Cambiar de sexo y nombre consiste en preparar una declaración juramentada y presentarla en una notaría para solicitar la corrección de los datos en el registro civil y la cédula. Luego esperar cinco días para obtener respuesta en una escritura pública. El cambio solo se puede solicitar dos veces en la vida y cabe la posibilidad de que la notaría lo niegue. Entonces queda la vía de la tutela y su desgaste.
Gracias a una barrera que tiene que ver con la facturación de los servicios y su división por sexo en centros de salud, clínicas, hospitales y demás Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) algunas personas transgénero detienen sus tránsitos, poniendo en pausa el cambio de documentos. Incluso desisten de hacerse exámenes y procedimientos médicos como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y otros, que según el sistema de salud son exclusivos del limitante binario: exámenes exclusivos de hombres, o de mujeres.
Este obstáculo perjudica el cumplimiento de la Resolución 051 del MinSalud, expedida el pasado 12 de enero. Entre muchas otras precisiones, esta establece que los hombres trans, transmasculinidades y personas no binarias también abortan y se les debe garantizar el derecho. Sin embargo, el Ministerio tiene pendiente publicar lineamientos claros sobre cómo las IPS pueden cobrar a las EPS el aborto de un hombre trans con masculino en la cédula.
En pocas palabras, el sistema aún no está diseñado para que una IPS pueda hacerle la IVE a un hombre trans identificado como hombre en la cédula, a menos de que marque ‘mujer’ o ‘femenino’ en ese sistema. La barrera consiste en que, en algunas IPS, esta decisión está sujeta a desconocimiento, discriminación o temores a prestar el servicio y no poder cobrarlo a la EPS después. ¿Cómo solucionar esta barrera?
A la espera de rutas claras, varios procedimientos vitales para cuidar la salud sexual y reproductiva de hombres trans y personas no binarias hoy son trámites imposibles de codificar. Aunque hay algunas entidades que han acabado con esta barrera a punta de voluntad. Si de por sí una citología o una ecografía transvaginal son exámenes molestos para muchas mujeres cisgénero, el prejuicio de un sistema que no da espacio a los cuerpos e identidades diversos puede hacer todo peor. En MANIFIESTA hablamos con expertas del sector salud y hombres trans que han sufrido esta barrera en sus vidas.
¿Cómo así que no se puede facturar el aborto?
“En todas las instituciones de salud hay servicios que están parametrizados para hombres o para mujeres. Se prestan según lo que aparece en la cédula: masculino o femenino”, explica una profesional del proyecto Justicia Reproductiva de Fundación Oriéntame. “Digamos que llega un hombre trans, una persona que tiene útero, y debe hacerse una citología para saber si todo está en orden. Pero como en la cédula dice ‘masculino’, no cabe dentro del sistema que él necesite ese servicio. Lo mismo en vacunación: si es menor de 18 años no le van a dar gratis la VPH porque no tienen cómo facturar”, resume ella.
Aunque es complejo rastrear hasta qué punto la dificultad del trámite administrativo se traduce en que las transmasculinidades desistan de buscar estos servicios, para el caso de aborto hay datos representativos. Un estudio de Profamilia y la Alianza Transmasculina Abortera de Colombia (ATAC) de 2021 registra que entre un grupo de 141 hombres trans y personas no binarias, el 10 por ciento requirió abortar alguna vez. De estas 14 personas, 9 lograron abortar y solo 1 lo hizo a través de su EPS, solicitando el procedimiento cuando aún se regía por la Sentencia C-355 de 2006, es decir, bajo las tres causales. Les demás optaron por clínicas privadas y se apoyaron en organizaciones o redes que acompañan IVE. También recurrieron a la clandestinidad o el aborto en casa con métodos tradicionales, a pesar de que su EPS debió garantizarles el servicio.
El estudio insiste en la dificultad de tener datos cuantitativos sobre el acceso al aborto. Una de las razones es que las transmasculinidades no han sido tan visibles como otras poblaciones LGBTIQ+. Sin embargo, hay datos clave para entender que el problema merece atención. Por ejemplo, 28 por ciento de las personas que participaron en el estudio de Profamilia no usan métodos anticonceptivos, aunque tengan prácticas sexuales con riesgo de embarazo.
“Hay mucha dificultad en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva: métodos de planificación y procedimientos para la prevención”, cuenta Andrés Mojica, miembro de Trans-Tornados, un colectivo de hombres trans de Dosquebradas, Risaralda, municipio donde el proyecto de Oriéntame identificó la barrera. Sin anticoncepción garantizada es difícil creer que las transmasculinidades en Colombia no abortan.
Una investigación de 2022 de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres solicitó a distintos prestadores información sobre los abortos practicados en la comunidad LGBTI. Todos estaban en ceros. “El hecho de que no se cuente con registro de los casos de IVE de personas trans/no binarias evidencia la falta de enfoque de género en los instrumentos de recolección de información y en los sistemas de registro” expone el estudio y agrega que “Hay una discriminación del dato diferencial. Por eso muchos (hombres trans) deben acceder con el nombre femenino. Por eso ante el Ministerio de Salud no hay registro”.
Sobre tener que negar su identidad de género ante el sistema de salud, Ángel Mendoza, integrante de ATAC, explica que “Es una solución que no va a lo estructural, sino al caso específico para darle atención inmediata porque las IPS no pueden hacer nada más”.
A la barrera administrativa se suma un efecto colateral: casos en los que incluso es necesario des-transitar o suspender la toma de testosterona para realizar la IVE, pues la hormona genera condiciones que pueden aumentar el dolor del procedimiento. “Para ello no nos dan ningún analgésico ni nada. No hay sensibilización, no hay información ni tampoco explicación para estos temas desde el sector salud”, cita la investigación de la Mesa.
“Para quienes utilizamos hormonas hay cambios en la zona genital: el crecimiento del clítoris, que genera más sensibilidad, pero también más dolor. Y algo que se llama atrofia vaginal y es que la cavidad se hace más estrecha y el útero, más pequeño”, explica Ángel. “Cualquier práctica de aborto implica un sangrado y una expulsión vaginal, y si tienes las cavidades más estrechas y tensiones musculares internas, puede haber más dolor”, agrega.
La misma barrera para otros servicios que salvan vidas
“Hace dos años fue la última vez que me hice la citología. Llegué allá y primero empezó el murmullo para determinar si me la podían hacer, duré casi dos horas y media en el servicio de salud hasta que al final, después de hacer un proceso grandísimo, me hicieron el examen”, cuenta Andrés Mojica. “Créeme que eso no lo hacen otros compañeros. Si llegan y les dicen que no, pues se devuelven”. Para él, “Esto se puede convertir en un problema de salud pública. Cuando esos programas de promoción y prevención no llegan a la totalidad de la población, ¿qué va a pasar en el caso de algún tipo de afección que se derive de ahí: el cáncer de cuello uterino, por ejemplo?”, pregunta.
Andrés cuenta que algunos de sus compañeros de Trans-Tornados se abstienen de cambiar el sexo en el documento para evitar enredos. “Prefieren enfrentarse a su antigua identidad en temas de salud, y eso es contraproducente para nuestros tránsitos”, afirma.
Esta barrera también ocurre con servicios como la vasectomía o exámenes de próstata, bloqueados para quienes aparecen como ‘F’ en la cédula. “Por eso no voy al médico. Las únicas veces son por urgencias. Las consultas adicionales las voy tramitando a medida que mi salud mental me lo permita”, cuenta Danne Aro Belmont, directora de Fundación GAAT. “Hay revictimización cuando agendas la cita, cuando te llaman a confirmar un dato, cuando debes seguir a la consulta, al facturar. Sabemos que dejar de ir al médico es exponer nuestra salud, pero a las personas trans a veces nos toca negociarla”.
¿Las EPS y aseguradoras privadas están haciendo algo?
Andrea* trabaja en una EPS, nos pidió no especificar cuál. “Hace más o menos cinco años en la entidad identificamos por PQRS estos casos y lo que se hizo fue quitarle la parametrización por sexo a las intervenciones”, cuenta. “Esto se hizo desde la EPS, pero en la relación contractual una cosa es la parametrización de la EPS para pagar y otra cosa es la parametrización de la IPS para facturar”. Andrea resume que “En muchas IPS no acataron el cambio. La EPS hizo una circular, pidió a todos los prestadores priorizar el tema para la protección de los servicios. Pero las IPS tienen procesos lentos”.
Andrea afirma que aunque la barrera no es responsabilidad exclusiva del Ministerio –pues hace falta voluntad política de entidades e instituciones y fortalecimiento de las IPS para actualizar el sistema de facturación por cuenta propia– este sí tiene la tarea de enseñar y acompañar. “Cada factura mal hecha que pasen los prestadores, con datos incompletos, es un servicio que las EPS no les van a pagar”, dice y agrega que eso les ata de manos.
“Han venido cambiando cosas, hay códigos nuevos para facturar”, explica Andrea. Para ella, toca “Enseñarle a los prestadores a hacer las cosas, a facturar, a reportar, para que no se vuelvan locos y las barreras desaparezcan para los pacientes”. concluye.
En palabras de Ángel Mendoza, aunque el cambio del componente ‘sexo’ en la cédula es un hito, también se configura como una barrera en tanto sistemas como el de salud no han modificado la lectura que tienen de mujer, hombre o persona. La Resolución 051 tendrá que complementarse con códigos de facturación que reconozcan la existencia de identidades diversas, lo que implica no solo dar prioridad a la facturación de servicios de hombres y mujeres trans, también de personas no binarias que desde febrero del año pasado pueden figurar bajo esta denominación en su cédula, pues elles también se encuentran en una zona gris según las fuentes que consultamos.
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