El año empezó con dedos apuntando al Congreso de la República por las denuncias que hizo el ex senador Gustavo Bolívar a revista Semana. Habló de una posible red de explotación sexual al interior de la entidad. Las acusaciones hicieron que la Fiscalía lo llamara para dar a conocer lo que sabía. Ya es la tercera vez que Bolívar aplaza la citación.
Mientras el Fiscal Barbosa le exige a Bolívar que ‘dé la cara’ para reunirse con la justicia, el Congreso se puso las pilas, hasta ahora, para actuar ante una forma de violencia que vienen enfrentando desde hace años las mujeres que trabajan en el Congreso. Así lo afirmó la abogada y columnista de Cambio, Ana Bejarano, hace unos días.
Con el liderazgo de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (CLEM), la presidencia de la Cámara de Representantes, la del Senado y las direcciones administrativas, aceleraron la creación un protocolo ‘para la prevención y orientación institucional frente a conductas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual, en el Congreso de la República’. Hoy, como prometieron hace unos días los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, se dio a conocer el protocolo en una rueda de prensa. Este se adoptará mediante acto administrativo y regiría desde este momento a congresistas, servidores públicos, contratistas, personal de policía y seguridad, pasantes, practicantes, judicantes y personal tercerizado.
Sin embargo, la promesa de que este documento iba a construirse conjuntamente con varias de las organizaciones de mujeres y diversidades más representativas del país no fue posible por diferencias entre estas y el Congreso. En MANIFIESTA tuvimos acceso previo al documento final del protocolo, asistimos a las reuniones con organizaciones y registramos los detalles de estas diferencias. El resultado fue un protocolo que seguirá en construcción con quienes trabajan por los derechos de mujeres y diversidades.
Según la CLEM, este protocolo se lleva trabajando desde agosto pasado. La senadora María José Pizarro, quien dirige esta comisión, afirmó a medios que desde el pasado 25N se ha pedido la revisión final de este protocolo, y se habría hecho pedagogía sobre este. Sin embargo, el documento apenas quedó terminado y articulado con las mesas de Cámara y Senado en las últimas semanas. Asimismo, la CLEM afirma que este contó con el acompañamiento de ONU Mujeres para su construcción.
La organización Artemisas conectó el proceso que se estaba adelantando en el Congreso con varias organizaciones. Participaron La Casa de la Mujer, Red Nacional de Mujeres, Sisma Mujer, Fundación GAAT, Extituto de Política Abierta, Caribe Afirmativo, y algunas periodistas. Esto para aportar desde su amplia experiencia frente a la prevención y mitigación de las violencias basadas en género, y la construcción de protocolos con este enfoque. La primera reunión fue el 13 de enero, se socializó un documento inicial para recibir aportes de las organizaciones invitadas. El objetivo era crear un protocolo que fuera referente nacional para el tratamiento de estas violencias en las entidades públicas.
Sin embargo el pasado 20 de enero, en una segunda reunión y con un documento más desarrollado en la mano, las organizaciones y los equipos del Congreso tuvieron diferencias por varias razones.
Uno de los primeros desacuerdos que expresaron algunas organizaciones es que el protocolo no cumpliría con la facultad sancionatoria que prometió David Racero cuando anunció la medida. En una de las reuniones, él mismo explicó que este protocolo solo sancionaría a congresistas si se modificaba la Ley Quinta, que expide el reglamento bajo el cual se rigen. Y esto solo era posible con un proyecto de ley.
Pero los equipos de las mesas directivas de Cámara y Senado aclararon que el protocolo expedido no sería sancionatorio y que tiene tres líneas de trabajo: “prevención, orientación y no revictimización”. Explicaron que habría un segundo paso, el de apostarle al proyecto para modificar la Ley Quinta, un trámite largo. Por ahora quienes cometan actos de acoso, abuso o violación sexual se rigen por el delito. “Ya existe una normatividad legal vigente frente al acoso sexual”, explicaron a organizaciones.
A pesar de que existen delitos a los cuales se puede remitir este protocolo, es bien sabido que una de las principales razones por las cuales las mujeres no denuncian el acoso sexual, es por la dificultad de poder probarlo. En una publicación reciente, la Red Jurídica Feminista explica, entre otros obstáculos, la “Ineficacia del sistema judicial y la revictimización a la que son sometidas las víctimas”.
Las organizaciones también consideraron que el protocolo no solo debía prevenir y acompañar la violencia sexual, sino todo el espectro de violencias basadas en género. Allí se encuentran el abuso psicológico, la violencia económica y hasta el feminicidio. Los equipos del Congreso querían enfocarse solo en acoso sexual, y accedieron a ampliar el protocolo a violencias sexuales, haciendo la promesa de que posteriormente se trabajarían en protocolos para prevenir y acompañar sobre otras formas de violencias basadas en género.
En un comunicado que publicarán a lo largo del día, las organizaciones afirman en que la atención a las violencias contra las mujeres y las VBG «Requieren una ruta de atención integral que contemple medidas de prevención, pedagogía, visibilización, atención y reparación integral a las víctimas, así como direccionamiento legal de estas rutas». Para estas, las violencias «Afectan a todas las personas que trabajan en el Congreso».
Asimismo, varias de las organizaciones no estuvieron de acuerdo con el afán del Congreso para sacar el protocolo en tiempo tan corto. Algunas de ellas consideraron muy difícil diseñar y aprobar un protocolo efectivo en tiempo récord. El equipo del Congreso argumentó que no querían dejar pasar más tiempo sin que víctimas a las que se refiere Bolívar en su acusación tuvieran rutas de denuncia y acompañamiento.
Las organizaciones invitadas también hicieron la observación reiterada de no limitar a las mujeres como únicas víctimas de lo que ellas llaman violencias basadas en género (no violencias contra las mujeres). Esta observación también incluía la pregunta de cómo se reconocía a la población trans y no binaria en el protocolo y cómo se iba a tratar diferencialmente la situación de violencias contra estas personas. El Congreso tomó en cuenta algunas de estas anotaciones.
Otra sugerencia de estas organizaciones es que, simultáneo al protocolo, existan mecanismos ‘Para que se promuevan y respeten los derechos de las mujeres y disidencias’. Para muchas esto es clave si se quiere desarrollar confianza entre quienes vivan violencias basadas en género y el Congreso.
Al final las organizaciones pidieron aparecer solo como organizaciones consultadas. Ambas partes acordaron establecer una mesa permanente entre el Congreso y estas instituciones para poder trabajar en conjunto en los temas urgentes que tienen que ver con mujeres y diversidades. Uno de los primeros pasos para esa mesa, se comprometió el Congreso, sería diseñar los protocolos referentes a las otras violencias basadas en género.
En el comunicado que está por publicarse, las organizaciones valoran los esfuerzos del protocolo, pero les parece clave que la evolución de este acto administrativo se siga construyendo de forma colectiva, algo para lo cual tienen toda la disposición.
El protocolo
El documento cuenta con el detalle de canales internos y externos (Fiscalía, URI, CAIVAS, Línea Púrpura entre otras), la definición del concepto de acoso sexual laboral, el alcance, los objetivos y el marco normativo del protocolo, quiénes serían consideradas víctimas de violencia sexual según este protocolo y un glosario que especifica las diferentes violencias basadas en género que existen.
«A partir de la promulgación del acto administrativo, este protocolo comienza a regir para mujeres, población LGTBIQ+ y otras personas que tengan vínculos laborales o contractuales dentro del Congreso de la República y que pueden ser sujetos de violencia sexual», afirma el documento.
En cuanto a rutas internas, el protocolo ofrece la opción presencial y denunciar a través de 2 correos electrónicos: denunciasegura@senado.gov.co y denunciasegura@camara.gov.co. «Una vez las víctima se contacte por este medio, se le responderá en un plazo que no exceda las 48 horas hábiles con las posibles rutas que tiene frente a su caso y la activación de las mismas dependerá de su voluntad». Las víctimas que denuncien tendrían derecho a un acompañamiento jurídico, psicosocial, a la confidencialidad de su denuncia y la garantía de que su vinculación laboral no será afectada, entre otras.
Asimismo, el protocolo enumera las medidas de prevención que se tomarían frente a la violencia sexual: capacitar en la inducción a servidores públicos sobre estas formas de violencia, incluir una cláusula dentro de los contratos de les trabajdores del Congreso que prohiba ejercer violencia sexual, ejecutar campañas de sensibilización periódica, tener pantallas digitales que sensibilicen sobre este tema dentro del Congreso, tener medios físico y digitales que permitan hacer quejas por estas violencias, difundir mensajes alusivos al empoderamiento de la mujer el 25 de cada mes, entre otras.
El protocolo define el acoso sexual bajo lo señalado en las sentencias de Tutela T-265 de 2016 y T-140 de 2021 de la Corte Constitucional, el resto de disposiciones de la Constitución y lo que dispone la Procuraduría. También se declara la creación de un «Grupo de trabajo interdisciplinario especializado, adscrito a la Mesa Directiva de la CLEM. Los profesionales que apoyen al grupo de trabajo interdisciplinario deben tener experiencia y estar capacitadas para acompañar y orientar el proceso con enfoque de género».
En la rueda de prensa, Racero se refirió a ‘Un protocolo inicial que quiso consultar, tuvo vocación de recibir de un sinnúmero de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace muchos años temas de mujeres, violencias de género, entre otras’, y afirmó que recibieron 226 anotaciones y aportes de estas organizaciones sobre el protocolo. Por su lado, María José Pizarro hizo énfasis en que el protocolo tenía el objetivo de ‘prevenir y sancionar’, a pesar de las limitaciones de este para lo segundo.
