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Christina Cantillo: un transfeminicidio que las autoridades pudieron evitar

Por Manifiesta Media

Christina era una mujer trans, lideresa social y comunitaria de Santa Marta que protegía a otras mujeres de las violencias basadas en género. El pasado siete de diciembre varios sicarios la asesinaron su propia casa. Christina ya había denunciado sobre amenazas previas y era la líder trans con más protección en el país. ¿Por qué no se pudo evitar su asesinato?

diciembre 20, 2021

Era siete de diciembre y Christina Cantillo se encontraba en su terraza esperando la medianoche para prender sus velas y faroles. Sin embargo, la Noche de Velitas se convirtió en el momento más doloroso para su madre Rosmery, para su padre y su hermano. También para Nayerlis, vecina de Christina, quien estaba con ella minutos antes del transfeminicidio.

A la casa, ubicada en el barrio popular Ondas del Caribe llegaron tres motocicletas con seis sicarios, cuentan testigos. Dispararon contra Christina, quien murió en una clínica privada a la que fue trasladada minutos después. “No entendemos cómo en una ciudad donde el parrillero hombre está prohibido, donde se supone que hay Policía cuidando, no pudieron detener a seis hombres armados”. Cuenta Manuela* otra lideresa social de la ciudad. 

Las personas llegaron a la casa a rodear la escena y el cuerpo de Christina, que este 12 de diciembre iba a cumplir 36 años. En vez de eso, pasó a engrosar la lista de personas trans con una expectativa de vida no mayor a los 35 años. Y la lista de transfeminicidios en Colombia. El pasado ocho de diciembre, La Red Comunitaria Trans denunció que otras dos mujeres trans fueron asesinadas en la Noche de Velitas. Maní era una mujer trans afro que ejercía el trabajo sexual en el barrio Patio Bonito de Bogotá y que fue apuñalada. La otra víctima fue La Diva, habitante de calle en Riohacha, La Guajira, quien también murió por heridas de arma blanca y golpes. 

Christina, a diferencia de Maní y La Diva, era la lideresa trans más amenazada del país. Y al mismo tiempo la más protegida por el Estado, de acuerdo con la ONG Caribe Afirmativo. Ya había puesto denuncias ante la Fiscalía y acciones de tutela para que el acompañamiento a su vivienda no fuera retirado. También advirtió públicamente sobre el peligro en el que se encontraba y buscó ayuda con organizaciones como la ONG mencionada, que la acompañaba jurídicamente. 

Incluso, el Ministerio del Interior ya había advertido sobre el alto riesgo en el que se encontraba Christina. También las otras mujeres de la red Frente Amplio de Mujeres del Magdalena. Si la lideresa trans más protegida del país muere a manos de seis sicarios en su propia casa, el mensaje es claro para el resto de mujeres trans,y para el resto de líderes sociales: no está siendo suficiente. 

Los hombres armados se sienten amenazados por las mujeres

La primera vez que hablamos con Christina en MANIFIESTA fue en agosto de 2020. Estábamos realizando un reportaje sobre cómo la unión entre mujeres estaba reemplazando la función del Estado de garantizar el mínimo vital a trabajadoras sexuales, niñes y personas en situación de calle durante la pandemia. En una jornada de reportería la conocimos, y expresó su deseo de hacer contenido para este medio.

Ella, junto a otras activistas del Frente Amplio de Mujeres como Jennifer del Toro crearon Alerta Violeta, el primer sistema de alerta temprana de feminicidios en Colombia. La iniciativa fue una de nuestras primeras notas en MANIFIESTA. En ella, Christina advirtió el peligro que corría: “Las mujeres trans tenemos el más alto índice de riesgo… Hay estructuras paramilitares muy fuertes”. 

Unos días después del asesinato, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se adjudicaron el atentado. “Soy persona protegida por el Sistema Nacional de Protección, tengo esquema y dos policías 24 horas en la puerta de mi casa. Ha sido muy difícil para mí: no poderme mover, ver a los policías todo el tiempo”, nos dijo Christina en ese momento. 

Christina era lideresa social desde 2015, luego de estar presa 14 veces y vivir en carne propia la transfobia de las instituciones estatales. “Estuve en un patio de hombres con 148 hombres y descubrí mi vocación de servicio. En ese momento me acusaron de tener una banda que robaba motos, pero eso era mentira. Dentro de la cárcel me volví defensora de la población LGBTI”. 

La lucha de Christina no le gustó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. El atentado fatal que sufrió este siete de diciembre fue el quinto. En enero de este año sufrió un atentado y otro el pasado 22 de octubre. Otros dos atentados ocurrieron en 2020: en abril, en el que su hermano Luis Felipe Cantillo salió herido y otro en noviembre, cuando atacaron el vehículo en el que, se supone, iba Christina. En agosto de este año, las AGC le dieron 48 horas a Christina para abandonar Santa Marta. Ella, desesperada, buscó a Caribe Afirmativo para que la asesorara. Quería salir con su familia de la ciudad pero no contaba con los recursos económicos, como se lee en los chats que compartió con la ONG, que habló con sus abogadas para entablar una demanda y pedir medidas especiales de protección.  

Panfleto de amenaza contra Christina Cantillo, por las autodefensas gaitanistas de Colombia.

“La situación en Santa Marta es muy delicada. Está fuera de control”, afirma Manuela. “Lo que tenemos en este momento son estructuras criminales fascistas y misóginas que quieren que las mujeres se queden en la casa, calladas, cuidando a los niños, pero nunca luchando”. Ella afirma que las que se atreven son amenazadas y “Christina peor que además era trans. Fue un crimen de odio”.

En 2020, Christina nos aseguró que en los más de 100 mensajes de textos intimidatorios y en las decenas de llamadas de amenazas que recibió era evidente la transfobia. “Se evidencia en el tono de las amenazas el tema de mi identidad de género y de mi trabajo”.

“Es el Estado el que queda mal”

Caribe Afirmativo expresó que el crimen de Christina nunca debió ocurrir, pues era la persona de la comunidad LGBTI a la que el Estado más había escuchado y más le había brindado protección. “Aquí lo que se puede decir es que este crimen ocurrió por la negligencia del Estado. Es el Estado el que queda mal. Si eso le pasa a la mujer que más protección tenía, ¿qué pueden esperar las demás personas?” dice uno de sus voceros. 

Christina denunció en esta nota publicada en MANIFIESTA, presuntas irregularidades en la actuación de la Policía Nacional en casos de transfeminicidio en el Caribe colombiano. En este artículo asegura que cinco víctimas denunciaron amenazas de muerte por parte de la Policía antes de los asesinatos. Las trabajadoras sexuales se acercaron a la ONG que dirigía Christina, Calidad Humana, para dar a conocer las amenazas por parte de miembros de la Policía Metropolitana de Santa Marta. Aunque la ONG pidió cuentas a la Policía y esta designó al mayor William Guerrero como encargado de la investigación, el proceso no avanzó y las mujeres que denunciaron fueron asesinadas. 

Christina y las mujeres que la rodeaban le advirtieron al coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, que si retiraba a los agentes de Policía que custodiaban su casa todo el día, la iban a asesinar. No obstante, Reyes pidió en agosto que le quitaran las medidas de acompañamiento a Christina porque era la Unidad Nacional de Protección (UNP) la que debía hacerse cargo, según él. Ese mismo mes, las Autodofensas Gaitanistas de Colombia la declararon objetivo militar y ofrecieron tres millones de pesos para asesinarla, de acuerdo con conversaciones que tuvo Christina con Caribe Afirmativo. 

Christina ya había denunciado públicamente una posible relación entre miembros de la Policía y las AGC. Caribe Afirmativo asegura que las denuncias iban mucho más allá y señalaban que lo que estaba en juego era el control territorial y la trata de personas en Santa Marta, “En espacios tanto públicos y privados, el coronel descalificaba y revictimizaba a Christina y eso generó una tensión muy fuerte entre la Policía y las mujeres trans que ella representaba en la fundación”

Manuela, por su parte, asegura que “La policía no perdona que haya un desafío a su supuesta autoridad y al ejercicio de un poder que también recrea el fascismo como ideología deseable para la sociedad”. De acuerdo con ella, “A Christina no le perdonan que fuera pobre, trans, pero que tuviera tanto poder”. 

Comunicado del Frente Amplio de Mujeres sobre el riesgo que corría Christina Cantillo.

Cuando asesinaron a Christina, Caribe Afirmativo estaba empezando el proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que le dieran medidas cautelares de protección. 

“A Christina le tocó cambiar en el último año más o menos 20 veces el esquema de acompañamiento de la Policía”, asegura Manuela. “No la querían y varios de los policías que la cuidaban se negaban a protegerla porque era una mujer trans. No la respetaban”. Manuela asegura que Christina nunca sintió que la Policía la estuviera ayudando, sino todo lo contrario. “Como si tuviera un enemigo en la puerta de la casa. Su condición de mujer trans y su trabajo tuvo todo que ver en la negligencia de la Policía”. 

Reyes le dijo a El Espectador que retiró el acompañamiento de sus agentes porque “Ese acompañamiento era una medida transitoria que se tuvo en su momento hasta que la UNP hizo la reevaluación y quedó encargada de su protección. No puedo sostener un servicio que no está formalmente determinado”, argumentó.

Christina contaba con un esquema asignado por la UNP cuando la asesinaron: un vehículo y dos escoltas. El siete de diciembre, este esquema se había retirado de su casa. “Es inaudito que una persona que tenga protección de la UNP sea asesinada porque la dejan vulnerable en las noches. ¿Qué clase de seguridad es esa que trabaja en horario de oficina?”, reclamó al día siguiente el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

“Este año la UNP también intentó desmantelar el esquema de seguridad después de que a Christina casi la matan en octubre”, afirma una mujer cercana a Christina, quien no revela su identidad por razones de seguridad. “Es que parece que quisieran también deshacerse de ella. Nos tocó mover cielo y tierra con una acción de tutela para que eso no pasara”. Esa no fue la primera vez. En 2020 tanto Christina como sus compañeras del Frente Amplio de Mujeres del Magdalena fueron declaradas en riesgo extraordinario. En ese momento, la UNP también desmontó el esquema de Christina. Ella, junto a la Defensoría del Pueblo, tuvo que interponer una tutela para que restablecieran el esquema de protección. En mayo de 2019 también denunció que la UNP le había entregado una camioneta sin blindaje. 

Ante la pregunta por la actuación de la Defensoría del Pueblo frente al caso de Christina, la entidad envió a MANIFIESTA un oficio que emitió en enero de este año y que envió al Ministerio del Interior. 

“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la amenaza dirigida a cinco lideresas residentes en la ciudad de Santa Marta, entre los días 18 y 19 de enero de 2020, quienes recibieron en sus casas y oficinas el siguiente panfleto en medio físico…”, se lee en este. Hasta la publicación de este artículo, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la Alcaldía de Santa Marta respondieron a las preguntas enviadas por MANIFIESTA sobre el transfeminicidio de Christina. 

¿Qué pasa después del asesinato de una lideresa?

“Nosotras sí pensábamos irnos de Santa Marta, pero más o menos en febrero del otro año. Después de organizar varias cosas, de una forma menos abrupta” dice Manuela. Sin embargo, luego del funeral de Christina, estas mujeres tuvieron que salir de Santa Marta como víctimas de desplazamiento forzado. Con la muerte de Christina y con la huída de sus compañeras, las víctimas de violencias basadas en género en Santa Marta quedan aún más desprotegidas.

El Frente Amplio de Mujeres nació como una red dentro de la ONG que dirigía Christina. Esta llevaba los casos de este tipo de violencia en Santa Marta, una labor que se acabó debido a las amenazas y al asesinato de Christina, al igual que Alerta Violeta, cuyo lanzamiento anunciamos hace un poco más de un año.

“La situación está muy delicada y ya tampoco podíamos ir a la casa refugio a la que llevábamos a las mujeres víctimas de violencias de género” afirma una de las exintegrantes de la red. Tanto a la casa refugio como a sus lugares de trabajo llegaban hombres a intimidarlas y a hacerles perfilamiento, asegura ella. “Si nos quedamos, es solo cuestión de días para que también nos asesinen”.

Los hostigamientos se extendieron incluso a los periodistas que documentaron el peligro que corría Christina en Santa Marta. El medio samario Seguimiento.co  publicó el pasado 10 de diciembre un audio en el que Christina le comentaba a una persona cercana su situación meses atrás y los obstáculos que le pusieron fuerzas políticas de la ciudad para protegerla: “Aquí la cosa está bastante delicada y como tú sabes que yo no soy de la cuerda de Fuerza Ciudadana, aquí ellos me ponen obstáculo a uno por aquí y por allá”.

Al siguiente día, el director de Seguimiento, el periodista Polo Díaz-Granados, denunció amenazas. El candidato a Senado por el partido de centroizquierda Fuerza Ciudadana y exalcalde de Santa Marta Rafael Martínez junto al abogado Alejandro Arias difundieron mensajes donde vinculaban a Díaz-Granados con las AGC. Además, lo culpaban de entorpecer la investigación. Esa tarde llegó a su celular un mensaje tildándolo de periodista “al servicio de los narcoparamilitares” y amenazándolo junto a otras personas. 

De acuerdo con Colombia Diversa, entre el 2017 y 2020, 177 defensorxs miembros de la comunidad LGBTI fueron víctimas de ataques. El 80 por ciento de los casos fueron amenazas y hostigamientos. En el caso de lideresas como Christina, existe una doble victimización. "La primera referida a su condición de personas defensoras. Y la segunda a la violencia ejercida en razón de su orientación sexual o identidad de género diversa”, afirma la organización.

De acuerdo con cifras entregadas a MANIFIESTA por la ONG,  entre el primero de enero y el 15 de diciembre de 2021 se registraron 51 homicidios y feminicidios de personas LGBTI en Colombia. Por lo menos cinco de estos asesinatos habrían estado motivados por el prejuicio hacia la identidad de género u orientación sexual de las víctimas. La mayoría de víctimas han sido mujeres trans: 33 de ellas fueron asesinadas.

Aunque Caribe Afirmativo celebra el consejo de seguridad que hubo al día siguiente del asesinato de Christina, exige que el caso no se quede en la impunidad: “Está bien y es necesario que las autoridades busquen y den con los responsables materiales del crimen. Sin embargo, lo que tienen que hacer es desarticular la estructura criminal que permitió y ejecutó el asesinato de Christina y los esfuerzos no van hacia allá”.

Mientras la estructura paramilitar AGC se adjudicó el asesinato de Christina y en amenazas anteriores justificó la violencia desde la misoginia y la transfobia, otras mujeres deben huir evitando correr con el mismo destino. “A todas nos dejaron botadas y las que nos pudimos ir somos las que estamos contando la historia de Christina Cantillo”, dijo una de ellas a medios. ¿Qué está haciendo este gobierno por garantizar la vida de las mujeres trans y las personas que ejercen el liderazgo social en Colombia, y por qué esos esfuerzos siguen sin ser suficientes?

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