Una camioneta andando de noche en marcha lenta, una calle sola, una mujer en peligro. Las denuncias de varias mujeres que sobrevivieron a intentos de secuestro en la ciudad van en aumento, y sus relatos se parecen cada vez más entre sí. ¿Qué está pasando en la capital del Valle del Cauca?
Créditos foto e iniciativa: Mala Junta Klan, Frente Gráfico Feminista y Alpa Jaguar.
Lucía* tiene 36 años y sufre de una enfermedad crónica que le produce dolores musculares intensos. El martes 30 de marzo, salió caminando en la mañana a la oficina de su EPS en el barrio El Ingenio para pedir una cita médica. Mientras iba a imprimir la orden que le habían exigido, notó que detrás de ella venía a marcha lenta una camioneta Toyota gris de platón y vidrios polarizados.
Lucía giró a la derecha. La camioneta también. Volteó a mirar antes de cruzar hacia la otra acera y vio las puertas del vehículo abiertas. Un hombre se había bajado y caminaba hacia ella. Alto, joven, vestido con jean, camisa blanca y zapatillas tipo Nike.
“Quieta perra, si te movés te mato”.
Lucía no pudo correr, no pudo gritar. El hombre casi la había alcanzado cuando alguien salió de un negocio y la tomó del brazo. “¡Niña, reaccione! La vienen siguiendo, se la van a llevar”. Hubo forcejeo, Lucía cayó en el antejardín de la tienda, su mochila voló. El hombre de la camioneta corrió hacia el vehículo y arrancaron con las puertas aún abiertas. Ella y el señor de la tienda lograron tomar parte de la placa: HIL, terminada en 1.
“Me dijo él que por ahí, sobre todo por el parque, es muy solo: roban mucho, han violado mujeres y ya han seguido a otras peladas antes”, cuenta Lucía.
Natalia* es estudiante de Salud Ocupacional. Tiene 25 años y está a punto de graduarse. El 30 de enero a las diez de la noche, cuando iba para su casa en moto desde el barrio Meléndez, al sur de la ciudad, notó por sus retrovisores una camioneta gris de platón y vidrios polarizados. La camioneta se acercó a su carril y logró cerrarla. En un semáforo, el hombre bajó el vidrio para hablarle: que por qué andaba sola a esa hora una mujer tan bonita, que mejor dejara la moto guardada, que él le hacía el favor de llevarla a su casa porque la ciudad estaba muy peligrosa. Cada que aceleraba, el tipo le gritaba “espéreme”.
Ella se desvió pero no logró perderlo. Cuando llegó a un tramo muy solo de la Autopista se sintió desesperada. Le mandó un mensaje con las placas del carro a su pareja, y le pidió auxilio a otro conductor porque no había Policía ni Tránsito. Lo último que alcanzaron a ver fue que la camioneta se desvió por una estación de servicio.
Desde el pasado 7 de abril, medios locales y nacionales pusieron el foco en las denuncias por persecución e intento de secuestro a mujeres en varios puntos de Cali. La mayoría de casos recientes han sido expuestos a través de videos que publican las víctimas en redes sociales, y de comentarios de otras mujeres que aseguran haber vivido ataques parecidos en la ciudad.
Sin embargo, los primeros indicios de esta situación aparecieron antes: el pasado 26 de junio se registró la captura de tres hombres -al parecer de una organización criminal- que intentaron secuestrar a una mujer de 40 años en el Oriente. Según medios, la interceptaron en un carro y la obligaron a entrar. Entre los capturados había un policía activo.
La problemática empezó a hacerse inevitable para las autoridades hace tres semanas. Aunque la descripción de los vehículos y las placas varía, hay un patrón sólido en el ataque: hombres que abordan a mujeres en carros de gama media y alta, en medio de lugares solos, las amedrentan con palabras y les ordenan subirse. Cuenta Lucía que en uno de los casos que conoce, la joven escapó con el carro en movimiento.
Por esas fechas el coronel Guillén Amaya, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, declaró ante medios que las dos denuncias más sonadas hasta el momento, las de Lucía y Natalia, no tenían relación alguna entre sí: “Son dos hechos totalmente aislados. En el primero, una ciudadana manifiesta acoso. En el segundo, otra ciudadana informa la matrícula de dos vehículos. La Policía Nacional verificó con los propietarios y ellos manifestaron que no tienen nada que ver con los hechos aquí denunciados”.
Además dio una hipótesis atípica: que los intentos de rapto podían ser parte de una campaña de expectativa para promover un evento sobre violencia de género, organizado por un movimiento de la Universidad del Valle.
Pero las denuncias siguieron apareciendo y la indignación de las mujeres siguió creciendo. Esa digna rabia ha resultado en acciones como un plantón el pasado 15 de abril y un mural en la Calle 5 con 4 donde se lee gigante una proclama que se repite en las calles de Cali: ‘En Cali secuestran mujeres’.
El ataque más reciente se presentó el pasado 11 de abril. Hoy son 31 casos registrados.
Una bola de nieve a 30 °C
Ángela* es magíster en Filosofía. Tiene 30 años. El 28 de enero salió a pasear a su perro a las 7 de la mañana, como casi todos los días. Se fijó en un carro blanco de vidrios oscuros, parqueado frente a su casa con el motor encendido.
El conductor la siguió a marcha lenta por una cuadra. Para intentar perderlo, Ángela cambió la dirección en la que caminaba. Pasaron varios minutos. Cuando regresó a su casa, vio que el carro la estaba esperando en una esquina. Ella se refugió frente a una panadería. Solo cuando llegó su pareja a recogerla, el carro se alejó.
Mariana* tiene 29 años. Vive sola y es trabajadora independiente. El martes 6 de abril, en la mañana, salió de un centro comercial sobre la Avenida Primera hacia la estación del MIO Manzanares. Notó que una camioneta gris de gama alta y vidrios polarizados se acercó al andén por el que caminaba. Un hombre se bajó por la puerta del copiloto: alto, joven.
Empezó a seguirla mientras la camioneta seguía en marcha lenta. Ella aceleró el paso y en ese momento el tipo empezó a gritarle que se subiera, que tenía que cumplir con sus ‘deberes de hembra’. Mariana corrió hasta una estación de servicio y pidió ayuda. El conductor aceleró para recoger al otro. Desaparecieron.
Estefanía* tiene 24 años. Es chef y emprendedora. La noche del 11 de abril salió de la casa de una amiga para su casa cuando vio que un carro rojo, Hyundai, la seguía a marcha lenta. El conductor le insistió durante tres cuadras para que se acercara, luego se desvió.
Al llegar a su casa, Estefanía se dio cuenta de que el hombre había parqueado al frente. Antes de irse le advirtió: «Voy a volver por vos”. Ella intentó comunicarse con las líneas de emergencia por más de hora y media, pero no logró reportar la situación. Entonces publicó la denuncia en sus redes sociales: “Quiero dejar por sentado que si algo me pasa a mí, tiene que ver con ese vehículo. No sé por qué, pero me están persiguiendo”, dice en el video.
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El pasado 13 de abril, el Secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Alberto Rojas, anunció que se iniciaría una investigación de la mano de la Fiscalía y la Policía Metropolitana por los casos de persecución e intento de rapto.
Hasta ese momento el único pronunciamiento de la Secretaría, cinco días antes, invitaba a las víctimas a denunciar: “Nos gustaría mucho conocer de manera directa, de las víctimas, la información detallada”. En varias notas de prensa se afirmó que no había ninguna denuncia formal por los hechos.
Pero tanto Lucía como Mariana denunciaron los ataques el mismo día que ocurrieron. Ángela y Natalia lo hicieron a finales de marzo, gracias a la difusión del caso de Lucía. Para el 7 de abril las cuatro habían radicado sus denuncias ante la Fiscalía.
Las mujeres que sobrevivieron a estos ataques empezaron a articularse y crearon un grupo en WhatsApp para mantenerse en contacto y compartir sus experiencias. Al inicio eran unas diez participantes. Varias de ellas contaron que habían llamado a la Policía para denunciar: “no les dieron radicado. Las pusieron a hablar y hablar. Les dijeron que bueno, sí. Y les colgaron”, dice Lucía.
Algunas otras intentaron denunciar por el portal de la Fiscalía, pero el sistema no las dejó. Muchas concuerdan en que ha habido un cuello de botella en los procedimientos.
En el caso de Mariana, ella decidió dirigirse a la estación de Policía más cercana justo después del ataque: “El agente muy campante me pregunta que si me robaron, le digo que no. Que si me violaron, le digo que tampoco. Que si me chuzaron o me hicieron algo, yo le digo ‘no, pero me siguieron’. Entonces me dice que si no me pasó nada, ellos no se iban a poner a buscar un carro así porque sí”.
¿Qué tanta atención le han puesto autoridades como la Policía a las denuncias de estas mujeres? “Parte de los mismos policías han justificado los actos de esta persona, sea quien sea. Lo quieren hacer ver como algo normal”, dice Estefanía. “Los policías que se han acercado a mi casa insisten en que es una simple casualidad: que el señor estaba transitando por la calle y justo se parqueó afuera de mi casa. Con esto quieren restarle importancia al caso. Al parecer pueden estar encubriendo al sujeto”.
¿Marketing feminista o trata de mujeres?
Aparte de desestimar los testimonios de varias mujeres alegando que no había denuncias, las autoridades vincularon los casos con una estrategia de difusión del evento Soy mujer y quiero una Cali segura convocado por el colectivo Univalle Unida. Isabel Vera, estudiante de la universidad y organizadora del evento, desmintió esta versión: de hecho, aseguró que los ataques fueron previos a la invitación y motivaron a que se convocara.
En respuesta a MANIFIESTA, el Secretario de Seguridad, Carlos Alberto Rojas, afirmó que ha sido el Subcomandante Guillén Amaya el responsable de plantear esa hipótesis que indignó a tantas. “Cuando hablé con el Comandante de lo que pudo haber pasado con esa primera reacción, comentó que (…) no habían casos denunciados con los cuales ellos pudieran empezar a dar una respuesta”. También insistió en que el Comandante de la Policía Metropolitana, general Juan Carlos Rodríguez, ha mostrado disposición para apoyar las investigaciones desde el inicio.
El Secretario aseguró que desde Seguridad y Justicia se han convocado tres reuniones con presencia de la Fiscalía, la Policía y las sobrevivientes para conocer la información de primera mano. De acuerdo con Lucía, luego de la primera reunión -a la que asistieron tres mujeres- no se les ha entregado información relevante. Su caso particular está inactivo en la Fiscalía: “parece que porque están intentando vincular todas investigaciones”, explica ella.
Rojas hizo énfasis en que las cifras que se manejan hasta el momento -31 ataques desde noviembre del año pasado- han sido entregadas por las organizaciones de mujeres: “Ellas mismas han hecho la tarea de recoger la información con nombre y edad de la víctima, ubicación del hecho y una descripción general”.
Esta última información es fundamental para descifrar un modus operandi. “Si encontramos que son determinados vehículos y hombres de determinadas características eso nos ayuda a ubicar a las personas que pueden estar detrás y así determinar lo que está pasando: si es trata de personas, secuestro, abuso sexual. Lo que sea debemos conocerlo para intervenir”.
Las respuestas del Secretario motivan una pregunta adicional: ¿Por qué son las organizaciones de mujeres las que están haciendo este registro, en vez de las autoridades?
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En la primera reunión con las sobrevivientes, resonó la hipótesis de que los ataques eran coordinados por una red de tráfico de mujeres. La concejala de la ciudad Ana Erazo apoya esta tesis: “Al principio la Policía dijo que yo era una irresponsable al decir que podía existir relación entre las persecuciones y una red de trata para explotación sexual”, explica ella, quien cuenta que este mes una niña de 12 años fue secuestrada en Cali el 20 de marzo y encontrada en la terminal de transporte de Pasto, a punto de ser enviada a Ecuador. La menor presentó signos de violencia sexual.
“Yo les preguntaba por qué irresponsable, si es real que en Cali desaparecen mujeres. Y también es real que operan estas bandas. Recientemente desarticularon una que enviaba mujeres a China”, comenta la concejala.
Para Melissa Rojas, directora de la Escuela de Estudios Feministas de Cali, es vital entender el contexto actual de la ciudad, pues es un eje de tránsito humano permanente: recibe personas en situación de desplazamiento, además de un gran número de migrantes venezolanos en situación de empobrecimiento y vulneración de derechos humanos.
Según cifras de la Gobernación del Valle, la población desplazada en Cali está mayoritariamente compuesta por mujeres, con un total de 17.501 desplazadas para 2013. En 2018 el número de migrantes venezolanos en Cali ascendía a 44.000 personas.
“Además hay que tener presente que esta ciudad ha sido azotada por el narcotráfico a lo largo de varias décadas”, dice Melissa. “Aquí prevalecen imaginarios y lógicas construidas por las mafias e indudablemente prevalece la empresa del narcotráfico. ¿Cómo una ciudad bajo estas condiciones va a estar al margen de la trata de personas?”, se pregunta.
Según el diagnóstico municipal de la Ocurrencia del delito de trata de personas en Santiago de Cali, realizado por la Alcaldía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un factor de riesgo en esta práctica son los imaginarios machistas heredados por el narcotráfico, que ubican a las caleñas en un estereotipo de belleza “codiciado” y normalizan la explotación sexual.
“En 2019, desaparecieron en Cali 54 mujeres y 24 menores de 17 años; en el 2020, 27 mujeres y 12 menores y en el 2021, van 9 mujeres y 3 menores desaparecidas”, reportó el 26 de marzo la concejala Erazo durante un debate de control político.
Según el Ministerio del Interior, citado en el documento de diagnóstico municipal, en 2015 el Valle del Cauca ocupó el primer lugar de origen de víctimas de trata de personas en el país.
En el debate se denunció que la Alcaldía no ha creado una mesa de trabajo para hacer seguimiento a los reportes de desaparición, y que el Comité creado con este fin en 2010 no tiene funciones claras. Asimismo la bancada de mujeres del Concejo presionó a la Secretaría de Seguridad para establecer lineamientos en la atención tanto de los intentos de secuestro recientes como de los casos de desaparición, que podrían estar entrelazados.
“Evidenciamos que el presupuesto de Seguridad y Justicia para prevención de violencias basadas en género y feminicidios, que era de 800 millones de pesos para el año pasado, no se ejecutó en su totalidad y ese fue el reclamo”, explica la concejala Erazo a MANIFIESTA.
Sobre esto, el Secretario Rojas respondió que su equipo se encuentra en el cierre de la fase de diseño del programa Magenta, de la Secretaría de Seguridad, para prevenir las violencias hacia las mujeres, el cual va a funcionar a través de las Casas de Justicia. “Estamos trabajando para que en el mes de mayo se presente el programa y se trabaje hasta el mes de diciembre, haciendo las intervenciones en comunas y barrios de alto interés”. agrega.
Existir bajo amenaza
El jueves 15 de abril, varias organizaciones y juntanzas de mujeres convocaron un plantón frente al Centro Administrativo Municipal, CAM, para llamar la atención frente a los casos de persecución, manifestarse contra la inoperancia estatal y denunciar otras situaciones que se han presentado en la ciudad, como la desaparición de menores en el Oriente.
La profesora Sandra Liliana Sarria trabaja en la Institución Educativa Nuevo Latir y desde 2019 integra una red de docentes del Oriente que denunció la desaparición de la estudiante Michel Andrea Valarezo Valencia, de once años. El 27 de marzo de ese año, salió de la biblioteca del colegio cuando fue interceptada. La vieron por última vez en una panadería, con un hombre adulto. Desde entonces no hay ninguna pista sobre ella.
Antes del caso de Michele se conoció el caso de dos hermanas, las hermanas Araujo, también estudiantes de Nuevo Latir, que fueron secuestradas y encontradas tres días después en la terminal de transportes. Para Sandra, la situación de pobreza extrema de las familias y la falta de recursos para enfrentar estas prácticas generan un riesgo extremo para sus estudiantes.
La cobertura mediática ha sido insuficiente para sacar estas denuncias del terreno del mito urbano. En el caso de Michel, la última noticia sobre su desaparición es de mediados de 2019, a pesar de que la investigación sigue abierta. El suceso de las hermanas Araujo ni siquiera se puede rastrear en prensa. Como explica Ana Erazo, el mapeo de estos casos ha sido una tarea juiciosa de las organizaciones sociales, más que de las autoridades.
Son estos hechos y relatos los que justifican que las mujeres en Cali se estén tomando las calles para gritar a viva voz que las están secuestrando y desapareciendo.
La semana pasada otro hecho tuvo resonancia en medios nacionales: el domingo 18 de abril el deportista Felipe Tobón fue asesinado en el Cerro de las Tres Cruces, al parecer por defender a su pareja de hombres que empezaron a manosearla en medio de un hurto. Durante días posteriores la ciudad se inundó de relatos sobre violaciones y abusos sexuales en sitios públicos como el que transitaron Felipe y su pareja, o el Parque de El Ingenio.
El hombre que ayudó a Lucía en medio de su ataque le mencionó ese mismo lugar como un epicentro de violaciones. Según la información que las autoridades le proporcionaron a ella, el modus operandi del ‘violador de El Ingenio’ consiste en abordar parejas, neutralizar a los hombres y someter a las mujeres a actos sexuales frente a ellos.
En la investigación de Lucía se está tratando de establecer si lo que le ocurrió el 30 de marzo en el barrio El Ingenio tiene relación con estos ataques sexuales sistemáticos. Si esto se logra comprobar, la hipótesis de violaciones seriales podría sumarse a la de la trata.
Lucía ha investigado las experiencias de las otras mujeres perseguidas y conoce el caso de una de ellas que fue víctima de violación: “Tiene 18 años. La persiguieron y lograron montarla en un carro, se la llevaron, casi la matan a golpes, le partieron la clavícula y el fémur, abusaron de ella”, relata. “Cuando llegó a Medicina Legal lo primero que le dijeron es que debía ser discreta porque lo que contara podía afectar la investigación”. Este ataque ocurrió entre el 5 y el 11 de abril.
Volver a andar las mismas calles
Al día siguiente del ataque, que ya había denunciado, Mariana recibió llamadas de un número privado. Le advirtieron que si no quitaba la denuncia le iban a tirar ácido en la cara. Apenas hace unos días volvió a dormir y a comer bien.
Esa misma semana Natalia recibió varias llamadas de un número privado. Advertida por Mariana a través del grupo de WhatsApp, no contestó. La de enero no es la primera agresión que sufre conduciendo. En febrero de 2020 un carro se pegó a su placa hasta tumbarla. Sufrió fractura de clavícula y se dislocó un hombro. Pasó la mayor parte del 2020 en cama. Las lesiones no han terminado de sanar y por ahora dejó de conducir su moto.
Lucía no piensa volver a viajar sola. Antes, cada que podía, hacía maletas y se iba para Buenaventura. Cuando nació su hijo empezó a viajar con él. Nunca les pasó nada. Lo que más resiente ahora es haber perdido la confianza para andar y, por ende, su libertad.
Ángela sufre de ansiedad. Meses atrás había sido perseguida y manoseada en su barrio por un hombre que se movilizaba en moto. Los efectos de ambos ataques le han impedido volver a salir sola de su casa. Trabaja desde allí. Su médico le diagnosticó agorafobia.
Estefanía, que es independiente, no ha salido a hacer las diligencias cotidianas desde el día del ataque. “No he podido trabajar. (…) Tengo miedo hasta de asomarme por la ventana, siento que todo es un riesgo en este momento”.
Según Emilce Borda, psicóloga y consultora para la Transversalización del Enfoque de Género en el Observatorio de Derechos Humanos de Tumaco, todos los hechos delictivos que se relacionan con amenazas crean un síndrome postraumático, y éste debe ser atendido de manera diferencial en las mujeres, comprendiendo los alcances de la violencia.
La ruta de atención no se activó en todos los casos y de hecho, Ángela y Mariana no han recibido acompañamiento psicosocial. Según Emilce, el trauma posterior suele estar acompañado de ansiedad, depresión, ideas de persecución y miedo constante, efectos que si no son tratados a tiempo podrían prolongarse y generar trastornos importantes. A esto se le suma la falta de credibilidad que sentimos las mujeres por parte de instituciones estatales.
Emilce considera que entre las hipótesis también se debe contemplar una estrategia de terror, pues la dinámica amenaza la libre circulación. “Son dinámicas de control territorial, como ocurre aquí en Tumaco o en países como México. Las mujeres, sus cuerpos, son instrumentos. Y al momento en que las investigaciones arrojen luces sobre quiénes están detrás, puede que la situación no tienda a mejorar, porque ese reconocimiento les da poder”.
Hay un mensaje implícito de control: las mujeres no deberían salir solas, no deberían estar en la calle tarde en la noche.
Mientras las investigaciones avanzan, y mientras la institucionalidad reaccione a mayor velocidad ante estos casos, las sobrevivientes se siguen buscando entre ellas, reconociéndose a través de sus relatos, algo que Emilce ve como muy necesario: “cuando una sobreviviente se apoya con otra y se escuchan, y comparten lo que vivieron, eso permite mitigar el daño”.
Hoy por hoy, el grupo en WhatsApp tiene 31 participantes.
*Al cierre de este reportaje, aparecieron en redes dos denuncias por la desaparición de una mujer y una niña.
*Los nombres de las sobrevivientes han sido cambiados.
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