Nueve días se demoró Iván Duque en cancelar las clases presenciales en todos los colegios, públicos y privados, luego de reportarse la llegada de la covid-19 al país. A través de una alocución presidencial, el presidente daba el anuncio: “Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas”, afirmó el presidente.
En la misma alocución, Duque advirtió que el periodo de vacaciones habitual a mitad de año se iba a adelantar y empezaría desde el 30 de marzo hasta el 20 abril. Ahí, autoridades colombianas evaluarían la situación de emergencia de salud para decidir si el calendario académico se retomaría de manera presencial o virtual.
La noticia, se extendió por el país en cuestión de minutos y le llegó también a cinco profesoras: una en Bogotá, una en Barranquilla, otra en Santa Marta, otra en Carepa, una más en San Pedro de Urabá y a un profesor en Medellín. Estxs docentes ya intuían el reto monstruoso que les iba a correr pierna arriba: seguirle dando clases desde la distancia a estudiantes de zonas rurales o marginadas en el caso de las grandes ciudades, la mayoría sin internet o dispositivos electrónicos que les permitieran acortar esa distancia.
Para ese momento era muy poco lo que se sabía sobre el virus: que se contagiaba rápido, que afectaba las vías respiratorias y que una de las medidas efectivas adoptadas a nivel mundial era el distanciamiento social. Ni las autoridades, ni la sociedad, ni las instituciones educativas estaban preparadas para enfrentar un cambio tan abrupto en el funcionamiento de la vida diaria, mientras muchxs en nuestras casas rogábamos que la ‘nueva normalidad’ durara algunas semanas o pocos meses. Nada estuvo más alejado de la realidad.
No estudiar por la pandemia en la ruralidad
102.880 niñas y niños han sido retiradxs del colegio hasta el mes de agosto en Colombia.
La cifra es del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), la herramienta que organiza y controla el proceso de matrícula escolar en todas sus etapas. El Ministerio de Educación informó a MANIFIESTA que, de esta cifra, 46.154 corresponden a las niñas y 56.726 a los niños. El total de matrículas en el país pasa los nueve millones, es decir que estos retiros representan el 1,1 por ciento de niñxs matriculadxs.
Lo más alarmante de esta cifra no es el número en sí, sino la posibilidad de que haya un subregistro. Para la profesora Lina Corredor, quien da clases de ciencias sociales, filosofía, etnoeducación y economía política en la Institución Educativa Rural La Cadena, en Carepa, afirma que es importante entender cómo funciona el sistema educativo colombiano para saber en dónde puede fallar ese registro o conteo. “Hay tres regímenes dentro del sistema educativo: el oficial o público, el privado y el régimen de cobertura, que es mixto”, explica Lina, quien trabaja para este último, en donde hay un operador educativo particular. Sin embargo, es la Gobernación de Antioquia quien paga las matrículas. “Nosotros no le rendimos cuentas al operador, sino a la Gobernación del departamento, pero quien nos da las indicaciones para desarrollar cualquier cosa es el operador educativo”, indica ella.
Con este enredo administrativo, Lina asegura que por ahora no hay garantías desde las instituciones educativas para que lxs niñxs participen en igualdad de condiciones: conectividad y condiciones materiales, pero lo más grave, según ella, es que hay una instrucción desde la dirección del operador para “no quedar mal” con la Gobernación y el contrato: “No se puede retirar a nadie del sistema (SIMAT). El profesor tiene que mantenerlos (a lxs niñxs) como sea”.
Las dificultades para impartir clases en esta institución, ubicada en un asentamiento irregular del municipio, no llegaron cuando llegó la pandemia, así como en varios colegios del país. Problemáticas que tenían que ver con la convivencia escolar y el acompañamiento en las casas ya estaban presentes desde antes.“La mayoría de la población estudiantil o sus familias fueron víctimas de desplazamiento forzado y no tienen garantías para vivir ahí, los hombres trabajan en fincas bananeras y las mujeres, las mamás, son amas de casa y algunas trabajan con ingresos muy bajos”, explica Lina.
Con un panorama donde, según explica la profesora, se mezclan núcleos familiares inestables con padres ausentes la mayoría del tiempo, y presencia de bandas criminales en los barrios, la crisis de deserción escolar puede estar teniendo un impacto mucho más profundo que solo el atraso en la escolaridad de lxs estudiantes.
Con la llegada de la covid-19 y la interrupción de clases presenciales en el país, la Encuesta Pulso Social, realizada por el DANE, sondeó la cantidad de hogares que no continuaron con las actividades educativas desde que cerraron las escuelas y colegios por la emergencia sanitaria. La encuesta encontró que el 4,5 por ciento de los hogares interrumpieron las actividades de aprendizaje.
“Tengo cuatro niñas que no hicieron nada durante la pandemia, pero siguen en el SIMAT”, pone de ejemplo Lina. “El problema es que si se retiran del sistema, las instituciones educativas no reciben la plata de la matrícula de ese niño entonces, oficialmente como desertores, no tememos a ninguno”. La profesora explica que tienen estudiantes que pierden el año o con alerta de deserción, pero no desertores, a pesar de que en realidad lo sean. Según la Secretaría de Educación del municipio de Carepa, en lo que va del 2020 han desertado 264 niñas y 316 niños, con un total de 580 retiradxs del sistema. ¿Cuántxs niñxs han desertado realmente en esta zona?
Con un panorama donde se mezclan núcleos familiares inestables y la presencia de bandas criminales, la crisis de deserción escolar puede estar teniendo un impacto mucho más profundo en las zonas rurales.
Francy Marroquín vive al frente del colegio en el que dicta clases en San Pedro de Urabá, Antioquia. Allí la señal es tan mala que difícilmente entra alguna llamada y para poder atender la entrevista, saltó de salón en salón para encontrar el sitio que mejor agarrara internet. Ella concuerda con Lina: “Si desertan estudiantes significa menos número de profesores. Todo es en función a números, a que el operador educativo y particular mantenga ese contrato con la Gobernación”. Para Francy, que trabaja en la Institución Educativa Los Almendros, es clave que los estudiantes de la zona “tengan creación de sentido con la educación”, y así poder bajar el índice de deserción escolar, “porque creen en otros futuros posibles, sobre todo las niñas”. En San Pedro de Urabá, la Secretaría de Educación reporta 52 niñas retiradas y 44 niños retirados para este 2020.
Estas profesoras ponen sobre la mesa un tema clave: la responsabilidad sobre la deserción escolar fue impuesta por varias instituciones a profesorxs y directores de curso. Así lo explica Katherine Restrepo, que contempla una situación parecida a la de Francy y Lina en la zona Caribe, en Barranquilla: “En teoría esa es como la estrategia. La responsabilidad la tiene mucho el director de grupo, pero una estrategia generalizada para que los niños no deserten no hubo”. En esta ciudad las cifras son mucho más elevadas: 5.000 estudiantes dejaron de serlo debido a la emergencia sanitaria.
Francy confirma la declaración de Katherine: “Formalmente no hubo un acompañamiento por parte del operador educativo, (…) pero sí hubo una exigencia de no retirar a los niños. Nosotros, los profes, lo hicimos de manera interna, como pudimos. Quienes podían hacer una visita, la hacían. También estaban los que llamaban a los estudiantes”.
Para Katherine, que es profesora de ética e inglés en la Institución Educativa Centro Social Don Bosco, la preocupación sobre la seguridad de sus estudiantes, que ya tenía antes de iniciada la pandemia, aumentó mucho más. “Trabajo en un colegio de una zona vulnerable, en Rebolo. Había retos básicos de seguridad alimentaria, temas de chicos que se meten a pandillas”, para Katherine, luego de sexto grado lxs jóvenes quedan un poco a su suerte en donde trabaja. “La educación no siempre es vista como algo importante para los acudientes”.
En Medellín la orden fue diferente, y se indicó reforzar el seguimiento a estudiantes, según lo explica Álvaro Valencia, profesor de inglés y matemáticas en un colegio en la comuna ocho. “Nos motivaron a hacer los talleres de manera más creativa, a vincular a la familia. (…) Eso ha dado buenos resultados porque las familias sienten que el colegio los acompaña y los niños no se desvinculan”. Quizá este acompañamiento entre familia y colegio impacte de manera positiva en el consumo de sustancias psicoactivas que, a ojos de Álvaro, es uno de los principales problemas de la institución donde trabaja. De acuerdo con el DANE, la tasa de deserción escolar para la ciudad de Medellín podría estar entre el 3 por ciento y el 7,1 por ciento. La Secretaría de Educación de esa ciudad le dijo a El Tiempo que cerca de 8.241 niñxs en esta ciudad desertaron del colegio durante la pandemia.
En otros lugares, sin embargo, además de exigir acompañamiento por parte de lxs docentes, flexibilizaron el pago de pensión, como en el caso del colegio donde trabaja Catalina Mora en Bogotá. “El colegio ha sido supremamente flexible en el pago de las pensiones, yo creo que en más que en cualquier otro año. Según tengo conocimiento, hay padres de familia que no han pagado este año, por ejemplo, y los estudiantes siguen asistiendo a clase”, cuenta ella. “Nosotros como docentes lo que hemos hecho ha sido más como asegurar ese seguimiento puntual o particular a estos estudiantes que de pronto tienen dificultades de acompañamiento”.
Cuando empezó este año, Catalina entró al colegio Bilingüe San Juan de Dios, ubicado en el barrio 20 de julio, a dictar varias clases. Entre las horas que pasaba impartiendo divididamente ciencias sociales, filosofía, religión y ciencias políticas, Catalina se dio cuenta de la dificultad que implicaba construir una relación de confianza con lxs estudiantes y lograr espacios seguros de aprendizaje, un problema que quedó aún más irresuelto con la llegada de la pandemia.
La Secretaría de Educación de Bogotá estima que los porcentajes de deserción en la capital del país son casi nulos, pues el número de niñxs matriculados en el SIMAT ha aumentado de 793.566 estudiantes en agosto a 794.598 estudiantes a finales de septiembre.
De vuelta al Caribe, en Santa Marta, Laura Patiño afirma que en su caso como profesora de ciencias naturales, lxs profesores se las han ingeniado para recargarles a lxs estudiantxs datos o internet y así lograr que cumplan con las entregas: “Eso es algo que se está gestando más como desde la voluntad del equipo psicosocial, desde la trabajadora social, desde orientación y obviamente desde los profes, pero no algo que la institución haya decidido hacer”, una voluntad que también están teniendo padres de familia.
Lxs seis profesores que hablaron con MANIFIESTA concuerdan en lo siguiente: todxs, directorxs de curso, se hicieron cargo del rendimiento de sus estudiantes en todas las asignaturas. Sondearon cuántos tenían internet, datos, WhatsApp y cuántos dispositivos electrónicos tenían por casa.
Sin embargo la situación de Laura ha sido distinta a la de los otrxs profes por dar clases en primaria, por eso asegura que la deserción escolar allí ha sido casi imperceptible, pues el retiro comienza en grados más avanzados. Tiene razón. De acuerdo a un documento de la organización Enseña por Colombia y la Fundación Corona, lxs jóvenes en el país terminan la educación básica con 14 años y la opción de ingresar a educación media, décimo y once, solo es eso: algo opcional. Asimismo, un estudio de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes muestra que la tasa de cobertura neta de educación media para 2016 fue de 42,7 por ciento y que solo el 49,97 por ciento de lxs jóvenes entre 15 y 24 años logró graduarse de bachiller en 2014.
Lxs seis profesores que hablaron con MANIFIESTA concuerdan en lo siguiente: todxs, directorxs de curso, se hicieron cargo del rendimiento de sus estudiantes en todas las asignaturas. Sondearon cuántos tenían internet, datos, WhatsApp y cuántos dispositivos electrónicos tenían por casa. La mayoría decidió implementar guías que envían por WhatsApp o que hacen llegar de manera física a lxs estudiantes para que las desarrollen y a través de la misma red social las devuelvan. Asimismo, asumiendo una labor que no les debería corresponder, varixs profesorxs también se encargaron de buscar equipos para quienes no tienen en sus cursos.
Según el Ministerio de Tecnologías de la información, al cierre de 2017, solo el 35,7 por ciento de los hogares en el país tenían internet fijo. De acuerdo con la encuesta sectorial del DANE del 2018, la población urbana tenía una cobertura de 45,7 por ciento en las cabeceras, frente a una cobertura de apenas 6,2 por ciento en centros poblados y rural disperso en las zonas rurales. Según la encuesta, las principales razones por la que los hogares carecen del servicio es su elevado costo, seguido de no considerarlo necesario, no contar con un dispositivo para conectarse, no saber cómo usarlo y no tener cobertura de Internet en la zona.
La herida de la deserción escolar para niñas y niños está en sus propias casas
“Hay un problema muy serio con el valor que se le da a la mujer”. Francy asegura que durante estos meses de pandemia ha percibido mucho más la tristeza y la depresión en las niñas que en los niños a quienes dicta clase. Esta problemática va unida a dinámicas propias del territorio, que están muy normalizadas socialmente, por ejemplo las relaciones entre niñas y hombres mayores. “Hay uniones que se pueden catalogar como abuso, uniones tempranas que significa que la niña tiene prohibido seguir estudiando o tiene permitido estudiar según lo que el marido, generalmente un hombre mucho mayor, diga”. Además de lo anterior, Francy relata que San Pedro de Urabá es una zona en conflicto, con presencia de grupos armados, y por lo tanto es común que miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se fijen en las niñas del municipio. “Está naturalizada la violencia contra la mujer y estamos en una zona de conflicto, de control de las AGC y hay uniones forzadas cuando un miembro de estos se fija en una niña”.
En Medellín Álvaro cuenta que la situación es parecida para sus estudiantes, que muchas veces son víctimas de abuso sexual. “Las condiciones en las que viven las niñas son complejas: son familias numerosas donde muchas veces viven con la abuela, el padrastro o incluso con el vecino. La violencia sexual se agudiza cuando la convivencia es tan intensa o cuando quedan solas por largos periodos de tiempo porque los padres salen a trabajar”. Álvaro afirma que las clases presenciales en el colegio representaban un entorno seguro en el que muchas estudiantes podían denunciar o al menos contarle a lxs profesores lo que estaban viviendo, pero las clases a distancia acabaron con ese espacio. “Identificar esos problemas por teléfono es más difícil, las llamadas pasan a través de un solo celular y probablemente el acudiente está cuando yo hablo con la niña”.
Katherine y Laura, que trabajan en la zona Caribe, donde también se normalizan otro tipo de dinámicas, afirman que uno de los obstáculos que las niñas encuentran en casa es la recarga de labores de cuidado no remuneradas. “En la cultura costeña es normal que a las niñas les deleguen las labores del hogar, que les digan que deben casarse y tener hijos”, afirma Laura. “‘No, seño, tengo que ayudar a mi mamá con el desayuno, tengo que alistar a mis hermanitos’. Esas son las excusas que me dan las niñas, los niños nunca salen con eso”, afirma Katherine. Según Francy, esa violencia cultural aumenta el riesgo de deserción en las niñas adolescentes: “Las niñas se gradúan y las oportunidades de acceder a educación superior o técnica es muy difícil y encontrar un empleo formal es aún más difícil. Entonces, para qué terminar once si vas a terminar en oficios del hogar”.
“Hay uniones que se pueden catalogar como abuso, uniones tempranas que significa que la niña tiene prohibido seguir estudiando o tiene permitido estudiar según lo que el marido, generalmente un hombre mucho mayor, diga”.
Catalina por su parte ha sentido la diferencia entre enseñar en una zona rural y enseñar en la capital del país, pues la desigualdad y la violencia son mucho más marcadas en el campo colombiano: “A las niñas se les adjudica mayor carga en las labores domésticas que a los hombres. Yo fui profesora rural también, en un contexto donde estos roles eran aún más marcados que en la ciudad”, cuenta.
Los acercamientos al feminismo que han propuesto varias profesoras desde grupos como Poderosas Urabá o Alianza Rural Feminsita en San Pedro, han logrado que las niñas entiendan que no solo hay un rol o una imagen de mujer a la que deben adaptarse. “Decidimos hacer la extensión de Poderosas Colombia en el Urabá. Alcanzamos a hacer un mes y una semanita de esos ejercicios. Hubo un espacio de conversación, la mayoría de las niñas querían y los niños nos propusieron hacer un espacio igual para niños”, cuenta Lina. “Se aborda el feminismo y la diversidad sexual, eso no fue recibido gratamente por la comunidad ni por los padres ni por otros profesores por todos los tabúes al respecto, pero fue un primer paso para hablar de temas de género acá” cuenta a su vez Francy. “No fue fácil, pero para las estudiantes era algo muy valioso y hablar de diversidad sexual es valiosísimo y yo lo veo y lo siento en mis estudiantes”.
Los niños, por su parte, sufren impactos distintos por la deserción escolar o la escolaridad en casa: empezar a trabajar a una edad temprana, caer en el consumo de sustancias psicoactivas o ser reclutados por pandillas o grupos ilegales. En el Urabá hay varios casos de niños trabajando: “dejaron de cumplir porque tenían que salir a trabajar para llevar comida a la casa. Muchos de ellos son menores de edad, entonces no les garantizan nada en esos trabajos. Hay muchos paleros”. Lina se refiere a los niños que recolectan piedras y palos del río hasta llenar una volqueta de construcción. “Les pagan 60.000 pesos por volqueta llena, pero eso no lo hace una sola persona. Entonces llamaban amigos y trabajaban como bestias y en un día llenaban una volqueta y se repartían la plata. Ganaban 10.000 pesos diarios. Salían a las cinco de la mañana y regresaban a las seis de la tarde. Obvio no tenían ganas de estudiar”.
Por su parte, Álvaro comenta que los muchachos en Medellín son más propensos a ser reclutados por bandas delincuenciales: “Pueden caer o ser persuadidos por bandas de microtráfico o son más propensos a vender drogas, yo diría que ese es el principal problema”. Álvaro cuenta que un estudiante de noveno era prácticamente dependiente de sustancias psicoactivas: “estaba sumergido en las drogas, no tenía cabeza para nada, muchos problemas personales, familiares, pero se hizo un trabajo con él durante todas las clases sobre el abuso y el uso de sustancias”. Álvaro cuenta que fue a la casa de su estudiante, conoció a su familia y ahora es otra persona. “El agradecimiento de ese estudiante conmigo ha sido muy gratificante. Me di cuenta de que el cambio es posible a través del aula”.
Las promesas del Gobierno
Aunque el pasado siete de septiembre el Ministerio de Tecnologías de la Información, junto al Ministerio de Educación, prometieron que a través del programa ‘Computadores para educar’, iban a entregar 77.000 computadores con contenidos precargados para 3.185 docentes y 73 mil estudiantes en zonas rurales y sin conexión a internet. Pero la realidad es que lxs profesores han tenido que ingeniárselas para tratar de cumplir las 40 semanas obligatorias de escolaridad con calidad en medio de grandes obstáculos sobre todo para las zonas rurales del país.
Lina Corredor, en compañía de otrxs profes de La Cadena, crearon la iniciativa #YoCreoEnLaCadena con la que lograron recoger 30 dispositivos electrónicos, entre computadores y tablets, para sus estudiantes. Además con el dinero recogido invirtieron en más equipos para un total de 70 dispositivos para cerca de 670 estudiantes. “Eso no es un plan antideserción, eso fue un proyecto desde nosotros los profes que buscamos mejorar en algo las cosas. El reto es tan grande que la institución no pudo responder”, dice Lina. Ella calcula que el 75 por ciento de lxs estudiantes no tienen conectividad en sus casas.
Katherine cuenta que son muchos lxs peligros que sufren lxs niñxs en Barranquilla por la falta de conectividad: “Una de nuestras niñas quedó atrapada en medio de una balacera. No tenía internet y de camino a la casa de la amiguita que le iba a prestar, pues le tocó enfrentarse a eso”. Dice que de 43 alumnos, cerca de diez tienen conexión a wifi y sumado a los que tienen datos, cuenta 17. Menos de la mitad.
“Eso no es un plan antideserción, eso fue un proyecto desde nosotros los profes que buscamos mejorar en algo las cosas. El reto es tan grande que la institución no pudo responder”.
En San Pedro de Urabá la conexión y la señal es tan mala que decidieron hacer la mayoría del trabajo en guías físicas: “Nosotros entregamos guías por cada materia de manera física, impresa. Cada ocho días, después cada 15 días. Citamos un monitor por vereda y por curso y a ellos les entregamos las guías de sus compañeros vecinos. Así hemos logrado enseñar durante este año. El tema de conectividad es nulo”, afirma Francy.
En Medellín, Álvaro y sus colegas optaron por las guías físicas y el seguimiento telefónico: “Primero sondeamos quiénes tenían WhatsApp, internet o algún acceso a plataformas. Decidimos hacer unas guías de trabajo y unos encuentros virtuales, pero sólo el 20 por ciento de los estudiantes tenía acceso a esos encuentros”. Con esta cifra decidieron mejor hacer un seguimiento diario por Whatsapp o una llamada telefónica diaria. “El 90 por ciento tiene al menos un celular y los que no pueden conectarse van hasta el colegio por las guías físicas”.
Ahora que saben que la pandemia sigue y que es probable que las clases presenciales no vuelvan del todo para 2021, estxs profesorxs, cómo tantxs en el país, esperan que las instituciones educativas, el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y los operadores particulares organicen una mejor estrategia para responderle a las niñas y los niños de Colombia. Esperan que la experiencia que han ganado estos meses ayude y que los bajos niveles de deserción se mantengan no por la razón de que “bajo ninguna circunstancia se debe retirar a un alumno del SIMAT”, sino porque realmente están respondiendo y garantizando el derecho fundamental a la educación a miles y miles de jóvenes colombianxs.
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