“Bajá el radio”, nos dijo Ángela* con cara de temor, señalando la grabadora que sosteníamos cerca de su rostro buscando captar algo de su voz en medio del bullicio. No entendimos hasta que entendimos: policías de las estaciones de El Cortijo y La Sultana empezaron a aparecer por la calle a nuestras espaldas: una, dos, diez motorizadas que se apostaron en la esquina opuesta a la panadería.
“Este no es un buen día para hacer entrevistas. Y menos para ustedes”, sentenció Ángela mientras guardaba sus cosas con sus compañeros. “Hablamos luego”. Nos despedimos con un gesto de manos rápido, invisible.
Era siete de julio. Le insistimos a Ángela para vernos ese día hasta que finalmente accedió. Subimos por la carrera 52 y paramos a esperarla en Beli Pan. En cada esquina había grupos de tres y cuatro policías militares con casco y fusil. Frente a nosotros, un vehículo militar impedía la salida de carros y motos desde el interior del barrio.
Cuatro días antes, la Fuerza Pública había regresado a las estaciones de Policía de la parte alta de la comuna, luego de estar ausentes por dos meses. La misión de observación internacional ‘Colombia SOS’ había llegado a Cali el día anterior. Para su visita, la Fiscalía organizó una jornada de recolección de pruebas de los hechos del tres de mayo en las zonas aledañas a la glorieta.
La glorieta de Siloé volvió a estar cerrada, esta vez por la Policía Militar. Mientras, los familiares de las víctimas observaban a los funcionarios de la Fiscalía hacer registro del lugar con cámaras especiales. Reinaba el silencio y la quietud, no solo por la solemnidad del procedimiento, sino por el temor de que en cualquier momento se fuera a repetir un enfrentamiento.
¿Qué ha pasado desde lo ocurrido las noches del 3 y 28 de mayo en Siloé? En MANIFIESTA presentamos la tercera y última parte del especial “Noches de caos en Siloé”: una comuna que en este momento brinda condiciones críticas de seguridad para les jóvenes que hicieron parte de la protesta social durante el Paro. Allí, líderes y familiares de las víctimas viven en amenaza desde entonces. Sin embargo, la resistencia en Siloé no se rinde y sigue exigiendo justicia.
Amenaza armada contra el tejido organizativo
Cuando a mediados de junio se levantó el punto de resistencia de la glorieta en Siloé, la agenda fue interrumpida por discusiones al interior de las primeras líneas. A pesar de haber acordado el fin de los bloqueos, ese día debatían si era la mejor decisión. También lidiaban con la nostalgia y la incertidumbre que producía despedirse del espacio. Fue epicentro de sus luchas, punto de encuentro con la comunidad y lugar de memoria para los ausentes.
“La comuna había llegado a unos límites de violencia que nos estaban desbordando. Además de eso, había una guerra sin sentido, igual que en todos lados. Los bloqueos habían perdido vigencia”, explica Steven Ospina, líder comunitario y juvenil del sector. Según cuenta, empezaron a replantearse la continuidad de su lucha sin arriesgar la vida: “Tomamos la decisión de cambiar el discurso y decir ‘Vamos barrio adentro, vamos a transformar el territorio’. Los que estaban aquí en otras vueltas, pues no estarán porque no les interesa. También estábamos decantando”, añade.
Finalmente ese día la comunidad recogió las telas, palos, rocas y escombros con los que cerraban las arterias de la glorieta para dar paso no solo a los carros sino a otra ‘nueva normalidad’: una que siguió a la pandemia, al inicio del Paro, a las noches de ataques contra la población civil y a la reconfiguración de la violencia criminal, otras amenazas y la sensación de impunidad para las familias de los ocho jóvenes asesinados entre el 3 y el 28 de mayo, siete de ellos en medio de eventos ligados al Paro Nacional.
Para la concejala Ana Erazo, la decisión de la resistencia de Siloé fue “la más política e importante en el marco del Paro Nacional”. Sin embargo, ella misma alertó sobre un escenario post Paro posible relacionado con la reconfiguración territorial de bandas criminales: “A mí me preocupa un poco que estos otros grupos hayan ganado territorio, y que se sientan tan envalentonados. Porque eso puede generar más riesgos para los líderes sociales dentro”.
Ana tenía razón. Cuando la Policía se retiró de la zona de ladera en mayo, fue más sencillo operar en el territorio para estos grupos. El hecho que detonó el recrudecimiento de la violencia entre grupos ilegales fue el asesinato de alias ‘Nacho’, expolicía y presunto abogado de la banda ‘Los Briñez’. Una de nuestras fuentes asegura que el homicidio ocurrió entre el 10 y el 19 de mayo. Según esta historia de La Silla Vacía, tras la muerte de ‘Nacho’, los Briñez desataron su venganza contra una banda asentada en el barrio Lleras Camargo.
Por esas mismas fechas, los vecinos de la comuna denunciaron que hombres vestidos de civil patrullaron las calles de sus barrios con fusiles y pistolas. También se registró el asesinato de un menor de 14 años, víctima de una bala perdida. Las dinámicas de control territorial empezaron a obstruir las acciones propositivas en la comuna. Y denunciar esto ponía en riesgo a líderes y lideresas.
Luis Miguel Caviedes, pastor líder en la comuna, cuenta que durante esos patrullajes nocturnos hombres armados entraron a algunas viviendas buscando a jóvenes que hacían parte de procesos en los puntos de resistencia. Durante esos días era impensable salir después de las nueve en Siloé. “Mientras los habitantes se manifestaban en el día, siendo hostigados por la Policía, en la noche sus vidas corrían peligro con civiles armados que manejaban lenguaje y códigos militares”, explica.
A pesar de ello, algunos jóvenes se negaban a abandonar los puntos temprano.
La “toma social” que dividió a Siloé
El día en que la fuerza pública volvió a ingresar a Siloé, lo hizo con una marea de chalecos verdes que invadió la glorieta desde las seis de la mañana. Con sus pasos sincronizados, policías, militares y funcionarios de la Alcaldía de Cali entraron a la comuna en medio de lo que ellos denominaron una “toma social”. Habían pasado dos meses desde su partida del territorio, argumentando ataques e intentos de toma y destrucción de las estaciones de El Cortijo y La Sultana. Hasta esa mañana, cuando volvieron a aparecer sin previo aviso.
“Yo estaba aquí en el trabajo, en la Galería. Fue muy duro, ellos pasaron y subieron hacia la loma, muchísimos. Ejército y Policía. Subieron a repartir mercados. Eso fue muy fuerte para mí”, cuenta Jenny Mellizo, madre de Harold Antonio Rodríguez Mellizo , uno de los cuatro jóvenes asesinados presuntamente por la Policía durante la velatón del 3 de mayo. “Incluso cuando estoy aquí en mi puestico a veces vienen y es muy duro tener que atenderlos”.
Doña Jenny, así como las familias de las demás víctimas mortales, está a la espera de que el proceso en la Fiscalía avance. Aún no hay una fecha definida para la audiencia por el caso de su hijo. “La comunidad se está olvidando de lo que pasó”, dice, y considera que la forma cómo la Policía regresó a Siloé, sin un proceso paralelo de reconciliación después de noches en las que se documentaron todo tipo de abusos.
No fue la única que se sintió ofendida. Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda, asesinado el 28 de mayo por un tiro de fusil en hechos que también involucran a la Fuerza Pública, dice que se sintió muy indignado. En gran parte porque estuvieron entregando mercados a la gente. “A pesar de que la seguridad es un derecho de la Comuna 20 y por eso tenían que volver, lo que indigna es que entren comprando a la gente, con mercados y propuestas de ese tipo cuando ni la policía ni el gobierno se han pronunciado sobre las muertes de los jóvenes de Siloé”.
Al igual que con doña Jenny, la investigación por la muerte de Michael tampoco ha avanzado: “No nos han informado nada, ni siquiera sobre la necropsia de mi hijo. Nosotros llevamos las pruebas de todo, pero no nos han informado resultados”, cuenta don Abelardo. Es tal su sensación de abandono por parte del Estado, que hizo un afiche con la foto de su hijo Ha pensado ir a sostenerlo frente a la Fiscalía o el CAM para que el caso de Michael permanezca vigente.
Para obtener respuestas sobre las decisiones tomadas en esta denominada toma social, intentamos contactar desde el 25 de junio al Secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Javier Soler Parra, quien llegó a ocupar su cargo el 30 de mayo. Sin embargo, el Secretario nunca respondió a nuestro pedido de entrevistarlo. Tampoco a los cuestionarios que se le enviaron por medio del área de comunicaciones de su cartera.
‘Paro barrio adentro’
El nombre de la idea era clara: recoger la estela de inconformismo de los últimos meses y ponerlo al servicio de acciones concretas para la comunidad. “Surge de una organización de la que hago parte, que se llama la Red Latiendo”, cuenta Steven. “Lo que hace la Red es sentarse a pensar cómo orientar esto. Entonces salimos con la idea de ‘Paro barrio adentro’… es decirles a los pelados que van a seguir luchando”.
Los puntos de resistencia sirvieron para que muchos jóvenes resignificaran sus vidas, opina él. Por eso la necesidad de construir un espacio nuevo donde pudieran continuar sus esfuerzos. “No es suspender y todo el mundo pa’ sus casas. Es suspender y vamos a transformar. A hablarle a la gente, a organizarnos nosotros. Formarnos, aprovechar que habían llegado universidades y gente con ganas de aportarle a la juventud”, agrega.
Personas como Héctor* sentían esa necesidad. Antes de que se levantaran los puntos de resistencia en Siloé y La Nave, él ya llevaba una semana sin ir con la misma fuerza a la primera línea. Llegaba en la mañana, pero ya no se quedaba hasta tan tarde. Evitaba volver a su casa a la madrugada, como al principio, porque en las noches aumentaba el peligro. Por eso el fin de los bloqueos no golpeó tanto su cotidianidad.
Haber sido integrante de la primera línea traía consigo la posibilidiad de recibir algunas de las donaciones y ayudas que llegaron al barrio con el tiempo. Pero Héctor reconoce que él no las necesitaba tanto como otres. “A mí me dieron mercadito pero yo no lo iba a recibir porque, sinceramente, no es que uno no merezca las cosas ni nada pero hay gente que lo necesita más que uno, ¿Si me entiende?”
Levantados los puntos de bloqueo, no faltaron las dificultades. Según el pastor Luis Miguel, desde la Alcaldía estaban intentando disolver la iniciativa. Así que realizaron acuerdos con líderes que no tenían la aprobación de la mayoría de jóvenes. Para finales de junio, el grupo de la glorieta se dividía en dos: uno ubicado en el Centro Cultural de Brisas de Mayo y otro que empezaba a instalarse en una casa en El Cortijo.
Los desacuerdos que llevaron a la disolución del grupo inicial incrementaron sus niveles de violencia, a tal punto que el comunicado más reciente del grupo ubicado en Brisas de Mayo, fechado el 27 de agosto, habla de un enfrentamiento armado entre varios integrantes, en el que tuvo que intervenir la Policía. Se trató de tres líderes de la comuna.
Según el comunicado, estas personas Desenfundaron armas de fuego traumáticas y un revólver calibre 38, diciendo “Que el objetivo era que corriera sangre”. Los vecinos, narra el comunicado, se dieron cuenta de que las personas dentro de la casona habían sido secuestradas. Llamaron a la policía, quienes al rato llegaron y los dirigieron a la estación. “No nos hacemos responsables por las negociaciones y/o tratos tanto económicos como en especies que se realicen con las personas antes mencionadas ya que ellos no nos representan”, finaliza el documento.
Amenazas, muerte y desplazamiento
Las primeras líneas no han sido las únicas amenazadas luego del Paro Nacional en Siloé. El pastor Luis Miguel, que ha estado presente en muchos procesos de la comuna, es un ejemplo de lo difícil que se tornó con el tiempo la defensa de los DD.HH. estos meses. Aparte de acompañar espiritualmente a las víctimas que iban dejando las jornadas de enfrentamientos, hizo reiteradas apariciones en medios. Allí hizo públicas sus inconformidades frente al manejo que la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad de Cali le venían dando a las protestas, no solo en Siloé.
Según un informe de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, los hostigamientos y amenazas a su integridad iniciaron el 2 de mayo en el Paso del Comercio, cuando “Desde una motocicleta dos sujetos vestidos de gris dispararon armas de fuego apuntando hacia el lugar donde se encontraba conversando con algunos jóvenes”. A ese atentado le siguieron siete más hasta mitad de junio, que incluyeron amenazas de parte de civiles, miembros de la Fuerza Pública, llamadas telefónicas a familiares y seguimientos. En agosto volvieron las amenazas, también documentadas por la Comisión Intereclesial en dos informes posteriores. La última vez que fuimos a Siloé notamos que tenía un chaleco antibalas.
Este no ha sido el único caso que da cuenta de la situación post Paro en la comuna. El cuatro de julio se registró un asesinato que no tuvo difusión en los medios: Jhon Harner Bolaños, ex integrante del punto de resistencia de La Nave, fue baleado y su cuerpo, según Ángela, apareció cerca del lugar donde ella y sus compañeros se encuentran resguardados.
Jhon Harner manejaba Uber, cuenta Ángela.“Le hicieron una llamada y él salió a recoger la carrera. Llegaron al punto de nosotros los de la glorieta”. Allí, dice ella que le dispararon, probablemente con un silenciador. ¿quién fue?, ¿por qué?. Si nosotros estábamos a una cuadra del lugar y no escuchamos disparos, no escuchamos nada”. Semanas antes, Jhon Harner Bolaños fue víctima de desaparición.
Ni siquiera quienes simplemente presenciaron algunos de los crímenes han tenido sosiego. El testigo principal de la muerte de Daniel Sánchez –el joven que apareció incinerado al interior del Dollarcity de Siloé el 28 de mayo– fue víctima de un atentado cuando se dirigía hacia el funeral de Daniel. Él y dos de sus familiares tuvieron que salir de su casa por esto. Hasta el día de hoy siguen resguardados y su casa en Siloé vacía. El temor y la negligencia institucional son el común denominador en todos los casos.
“Hoy parece que todo se ha olvidado, que los acuerdos con la comuna en general invisibilizaron toda la situación de las víctimas”, asegura el pastor. “Precisamente por eso se hace necesario conformar el movimiento de víctimas de la Comuna 20, que ayude a generar memoria y justicia” Para él los acuerdos básicos para una vida digna son necesarios, “Pero sin desdibujar lo que le ocurrió a las víctimas porque ningún elemento material puede reemplazar la vida de quienes cayeron en manos de las Fuerzas del Estado”.
***
Pueden ver todo nuestro especial ‘Noches de caos en Siloé acá‘. Recuerda seguir a MANIFIESTA en Instagram, Twitter y Facebook.
