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Amenazas, desplazamiento y exilio: el precio que pagan las defensoras del agua en el Magdalena Medio

Por Laura Tatiana Peláez Vanegas

Proyectos mineros y proyectos piloto de fracking están acabando con la tranquilidad de quienes habitan en Santander y Antioquia. Las líderes ambientales que se oponen a estos proyectos han sido desplazadas de sus municipios, e incluso exiliadas de Colombia. El precio actual de defender el agua en Colombia es la vida.

marzo 16, 2022

Yuvelis Natalia, de 21 años, ya había sido amenazada por hombres armados luego de liderar Aguawil, un comité de defensa del agua en el municipio de Puerto Wilches, en Santander. A inicios de 2021, unos hombres armados llegaron hasta la puerta de su casa a decirle: “Usted está muy bonita, pero deje de andar jodiendo”, y le apuntaron con un arma a la cabeza. 

La situación era de zozobra. Temía por ella, su madre embarazada y su hermana de ocho años. Luego de desplazarse forzadamente, y pasar casi seis meses en Bogotá, volvió a Puerto Wilches el mes pasado. Lideró un plantón pacífico contra la Audiencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, sobre uno de los proyectos pilotos de fracking: el proyecto Kalé, que pertenece a Ecopetrol. Natalia tenía programado un viaje a Francia para marzo, pero los hombres armados volvieron antes, luego del plantón. 

“Los escoltas me dicen que algo estaba pasando. Mi mamá me escribe que me van a matar, que vienen hombres armados”. En el carro, los escoltas le dijeron que iban a poner una bomba. Del 14 al 17 de febrero, hubo un paro armado organizado por el ELN en Puerto Wilches y cualquier cosa podía pasar. Al otro día, estaba en un avión rumbo a Francia gracias a la iniciativa Marianne, que refugia en el país europeo distintas lideresas en riesgo.

Natalia tuvo que salir huyendo de Colombia. Su pecado fue estudiar seis semestres de Tecnología y Manejo de Recursos Ambientales, y hacer preguntas sobre ese proyecto liderado por Ecopetrol y el proyecto Platero, de ExxonMobil, en Puerto Wilches. Además fue puerta a puerta tejiendo red con jóvenes como ella, para exigir respuestas a las empresas. Por lo que habían consultado, serían más los daños que los beneficios del fracking en el territorio. 

La historia de Natalia es el reflejo de mujeres como Catalina* en Antioquia, Oneida en Carmen de Chucurí, Santander, y Yuli, también en Puerto Wilches, Santander. Todas han liderado resistencias contra proyectos mineros y de extracción de hidrocarburos en sus municipios. A todas las han amenazado y han salido forzadamente de sus hogares. Sin embargo, coinciden en que lo que pasó con Natalia es suerte. Es eso o terminar siendo una cifra más en el país más peligroso del mundo para defender el medio ambiente. En 2020 fueron asesinadxs 65 líderes ambientales. A través de sus historias, se narra la situación actual de la lucha de las mujeres por el agua en el Magdalena Medio.

La apuesta por el fracking en Puerto Wilches

Natalia tenía 19 años cuando se dio cuenta de que a su pueblo llegarían dos proyectos piloto de fracking. Había empezado su carrera universitaria y sabía que esa técnica de fracturación del subsuelo para extraer gas de esquisto consumía mucha agua y podía contaminar los ríos. Buscó en internet, y “Lo que aparecía era que no había nada que se le opusiera al fracking en Puerto Wilches”. Se reunió con más jóvenes para entender lo que llegaría al municipio.

Cuando descubrieron que en distintos países el fracking estaba prohibido por sus daños ambientales, iniciaron una campaña de información en 2020 con les habitantes de Puerto Wilches. No podían creer que los proyectos llegaran sin que la gente supiera. “Eso me generó mucha impotencia y prendió en mí una llamita: ‘No podemos dejar que eso suceda’”. Varios estudios citados por esta investigación de Mutante recogen los efectos negativos del fracking: afectación de la calidad del aire, aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático y al agotamiento del agua potable. Para sacar gas natural por fracturación o fracking se necesitan millones de galones de agua: de dos millones hasta 37 millones de litros. Puede utilizar hasta 20 millones de litros por pozo. 

“Empezamos a ir puerta a puerta, a los barrios y veredas donde se quieren hacer los proyectos pilotos. Si uno sabe lo que tiene, también sabe lo que puede perder”. Natalia afirma que las mujeres tuvieron un papel fundamental en la retransmisión de la información. “Eran ellas las que nos recibían los mensajes y contaban en sus casas, a sus esposos, a sus hijos, lo que estaba pasando con el fracking a la hora de la comida. Ellas fueron las que esparcieron la información en un lugar donde no hay buena educación y cada año hacemos paro porque no hay profesores”. Puerto Wilches tiene 31.000 habitantes y solo el 2.8 por ciento de la población ha accedido a educación superior. 

En diciembre de 2020 se creó Aguawil, les participantes tenían entre 18 y 25 años. También había niñes. “Convocamos un foro informativo” y pegaron afiches convocando para el 12 de ese mes, pero los denunciaron. Al foro, para su sorpresa, llegaron cientos de habitantes. Se llamó ‘Foro informativo por el agua, la vida y el territorio’. Al otro día convocaron la primera marcha carnaval. Ese día, “El coronel me dijo que ellos defendían los intereses del Estado y que esos eran los del fracking. Y me dice: ‘Si ustedes siguen haciendo eso, nosotros no podemos protegerlos’”. 

Aguawil, comité de defensa del agua de Puerte Wilches, que se opone al fracking Foto tomada de Twitter: @ColombiaNoFrack

El 29 de enero de 2021, Natalia participó en la Audiencia Pública sobre Fracking que convocó la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes para discutir proyectos de ley relacionados con el fracking en el país. Esa noche la amenazaron por primera vez: “Llega un hombre en moto a mi casa, yo estaba sentada afuera en la mecedora”. Ahí le apuntan con un arma. “Hicimos la denuncia, pero en Puerto Wilches la gente no denuncia por miedo y porque la fuerza pública puede pasarle la información a actores armados y te matan”. Luego de ella, siguieron sus compañeros

Días atrás, el 20 de enero de 2021, a Yuli Velásquez de 36 años le hicieron un atentado. Ella es la representante legal de la Federación de Pescadores Artesanales y Turísticos de Santander, Fedepesan. Es ingeniera ambiental e hija de un pescador asesinado en el 2000. Yuli empezó su activismo ambiental en 2019 por la Ciénaga de San Silvestre. “Me doy cuenta de que hay contrataciones públicas con recursos de Ecopetrol para hacer unos trabajos de recuperación del cuerpo hídrico –La Ciénaga de San Silvestre– 300.000 habitantes dependemos de ese cuerpo. Nos dimos cuenta de que el contrato fue asignado a dedo”. El 9 de enero de 2020, Yuli denunció públicamente las irregularidades por parte de la Corporación Autónoma Regional C.A.R de Santander. “La empresa elegida no cumplía con los requisitos para que le hubieran asignado el contrato para recuperar la ciénaga”. 

Los reclamos fueron entregados a Ecopetrol, de acuerdo con Yuli. “Hablamos con el procurador provincial de Barrancabermeja y nos dijo que éramos líderes, que nos gustaba llamar la atención”. Luego de ello, “Recibo el atentado en mi vivienda. Ellos sabían que yo era la única profesional de Fedepesan”, denuncia. Dos años después del atentado, aún no saben quiénes son los responsables. Luego de este, Fedepesan sufrió un robo masivo de motores y canoas.

En esa época, Yuli estaba en Barrancabermeja creando redes para alertar a les habitantes de municipios cercanos, como Puerto Wilches, de las contrataciones irregulares. Cuando llegó al municipio, se enteró de los proyectos pilotos de fracking y se unió a la labor de Aguawil y la Alianza Nacional Libre de Fracking. A raíz de su liderazgo, tuvo que salir ese año como víctima de desplazamiento forzado junto a su familia.

Las periodistas María Claudia Dávila y Lía Valero, de las primeras en investigar la situación de las mujeres defensoras en el Magdalena Medio, encontraron que para finales de julio pasado, cinco jóvenes estaban amenazadxs de muerte tras denunciar que el gobierno nacional estaba incumpliendo las recomendaciones del comité de expertos. Este fue creado tras el fallo del Consejo de Estado, en el que se aprobaron los dos proyectos pilotos. 

A Yuli no le sorprende que con Natalia estén en esta situación. “Las mujeres somos más vulnerables porque nos violan, asesinan, torturan psicológicamente. Yo tengo un trauma psicológico: ¿por qué como mujer, alzar la voz, pasa esto?”. 

Para la experta en género y justicia ambiental, Natalia Daza, la escalada de violencia contra las defensoras ambientales en la región tiene que ver con la falta de participación efectiva de las comunidades en estas decisiones. “De entrada, Colombia no cuenta con un mecanismo de participación ambiental efectivo. En efecto, la Corte Constitucional ha pedido que el Congreso legisle un mecanismo de participación ambiental para asegurar la participación efectiva de la ciudadanía y eso no se ha dado. Eso aumenta la conflictividad”. 

Ecopetrol respondió a MANIFIESTA que entre 2020 y lo que va de 2022 ha realizado más de 500 encuentros de diálogo y pedagogía. Afirman que abrieron una Oficina de Participación Ciudadana en Puerto Wilches y que desde inicios de 2021 hay un programa de diálogo, participación y veeduría liderado por el gobierno. “Incluye Diálogos Territoriales, las Mesas Territoriales de Diálogo y Seguimiento y monitoreo ambiental participativo durante la ejecución del proyecto”.

Aunque las mujeres entrevistadas aseguran que Ecopetrol sí ha hecho reuniones y audiencias informativas, coinciden en que se han negado a participar. De acuerdo con ellas, la empresa sólo lo hace por protocolo, sin tener en cuenta a las comunidades. “ANLA no era transparente, sino que estaba muy a favor de Ecopetrol. Esa entidad llegó al municipio a decir que Ecopetrol estaba cumpliendo. Planearon una audiencia pública. Hicieron una reunión informativa, pero nosotros hicimos un plantón y un cacerolazo en contra de eso porque era pura fachada”, ejemplifica Natalia.

De resistir a la minería a resistir contra el fracking

Catalina* tiene 31 años y defiende al municipio de San Rafael, en el Oriente Antioqueño, de proyectos extractivos. Hace parte de la veeduría socioambiental del municipio, de la organización ‘Movete’, que articula el Movimiento Nacional Ambiental y a la Alianza Nacional Libre de Fracking. “Estudio ingeniería ambiental, soy artista y mamá”.

La lucha de Catalina se centra en ponerle la lupa a grandes y pequeñas hidroeléctricas, y a la minería a cielo abierto en este y municipios aledaños. Como parte de ‘Movete’ se enteró en 2019 de proyectos pilotos de fracking en Puerto Wilches. La organización hizo llamados a las comunidades, y el Movimiento Nacional Ambiental organizó jornadas para articular con sindicatos y comunidades sobre sus peligros. “La comunidad en ese momento no le brindó mucha importancia, pasó desapercibido, pero la sensibilización se hizo. Con los pocos que asistieron, se recopiló información”.

En diciembre de 2020, las organizaciones que integra Catalina volvieron al municipio a hacer otra jornada de sensibilización ambiental que tuvo mucha más acogida. Llegaron a entregar información sobre lo que podían estar haciendo esas empresas: buscar el lugar propicio para hacer fracking. Al igual que Natalia y lxs jóvenes de Aguawil, crearon redes puerta a puerta. La campaña informativa se hizo por un mes y con más fuerza una semana antes de que se hicieran audiencias en el territorio, pero no con la comunidad, sino con funcionarios públicos.

Natalia Daza asegura que las audiencias y el licenciamiento no se hace en los plazos adecuados ni con la gente adecuada. “El tema del licenciamiento se hace a toda. La audiencia pública se hace en un plazo excesivamente corto. Esa audiencia es para que la gente del territorio, sin herramientas, lea lo que es el estudio de impacto ambiental que generalmente es un documento larguísimo en lenguaje técnico con datos difíciles de comprobar”. 

La razón es que Colombia no cuenta con estudios previos confiables sobre el impacto ambiental del fracking. “A diferencia de un estudio ambiental de la minería, los estudios ambientales de fracking son muy difíciles de replicar y las industrias que lo hacen, lo hacen como preinversión. Para eso habría que hacer una consecución de fondos inmensa que la ciudadanía no tiene la capacidad de hacer. No existe la posibilidad de hacer un contraestudio. Quien presenta la propuesta es juez y parte”. Natalia Daza asegura que las audiencias suelen hacerse en un plazo de tres meses, que ya es un plazo corto, pero "En Puerto Wilches se hizo en dos semanas”. 

Frente a lo anterior, Ecopetrol le dijo a MANIFIESTA que avanza en la etapa de Condiciones Previas de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) Kalé y Platero. “Esto es, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de mecanismos de participación y la solicitud de la Licencia Ambiental para operar, ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”. Añadió que en octubre de 2021 se radicó ante esta autoridad el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Kalé y en febrero de 2022 el de Platero. “La evaluación de cada EIA y la consecuente decisión del otorgamiento de la Licencia Ambiental se encuentra en manos de la ANLA”, concluye. 

Natalia Daza contraargumenta. “Colombia no tiene una línea base ambiental. La que descubre si hay algún impacto ambiental es la propia empresa cuando ya está andando el proyecto”. Afirma que quienes hacen veeduría cuando ya hay un impacto es la ANLA, pero antes de eso no hay quién. Hay algunos mapas, indicios, pero no hay una línea base completa que permita hacer un diagnóstico previo. 

Luego de escuchar a más de 50 personas de la comunidad de Puerto Wilches en una audiencia pública con autoridades de este proyecto piloto, el director del Anla, Rodrigo Suárez, declaró que iban a evaluar la información para definir la viabilidad del primer proyecto piloto de fracking en Colombia, se prevé que para abril.

El trabajo de Catalina le valió una amenaza indirecta que la hizo salir de San Rafael. Había viajado para visitar a su pareja y estando allá, su compañero la llamó y le dijo que ella también estaba amenazada. No ha podido volver a San Rafael, y asegura que quienes enfrentan a proyectos de fracking reciben más ayuda y atención que quienes defienden el territorio de proyectos mineros.

La defensa del medio ambiente en el Carmen de Chucurí

El Carmen de Chucurí se ubica a 178 kilómetros de Bucaramanga. Tiene 20.099 habitantes y la gran mayoría vive en zonas rurales. En ese municipio vivía Oneida, de 38 años. Comenzó su lucha como defensora ambiental cuando se enteró que en el municipio ya estaba en marcha un proyecto minero para extraer carbón a cielo abierto. “En ese momento me opuse y formé un movimiento que se llama Resistencia al Extractivismo”. Este también rescata la medicina tradicional y los saberes ancestrales de la región. 

El objetivo de Oneida ha sido informar a sus vecines de cómo la minería de Carbón a gran y pequeña escala contamina los caños, ríos y en general los cuerpos hídricos. “Eso afecta a las comunidades, que salen desplazadas”, concluye. 

Oneida, como Catalina, también se opuso a los pilotos de fracking en Puerto Wilches. Durante un año asesoró a Aguawil. “Van a tomar miles de litros de agua por día de nuestros ríos y fuentes hídricas. En 30 días la petrolera se gasta lo que nosotros en 18 años. Al río le piensan verter 5 años de desechos”.

La resistencia de Oneida a los proyectos mineros y petroleros en Carmen de Chucurí le dieron visibilidad ante los grupos armados que hacen presencia en el departamento. “En 2019 me llegaron unas amenazas, yo soy docente. La Secretaría de Educación me trasladó por el riesgo”.

No obstante, el pasado cinco de febrero hubo una audiencia informativa de Ecopetrol para anunciar la modificación del Plan de Manejo Ambiental para San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí y Simacota. Municipios donde tiene 38 pozos perforados para la extracción de hidrocarburos. Oneida se opuso porque, según ella, no todas las comunidades fueron invitadas. El 15 de febrero volvieron las amenazas hasta el municipio en el que está ahora. 

Oneida denuncia además que fue revictimizada por una funcionaria de la ANLA “El cinco de febrero ella me dijo: ‘usted es la famosa Oneida’, eso me genera un riesgo delante de la gente”. Después de la amenaza, fue a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía y Procuraduría. “Gracias a la última denuncia, me enviaron una medida de protección policiva, pero los policías no han venido a mirar ni en dónde vivo. Yo firmé, pero los policías no aparecen”.

Yuli pasa por una situación similar. “Me asignaron un escolta que anda a pie igual que yo. Se vuelve más complicada mi situación porque la evaluación de riesgo que me hacen, me dicen que hay partes donde no puedo entrar en el departamento. Y eso evita y mina completamente mi trabajo en las ciénagas con la gente”. 

Natalia hace una denuncia desde Francia. “Cuando Ecopetrol y el gobierno nacional sintieron la presión, empezaron una campaña de estigmatización”. De acuerdo con ella, funcionarixs de Ecopetrol le dicen a sus trabajadorxs que las personas que se oponían al fracking no querían  progreso. “Y los que no quieren el progreso son los guerrilleros. Eso es una sentencia de muerte en un territorio que históricamente ha tenido presencia y control paramilitar”. 

Frente a lo anterior, Natalia Daza concluye que ante la situación de violencia y amenazas a líderes y lideresas las empresas no deberían seguir con los proyectos pilotos de fracking. “Creo que los pilotos no tienen la escala para decir si en efecto habrá daños o no, pero es un intento que de entrada cobra un precio muy alto. Los proyectos no se pueden dar en estas condiciones, cuando están amenazando a un líder o lideresa por día en el Magdalena Medio”.

Ecopetrol le respondió a MANIFIESTA que rechaza cualquier acto de violencia contra líderes sociales. “Cuando se ha tenido conocimiento de estos lamentables hechos, la Empresa ha rechazado públicamente cualquier tipo de afrenta en contra de los DDHH. Igualmente, ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes los hechos de intimidación y violencia que han sido denunciados por los líderes sociales”. La compañía añadió que ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que se adelanten las investigaciones necesarias que permitan el esclarecimiento de los hechos, la judicialización de los responsables y se garantice la no repetición.

“Han sido los días más difíciles de mi vida. No conozco a nadie, no conozco nada. Al mismo tiempo, son los mejores días porque estoy viva. No quiero convertirme en una lideresa más asesinada y que el artista de plastilina haga un muñequito después de mi muerte. Estoy viva, es lo que importa”, concluye Yuvelis Natalia, quien va a completar 20 días exiliada en Francia.

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