siguiente haces sentadillas'» cuenta Juana*, una mujer de 35 años que decidió interrumpir su embarazo hace cuatro años.
Hasta ese momento, Juana no sabía que era ilegal abortar en su país: «(…) se maneja todo un mercado ilegal, clandestino, es como un secreto a voces y uno en esas circunstancias, por el desespero, por la intranquilidad y por la emocionalidad, no está muy claro lo que conlleva ser descubierta ante una situación como una interrupción voluntaria del embarazo».
Hace cuatro años tenía claro que no quería ser madre. Primero estaba su realización personal, su crecimiento profesional y un embarazo simplemente no estaba dentro de sus planes. Buscó y dio con un número telefónico de un hombre que le mandó el medicamento por encomienda y un instructivo por WhatsApp. Sin ninguna garantía.
«El resumen es que las mujeres van a seguir abortando y el hecho de que sea ilegal es que más niñas y mujeres mueran intentando hacerlo por métodos inseguros».
Camila*
Pocos días antes de conversar con ella, decidió que tampoco llevaría a cabo su segundo embarazo. Sin embargo esta vez sí quería ser madre: «De hecho, en esta última oportunidad es la circunstancia económica. Sí, fue bastante difícil, en realidad», contaba Juana con la voz quebrada, al borde del llanto.
El impacto psicológico ha sido mucho más fuerte esta segunda vez, pero ella no sabe si se debe a la presión social de que las mujeres supuestamente debemos ser madres: «estoy todavía asimilando la emocionalidad de las circunstancias (…) económicas y sociales que estamos viviendo, que dificultan que uno desee a plenitud traer una vida al mundo».
Pero esta segunda vez la historia fue diferente. Juana pudo acceder a una organización feminista venezolana que la acompañó en su decisión. La asesoró bien, pudo tomar la dosis correcta del medicamento y tener los cuidados adecuados en la recuperación. «Tú ves la diferencia cuando te dan la guía de un protocolo, cuando te dan recomendaciones, te explican cómo distinguir una hemorragia de un sangrado abundante. En cambio, con esta otra locura de este tipo que me decía: ‘No, no, mira, te tomas tantas ramas de tal cosa y al otro día si quieres haces ejercicio pa’ que termines de botar'».
Camila* también decidió interrumpir su embarazo hace un par de años. «Ese año acá en Venezuela fue fuerte porque fue la transición presidencial con la muerte de Chávez y estaba pasando mucho trabajo para conseguir la comida», cuenta. Estaba además, saliendo de una relación tormentosa y su padre estaba hospitalizado. Comenzó a salir con un chico, quien fue su apoyo en esos momentos difíciles.
Eran amigos y a veces tenían sexo. «Yo no estaba usando anticonceptivos y le pedí a él, como tenía más peso económico, que como teníamos relaciones de vez en cuando, pues que me ayudara acceder a los métodos anticonceptivos», cuenta ella. «Pero el alto costo de los métodos, de la vida, lo hizo difícil. Acá en Venezuela es muy difícil para una mujer acceder a los métodos anticonceptivo». Camila tiene razón. «Hay reportes que señalan que la última compra importante de métodos anticonceptivos hecha por el Estado venezolano fue en el 2015», menciona el informe ‘Mujeres al Límite (2019)’.
De acuerdo con la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), el desabastecimiento de métodos anticonceptivos ha ido en aumento: pasó de 45,2 por ciento en 2015 a un 90 por ciento de desabastecimiento en 2017. Lo anterior significa que el estado venezolano no garantiza desde hace años la disponibilidad y la distribución suficiente y adecuada de los anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia. Esto es una violación a la autonomía reproductiva que deberían gozar las mujeres venezolanas, derecho además amparado en el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Además de la falta de anticonceptivos, Camila fue víctima de abuso. Su pareja sexual no respetó el acuerdo de no eyacular dentro ella y solo bastó una vez para dejarla embarazada: «El pana tenía una pretensión de que yo tuviera un hijo de él». Cuando supo del embarazo, sabía que no quería continuar.
Como tenía compañeras feministas, Camila sabía que no estaba sola en esto. «Fueron súper amables y cálidas con el tema de la atención. Estaba muy asustada, me leí muchos manuales por mi cuenta. Al acceder a la línea que te da la información precisa, que te dice qué es lo que debes esperar y lo que no y además te monitorea, pues fue muy grato sentir eso». El medicamento lo proporcionó la organización Save2Choose, quienes ya no hacen presencia en Venezuela.
Les comunicó a su compañero y a su madre la decisión de abortar. Los dos la apoyaron y el proceso lo hizo en la casa de él: «Tomé muchísima agua, caminé, estuve en comunicación con mi cuerpo, a las cuatro horas boté el saco gestacional. Fue un momento impresionante, yo creo de verdad que ninguna mujer quiere abortar. Los dolores son fuertes, los escalofríos…» Aunque ahora sabe que le hubiera gustado no haber estado acompañada por él, pues es consciente de que el embarazo fue consecuencia de un abuso suyo.
Tanto Camila como Juana coinciden en que las mujeres van seguir abortando y en que es necesario que se despenalice el aborto en Venezuela: «Si una mujer practica el aborto con pastillas, por vía vaginal, si tiene una complicación y va al médico y le consiguen restos (del feto), si tienes una hemorragia y te consiguen restos, pues no te atienden porque lo hiciste a propósito» explica Camila. «El resumen es que las mujeres van a seguir abortando y el hecho de que sea ilegal es que más niñas y mujeres mueran intentando hacerlo por métodos inseguros».
Para Juana es necesario quitar las trabas legales y empezar a desaprender el machismo que atraviesa el país sobre todo por las niñas y adolescentes: «Yo he tomado estas decisiones difíciles, pero ya he tenido más de 30 años en ambas oportunidades y digo: ‘¿Cónchale, a qué nos estamos enfrentando?’ Estas personas que venden ilegalmente ponen en riesgo la vida de muchas mujeres también. Primero por la dosis incorrecta y también por el tema de la ilegalidad».
La juntanza permite decidir
Hace un poco más de cinco años que en Venezuela se agudizó la escasez de medicamentos y la dificultad de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres. Como consecuencia, las redes sororas, las colectivas, los movimientos y las organizaciones feministas se han fortalecido y la ola verde, aún pequeña, es la que ha velado por las mujeres y las niñas desde la capital hasta las zonas periféricas: «A partir de la crisis económica y de la falta de anticonceptivos, dijimos: ‘hay que trabajar anticoncepción, hay que trabajar temas como la violencia sexual y de asesoría'» nos cuentan varias mujeres de organizaciones feministas en el país.
De acuerdo con el informe ‘El aborto desde la escucha (2020)’, en 2019, una de las líneas de atención para la interrupción voluntaria del embarazo recibió 1142 llamadas. El promedio de edad de las mujeres que buscan asistencia es entre 25 y 26 años: «Lo que pasa en Venezuela es que el aborto no se ve como parte de la planificación familiar, sino como una cosa fea y horrible», comentan estas mujeres activistas, de quienes hablamos en plural para proteger su seguridad. Para varias de ellas, además de la despenalización del aborto, hay que apuntarle a la despenalización social: «Romper con los estigmas alrededor de la mujer que aborta es esencial para poder normalizar la IVE, para ponerle corazón y una cara, una historia (…) La que aborta es la mujer que conoces, no es un monstruo».
Otro de los aspectos que se debe trabajar a nivel cultural y social es la deconstrucción de la maternidad en las niñas, dejar de romantizar las situaciones en las que menores se convierten en madres. «Hay una romantización muy grave de la maternidad adolescente». Según nuestras fuentes, en Venezuela la gente en general crece con la idea de que la maternidad incluso en las niñas y adolescentes muchas veces es sinónimo de proyecto, de amor, de entrega, pero para ellas, la situación es muy compleja, puede agudizar su situación de vulnerabilidad y promover diversas violencias.
Datos registrados en el documento ‘Estado de la Población Mundial (2019)’ del UNFPA, muestran que Venezuela se ubica como el tercer país con mayor tasa de fecundidad adolescente, con 95 nacimientos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años.
Son las organizaciones compuestas por mujeres, dirigidas por ellas, las que están abrazando a otras ciudadanas y les están dando la opción de decidir, de tener maternidades deseadas y le están brindando a las niñas un destino diferente a la maternidad adolescente.
El aborto como parte de la conversación
Venus y diversas colectivas feministas creen que el caso de Vanessa Rosales es la oportunidad que tienen para poner el aborto en la agenda política del país, pues es el caso emblemático de la misoginia que permea tanto al Gobierno venezolano como a la oposición: «El caso de Vanessa genera atención mediática porque planteamos bien qué era lo que estaba pasando. También por primera vez se hace muy pública toda la corrupción que atraviesa el sistema de justicia que nos pone en riesgo a todas», explica Venus y continúa: «Todo comenzó por la denuncia de la violación y terminó procesada por un aborto. Es el ejemplo perfecto del sistema patriarcal, de cómo criminalizan a la mujer, de que no hay perspectiva de género y de que hay un desconocimiento absoluto de los derechos humanos de las mujeres».
«Justamente el tema del aborto no es un tema tan público en Venezuela y creo que ese es el asunto: no ha habido un debate público tan grande», afirma una de nuestras fuentes, quien cuenta que hace unos años hubo un Congreso Nacional de Mujeres donde se tocó el tema y hubo mucha tensión. Ante la temática Nicolás Maduro respondió: ‘Bueno, tenemos que hablar del tema’, y recibió la resistencia de todo su gabinete.
Las activistas feministas con las que hablamos explican que el tabú sobre el aborto en su país llega a tal punto, que la gente del común pregunta mucho por qué Vanessa Rosales está presa, pues piensan que en Venezuela el aborto está despenalizado al menos en casos de violación sexual, y no es así. «Hay mucha desinformación sobre las causales que se permiten en Venezuela. Siempre creen que son varias, pero es una: si la mujer está a punto de morir. De resto, no hay forma».
En el papel, Venezuela cuenta con varias leyes a favor de las mujeres: hay tribunales específicos para atender estos casos y una Fiscalía para ellas, pero: «En Venezuela tenemos un problema estructural de cultura que no permite la aplicación de la ley. El mismo funcionario no te cree, no entiende lo que dice la ley», contrasta Venus. «Llevar una denuncia es sumamente difícil (…) La ley establece la denuncia psicológica, pero ¿tú cómo denuncias la violencia psicológica? Es muy difícil probarla y de paso no tienes un reglamento que te diga o que te indique cuáles son los pasos a seguir».
Las activistas lo ven claro: el contraste entre el atraso brutal de la aplicación de grandes leyes y la supuesta revolución feminista que venía con la revolución bolivariana. «Al movimiento feminista no lo han dejado hablar en la Asamblea Nacional, pero la comisión evangélica ya tomó fuerza», afirma Venus. Para fuentes consultadas por MANIFIESTA, la comisión evangélica dentro de la Asamblea Nacional puede significar la constitución de una bancada antiderechos peligrosa porque tiene aprobación de parte de la población.
De hecho, hace unos días fue noticia en Venezuela la creación de una subcomisión de pastores evangélicos dentro de la Asamblea Nacional. El diputado Alfonso Campos, miembro de la comisión, propuso la creación de la Ley de Religión y Cultos en la que se reconozca la iglesia cristiana evangélica de Venezuela como una religión (en este momento es reconocida como asociación civil) pues tienen presencia en todo el país a través 7000 iglesias en todos los barrios.
El mismo diputado afirmó en su intervención que las congregaciones evangélicas se oponen rotundamente a la Ley del Matrimonio Igualitario y a la despenalización del aborto en ese país. Con lo anterior, la bancada evangélica demuestra que va ganando fuerza dentro del corazón legislativo de Venezuela y que, como afirman nuestras fuentes, ya son fuertes en la base social.
Vanessa Rosales tiene una medida de casa por cárcel desde enero de este año y está a la espera de un juicio que determine su futuro jurídico. La madre de la niña fue liberada el pasado 4 de noviembre por una concesión, pues está amamantando a uno de sus ocho hijos. Por su parte, la organización 100 % Estrógeno, que dirige Venus, está buscando información sobre la cantidad de mujeres judicializadas por abortar y acompañar un aborto, una información que sigue sin estar disponible y no permite ver la gravedad de la situación de las mujeres criminalizadas por el propio estado venezolano. En 2019, el 40 por ciento de las mujeres que buscaron asesoría sobre su salud sexual y reproductiva la encontraron a través de organizaciones y plataformas feministas.
Carlos Alberto Terán, el violador de la menor, sigue prófugo.
*Los nombres de las fuentes fueron cambiados a petición de ellas y por su seguridad, así como algunas colectivas feministas que contactamos.
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