Aborto y estigma: ¿quiénes hacen del discurso antiderechos una estrategia política en el país?

A pesar de estar despenalizado constitucionalmente bajo tres causales, sobre el derecho a abortar en Colombia recae un estigma promovido por políticxs de derecha, reforzado por los medios de comunicación y perpetuado por la sociedad. En MANIFIESTA consideramos que es importante identificar quiénes han pasado por encima de la autonomía de nuestros cuerpos como parte de su agenda política.

Uno de los temas que más despierta reacciones desde las entrañas en este país es el derecho a abortar.  Esta certeza volvió a quedar en evidencia en febrero de este año, con el plantón que organizó Juan Pablo Medina, un hombre de 25 años que no estuvo de acuerdo con que su ex pareja decidiera interrumpir voluntariamente su embarazo en una clínica de Popayán.

El caso despertó más controversia de lo común por sus circunstancias. La mujer, de 22 años, al momento del procedimiento tenía siete meses de gestación.  Por un lado, en una entrevista que dio la mujer a mediados de enero, aseguraba que estaba en la clínica porque el embarazo le había traído muchos problemas psicológicos y que pedía que esa pesadilla ‘no estuviera pasando’. Por otro lado, Medina sostuvo en ese entonces que el embarazo entre la pareja fue consensuado durante esos meses, y que el nacimiento no tenía ningún riesgo que justificara una causal para poder interrumpirse. Asimismo, la familia de la mujer alegó en ese momento que no estaba preparada para acoger al bebé y que no contaba con los medios económicos para sostenerlo.

Medina presentó entonces una denuncia penal por tentativa de homicidio en contra de su ex pareja, así como una acción de tutela. Ante la tutela, Profamilia respondió que, luego de hacerle una valoración psicológica a la mujer, pudo comprobar el estado crítico de su salud mental como causa suficiente para poder realizar el procedimiento. Es importante precisar que la causal que se refiere a ‘riesgo para la salud de la madre’ también se refiere a la salud mental, que es igual de importante.

Profamilia defendió la decisión de la mujer ante la justicia y finalmente la interrupción se realizó el 22 de febrero. Variables como el tiempo de gestación, el espacio mediático que recibió Medina, que los medios empezaran a nombrar al feto con el nombre con el que Medina empezó a llamarlo, ‘Juanse’,  el señalamiento severo de la mujer por parte de varios sectores, y la defensa de la decisión por parte de otros, hicieron que este caso tuviera una resonancia mediática que duró semanas.

La semana en que estalló la noticia, un grupo de personas se reunieron frente a la sede de Profamilia, en Bogotá, para orar contra la decisión que tomó la mujer y contra la institución que la apoyó en su decisión. En esos días se volvió tendencia el hashtag #ProfamiliaAbortóAJuanSe y la discusión llegó a tal punto, que un sector de la población pidió el cierre de Profamilia, una organización que ha garantizado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia desde 1965.

El papel de los medios de comunicación fue clave para aumentar el estigma de una mujer que tomó la decisión de no continuar con su embarazo y que exigió su derecho a cobijarse bajo una de las tres causales permitidas. Hace falta solo poner dos palabras en Google sobre el caso (‘Juanse’ y ‘aborto’) para conocer el tratamiento periodístico de este. Titulares como “Los asesinos de Juanse, el bebé de 7 meses que fue abortado”, o sumarios como “Mataron a Juanse: Pese a la lucha, joven padre no pudo salvar a su bebé del aborto” o señalando directamente a la madre: “¿Madre que abortó le negó la oportunidad de vivir a Juan Sebastián?”, son de los primeros links que salen en la búsqueda.

70 mujeres mueren cada año por las complicaciones derivadas de esos abortos clandestinos o inseguros.

Varixs políticxs colombianxs decidieron involucrarse en el caso y atravesarse de lleno en la popularidad mediática que despertó, no solo para apoyar el plantón y demás acciones legales en contra de la madre, o difundir propaganda en contra de Profamilia, sino para expresar en el debate público sus intenciones de limitar las tres causales despenalizadas de aborto ganadas en nuestro país, haciendo que la discusión se mantuviera dividida, así cómo continúa hoy. Los grandes medios a su vez ofrecieron la misma discusión en su momento: ¿Es aborto o es asesinato? Políticxs del partido de gobierno y de bancadas de derecha respondían con vehemencia a la pregunta, ayudando a incrementar el estigma de ser mujer, quedar embarazada y querer abortar en este país.

En Colombia, los abortos clandestinos son un problema de salud pública. Según datos de 2014 del Ministerio de Salud, cada año en Colombia se practican 400.400 abortos clandestinos. De ellos, 130.000 tienen complicaciones y el 71 % de estas requieren atención médica. 70 mujeres mueren cada año por las complicaciones derivadas de esos abortos clandestinos o inseguros. Además, de los abortos practicados anualmente, aproximadamente el 34 % corresponde a casos de mujeres solteras cabezas de hogar. Los embarazos no planeados alcanzan un 52 %, según un informe de Profamilia de 2016.

El caso de la mujer que abortó en Popayán, quizá más que otros en el pasado, ayudó a demostrar que existen sectores en el congreso muy conscientes del botín político que representa el debate sobre el aborto en nuestro país. El ejemplo más claro es el de María del Rosario, ‘Charo’, Guerra, quien en ese momento denunció ante los micrófonos de los medios nacionales e internacionales que Profamilia “ha sido promotor del aborto indiscriminado en Colombia”, incluso afirmando que esta entidad había “montado negocio alrededor de esta práctica escabrosa”, declaraciones que la organización salió a desmentir casi que inmediatamente. 

Hoy, siete meses después de la polémica, Guerra, senadora del Centro Democrático, el partido de gobierno y de mayoría en el Congreso, ya anunció la intención de radicar la ‘Ley Juanse’ (por el nombre que Medina le dio al feto). Y aunque algunos medios en su momento hablaron de que esta ley pretendía volver obligatorio el concepto del padre a la hora de decidir sobre un aborto, la senadora desmintió esto en un comunicado a la opinión pública en Twitter, admitiendo, eso sí, que para su propuesta se había basado en el caso ‘Juanse’, “el bebé de siete meses de gestación que fue abortado en la ciudad de Popayán porque la madre alegó problemas psicológicos; esto sin tener en cuenta la decisión del padre de querer su nacimiento y hacerse cargo de él con amor y responsabilidad”.

Agendas políticas sobre este tema como la de Charo Guerra, que constantemente en entrevistas y paneles se refiere al aborto como feticidio, siguen profundizando un estigma estructural que se ha mantenido muchos años en Colombia. El aborto fue penalizado en el país en 1936 y solo hasta 1994 se presentó la primera demanda ante la Corte Constitucional que buscaba despenalizarlo. Sin embargo no prosperó. Ese año las Naciones Unidas reconocieron los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como parte de los derechos humanos. En ese momento, varios polítcxs, entre ellos Julio César Turbay Ayala, le pidieron al presidente Ernesto Samper que no apoyara el documento final de la Conferencia que proclamaba el aborto como derecho y que hiciera público su apoyo al Vaticano. El presidente Samper cedió y dejó clara la posición de Colombia frente a Naciones Unidas: el aborto seguiría siendo un delito en nuestro país.”En el caso específico del aborto, el Gobierno considera que el derecho a la vida es intangible como lo señala claramente nuestra Constitución Política. La delegación colombiana no auspiciará políticas dirigidas a la legalización del aborto ni a su implantación como método de planificación demográfica”, expresó en su momento Samper. Luego de décadas de un historial que continuaba vulnerando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en 2006 la abogada Mónica Roa, de la ONG Women’s Link Worlwide, presentó una demanda para despenalizar el aborto en tres causales que salió a su favor, dando lugar a la histórica sentencia C-355 de la Corte Constitucional: una victoria grandísima para las mujeres y las niñas colombianas que se mantiene hasta el día de hoy.

Las estrategias políticas para negarle a mujeres y niñas un derecho fundamental

A pesar de esto, los intentos por tumbar estas tres causales y por mantener el aborto como un delito incluido en el Código Penal han sido constantes por parte de sectores políticos mayoritariamente de derecha a lo largo de los años. Según datos de La mesa por la vida y la salud de las mujeres, desde el año de la sentencia hasta la fecha, se han discutido 27 proyectos de ley en el Congreso que amenazan los Derechos Sexuales y Reproductivos de mujeres y niñas. 

Uno de los intentos más recientes fue la conformación de la bancada autodenominada ‘provida’, conformada por senadorxs y representantes a la Cámara. Lxs miembrxs de este grupo, lxs senadores María del Rosario Guerra, Carlos Felipe Mejía, Jhon Milton Rodríguez, Esperanza Andrade y el representante Carlos Eduardo Acosta hacen parte de partidos ultraconservadores y religiosos como el partido cristiano Colombia Justa y Libre, el Partido Conservador y el partido de Gobierno: Centro Democrático. Solo Jonathan Tamayo hace parte del partido de centroizquierda ASI.

Aunque el nombre de la bancada alega defender la vida, esta defensa no se detiene a considerar el derecho a la autonomía corporal de las niñas y las mujeres en el país, y la problemática que implica trasladar el derecho de abortar a la clandestinidad. En los pasados dos meses, por ejemplo, ‘Charo’ Guerra radicó ante el Congreso un proyecto de ley sobre la objeción de conciencia, que busca que ninguna persona sea obligada a realizar procedimientos como la eutanasia, el aborto o la unión de parejas del mismo sexo, si estos van en contra de los principios éticos y morales de esa persona que se niega.

El concepto de la objeción de conciencia ha sido una estrategia popular del activismo católico y conservador para oponerse a las conquistas de derechos relacionados con las mujeres y con la diversidad sexual en varios países. Generalmente, cuando estos movimientos logran reformas legislativas a favor de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la estrategia de la objeción de conciencia es la encargada de quitarle legitimidad a esos derechos obtenidos y sirve como excusa para que parte de la población que no está de acuerdo con los avances legislativos a favor de los derechos sexuales de mujeres y niñas, no cumpla con esa legislación.

Por ejemplo en 1970 en Estados Unidos, Norma McCorvey de 23 años quiso abortar bajo el seudónimo de “Jane Roe” y se enfrentó a las leyes del estado de Texas, perdiendo en primera instancia. McCorvey apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde en una votación de siete contra dos, el tribunal dictó que el gobierno carecía del poder para prohibir abortos porque la elección de una mujer a poner fin a su embarazo estaba cobijado por la libertad de elección personal en asuntos familiares, un derecho constitucional.

Este famoso caso hizo que desde el Vaticano se empezara a hablar de la objeción de conciencia como una forma de resistencia al aborto. De hecho, desde la máxima institución de la iglesia católica se publicó una declaración que considera “inadmisible que médicos o enfermeros se vean en la obligación de prestar cooperación inmediata a los abortos y tengan que elegir entre la ley cristiana y su situación profesional”.

Años más tarde, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos en las conferencias internacionales de Naciones Unidas de El Cairo (1994) y Beijing (1995) preocupó tanto a la iglesia católica, que el papa Juan Pablo II elaboró una encíclica en la que se formaliza una estrategia política contra los DDSSRR: contraponer lo que ellos llaman ‘la cultura de la vida’ contra ‘la cultura de la muerte o el aborto’.

En Colombia, la objeción de conciencia ha sido una barrera difícil de romper a la hora de hacer efectivo el derecho al aborto, incluso en las tres causales que la Corte Constitucional despenalizó. Recordemos que cuando la Corte profirió ese fallo histórico sobre aborto, también le dio a lxs médicxs la posibilidad de objetar conciencia con unas condiciones específicas. Mónica Roa, abogada y parte de Women’s Link Worldwide le dijo a Sentiido en su momento que “cuando la gente afirma ser objetora, reconoce que su derecho tiene que ser protegido, pero también respeta el de la otra persona. Acá, hay dos derechos en juego”. 

En 2018, casi 6.000 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas y solo 146 lograron abortar, a pesar de tener el derecho constitucional de terminar voluntariamente con su embarazo.

Sin embargo, en 2018, casi 6.000 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas y solo 146 lograron abortar, a pesar de tener el derecho constitucional de terminar voluntariamente con su embarazo. El medio de comunicación Mutante encontró que gran parte de la responsabilidad recae en lxs médicxs que atienden a estas niñas y no garantizan el derecho al aborto. Además de un fallo constitucional, no hay ninguna otra entidad del Estado que vele porque estxs médicxs cumplan con su deber.

Dinero para no abortar: la propuesta de Colombia Justa y Libre

Por el partido cristiano Colombia Justa y Libre, el senador John Milton Rodríguez no se quedó atrás. El 28 de julio hizo pública la intención de pasar al Congreso una iniciativa para entregar a las mujeres que hayan sido violadas un ingreso mínimo para que tengan el hije, en caso de haber quedado embarazadas producto de la agresión. El senador argumentó lo siguiente: “Para una dama, una mujer, una jovencita que es violada, la única opción es estar sola en la angustia. El Estado se lava las manos y la expone a que haya una sola opción para enfrentar su momento dramático, que en muchas ocasiones es el aborto porque no hay otra salida”.

Mariana Ardila, abogada de la organización Women’s link le dijo a El Espectador sobre la propuesta de Rodríguez que “El error de esa propuesta de subsidiar a las mujeres víctimas de violencia sexual que quedan en embarazo es que en vez de darle opciones a las mujeres, les estarían brindando un apoyo condicionado. Es decir, solo obtienes un subsidio en la etapa de gestación si decides no interrumpir tu embarazo. Pero, en caso de querer ejercer el derecho fundamental a interrumpirlo no recibes nada. Se vuelve casi que una especie de castigo por interrumpir su embarazo”. Un subsidio que refuerza y perpetúa una sentencia social contra la que luchan los movimientos feministas: la maternidad como mandato para las mujeres.

Lxs responsables del discurso antiderechos en el país

Uno de los aspectos más preocupantes de este tipo de proyectos, iniciativas e incluso estrategias de comunicación en medios y redes sociales, es que provienen de políticxs que pertenecen a partidos que son mayoría en la legislatura en este momento político del país. Esto quiere decir que suponen, ahora más que antes, un peligro de retroceso latente para una toma de decisiones autónoma sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestros derechos reproductivos.

En febrero de este año, el magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares estudió la demanda interpuesta ante este tribunal por la abogada Natalia Bernal en la que pide penalizar completamente la interrupción voluntaria del embarazo. El magistrado entregó una ponencia de 172 páginas en la que argumenta que la petición de Bernal atenta contra varios derechos fundamentales de las mujeres y las niñas e incluso propone la completa despenalización del aborto hasta el tercer mes de embarazo. Ante la ponencia de Linares y los argumentos que probablemente desencadenarían en la negación de la demanda de Bernal por parte de la Corte, el expresidente y exsenador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez dijo en su cuenta de Twitter, en la que lo siguen casi cinco millones de personas: “Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto, ¿en qué queda el respeto a la vida?”.

Siguiendo los pasos de Uribe, el presidente de la República Iván Duque también se pronunció frente a la ponencia del magistrado Linares en unas declaraciones que hizo al periódico El Tiempo: “Creo en la vida desde la concepción y me he declarado siempre una persona provida… En mi opinión personal, y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución, creo que salirse de esas tres causales que son claras me parece que es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana”. 

A inicios de marzo de este año, después de la polémica por la mujer que abortó en Popayán con siete meses de embarazo, la periodista de Semana Vicky Dávila realizó un debate sobre aborto. Una de las invitadas fue Ángela Hernández: exconcejal, exdiputada y excandidata a la gobernación de Santander, quien a la pregunta del programa de Dávila: ‘¿Abortar es matar?’ respondió: “Abortar es matar Vicky y han matado a cientos de niños inocentes como Juan Sebastián. Si lo de Juan Sebastián no es un asesinato, no es una muerte, yo sí quisiera que me explicaran qué es”.

Asimismo, Rafael Nieto Loaiza, viceministro del Interior y de justicia entre 2003 y 2004, apoyó y convocó por Twitter el plantón contra Profamilia y la mujer que decidió abortar: “Hoy, todos invitados al gran plantón Provida. A las once am. En Bogotá, entrada de la Corte Constitucional. En Medellín, en la Alpujarra. Debemos darle voz a los que no la tienen, a los no nacidos. ¡Una nación con futuro apuesta por la vida! Por la vida y contra el aborto, 11 am”.

Álvaro Hernán Prada, representante a la Cámara por el Centro Democrático se unió a la coyuntura en ese momento y dijo el 19 de febrero en medio del plantón contra Profamilia, al frente de la Corte Constitucional: “como colombiano y padre de familia, me duele lo que sucede con el asesinato de niños en el vientre materno. La Corte se está extralimitando y es inaceptable que no sea capaz de velar por el derecho fundamental a la vida”. 

Días después del caso y los plantones convocados, el 29 de febrero pasado, la autodenominada bancada provida, o la bancada antiderechos de las mujeres, se reunió en el Congreso para buscar salidas jurídicas para poder penalizar el aborto. En el marco de esa reunión, la senadora María del Rosario Guerra aseguró: “Seguimos firmes en decir no al aborto y en avanzar unidos para demostrar que Colombia es Provida. Nos reunimos con senadores de diferentes partidos y líderes de grupos defensores de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”. En la misma reunión, otro miembro de la bancada, John Milton Rodríguez dijo: “El derecho a la vida no puede seguir siendo mancillado por algunas ideologías o sujeto a la definición de unos pocos magistrados de la Corte Constitucional. Por eso en el Partido Colombia Justa y Libres hacemos un llamado a todas las colectividades políticas, gremios educativos, sociales y a las asociaciones de padres de familia para que nos unamos en la promoción de un gran referendo nacional Provida que recoja la voz del pueblo y sea Colombia la que decida”.

Ana Cristina González Velez es médica, feminista y una de las líderes del movimiento Causa Justa. Fue entrevistada por La Silla Vacía, medio al que dijo que con la búsqueda de la penalización del aborto lo que muchxs quieren es cobrarle la decisión de no ser madre a las mujeres. “Lo que quiero decir es que a las mujeres les están cobrando la decisión de no ser madres, de rehusar el destino de la maternidad. Esa inercia entonces no es ingenua sino que está asentada en la vieja idea de una capacidad moral de las mujeres inferior a la de los hombres. Por eso las normas restrictivas (no sólo las del código penal) están ordenadas en torno a la protección de la vida en gestación, y no en torno a la protección de la vida de las mujeres”.

No todo está perdido

Aunque el panorama de los últimos meses con la bancada antiderechos parece amenazante, la defensa por nuestros derechos continúa con firmeza, gracias a los movimientos de mujeres que llevan varios años organizándose para resistir a ataques en lo legislativo, lo simbólico y lo mediático, una organización que, siguiendo ejemplos como el de la marea verde de Argentina o Chile, se ha fortalecido en los últimos años. Recientemente, el pasado 16 de septiembre, varias mujeres vestidas de verde y morado se plantaron ante la Corte Constitucional, en el centro de la capital, para hacer una exigencia definitiva: sacar el aborto del Código Penal, lo cual beneficiaría a mujeres de todo el territorio colombiano, ya que podría hacerse más tangible la posibilidad de recibir asistencia  en centros médicos si tomamos la decisión de abortar, sin que se inicien procesos judiciales en nuestra contra, ni contra lxs profesionales de la salud que realicen los procedimientos.

Las mujeres que interpusieron la demanda ante la Corte Constitucional hacen parte de Causa Justa, un movimiento donde participan más 134 activistas y 91 organizaciones, entre Women’s Link Worldwide, La mesa por la vida y la salud de las mujeres, el  Centro  de  Derechos  Reproductivos,  Católicas  por  el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir junto con colectivas como Las Siete Polas, Las Viejas Verdes, La Poderosa y muchas más.

Aunque la Corte profirió la sentencia C-355 en 2006 en la que permite el aborto en tres situaciones específicas, cualquier mujer que lo haga fuera de las tres cuasales es considerada una delincuente. Esto, sin tener en cuenta que muchas veces las tres causales se quedan en el papel, sin que esto se implemente verdaderamente en los centros de salud del país.

Según datos de la  Fiscalía  General  de  la  Nación, entre  2005  y  2017, en el país 2.290 mujeres fueron criminalizadas por el delito de aborto, de las cuales 502 eran menores de edad. De la  totalidad  de  los  procesos  penales  de  aborto, 1.604 estaban activos en febrero de 2017 y  se  habían  expedido  200  condenas y  14  absoluciones. Durante el plantón varias mujeres dieron varios argumentos a favor de esta demanda, como que mantener el aborto en el Código Penal es “criminalizar a las mujeres más pobres, a las más vulnerables y a las mujeres rurales”.

Causa Justa argumenta que la criminalización del aborto va contra el derecho que tienen las mujeres y niñas de acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) con garantías por parte del Estado y sin ser estigmatizadas. En 2018, la Corte Constitucional declaró a la IVE como un derecho fundamental a través de la sentencia SU096 y ligó este derecho a otros: derecho a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, de la información, de la educación y de la salud. Por lo anterior, que el aborto siga siendo un delito en algunas circunstancias atenta contra todos estos derechos. La demanda también contempla que el personal de salud acceda a oportunidades de educación sobre la IVE. Según Profamilia,  gracias a los  servicios  de anticoncepción  y  aborto  seguro, en  2019  se  evitaron  cerca  de 374.063 abortos inseguros en Colombia.

El estigma sobre el aborto es uno de las principales barreras para las mujeres que buscan interrumpir un embarazo no deseado. Según Causa Justa, la reducción del uso del derecho penal para regular el aborto empieza a disminuir el estigma y mejora el acceso al servicio de un derecho que debe ser completamente legal y seguro para las  mujeres y niñas del país. 

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