“Las falsas feministas van a pagar el daño que hicieron hace cuatro años”.
Desde Twitter, el perfil hechizo @dragonnegro2395 lanzó esta amenaza el pasado seis de marzo contra Ángela María Robledo, Jennifer Pedraza, María Fernanda Carrascal, Mónica Godoy, Juana Afanador, Sara Tufano, María Mercedes Maldonado y María Antonia García de la Torre. Esta última es una de las denunciantes de Hollman Morris. El tuit se refiere al inicio de las campañas para alcaldías y gobernaciones de 2019, cuando la aspiración de Morris se cayó por denuncias de violencia intrafamiliar y acto sexual violento.
La amenaza se dio tres días después de que el presidente Gustavo Petro felicitara a Hollman Morris por su “inocencia”, luego de que un medio de comunicación publicara que la Fiscalía archivó la denuncia por abuso de María Antonia García de La Torre. El hecho de que se archive no quiere decir que Morris sea inocente y así se lo hicieron saber varias mujeres en Twitter al presidente. “Entretanto, afilaré mi katana para cuando lleguen las hordas de las falsas feministas y veremos si tienen el mismo rendimiento que hace cuatro años cuando destruyeron a ese candidato (…) será un castigo del cual nadie va a poder quitarles, debido a que será una gran marca que dejará cicatriz con el paso de los años y ninguna pomada les podrá curar eso”, termina @dragonnegro2395.
El presidente no se pronunció ante la amenaza contra varias políticas con las que ha trabajado. Su silencio se suma a un prontuario de decisiones tomadas en los últimos meses, que contradicen a muchos niveles la promesa de cambio que le repitió a las mujeres del país durante su campaña presidencial en 2022. Una promesa que apoyaron los movimientos feministas activamente, sobre todo antes de la segunda vuelta.
En junio pasado, para Petro fue fundamental el voto de los movimientos de mujeres, atraídos por la figura de la ahora vicepresidenta, Francia Márquez. Sin embargo, la celebración de un posible cambio duró poco. La primera afrenta del presidente con las feministas llegó con los nombramientos polémicos de Cielo Rusinque en el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y Concepción Baracaldo en el ICBF, pero también designaciones como la de Víctor de Currea Lugo en la embajada de Emiratos Árabes, cuyo nombramiento se cayó luego de que revivieron viejas denuncias en su contra por acoso y abuso.
A esto se suma la falta de respuesta por parte del gobierno para ponerle el ojo a violencias en el Congreso, no atender la exigencia de declarar la emergencia por violencia machista y temas más recientes como la salida de la viceministra de Asuntos Multilaterales Laura Gil de su cargo, quien había prometido una política exterior feminista. Todo este compendio de acciones que envían un mensaje diferente a la promesa inicial del gobierno Petro nos hace preguntarnos: ¿Se acabó la luna de miel entre los movimientos feministas y el presidente? ¿Por qué pareciera que las grandes banderas de este proyecto político no están atravesadas por una mirada de género? Y sobre todo: ¿Será que alguna vez Petro estuvo genuinamente interesado en gobernar por y para las mujeres?
En MANIFIESTA consultamos a feministas del sector político, activistas y lideresas en territorios, quienes nos dieron luces sobre esta ruptura, pero también sobre posibilidades de acercamiento.
¿Cuándo empezó el menosprecio?
La relación entre Petro y el movimiento feminista, al menos en el centro del país, tuvo su primera ruptura en 2019. En ese entonces era senador, líder de la Colombia Humana y decidió apoyar la candidatura de Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá. Esto a pesar de que las mujeres del movimiento se pronunciaron en contra. El costo de ese portazo fue la salida de Ángela María Robledo de la Colombia Humana en 2021, y su cancelación política en las elecciones del año pasado.
Juana Afanador, socióloga feminista que integró en una época las bases de este movimiento confirma esa ruptura. Pero explica que la relación entre las feministas y Petro se renovó para su campaña: “La presencia de Francia Márquez hizo que hubiera un respaldo de las feministas. Pero no hay que olvidar el hecho de que Álex Flórez estuviera en la lista de Senado del Pacto. Ahí había otra ruptura: este hombre con acusaciones de violencias basadas en género estaba en la lista”.
En algún punto de la segunda vuelta, el apoyo feminista se volcó sobre Petro. Sobre todo por las salidas machistas del candidato Rodolfo Hernández y el peligro que representaba para el avance de nuestros derechos. Por eso el siete de agosto se sintió también como una victoria de las mujeres. “Entonces empiezan los nombramientos. Se cumple con el gabinete paritario, pero empiezan las preguntas por referentes del feminismo, ¿Quiénes son las ministras y funcionarias abiertamente feministas?”, dice Juana.
“Y hay una nueva ruptura en el momento en que se nombra a Cielo Rusinque en el DPS. Ella llegó a Colombia Humana cuando nos fuimos muchas que estábamos abriendo un espacio para la participación política de mujeres feministas en la izquierda: otra generación. Y Cielo llegó con un discurso antifeminista, protector de los acusados de ejercer violencias de género”, agrega.
Juana y Sara Tufano, también socióloga y columnista de El Tiempo, salieron de la Colombia Humana en marzo de 2021, un par de meses después que Ángela María, por las mismas razones: no encontraron en este proyecto un espacio para la agenda feminista. Tampoco hallaron respaldo de sus compañeros para rechazar las violencias que habría cometido Morris. Ambas decidieron buscar espacio en el Polo Democrático, partido que adhirió al Pacto Histórico. Como militante del Polo, Sara recibió testimonios de presuntas víctimas de Morris, por lo que en redes lo llamó ‘abusador’ y él interpuso una acción de tutela.
Así inició una pelea judicial que Sara ganó luego de que dos juzgados fallaran a su favor en primera y segunda instancia. Sin embargo, Sara y Juana volvieron a desistir de participar en un proyecto político en el que sus voces no tenían cabida. A finales de 2021 anunciaron que no aspirarían a ser candidatas a Senado y Cámara por el Pacto Histórico, cuestionando la conformación de las listas. “El mecanismo de listas cerradas se convirtió en privilegio de fidelidades, promoción de delfinazgos y estímulo a mecanismos propios de la vieja política que, se supone, debemos superar”, declaró Juana en su momento.
Para Sara, las consecuencias de cerrar los proyectos progresistas a voces feministas van más allá de la falta de representación. Por un lado, instrumentaliza las causas de las mujeres, explica ella. Por otro, fortalece un movimiento antifeminista que valida violencias y amenazas. También, afirma, enfrenta a dos perfiles de mujeres: las académicas de la capital que no se vinculan con la población y las que abanderan el feminismo en sus comunidades, como alguna vez lo expresó el mismo Petro en una entrevista.
Los nombramientos de la discordia y las salidas de feministas
¿Qué debió hacer Petro ante las voces de quienes serían víctimas de Víctor de Currea? “Debió pronunciarse”, opina Juliana Hernández, directora de Fundación Artemisas. “Víctor de Currea no debió renunciar: el presidente debió salir a decir que hasta que se resolvieran los casos, de Currea no iba de embajador”.
Juliana compara el silencio del presidente en este caso con el comunicado que publicó sobre la nueva polémica de presunta corrupción de su hijo, Nicolás Petro: “En la reacción frente al caso de su hijo, la sensación es que pesan más unos temas que otros. Sale a decir inmediatamente: ‘que la Fiscalía investigue y si tiene que condenar, que condene, porque en mi gobierno es inaceptable que haya casos de corrupción’. Ah, pero entonces cuando se trata de un caso de violencia basada en género, ¿es aceptable? Esa es la sensación que queda”, concluye.
Para la representante a la Cámara por el Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, víctima de la amenaza en Twitter y otras violencias machistas por su actividad política, el silencio del gobierno puede tomarse como posición política. “No solo es ausencia de los temas de las mujeres, sino una reproducción de ideas machistas, incluso persecución hacia el movimiento feminista e infantilización de nuestras banderas”, opina.
Para ella el costo de denunciar estas acciones ha sido alto: la violencia política se le ha vuelto paisaje. Hace poco, el ex congresista, integrante del Polo Democrático y posible embajador en Suecia Germán Navas Talero la ha atacado por ser de las únicas congresistas que se opone, sin eufemismos, a que en el gobierno haya cabida para hombres señalados de acoso y abuso sexual.
Otro ejemplo del costo de no reproducir la línea política podría ser el de Laura Gil, viceministra de Asuntos Multilaterales quien dejaría el cargo en dos meses. Para Juliana Hernández, su gestión se ha centrado en mujeres y personas LGBTIQ+. Desde octubre de 2022 Gil viene adelantando un Plan de Acción Nacional para dar cumplimiento a la Resolución 1325 de Naciones Unidas conocida como ‘Mujeres, Paz y Seguridad’. Este plan busca asegurar la participación efectiva de mujeres y diversidades en estos temas, una apuesta clave para el desarrollo de la Paz Total.
La construcción ha sido liderada por la Cancillería y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, junto a organizaciones de la sociedad civil de distintos territorios, congresistas y miembros de la rama judicial. Se espera que el plan esté listo para septiembre de 2023. De ahí la preocupación por su salida.
Según varios medios, esta se da por diferencias y malos tratos de parte del canciller Álvaro Leyva, quien ya tendría reemplazo. Las organizaciones que trabajaron con la vice enviaron dos cartas al presidente y a Leyva. “La funcionaria ha mantenido una política de puertas abiertas para la sociedad civil y para todos aquellos que defienden los derechos humanos en el país, la cual es fundamental para orientar el desarrollo de las políticas públicas de forma democrática y que ha renovado la relación con la ciudadanía”, dice una de ellas.
La apuesta de Laura Gil por una política exterior feminista quedará en otras manos. “Si para lanzar una política exterior feminista esperamos a tener la paridad en una Cancillería donde todavía hay una cultura patriarcal fuerte, no hacemos nada”, anotó en entrevista con El Tiempo.
Un MinIgualdad que necesita oxígeno
Por otro lado, y según La Silla Vacía, esta propuesta de campaña anunciada en el Debate Feminista del dos de junio está en veremos. Esto, debido a que congresistas del Centro Democrático, liderados por Paloma Valencia, pusieron una demanda contra la nueva cartera ante la Corte Constitucional. Esta argumenta que el proyecto de ley aprobado no tenía viabilidad fiscal, que hubo vicios en la votación y que le otorgaba facultades extraordinarias al presidente. La Corte aceptó la demanda.
Si bien es un ataque de la oposición, el gobierno tampoco le ha dado fuerza presupuestal. Según el mismo medio, la plata para crear el MinIgualdad saldría de los 1.78 billones de pesos con los que el Ministerio de Haciendo busca también cubrir programas sociales incluidos en el PND, apoyar la operación de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo, fortalecer empresas del orden nacional que lo requieran y apalancar la colocación de créditos de la economía popular.
La Silla también menciona la falta de legitimidad de esta nueva cartera ante poblaciones a las que entraría a cobijar. Aparentemente, la creación no ha sido un proceso concertado con organizaciones de mujeres y personas LGBTIQ+ y el entusiasmo se ha ido deshaciendo.
Sobre la preocupación por el futuro del ministerio, la vice Francia Márquez nos respondió esto en una rueda de prensa a la que asistimos con motivo del #8M: “Como ya se creó el Presupuesto General de la Nación, no tenemos un presupuesto. El presupuesto con el que empezará a funcionar el ministerio será definido de la adición presupuestal. Esto quiere decir: la adición se presentará al Congreso, se aprobará y ya en el segundo semestre empieza a funcionar. Hay un presupuesto base, 500.000 millones, con el que se empezará, más un billón del programa de Jóvenes en Paz”.
¿Cómo seguimos?
“Hay esperanza del movimiento feminista, lamentablemente no hemos tenido una respuesta clara, especialmente el presidente”, asegura Jennifer Pedraza. “Aunque hoy en el Ministerio de la Igualdad están trabajando las feministas más tesas y en el Plan Nacional de Desarrollo hay voces importantes, eso no se expresa en la actividad política del gobierno. Hay una desconexión”. Agrega que su revisión del Plan Nacional de Desarrollo le ha permitido concluir que todos los temas de mujeres, excepto el Sistema Nacional de Cuidado, están relegados a Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, una oficina sin presupuesto suficiente.
La esperanza del cambio también está siendo cuestionada por mujeres que lideran procesos en territorios. “Tengo el deseo profundo de que esto cambie si el gobierno escucha y nos tiene en cuenta”, dice Deyanira Peña, lideresa social y mujer negra del norte del Cauca, una de las zonas donde el conflicto más ha mutado y la Paz Total no se ha traducido en seguridad para sus habitantes. “Como gobierno aún no han realizado una inclusión contundente a favor de las mujeres. Su Plan Nacional de Desarrollo es incierto, debería haber un capítulo exclusivo para sujetos de especial protección. Cuando se realizaron los Diálogos Regionales Vinculantes quedaron por fuera muchas voces”, agrega Deyanira.
También remite a la urgencia de seguir construyendo el Plan de Acción de la Resolución 1325 de Naciones Unidas: “Con respecto al conflicto, en nuestro caso, en nuestro territorio, es peor: más mujeres asesinadas y perseguidas. Esto debería conllevar a poner en marcha el Acuerdo Final y escuchar la voz de las mujeres especialmente desde los territorios”.
A siete meses de posesionado, el presidente está a tiempo de revisar las demandas de las mujeres y personas diversas, y de acabar con las prácticas que las estigmatizan y ubican en un segundo plano. Para el movimiento feminista es muy difícil exigir y hacer veeduría a un programa de gobierno que promulgaba el cambio con las mujeres en medio de hostigamientos, violencia digital y cancelación.
Si bien no es un clima nuevo, para algunas activistas se remonta a 2019 y a las denuncias contra Hollman Morris. El gobierno del cambio debe saber que el silencio y los ataques tienen un costo que trasciende lo político.
