El pasado 29 de mayo, el politólogo y activista Jonier Quiceno amplificó las denuncias de cuatro estudiantes del colegio San Juan Bosco de Belén, en Medellín. Las jóvenes habrían sido víctimas de discriminación basada en su orientación sexual por parte de la coordinadora académica y otros miembros de la institución. Gracias a los testimonios, varias ex estudiantes se sumaron a contar experiencias parecidas o casos de racismo que vivieron cuando estudiaban allí. Según Jonier, hay episodios que se remontan a 1994.
Luego de difundir las denuncias, el activista recibió una amenaza de muerte que empezaba: “Marica de mierda, con nuestros niños no te metas”.
Una de las denunciantes relata que en 2021, ella y una compañera, ambas bisexuales, empezaron a compartir tiempo juntas en los descansos. Esto desató presuntas intimidaciones por parte de la coordinadora. Primero, que las iba a echar del colegio. Luego, cuenta, las enviaron a la psicóloga, que en las sesiones insistía en que su relación las terminaría ‘llevando al fracaso’ porque ‘esa no era la vida que Dios quería para ellas’. Según la estudiante, la persecución escaló al punto de que la coordinadora y la psicóloga sacaron forzosamente del clóset a su pareja, citando a la mamá a una reunión y pidiéndole que ‘enderezara el mal camino’ de su hija.
Los otros testimonios señalan una persecución parecida, con comentarios como ‘tener una orientación sexual diversa es una enfermedad’. Al contactarlo, Jonier Quiceno nos contó que también conoció presuntos casos de racismo, donde a las estudiantes afro les pedían alisar su cabello para ‘verse mejor’.
Gracias a la voz de las estudiantes, la Personería de Medellín instaló una mesa de diálogo buscando restablecer sus derechos. En paralelo, la Gerencia de Diversidades de la Alcaldía de Medellín creó otra mesa de diálogo interinstitucional. “Pero el colegio ha mostrado muy poca disposición para el diálogo, siempre ha entrado en confrontación”, asegura Jonier y agrega que luego de las publicaciones ha recibido unas 40 denuncias más vía Twitter.
Con base en estas denuncias, la institución y las hermanas salesianas que la dirigen, estarían yendo en vía contraria de la normativa nacional y de lo que ordena la Corte. En nuestro país los tres poderes se han pronunciado sobre esta materia. Desde 2013 existe la Ley 1620 o de Convivencia Escolar, que exige fortalecer los derechos humanos, sexuales y reproductivos en los manuales de convivencia. Por otro lado, el decreto que la reglamenta contiene tres artículos que obligan a instituciones incorporar protección a la orientación sexual e identidad de género en los mismos.
Finalmente, la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional, conocida como Sentencia Sergio Urrego, le ordenó al Ministerio de Educación revisar todos los manuales de convivencia del país para verificar que no sustenten la discriminación, el acoso y el matoneo por orientación sexual, identidad o expresión de género. Lo sucedido con Sergio Urrego en 2014, un estudiante de 16 años que decidió suicidarse tras ser víctima de homofobia en su colegio, fue un punto pivotal para la discriminación en colegios en el país.
Sin embargo, nueve años después, la homofobia, la transfobia, y la discriminación contra estudiantes diversos en los colegios continúa. ¿Por qué? ¿Por qué colegios como el San Juan Bosco de Belén siguen incurriendo en prácticas inconstitucionales y por encima de la ley, bajo la excusa de su autonomía?
Diez años después de que el Congreso aprobara la Ley 1620 y a ocho años del fallo de la Corte, aún hay manuales que parecen más códigos penales que acuerdos de una comunidad integrada, sobre todo, por infancias. En MANIFIESTA nos preguntamos qué está pasando con la implementación de la ley, la sentencia, y cómo el incumplimiento se refleja en la vida de les estudiantes.
La normativa contra el acoso en colegios
Colombia es el segundo país de la región con mayor exposición al bullying escolar. Así lo revela este estudio de 2022 del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que comparó datos de 2018 –los más recientes– de las pruebas PISA en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según estos, 32 por ciento de les estudiantes en Colombia reportaron haber sufrido bullying en su colegio, 10 puntos por encima del promedio de la OCDE.
Por otro lado, las organizaciones Colombia Diversa y Sentiido publicaron en 2016 los resultados de un estudio sobre bullying por orientación sexual, identidad o expresión de género. La ‘Encuesta Nacional de Clima Escolar LGBT’ recogió 581 respuestas anónimas y voluntarias de jóvenes entre 13 y 20 años que se identificaron como gais, lesbianas, bisexuales, trans, queer, inconformes o no heterosexuales. Más de la mitad de les participantes afirmaron sentirse insegures en su colegio por razón de su orientación sexual o identidad de género. 68 por ciento aseguró haber escuchado comentarios discriminatorios y de elles, 75 por ciento reportó que estos venían del personal de la institución.
La encuesta se hizo luego de la Ley de Convivencia Escolar y de que la Corte fallara a favor de Sergio Urrego y su familia en 2015. La sentencia del tribunal ordena al Ministerio de Educación, secretarías de cada municipio y todas las instituciones educativas –públicas y privadas, confesionales o no– ajustar los manuales de convivencia para erradicar el acoso y matoneo contra estudiantes, sobre todo aquellos con orientación sexual o identidad de género diversa.
“Es importante entender que originalmente la Ley 1620 de 2013 y el Decreto que la reglamenta, el 1965 de 2013, establecieron unas responsabilidades en cabeza del Ministerio, otras en cabeza de las secretaría de educación y otras en cabeza de los colegios. Eran tres niveles distintos”, explica Juan Felipe Rivera, abogado de Colombia Diversa. Estas responsabilidades debían verse materializadas a través de unos comités de convivencia a nivel nacional, territorial y escolar.
“Cuando ocurre el caso Sergio, retomado en la Sentencia T-478, lo que desde Colombia Diversa le demostramos a la Corte es que la Ley 1620 tiene un nivel de implementación muy bajo”. A finales de 2014, cuenta Juan Felipe, “Nosotros le preguntamos a las 93 secretarías de educación del país cuántas tenían acciones significativas en torno a la implementación y solo cuatro habían cumplido”. Entre estas acciones primaban las de reacción inmediata, entre las que el abogado recuerda la estrategia Rio (Respuesta Integral de Orientación Escolar) en Bogotá, que busca crear entornos seguros y activar un sistema de alertas ante acoso escolar y otras violencias.
En 2015, gracias a la lucha de Alba Reyes, madre de Sergio Urrego, y varias organizaciones LGBTIQ+, la Corte emitió un fallo que fortalece la línea jurisprudencial contra la discriminación y el acoso escolar y pone el foco en las violencias que viven les estudiantes disidentes de la cisheteronorma. La Sentencia T-478 protegió póstumamente los derechos a la intimidad, al buen nombre, la igualdad y educación de Sergio Urrego. Además, ordenó al colegio donde estudiaba, el Castillo Campestre, un acto de desagravio.
Además de la revisión de los manuales de convivencia, al MinEducación le exigió varias medidas más: conformar un comité nacional de convivencia y verificar que los comités creados por la Ley 1620 estuvieran funcionando; crear un sistema de información unificado de convivencia escolar; establecer una ruta y protocolos para atender el acoso escolar e implementar un programa para el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los derechos humanos, en particular el derecho a la identidad sexual. Esto en los seis meses siguientes a la expedición del fallo.
La tarea de actualización de los manuales tenía un plazo de un año. “Ocho años después, dentro de la praxis tenemos que la sentencia no se cumple. Estamos haciendo una mesa técnica con dos senadores para entender por qué siguen presentándose casos de acoso y matoneo”, explica Nancy Becerra, psicoterapeuta de la Fundación Sergio Urrego.
En nombre de ‘proteger’ a las infancias: ¿por qué se detuvo la revisión?
Antes de que las denuncias del San Juan Bosco de Belén se hicieran virales, en 2022 el país conoció el caso de un niño de 14 años que sufrió violencia sexual en la cancha de fútbol de un colegio de Manizales y tuvo que ser atendido de urgencia en un centro asistencial. “No hemos entendido que el bullying es violencia sistemática y que, en la mayoría de los casos, tenemos características de delitos, incluidos los delitos sexuales”, afirma Nancy. Para ella el caso de Manizales demuestra cómo la desatención de estas violencias solo lleva a su escalada. “Luego tenemos estas situaciones que no puede manejar el comité de convivencia escolar y que se deben remitir al ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia”.
Por otro lado, en 2021 se conoció un boletín del colegio San Mateo Apóstol de Bogotá, en el cual se informaba a toda la comunidad educativa que allí no se enseñaba ni de sexo, ni de ideología de género, ni de activismo LGBTI, comunismo, socialismo o izquierdismo. Aunque la institución se excusó, el ex representante a la Cámara Mauricio Toro pidió una investigación y sanciones por violar la Ley de Convivencia Escolar. Natalia Gómez, representante de egresades, señaló en entrevista con La W que además de invisibilizar y estigmatizar a estudiantes LGBTIQ+, el colegio se estaba ufanando de truncar una educación integral en las áreas de historia, filosofía y sexualidad.
Estos son solo tres casos visibles ocurridos en los últimos tres años.
Es evidente la necesidad de contener violencias y proteger la vida de les estudiantes. El Congreso trazó un camino para ello hace 10 años. Y con el caso de Sergio Urrego, la Corte lo reafirmó e hizo exigencias nuevas a cada sector. Pero seguimos lejos de un compromiso con la implementación. “La revisión de los manuales es una tarea titánica. El Ministerio lo que hizo fue dar línea a las secretarías de educación para que iniciaran la revisión, a través de un convenio con el Fondo de Población de Naciones Unidas, Unicef, Colombia Diversa y otros”, explica Juan Felipe Rivera.
Las revisiones empezaron en 2015 con la asesoría técnica del Ministerio en cada secretaría de educación. Aparte de determinar si los manuales respetaban la orientación sexual y la identidad de género, debían evaluar que estuvieran en línea con los derechos de los niños, que establecieran rutas, procedimientos, faltas y clasificaciones, entre otros. “El Ministerio inicialmente tenía unas guías. Así inició el proceso con capacitaciones a directivos y administrativos. (…) Hasta que llegó la falsa crisis de las mal llamadas ‘cartillas de ideología de género’, en 2016”. Juan Felipe recuerda que esto paralizó las funciones del ministerio y “generó terror en las secretarías, lo que derivó en la suspensión de las actividades”.
El abogado explica que la mayor consecuencia de esto fue el caos que permeó el proceso de revisión. “Hoy en día no hay una claridad de si se revisaron los manuales o no. Tampoco de si el proceso se hizo bien”. Según esta nota de Divergentes, Sentiido, Dejusticia y Colombia Diversa, desde 2016 “la actualización de los manuales de convivencia de los colegios prácticamente se detuvo o quedó a discreción de las directivas de cada institución”.
Para Elizabeth Castillo, abogada y subdirectora de Asuntos LGBTI de Bogotá, el fallo de la Corte se dio en un momento no idóneo. “La orden de la sentencia salió, por desgracia, en el momento en que se estaba debatiendo el Plebiscito por la Paz. Algunos sectores incorporaron el concepto de ideología de género, inventado para discriminar. El retraso en la implementación se da en medio de esta tormenta mediática para fortalecer el ‘No’ y la instrumentalización del enfoque de género”, explica ella. Agrega que hay ciudades que fueron la excepción. “Bogotá, por ejemplo, tiene una política clara y un avance significativo”.
Para Juan Felipe, además del dato cuantitativo del avance, habría que evaluar que las revisiones se hayan hecho bajo los estándares que plantea toda la normativa. “Muchos colegios se confundieron con la Ley 1620 y el Decreto 1965. ¿Por qué? Porque plantearon una nueva forma de abordar la convivencia escolar, desde una perspectiva pedagógica y donde a partir del diálogo se construyen acuerdos. Antes teníamos un sistema meramente disciplinario, conductual”, explica Juan Felipe.
En el acompañamiento de la revisión de manuales, Colombia Diversa ha identificado que dicho cambio de paradigma no se ha dado. “Los colegios creen que se trata de pasar un sistema de faltas a un sistema de situaciones. Según el decreto, las situaciones son conflictos que afectan la convivencia escolar y que involucran estudiantes, mientras las faltas tienen un carácter individual”, afirma el abogado. Actualizar los manuales bajo esta lógica no permitiría definir acuerdos, protocolos o medidas cautelares ante violencias, pues es una actualización enfocada en resolver solo lo que les estudiantes deberían evitar hacer.
En MANIFIESTA contactamos el 22 de junio al Ministerio de Educación para obtener respuestas sobre los avances en la implementación de la sentencia. Establecimos contacto con Paula Molano, Coordinadora de Medios, a quien le hicimos llegar tres perguntas puntuales sobre el cumplimiento del fallo.
Desde entonces hemos hecho cuatro llamadas y sostenido comunicación vía WhatsApp. El día martes 27, mediante llamada telefónica, Paula Molano explicó que debido al traslado del gobierno esta semana al departamento de La Guajira sería imposible que la Ministra Aurora Vergara contestara a las preguntas. Sin embargo, nos propuso resolverlas en un espacio virtual público posterior a la publicación de esta nota. Al preguntarle si no había otra persona o dependencia del Ministerio que pudiera encargarse del tema, que atañe a la educación básica y media, Paula Molano dijo que debía ser la propia ministra quien lo hiciera.
Colegios: escenarios de pulsos políticos
“El Congreso ya se pronunció, el gobierno –a través del decreto 1965 de 2013– también se pronunció, y la Corte se pronunció. (…) Lo que no ha existido es la voluntad política de verificar si efectivamente se cumplió o no la orden dada por una corte”, afirma Juan Felipe. “También ha existido temor por parte de funcionarios públicos, del Estado y los colegios para hacer las revisiones por todo el boom de noticias falsas sobre ‘ideología de género’”.
Elizabeth Castillo afirma que esa voluntad es clave para “cerrar el bache que existe hace ocho años, que se complete la revisión y que la discriminación deje de ser un asunto institucionalizado. Que se reconozca su inconstitucionalidad”.
La nota de Divergentes señala que las leyes y las sentencias cobran vida cuando la sociedad les da sentido. Para Nancy Becerra, este es el pulso más difícil. “Es una tradición propia de las derechas extremas manejar siempre el discurso de la infancia, porque todo se agrava cuando se trata de un niño o una niña”, opina. “El #ConMisHijosNoTeMetas refleja esa idea del hijo patriarcal, que es un objeto, como las mujeres. El patriarca es el dueño de las cosas: de la mujer, de los hijos, de los bienes y las tierras”, concluye Nancy.
En el momento más álgido de oposición a la revisión de los manuales, surgió una empresa que cobraba entre un millón y 300 mil pesos por redactar o revisar manuales de convivencia para que las instituciones no tuvieran que ceder ante el supuesto lobby progresista y la ideología de género, ajustando las formas para “resolver” los conflictos con la normativa vigente. Además de que sus servicios violaban el Decreto 1965 –que exigía a cada comunidad educativa encargarse de esta tarea– uno de los líderes de la empresa era Diego Steve García, condenado por acceso carnal en menor de 14 años.
Bajo el lema ‘con nuestros niños no te metas’ se han venido justificando violencias y violaciones a la ley, algo que repercute directamente sobre elles. “El acoso escolar no vuelve más fuertes a los niños y las niñas. Hay estudios que establecen que cuando un estudiante es rechazado en su colegio, en su casa y en su círculo social, aumenta desproporcionadamente el riesgo de ideación suicida. Y esto, obviamente, impacta más a algunas poblaciones que a otras”, asegura Juan Felipe.
“Lo que estamos aceptando socialmente, en los colegios donde hay niveles de acoso y bullying tan altos, es que hay niños, niñas y adolescentes que tienen la obligación de sufrir y que, adicionalmente, sus vidas son prescindibles. Lo que estamos diciendo es que esto no nos importa como Estado, colegio o sociedad. Que si es lo que pasa, pues que pase”.
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