Una misión especial del ICBF reportó que, en los últimos cuatro años, 69 niñas indígenas han sido víctimas de violencia sexual en el Guaviare. El informe refuerza lo que el periodista Gerardo Reyes de Univisión denunció hace más de un mes en su reportaje: las niñas de las etnias nukak y jiw viven en situación alimentaria crítica y son explotadas sexualmente a cambio de comida o pegante para inhalar. La Procuraduría empezó a investigar a dos suboficiales y seis soldados regulares presuntamente implicados en las violaciones.
La crisis del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha sido protagonista en las últimas semanas. Pero la explotación sexual de niñas indígenas en San José del Guaviare, o el nombramiento de una persona sin experiencia para dirigir la entidad, como Concepción Baracaldo, es apenas la punta del iceberg . Debajo hay una crisis estructural, antigua y sin salida que tiene que ver en parte con la precarización de las Defensorías de Familia, entes administrativos dependientes de la Dirección de Protección del ICBF. Estas serán las únicas encargadas de restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en el país desde el 4 de agosto.
La Ley 2126 de 2021 modificó la responsabilidad de esta tarea, antes compartida con las Comisarías de Familia, autoridades administrativas adscritas a los entes territoriales y creadas por Concejos Municipales o Distritales. Aunque la ley ya fue sancionada, el artículo que determina este cambio, entrará en vigencia desde el 4 de agosto.
Sin embargo, funcionaries del ICBF nos contaron que la sobrecarga ya es un hecho.
El pasado 15 de enero, la Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare anunció una investigación disciplinaria contra el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en ese departamento, Joaquín Mendieta Silguero. “Al parecer (el funcionario) conoció dichos hechos y omitió sus deberes funcionales que le imponen tomar medidas urgentes frente al restablecimiento de los derechos de dichos menores y presentar la respectiva denuncias”, cita el comunicado de la Procuraduría.
Una de nuestras fuentes nos contó que el único centro zonal del ICBF en ese departamento tiene una carencia importante de personal. De hecho, el gobierno anunció que en los próximos meses tendrán que llegar “dos unidades interdisciplinarias y especializadas para el fortalecimiento de las Defensorías de Familia del ICBF” al Guaviare. ¿Cuántos más casos como el de Guaviare se extienden al resto del territorio nacional?
Es evidente que el caos dentro de la entidad va mucho más allá de un nombramiento. De hecho, nuestras fuentes coinciden en que esta no es la primera Directora que llega al cargo sin conocimiento técnico del Instituto y en que la crisis es vieja. Y aunque el gobierno actual ha tomado medidas, poco se ha hablado de fortalecer las Defensorías.
En MANIFIESTA nos propusimos entender qué está pasando en estos despachos y cómo su fortalecimiento es otra de las aristas ignoradas para la prevención y contención de la problemática de violencia sexual contra niñes, que el año pasado dejó 16.221 abusades sexualmente y 3.500 bebés de niñas entre los 10 y 14 años.
La crisis de la protección a niñes
El ICBF cuenta con 33 sedes regionales, cubre todos los departamentos y hace presencia en 1.103 municipios. Quienes saben dicen que llega a territorios donde ni el Ejército Nacional alcanza. Está compuesto por seis direcciones: Primera infancia; Infancia; Adolescencia y juventud; Familias y comunidades; Nutrición y Protección. Esta última tiene adscrita la Subdirección de Restablecimiento de Derechos, que el año pasado recibió apenas el 11.93 por ciento del presupuesto total del ICBF, solo un poco más del 11.6 por ciento que recibió en 2021. Una cifra ínfima si para la tarea que debe cumplir, comparada con el 61 por ciento que recibe la dirección de Primera Infancia.
“La Dirección de Protección encierra todo lo que tiene que ver con restablecimiento de derechos, adopciones y responsabilidad penal”, nos explica Viviana Vargas Vives, abogada defensora de derechos humanos, activista feminista y ex candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo. “El Sistema de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes es la única competencia real y exclusiva que tiene el Bienestar Familiar. Todas las demás (…) han sido extensiones que se han hecho del Instituto, que además reciben más recursos, más presupuesto, más inversión que la Dirección de Protección”. Para Viviana esto ocurre por la tercerización de servicios en las demás direcciones, que implica entregas de contratos millonarios, mientras que les Defensores son funcionaries de planta.
En otras palabras, las demás direcciones tienen a su cargo la prevención a través de operadores, pero la encargada de garantizar derechos y poner a salvo a niñes vulnerades está colapsada. Viviana explica que su gestión se puede calcular en vidas: salvadas y perdidas. “Estamos hablando de niños que llegan en un nivel de vulneración de derechos absolutamente alarmante y preocupante, donde el Estado tendría que entrar a tomar medidas inmediatas. Pero nos encontramos con Defensorías de Familia al límite. Casi ninguna tiene equipos completos, no tienen capacidad de responder”, cuenta Viviana.
Por ejemplo, en el caso de Gabriel, el niño asesinado el pasado tres de octubre por su padre en un hotel de Melgar, la Procuraduría emitió un informe que revela que el crimen pudo evitarse y apunta a las actuaciones administrativas llevadas a cabo. La mamá de Gabriel, Consuelo Rodríguez, había acudido al ICBF para reportar acoso y violencia por parte del progenitor, con quien ya no tenía una relación. De hecho, hay registro de ocho llamadas en las que Consuelo denunció maltrato entre julio y septiembre del año pasado. La trabajadora de la Defensoría que las atendió, solo calificó la situación como ‘preocupante’.
“Este informe debió servir de base para la adopción de medidas de restablecimiento de derechos al niño y puesto en conocimiento de la Comisaría de Familia para explorar otras de las medidas de protección en favor de la progenitora”, expone la Procuraduría.
Ana María Arevalo, presidenta de Sintrabienestar, el sindicato más antiguo del ICBF, trabaja en una Defensoría integrando uno de esos equipos incompletos que menciona Viviana. En teoría, un equipo debería tener un Defensor/a, autoridades administrativas con funciones similares a las de jueces de familia, que son autoridades judiciales. También una psicóloga, trabajadora social y nutricionista, como mínimo. “No existe ni un solo equipo completo en el país, ni uno solo. Hay 1.417 Defensores de Familia, el cargo base para que exista la Defensoría. Pero te pongo un ejemplo: solo hay 360 nutricionistas para 1.417 Defensorías. Lo mismo con el número de trabajadores sociales y psicólogos”, explica Ana María.
En julio pasado, el equipo que hizo el empalme del ICBF presentó al gobierno un documento con 32 alertas prioritarias. Entre ellas la crisis de estos despachos: “Insuficiencia en la planeación y el talento humano de las Defensorías de Familia para asumir las nuevas cargas asociadas a la Ley 2126 de 2021 (…) en lo relacionado con la atención a la violencia sexual y los trámites extraprocesales”. En el documento expresan la urgencia de contratar nuevo personal “Pues hasta el momento no se cuenta con suficiente talento humano para asumir esta carga adicional que recaerá sobre los equipos”.
En 2020 la Procuraduría alertó sobre la falta de presupuesto, equipos interdisciplinarios y carga laboral en los despachos. Además, que casi el 80 por ciento de Defensores/as cuentan con recomendaciones médico laborales.
El día a día en una Defensoría
Bogotá, Centro Zonal Rafael Uribe: cerros de papel con más de 100 solicitudes reposan en un escritorio. Hablan de golpes, quemaduras, hambre, abandono y sobre todo abuso sexual. Dicen que fue el tío, el abuelo, el padrastro. Que no es la primera vez que pasa. Leonel Barreto, Defensor de Familia en esta sede del ICBF y miembro de la Asociación Colombiana de Defensores de Familia, junto a dos colegas, deben actuar para que estos menores de edad no vuelvan a vivir algo así. Pero en 15 días van a apilarse otras 100 solicitudes.
“Nuestra labor de protección de los niños como Defensores/as se divide en dos partes: una que tiene que ver con lo extraprocesal, aquello que se puede conciliar sin necesidad de un proceso: conciliación por custodia, por alimentos, visitas, reconocimiento de la paternidad, salida del país, entre otros”, nos explica Leonel.
“La otra parte son las solicitudes de restablecimiento de derechos, con principios del derecho procesal, por amenazas, vulneraciones o por inobservancia de derechos. Aquí entra, por ejemplo, que el papá maltrató al niño, que el niño fue abusado, que el papá no responde o que uno de los padres no cumple con las actas de conciliación”, continúa.
La Ley 2126 establece que “El defensor o la defensora de familia será competente respecto de cualquier forma de violencia sexual, sin distinción de quien cometa la vulneración. En caso de existir dentro del mismo núcleo familiar otros niños, niñas y adolescentes víctimas de violencias distintas a la sexual, el defensor o la defensora de familia asumirá competencia frente a todos ellos”.
Aunque este artículo no ha entrado en vigencia, Ana María Arevalo explica que llevan años atendiendo todos los casos de abuso. “Ahora por ley dice que son de atención del ICBF. Antes, la autoridad administrativa que conociera del caso tenía que hacer todo el proceso, fuera Defensoría o Comisaría”, resume.
Leonel Barreto aclara que si bien no han empezado a atender todos los casos de violencia sexual, ya ha habido un incremento en los que atiende en su despacho: “Creería en un 30% desde la sanción de la ley en 2021. Esto en relación con las ciudades donde convergen Defensorías y Comisarías. Es importante decir que los municipios donde no hay ICBF, por competencia subsidiaria, deben atender todos los casos los Comisarios de Familia”.
Decidir sobre la vida de les niñes
“A mi despacho llegan en un reparto, cada tres semanas, fácilmente 100 solicitudes de restablecimiento de derechos por vulneraciones o amenazas. También me llegan 30 o 40 solicitudes de otra clase, que no son conciliables. Es decir: 130 o 140 que hay que resolver en dos semanas”, cuenta Leonel. “Dos profesionales no pueden resolver 140 solicitudes, entonces comienzan a acumularse. Por eso hoy hay solicitudes de restablecimiento de derechos que tienen cinco o seis meses que no se han verificado” continúa.
Esto se traduce en cinco meses más de agresiones y riesgo, y como explicó Viviana Vargas: en vidas salvadas y vidas perdidas.
Leonel dice que su experiencia y agilidad en el cargo le permiten responder a las solicitudes sin retrasarse, pero lo que relata ocurre en muchos centros zonales del país, donde se suman denuncias de negligencia, falta de conocimientos y hasta crueldad por parte de estos funcionaries. La ex directora del ICBF, Cristina Plazas, avivó el debate en 2021 cuando en una carta dirigida al entonces presidente Iván Duque escribió que “hay Defensores de Familia criminales” y pidió al mandatario revisar las irregularidades en estos despachos.
Plazas hacía referencia a solicitudes de restablecimiento de derechos que tardan hasta nueve años en resolverse. “Muchos de ellos llegarían a la mayoría de edad sin que hayan sido puestos en adopción o regresado con sus familias”, explicó la ex directora a El Tiempo.
Mariana* es ejemplo de esta crueldad. Esta madre perdió la custodia de su hija, entregada por un juez de familia al progenitor y presunto agresor sexual de la menor. Cuestión Pública denunció su caso el año pasado, junto a otras 24 historias de mamás que perdieron a sus hijes en un proceso de conciliación manejado de manera irregular por las autoridades administrativas y judiciales que participaron.
Alicia*, la hija de Mariana, conoció a su papá cuando tenía tres años. Muy pronto Mariana empezó a sospechar de tocamientos indebidos. Los conflictos por la violencia que sospechaba escalaron, y en 2019 el progenitor y presunto abusador sexual hizo una solicitud de custodia. Este trámite, como explicó Leonel Barreto, es extraprocesal. Pero Mariana lo llevó hasta las últimas instancias, en un proceso de tres años con dos Defensoras de Familia, una Comisaria y, finalmente, una Jueza de Familia que falló a favor del padre.
En ese proceso Mariana debió enfrentarse al equipo de la Defensoría de Familia del centro zonal Barrios Unidos de Bogotá. No solo a la funcionaria que llevaba su caso, sino a la psicóloga que en varias ocasiones dijo que Alicia sufría el Síndrome de Alienación Parental, un concepto no reconocido por la OMS, MinSalud ni la Procuraduría, el cual argumenta que niñes que denuncian violencias en procesos de custodia están manipulades por la madre. Una sentencia de 2017 de la Corte Constitucional concluyó que apelar al concepto es problemático pues no ha sido reconocido como una patología.
Funcionaries del ICBF que atendieron el caso de Alicia, desde las dos Defensoras hasta el equipo psicosocial, atacaron a Mariana bajo este argumento y evidenciaron prejuicios de género. “Trataron de denigrarme y tratarme de loca, que no había superado una relación con el progenitor de mi hija”, cuenta Mariana. Hoy Alicia vive con su agresor, y Mariana está presentando pruebas en el proceso que adelanta en Procuraduría contra funcionaries.
“Ya llevo cinco días que no me permiten hablar con ella y en ningún momento la jueza me restringió las llamadas. Le dí un teléfono a la niña y no se lo dejaron tener”. Uno de los temas que más le duele a Mariana es que la salud mental de Alicia está comprometida. Lo último que hizo su progenitor fue quitarle dos de sus cuatro animales de apoyo emocional.
Una crisis de muchas capas
Ana María Arevalo explica que hace unos años les profesionales que integraban los equipos biopsicosociales de las Defensorías ni siquiera eran trabajadores del ICBF. “En 2011, Sintrabienestar logró que quienes hacemos parte de las Defensorías de Familia no fuéramos tercerizados. Antes contrataban un operador para que nos contratara a nosotros”.
Este es un escándalo paralelo que ha sido denunciado por años desde diferentes sectores: la tercerización de servicios que se está comiendo vivo al Instituto. Hace unas semanas, la representante Mafe Carrascal denunció un ‘cartel de la experiencia’: operadores que falsifican sus certificados para que el ICBF les entregue contratos millonarios sin estar cualificados para prestar, sobre todo, servicios de primera infancia.
“Esta práctica es sistemática. Certificando experiencia falsa llegan a la contratación pública operadores sin experiencia en primera infancia, lo cual es muy delicado porque se trata de la alimentación y el desarrollo de los niños y niñas más pobres del país”, nos contó la representante. “Seguimos recibiendo denuncias de lo que está pasando con la operación de la contratación del ICBF en las regiones y preparamos un control excepcional para el caso que expusimos en la plenaria de la Cámara de Representantes sobre el Magdalena”.
La contratación corrupta de operadores es otra prueba de que el ICBF no ha cumplido ni con la protección ni con lo relacionado a prevenir. “Es un problema estructural, histórico, no hemos sido capaces de proteger nuestras infancias, los niños y las niñas en Colombia han sido víctimas no solo del conflicto armado, también del sistema”, dice María Fernanda Carrascal. “El ICBF debería ser la entidad más importante del gobierno, y por ende, la más transparente, es un secreto a voces que siempre ha sido un fortín político”, concluye.
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