En su campaña, la palabra ‘mujer’ fue central. El ahora presidente Gustavo Petro repitió hasta el cansancio que “Colombia es mujer”. En el debate feminista de junio, antes de la segunda vuelta, dijo que ve los feminismos como una vanguardia, aquello que va más adelantado que la sociedad. Y en su inolvidable discurso de posesión prometió que gobernaría con y para las mujeres.
Su presidencia arrancó con Francia Márquez a su lado, como fórmula vicepresidencial. No solo es la primera mujer afro en ocupar un cargo de poder elevado, sino que su capital político fue fundamental para asegurar la victoria del presidente, sumando votos de sectores étnicos y de mujeres. Con la figura de esta lideresa social en su gobierno, que también sumó confianza al programa social de la Colombia humana, empezaron a sonar propuestas como la creación del Ministerio de la Igualdad y del Sistema Nacional de Cuidado.
A pesar de tener a su lado a Francia Márquez, tras 100 días de gobierno, y con 61% de imagen positiva, analizamos qué tanta voluntad política ha habido por parte del primer gobierno de izquierda para cumplir su promesa y gobernar un país con y para las mujeres.
En MANIFIESTA hicimos un paneo sobre cinco ejes de trabajo fundamentales por parte de este gobierno para el avance de los derechos de las mujeres, los cuales se anunciaron como prioritarios en campaña y que ayudaron a capitalizar el voto de mujeres y personas LGBTIQ+: paridad, reformas e implementación de políticas públicas, el peso político de la vicepresidenta, erradicación de violencias basadas en género e implementación de la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24. En algunos temas se raja por falta de interlocución con el movimiento de mujeres, en varios hay avances alentadores y en otros, por ahora no hay nada a la vista.
Paridad y nombramientos polémicos
El gabinete de Petro es paritario en el primer nivel: hay nueve ministras y nueve ministros. No por ello está exento de críticas. El nombramiento de Irene Vélez como ministra de Minas ha sido el más polémico. De hecho, Vélez fue citada a moción de censura por los partidos de oposición. Su argumento es la falta de experiencia y un recuento de declaraciones tajantes sobre la transición energética que debe emprender el gobierno. Por ejemplo, suspender la explotación y exploración petrolera y de gas en el país. El Ministro de Hacienda ha tenido que rectificar esta información para evitar el pánico económico. A pesar de las consecuencias de sus declaraciones, Petro ha respaldado a la ministra sin dudarlo.
Fuera del gabinete ministerial, no se ha cumplido la Ley de Cuotas que exige que el 30% de los cargos del poder público estén ocupados por mujeres (de hecho, en su programa de gobierno, Petro prometió elevar ese umbral a 50%). La Silla Vacía analizó los cien cargos más altos del Estado y concluyó que de 37 viceministerios, 10 están ocupados por mujeres (27%) y de 35 entidades descentralizadas, solo 8 tienen directoras (22%).
Otra de las conclusiones de La Silla es que las mujeres se ubican predominantemente en el sector social, es decir agencias que trabajan por la equidad, la inclusión y la garantía de derechos de poblaciones. Dentro de estos nombramientos, sin embargo, hay dos que generaron críticas y un malestar profundo entre las feministas: Cielo Rusinque en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y Concepción Baracaldo en el ICBF.
Rusinque fue la abogada defensora de Fabián Sanabria, profesor de la Universidad Nacional acusado de abusar sexualmente de uno de sus estudiantes. Baracaldo, por otro lado, está vinculada a la entrega de licencias de construcción en áreas protegidas como secretaria de planeación en las alcaldías de Chía y Tocancipá. Además, ninguna de las dos tiene experiencia en el trabajo que exigen las agencias que encabezan.
Sobre esto, Juliana Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Artemisas, opina que el problema no es que Cielo Rusinque carezca de capacidades; “El problema es que el movimiento feminista se pronunció porque ella es cercana a un hombre que tiene denuncias por violencia sexual”. Rusinque también habría hostigado a varias activistas que acompañan víctimas de acoso y violencia sexual en las universidades.
Luego de que empezara a sonar para dirigir el DPS, algunas de ellas se articularon para recoger firmas y protestar moviendo el numeral #NoMiCiela, que fue tendencia en Colombia. Aún así, el gobierno hizo caso omiso y el nombramiento se oficializó el 13 de septiembre, junto con el de un grupo de funcionaries. Entre elles, la nueva consejera presidencial para la equidad de la mujer, Clemencia Carabalí.
Que Clemencia, lideresa afro del Norte del Cauca, sea directora de esta oficina da para hablar de lo que sí se considera un cambio de paradigma: el gobierno ha apostado por nombramientos de mujeres afro e indígenas en los cargos que demandan una mirada interseccional, pues implican promover políticas que favorezcan a las poblaciones más excluidas y construir paz en los territorios más apartados. Nos referimos a Francia Márquez como futura Ministra de Igualdad; Patricia Tobón Yagarí, mujer embera chamí, ex Comisionada de la CEV y ahora al frente de la Unidad para las Víctimas; y Leonor Zabaleta, de la etnia arhuaca, como nueva embajadora de Colombia ante la ONU.
Reformas, proyectos de ley, implementación de políticas
“Los primeros cien días ponen una presión muy grande sobre el primer gobierno de izquierda en Colombia porque es cuando el presidente consolida un ejercicio de gobernabilidad”, explica Juliana Hernández.
Dentro de ese ejercicio, la primera movida de Petro fue apostar por la aprobación de una reforma tributaria progresiva, es decir, basada en los ingresos de cada ciudadane y la carga tributaria que puede asumir. “Las feministas también estamos buscando que la riqueza se redistribuya. Y la reforma tributaria que acaba de aprobarse entiende que a quienes hay que cobrarles más impuestos es a las personas con mayor capital. Y esas personas no somos las mujeres”, dice Juliana.
Explícitamente solo hay un artículo de la reforma que se refiere a una apuesta de género. Este propone que la DIAN solicite información en las declaraciones tributarias que permita hacer estudios con enfoque de género sobre riqueza e inequidad. Con esto se podrían actualizar datos como la diferencia de ingresos de mujeres y hombres declarantes. En 2014, según la misma DIAN, las mujeres declarantes ganaban el 58% de lo que ganaban los hombres en Colombia.
Sin embargo, colectivas feministas como La Creciente Feminista, señalan que la palabra ‘mujer’ no aparece ni una sola vez en el proyecto de ley. Al respecto, el pasado 28 de septiembre en un foro sobre enfoque de género de la reforma, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana apuntó que “El marco tributario no tiene que ser explícitamente sensible al género siempre que sea progresivo. El problema es que a veces no lo es”.
La otra gran apuesta en forma de proyecto de ley es el de La Paz Total. Juliana considera central que se aprobara tan rápidamente la apuesta de negociar con todos los grupos armados y organizaciones criminales. “Hemos dicho muchas veces que nuestros cuerpos son botines de guerra. Se requiere paz para que haya democracia. Mientras no haya paz en los territorios periféricos de Colombia, las mujeres no vamos a lograr participar en ejercicios políticos ni ocupar espacios de toma de decisiones”, asegura.
Pero los retos son enormes. Además de que el 51,2 porciento de colombianes está en desacuerdo con La Paz Total –en un país donde el resultado del plebiscito por la paz sigue siendo una sombra–, las personas en los territorios azotados por el conflicto tienen dudas sobre la voluntad de negociación de los armados y de la construcción de una paz “sin hambre”, lo que involucra las reformas que están por venir: la agraria y la laboral. En el caso de la primera, que se centra en la redistribución de tierras fértiles improductivas y en la producción de alimentos como motor de la economía, es muy esperanzador que la lidere la MinAgricultura Cecilia López, quien hace pocos días afirmó que no puede haber transformación en el agro sin las mujeres: «Llegó el momento de medir y reconocer el valor económico de las labores de cuidado”, señaló en un evento de la Ocde.
Y aunque no es un proyecto de ley como tal, también es esperanzador que la viceministra de Asuntos Multilaterales, Laura Gil, anunciara a inicios de octubre la implementación de una política feminista, la cual vincula el manejo de las relaciones internacionales a la agenda de Mujer, Paz y Seguridad formulada por la ONU. Esto implica la participación paritaria y digna de las mujeres en la paz, el cuidado del medio ambiente y su defensa, y la garantía de los derechos humanos en el ámbito internacional y nacional, entre otras cosas.
Hay otros proyectos de ley sin arrancar que, se espera, cumplan con sus promesas: prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, crear la política pública de lactancia y reconocer al campesinado como sujeto de especial protección. Este último fue impulsado por Cecilia López, quien aseguró que las mujeres campesinas “Además de la violencia estructural y económica, deben superar violencia basada en género y sexual, así como mayores responsabilidades en la economía del cuidado no remunerado y peores condiciones económicas y educativas”.
Mientras esperamos el avance de estos y otros debates en Senado y Cámara, nos preguntamos cómo va la implementación de políticas públicas y sentencias que, si bien no impulsó este gobierno, deberían empezar a andar con mensaje de urgencia. La política pública LGBT, por ejemplo, que existe desde 2018 mediante el Decreto 762 y cuya implementación está en ceros.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, considera que el MinIgualdad es clave para su ejecución. Sin embargo –y mientras esperamos que el proyecto de ley para crear esta nueva cartera avance– nos preguntamos qué esfuerzos ha dedicado el gobierno a esta tarea urgente, que incluye la implementación, activar una mesa de casos urgentes y poner en marcha un plan de choque para remediar violencias contra personas LGBT.
“Lastimosamente en ninguno de los tres asuntos tuvimos avances estos primeros cien días. No ha arrancado la implementación de la política, que es competencia del Ministerio del Interior”, nos cuenta Wilson. “Sin embargo, se presentaron otras cosas que celebramos, como incluir a las personas LGBT en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo”, agrega.
El lugar de la Vice
Francia Márquez llenó de altura y votos la campaña presidencial de Gustavo Petro al unirse como fórmula vicepresidencial. Con un capital de 800 mil electores en la consulta del Pacto Histórico, muchos análisis hablaron de Francia como el ‘fenómeno político’ de 2022 porque superó a figuras como Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, e incluso a miembros de clanes políticos como Alejandro Char.
Aunque en la encuesta del CNC Francia obtuvo 63% de imagen favorable, superando a Petro en dos puntos, el balance de algunos medios apunta a que no tiene protagonismo ni presupuesto. “Nuestro sistema es presidencialista. El discurso y la narrativa se han concentrado en Petro”, explica Juliana Hernández y agrega: “Que Francia no esté en las noticias o en las portadas, no significa que no esté trabajando, por ejemplo, en la implementación de la Ley 70 sobre territorios colectivos de comunidades afrodescendientes”.
Con esa conclusión, Juliana apunta al lugar desde donde se debería analizar la tarea de la vicepresidenta y futura ministra de la Igualdad: los territorios. Su declaración ética y política sigue siendo estar del lado de las y los ‘nadies’. El 13 de octubre, Francia visitó Coquí, en una jornada de Diálogos Vinculantes con alcaldes de algunos municipios de Chocó, y se convirtió en la primera vicepresidenta en llegar a este corregimiento de Nuquí.
Por otro lado, el 21 de octubre, como abanderada de la región Pacífica, impulsó la aprobación del Plan Especial para el Desarrollo Integral del Distrito de Buenaventura (PIEDB) y la destinación de 600.000 millones para su implementación, en medio de la emergencia por violencias que se vive en el puerto desde mediados de año.
Con Clemencia Carabalí en cabeza de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se concretaron las mesas de mujeres en los Diálogos Regionales Vinculantes, espacios que acompaña esa oficina. Hasta hoy se han realizado más de treinta Diálogos y el lunes 14 de noviembre se publicó el borrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND) ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ que incluye los insumos aportados por les participantes de todas las regiones.
“La iniciativa de venir a las regiones a tomar de viva voz de las personas sus necesidades, y que el Plan Nacional de Desarrollo se construya a partir de esas realidades territoriales, nos parece algo muy importante. Y más allá de que se incluyan nuestras propuestas, necesitamos que se implementen”, nos dijo Juana de Dios, representante de mujeres pescadoras y piangüeras, al preguntarle por la relevancia de los Diálogos en Buenaventura, liderados por la vicepresidenta.
Por otro lado, aunque el camino para la creación del MinIgualdad ya no será transformar el DPS en esa nueva cartera –como el gobierno anunció en principio–, el proyecto de ley para construirlo desde cero fue radicado ante el Senado hace un mes con mensaje de urgencia. Esto quiere decir que su debate en el Congreso empezará pronto.
El decreto presidencial que asigna las quince funciones de la vicepresidenta (dos más que las asignadas a Marta Lucía Ramírez en el gobierno de Duque) señala sus responsabilidades especiales con el Pacífico colombiano, la creación de la Política Pública de Cuidado, la creación de la Política de la Igualdad, entre otras. Y aunque en la agenda mediática estos sean temas de menor interés que las reformas que se está jugando el gobierno, el trabajo de la vicepresidenta y su gestión como futura Ministra de la Igualdad podrían cambiarle la cara a las realidades de mujeres, niñes, personas LGBTIQ+, racializadas, con diversidad funcional, empobrecidas y que viven en territorios de este país centralista.
Implementación de la Sentencia C-055
La sentencia C-055 es una de las grandes victorias feministas del año, liderada por el movimiento Causa Justa. A pesar de la guerra frontal que le declaró el ex presidente Duque al derecho al aborto legal hasta la semana 24, el gobierno de Petro ha tomado decisiones que hablan de disposición. Retirarse de la declaración del consenso de Ginebra fue el primero de ellos. Este declara que las naciones firmantes no aceptan el derecho al aborto, defienden la vida del feto y consideran que la familia tradicional es la base de la sociedad.
El segundo fue la expedición de la circular 044 del MinSalud, que obedece al exhorto que hace la Corte Constitucional al gobierno para expedir una política pública de derechos sexuales y reproductivos. “La circular, expedida el 28S, es un guiño político al Decreto 4444 que tumbó el Consejo de Estado por acciones de sectores antiderechos”, explica Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Laura se refiere a un decreto del MinSalud declarado nulo por el tribunal en 2013. Este reglamentaba el aborto legal bajo tres causales protegido por la sentencia C-355 de 2006.
“La circular 044 es importante porque dialoga con todos los actores de salud para garantizar derecho y que cese la criminalización. Más del 50 porciento de casos de criminalización corresponden a denuncias de profesionales de la salud. El documento es clave para que cese la persecución”, agrega Laura.
Sin embargo a esa circular se debe sumar la actualización de una ruta de atención para que el marco regulatorio en salud esté completo, como explica Ana Cristina González. Sobre la actualización, el viceministro de Salud Jaime Urrego había declarado: “Vamos a diseñar una ruta muy rápida para que en los primeros cien días haya noticias que empiecen a señalar que el rumbo señalado con la Corte no es juego, sino que estamos comprometidos con cumplirlo como lo está el presidente Gustavo Petro”.
“Está pendiente la actualización de la Resolución 3280, que es la ruta materno perinatal y los anexos técnicos. Creemos que la expedición será pronta porque el Ministerio de Salud está trabajando en ello”, dice Laura y explica que en todo caso el servicio debe prestarse con normalidad pues desde 2006, con la sentencia C-355, las EPS e IPS debieron ajustar sus rutas en sistemas, protocolos y manejo de objeción de conciencia.
La coordinadora de la Mesa agrega que la gran deuda del gobierno ahora es el cierre de las investigaciones y la anulación de condenas contra mujeres por delito de aborto. “Debe haber revisión retroactiva de estos procesos penales. Para eso es vital que la Fiscalía actualice la directiva 6 de 2016”, explica.
¿Emergencia por violencias basadas en género?
Eso es lo que solicitó al gobierno la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, en el Encuentro Iberoamericano de Mujeres Progresistas, debido a casos como el de Hilary Castro, abusada sexualmente en una estación de Transmilenio el 31 de octubre. Este permitiría que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se articulara con el Congreso para desarrollar acciones contundentes que frenen la ola de violencias sexuales, intrafamiliares y feminicidios. Según la Fiscalía, hasta este mes del año se han registrado 588 presuntos feminicidios en el país.
La senadora anunció que presentará la propuesta ante la Comisión Legal de Equidad de la Mujer y la Comisión de Paz del Senado este 16 de noviembre. Ella misma, junto a la senadora Aída Avella, fue amenazada por las Águilas Negras durante el Encuentro.
Aunque el gobierno nacional, por medio del borrador del PND, anunció que trabajará en el Plan Integral de Eliminación de la Violencia de Género y un Programa Nacional de Ciudades y Territorios Seguros, es imperativo que estas medidas aterricen en la cotidianidad de mujeres en zonas urbanas y territorios rurales. “Como feministas tenemos que seguir incomodando sobre lo que está pasando. El gobierno tiene que pronunciarse no con Tweets o fotos. Se necesitan políticas públicas y sistemas de alerta”, opina Juliana.
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