Usar una app para registrar el ciclo menstrual… ¿Qué puede salir mal? La tecnología ha facilitado la vida de quienes cuentan con internet y un smartphone. Este tipo de aplicaciones les facilita a las mujeres y las personas gestantes el seguimiento mes a mes de sus ciclos de fertilidad. También contribuyen a la toma de decisiones informadas a la hora de usar métodos anticonceptivos. A pesar de sus ventajas, no todo es color de rosa. Hay que analizar sus riesgos en escenarios donde el aborto es un tema en disputa.
Al usar estas apps se entrega información personal y sensible sobre la salud sexual y reproductiva. Información como el número de encuentros sexuales. También duración, dolores y sangrados asociados al ciclo; secreciones vaginales; cambios de humor; alimentación y uso de métodos de anticoncepción. Incluso como mecanismo de seguridad las apps autentican a la persona usuaria a partir del uso de la biometría dactilar y el reconocimiento facial. Un largo etcétera al que se suman los metadatos: datos que hablan de otros datos. Estos pueden revelar desde el número de veces que se usa la app y hasta la ubicación geográfica de la persona.
Toda esta información de gran valor y volumen son todo un festín de datos del que diversos actores obtienen una jugosa tajada. Si la app detecta a una mujer en posible estado de embarazo, sus datos seguramente serán comprados por compañías que buscan posicionar su marca como la primera en responder a las necesidades de una futura madre y su hijo.
También es información muy atractiva para los Estados en lugares donde el acceso al aborto se castiga o se restringe a casos muy concretos. Y ni qué hablar de las organizaciones que se oponen al aborto. También pueden comprar, rastrear o monitorizar la información que producen dichas apps (tal y como lo comprobó hace poco Privacy International para el caso del Reino Unido).
No es descabellado imaginar que estos datos puedan terminar en el sector público. Al fin y al cabo el Estado quiere saberlo todo. Cuándo, cómo y dónde se cometen hechos delictivos. Esto incluye saber quiénes son las personas en riesgo de abortar o que ya han abortado en contextos de prohibición total o de restricción bajo un modelo de causales muy estricto.
Y cuando el Estado busca aplicar la ley -aunque sea injusta- cuenta con el poder de pedir todo tipo de información a cualquier plataforma o intermediario de internet que la posea. De manera que las nuevas tecnologías digitales también facilitan la tarea de perseguir a las mujeres y personas gestantes en riesgo de abortar o que ya han abortado. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, las apps de seguimiento del ciclo menstrual pueden fácilmente convertirse en herramientas de seguimiento a las personas.
Este último es el escenario en que se encuentran ahora mismo las personas usuarias de las apps de seguimiento del ciclo menstrual en Estados Unidos. Esto, luego del reciente fallo Dobbs v. Jackson que echó para atrás el derecho de abortar en ese país. Quienes buscan acceder a un aborto temen ahora por su privacidad. No son claras las consecuencias que se puedan derivar de la entrega que hicieron de sus datos a las aplicaciones que dicen predecir su estado de embarazo.
En Colombia el delito de aborto fue despenalizado por la Corte Constitucional hasta la semana 24. Pero alguien se ha preguntado ¿Qué protección se da en nuestro país a la información sobre la salud sexual y reproductiva que reposa en esas aplicaciones móviles? ¿Han existido en nuestro país casos en que las apps de seguimiento del ciclo menstrual contribuyesen a la criminalización de mujeres que se practicaron un aborto en la ilegalidad?, e incluso ¿Qué terceros, aparte del Estado, pueden tener acceso a esa información y qué fines persiguen en concreto?
Esta discusión ya inició en Estados Unidos, y por supuesto, se han elevado alertas a las personas usuarias de las apps de ciclo menstrual. El mensaje apunta a que se desuscriban y a que soliciten la eliminación de su información personal. Apenas un puñado de empresas ha dicho que eliminará esos datos y que se comprometerá a no compartirlos con el Estado -aunque esa sea una promesa difícil de cumplir si un juez llegase a ordenar su entrega-.
Y aunque las alertas se han enfocado en cómo proteger mejor los datos personales para evitar que el Estado les eche mano, el problema ciertamente va mucho más allá. Tiene que ver, en esencia, con cómo la economía digital ha impulsado un proceso de digitalización profunda en nuestras vidas diarias. Una dinámica a tal grado y de manera tan poco transparente que resistir a la vigilancia del Estado se convierte en una tarea difícil.
En Colombia, es cierto, tenemos una ley de protección de datos y una autoridad con facultades para investigar y sancionar a empresas del sector privado. Pero ¿Quién vigila al Estado que, en el caso colombiano, tiene un historial grave de abusos de las facultades de acceso a datos e información sensible de personas vulnerables?
Aunque el aborto haya sido despenalizado en Colombia, la experiencia estadounidense nos demuestra que todo puede cambiar. Las tecnologías digitales, en escenarios de retroceso en el ejercicio de derechos, pueden convertirse fácilmente en herramientas de persecución de las personas más vulnerables. En Colombia, a diferencia de lo que pasa en ese país donde hay que aprender a pilotear el avión mientras se incendia, nos encontramos en un escenario distinto. Uno que nos permite activar esta discusión para tenerla de manera sosegada. Hagámoslo, ya es hora.
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* Integrantes de la línea de Tecnología y DD.HH en Dejusticia. Recuerda seguir a MANIFIESTA en Instagram,Twitter y Facebook
