A la 40, una calle de San José del Guaviare, llegan militares nacionales y gringos para escoger a las niñas que van violar. Niñas indígenas nukak y jiw, entre los siete y quince años. «A cambio» les dan diez mil pesos, algo de comer o bóxer. Eso cuenta el periodista Gerardo Reyes en un reportaje publicado por Univisión en diciembre. La revelación se suma a una larga lista de violencias contra niñes en Colombia que el ICBF no se ha preocupado por atender de manera urgente y diferencial.
El pasado 13 de septiembre se sumó una nueva polémica a esta entidad: el nombramiento de Concha Baracaldo como su directora. Varios sectores criticaron, desde antes del nombramiento otorgado por Verónica Alcocer, su falta de experiencia en el trabajo para la niñez. A la funcionaria se le ha pedido su renuncia desde que llegó al cargo, pero esa posibilidad no está dentro de nuestras predicciones inmediatas. Y preocupa, porque según integrantes de la misma bancada de gobierno, ese sería el primer requisito para ponerle orden a una entidad cuya mala gestión ha sido criticada desde el gobierno pasado.
En MANIFIESTA quisimos ponerle la lupa a este y otros temas coyunturales que quedaron suspendidos en medio de las fiestas de diciembre, para iniciar el 2023 actualizades.
¿Qué está pasando con las infancias en Colombia?
El ICBF está colapsado. Todo empezó a estallar hace semanas, cuando el presidente Gustavo Petro le llamó la atención a Concepción, ‘Concha’, Baracaldo por no atender debidamente la desnutrición de niñes en la Guajira. En ese departamento han muerto de hambre 20 menores desde el inicio de este gobierno. Luego, el 14 de diciembre, se conoció otra denuncia.
Fue la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, quien afirmó que en las regiones hay un ‘cartel de la experiencia’. El ICBF estaría entregando contratos millonarios a operadores que falsifican sus certificados. Según la representante, la Procuraduría Regional de Magdalena identificó un caso de falsificación en el departamento recientemente. Sin embargo, Mario Ariza, director del ICBF en Magdalena, afirmó que el proceso de contratación al que se refiere la representante se dio seis meses atrás. Además dijo que las alertas emitidas por el ente de control son de carácter preventivo.
Por otra parte, hace pocos días se conocieron las renuncias de dos altos cargos del Instituto. Primero el secretario general, José Antonio Parrado. Luego el subdirector de la entidad, Juan Carlos Urrutia. Ambos cuestionados por ser ex funcionarios de la Alcaldía de Chía, donde Baracaldo fue Directora de Planeación. A pesar del escándalo por sus nombramientos, posteriores renuncias y la situación con los operadores en territorio, parece que Baracaldo no dejará la dirección. De hecho, está de vacaciones y dejó encargado de la entidad al recién nombrado director de primera infancia, Álvaro González Hollman.
Hollman tendría que responder por las perlas más recientes. El 29 de diciembre el Sindicato de la entidad, Sintrabienestar, denunció que 6.148 contratistas están en el limbo laboral porque sus contratos no se han renovado para 2023. Este es un trámite que debe hacerse con antelación, considerando la magnitud del proceso administrativo y que la prestación de los servicios no puede cesar. Hasta el miércoles 4 de enero no se había resuelto la situación, según Ana María Arevalo, presidenta del Sindicato entrevistada en La W.
Por otro lado, una auditoría de la Contraloría sobre el periodo 2021 a junio de 2022, reveló que el caos viene del gobierno pasado. El ente de control denunció hallazgos fiscales por más de nueve mil millones de pesos. Esto significa que en el periodo auditado el ICBF incurrió en detrimento patrimonial por cuenta de entrega de ayudas a personas fallecidas y otras irregularidades. También se reveló que dos niños adscritos al programa de Atención Integral a la Primera Infancia murieron en el Amazonas.
“Para resolver esto se requiere una dirección que, primero, conozca del tema. La directora no movió un solo dedo para que el presupuesto del ICBF incrementara este año. Desconoce el estudio de cargas que dice que se necesitan esos 6.148 contratistas formalizados”, nos dijo la representante Jennifer Pedraza. “En Colombia hay profesionales que llevan décadas trabajando el tema de infancia. Hay gente preparada para asumir ese cargo”, agregó.
Será el año de las reformas
Ya pasó la Tributaria y las que vienen en camino son más polémicas aún. Sobre la Reforma Política, los sectores feministas tenemos serias preocupaciones. Aprobada en sus primeros cuatro debates del año pasado, el augurio es que se apruebe en los siguientes cuatro, a mediados de 2023.
Hay dos ‘micos’ que asustan. El primero da vía libre a senadores y representantes para renunciar a sus curules y ser nombrados ministros de manera inmediata. Actualmente existe la inhabilidad por un año para pasar del legislativo al ejecutivo. “La Constitución del 91 eliminó esta posibilidad para que el Congreso tuviera independencia para hacer control político”, explica Jennifer Pedraza. Se refiere a ese artículo de la Reforma como “un bombazo a la división de poderes, un ataque frontal al modelo de pesos y contrapesos. Que es efectivo en un modelo presidencialista como el colombiano”.
El segundo ‘mico’ es un plan redondo para reelegir a les congresistas que hoy están votando dicha reforma. Consiste en la posibilidad de armar listas cerradas en 2026 según el “orden de elección del último periodo electoral”. También “sin condicionamiento de género”.
“El gobierno incluyó este artículo que dice que las listas cerradas las van a encabezar los actuales congresistas, sacrificando el objetivo de la paridad. El hecho de que las listas las encabecen los mismos congresistas que están ahora implica que se repita la composición actual del Congreso, con solo 30% de mujeres”, explica la representante.
Por su parte, la Reforma a la Salud es la que más ha tardado en concertarse antes de empezar su trámite en el Congreso y la que menos apoyo tiene en la opinión pública. ¿Qué sabemos hasta ahora?
De acuerdo con entrevistas que ha dado la ministra Carolina Corcho, las EPS desaparecerían como intermediarias. Ya no serán las encargadas de girar de los recursos del sistema de salud a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS. Solo aquellas EPS que cumplen con mínimos de funcionamiento –que son siete, según Corcho– podrían seguir siendo parte del sistema y convertirse en IPS, pues tienen capacidad instalada para ello.
El fin de la reforma es que el fondo público, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, gire y pague directamente a clínicas y hospitales. El gobierno y los gremios de las EPS se han reunido dos veces para dialogar sobre este tema. También sobre financiación del Sistema de Salud y aumento de la Unidad de Pago por Capitación, UPC. Este es el valor destinado a cubrir el gasto en salud de cada afiliade al Sistema.
Los cuestionamientos de varios sectores se han hecho oír a pesar de que todavía no hay un proyecto de ley en firme. Para la farmacoepidemióloga y profesora de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, pretender que las EPS que funcionan bien se transformen en redes de prestación de servicios es subestimarlas.
“Pasarían a tener un rol muy operativo para la capacidad tan grande que tienen hoy esas entidades en términos de información sobre la población que atienden. O mecanismos de organización de especialistas y personal de salud”, explica. “Habría una subestimación de su experiencia acumulada, y ese reduccionismo podría ser un tiro en el pie. Podría hacer que quienes están al frente de las entidades digan ‘eso no nos interesa’”, agrega Claudia.
Le preguntamos por el enfoque de género de la reforma, pues la ministra Corcho ha señalado la urgencia de transformar un sistema que no cuida a las mujeres gestantes de los territorios y en el que, por ejemplo, 300 municipios no tienen sala de parto. Al respecto, Claudia opina que “Ni en la composición del equipo más cercano, ni en las prioridades de la propuesta de la reforma a la salud hay una apuesta fuerte de género. Tampoco una incorporación de las experiencias comunitarias y del trabajo de base de las mujeres en los territorios, en el sentido de que puedan aportar a ese diseño del sistema de salud”.
Más allá de esos vacíos, Claudia dice que el debate actual reproduce las formas patriarcales de hacer leyes: una discusión cerrada, agresiva, poco transparente y no ha dado lugar a la construcción conjunta.
¿Aborto legal pero esquivo?
En MANIFIESTA lo hemos repetido: a pesar de la Sentencia C-055, persisten barreras que en territorios no centrales están determinadas por problemas estructurales, como ausencia o mal funcionamiento de la red hospitalaria. La esperanza es que si la Reforma a la Salud entra a fortalecer las IPS en las regiones, otro de los objetivos del gobierno, acceder al derecho de aborto dejará de ser un reto para las mujeres que viven fuera de las ciudades principales.
En esta ocasión quisimos indagar en otros tres aspectos que se nos quedaron en el tintero el año pasado. Primero, la actualización de la ruta materno perinatal, que es una exigencia del fallo de la Corte al MinSalud; el acceso al derecho de hombres trans que cambiaron su sexo a masculino en la cédula y los dos referendos “provida” que están moviendo grupos antiderechos.
Según el último balance publicado por Causa Justa, hay barreras por causa de la interpretación restrictiva de la sentencia y la ausencia de protocolos internos de atención en las IPS. Previendo esto, la Corte solicitó en su fallo que el Ministerio de Salud actualice la ruta materno perinatal para hacer explícitos dichos protocolos y que no haya excusas en la atención. “Sabemos que el trabajo va por buen camino. Muy pronto van a publicar la actualización de la ruta. Ha sido un trabajo del MinSalud que ha oído muchas voces”. Esto nos contó Laura Gil, del Grupo Médico por el Derecho a Decidir.
Por otro lado, una fuente del sector nos habló de una barrera que persiste en ciertos territorios: la parametrización de algunos servicios de salud por sexo. “En algunas IPS en territorios, desde Gerencia, han manifestado que no se puede prestar el servicio a hombres trans o personas que hayan cambiado de sexo en su cédula. Pues el Ministerio tiene códigos para facturar servicios y estos están parametrizados de acuerdo al sexo, es decir, si eres hombre o mujer”, nos contó.
Laura Gil explica que esta es una barrera totalmente administrativa, que se puede crear en territorios específicos y que depende de las voluntades políticas de las IPS y EPS. “Facturar el servicio no debería ser una barrera. Barrera es que no tuvieran instrumental, por ejemplo”.
Finalmente, preguntamos por los referendos que están moviendo Sara Castellanos, por un lado, y congresistas y ex congresistas como John Milton Rodríguez y María del Rosario ‘Charo’ Guerra, por otro. Luego de que fracasara el referendo conocido como Unidos por la Vida, que en 2013 buscaba tumbar la Sentencia C-355 de 2006, el país no había vuelto a ver que se recogieran firmas “provida” para este mecanismo.
Según Sandra Mazo, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, la recolección para estas nuevas iniciativas estaba quieta hasta diciembre. “Lo que hemos rastreado en nuestro seguimiento es que es un tema que no se está moviendo en este momento. Sin embargo, no es para subestimar porque reconocemos los mecanismos de participación ciudadana”, explica. “Este se está usando más para hacer politiquería (…) Aunque no le vemos mucho futuro en el Congreso, hay que recordar que este año hay elecciones regionales. Ellos se la están jugando en candidaturas. El referendo podría convertirse en una estrategia”.
¿Es posible la Paz Total?
“La delegación de diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral, por lo tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia”, declaró el grupo armado el 1 de enero. El día anterior el país estaba de celebración. Un supuesto cese de hostilidades por parte de esta guerrilla, y cuatro estructuras más, fue anunciado por el presidente.
Con esa frase lapidaria, los reversazos del gobierno en materia de acuerdos sobre cese al fuego y la más recientes declaraciones del ELN sobre la crisis en la que entró el proceso por cuenta de ese error, nos preguntamos qué piensan las mujeres que construyen paz desde y en los territorios, quienes finalmente viven los efectos de que las balas cesen o no.
“La situación nos afecta debido a que si los diálogos no se concretan, los homicidios continúan. Como mujeres del movimiento Ruta Pacífica hacemos la exigencia a los actores armados y al gobierno de que negocien”. Esto nos dice Claudia Palacios Parra, integrante de la Ruta Pacífica de Mujeres en el Chocó.
“En el departamento teníamos esperanza porque sabemos que el cese al fuego nos permite vivir en paz, tener un flujo económico. A muchas madres nos daba tranquilidad. A comerciantes y docentes. Al saber que se iba a instaurar la mesa de negociación, pensamos que habría treguas y volveríamos a nuestro paraíso terrenal. Hoy estamos en zozobra”.
***
