El corregimiento de El Salado está en alerta después de que varias mujeres y hombres fueran amenazados de muerte por las ‘Águilas Negras’. Dos de sus lideresas conversaron con MANIFIESTA sobre las violencias que regresan visiblemente a un territorio donde sus mujeres ya han sufrido los peores impactos del conflicto armado.
El 23 de diciembre de 1999, un helicóptero sobrevolaba El Salado y las veredas a su alrededor. Las y los habitantes de ese pueblo pequeño de la Costa Caribe colombiana se preparaban para las fiestas de final de año, cuando una lluvia de papelitos, que a lo lejos parecían confeti, cubrieron el centro de El Salado. Eran volantes que se desprendían del helicóptero que les vigilaba desde el cielo y que anunciaban uno de los peores crímenes de la historia de Colombia: “Coman, beban y celebren estas fiestas de fin de año, pues serán las últimas”.
El 16 de febrero del 2000, 450 paramilitares del Bloque Norte acabaron lentamente con la vida de 53 hombres y ocho mujeres en El Salado. La masacre desplazó forzosamente a 4000 habitantes del corregimiento y las veredas aledañas.
21 años después, el pasado 19 de enero, las redes sociales volvieron tendencia la población de apenas 5000 habitantes con el numeral #SOSElSalado. La razón fue la denuncia que hicieron sus líderes sociales sobre panfletos con sus nombres y sus fotos en ellos, amenazándoles de muerte junto con más habitantes. Los volantes llevaban la firma de las ‘Águilas Negras’, el grupo armado ilegal que tomó control territorial luego de que el Bloque Norte desapareciera.
Las denuncias se suman a un panorama escandaloso para las y los líderes sociales en el país. Tan solo el año pasado se registraron 135 defensoras y defensores de derechos humanos asesinados (119 hombres y 16 mujeres) y 90 masacres. De ellas, cuatro ocurrieron en el departamento de Bolívar: en Cartagena y en los corregimientos de Simití, Montecristo y Carmen de Bolívar, el casco urbano más cercano a El Salado.
Yirley Velasco y Lilia Torres están entre los nombres del panfleto. Las dos son sobrevivientes de la masacre del año 2000. Las dos ejercen liderazgo social entre su comunidad. La primera representa legalmente a la Asociación de Mujeres Sembrando Vida, sobrevivientes de violencia sexual de la masacre de El Salado y la segunda es lideresa de la Asociación de Mujeres Productoras y Dobladoras de Tabaco de El Salado (Asoprosal).
Yirley confirma la angustia de la población y las ganas que tienen de irse por temor a perder sus vidas. «Hace 21 años, en el 99, también lanzaron un panfleto donde nos decían que no sabíamos lo que iba a pasar y luego en el 2000 se vive la masacre que ya ustedes conocen”. Las amenazas no son algo nuevo para ella y su familia, quienes han interpuesto 14 denuncias por esta razón ante la Fiscalía en los últimos tres años. Una de esas denuncias logró dos capturas, pero a uno de los implicados lo dejaron libre. Esa vez Yirley decidió salir del corregimiento. Hoy cuenta con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El 16 de febrero se cumplen 21 años de la masacre de El Salado ejecutada por 450 paramilitares del Bloque Norte que cobró la vida de 53 hombres y 8 mujeres.
“Yo vine en el último panfleto porque se sabe que toda mujer que tenga una asociación u organización, desde que lidere su hogar, pues ya es líder», cuenta Lilia. En este momento, a diferencia de Yirley, Lilia tiene la protección que le puede brindar el pueblo. La Infantería de Marina es la encargada de hacer rondas por su casa las 24 horas del día. Sin embargo, sobre la Infantería recaen dudas razonables frente a su participación por omisión o colaboración con los paramilitares en la masacre de hace 21 años. Como tantas y tantos, Lilia también ha pensado en desplazarse, pero no es una decisión fácil: “Lo pienso mucho porque llegar a una ciudad y no contar ni siquiera con una vivienda, ni una fuente de trabajo… pues uno la tiene que pensar mucho”.
La violencia que Yirley y Lilia están enfrentando no se queda solo en las amenazas. Luego de que denunciaran públicamente las agresiones junto con más líderes sociales, el alcalde de El Carmen de Bolívar, Carlos Torres, dijo que Yirley estaba incluida en las amenazas por problemas personales, por ‘líos de faldas’, y que no eran amenazas serias. Para la lideresa esa revictimización por parte del alcalde es una muestra plena de machismo. “Hay muchos líderes hombres que están amenazados y ese era también el análisis que hacíamos ayer con mis abogadas y con el grupo de Sisma, que nos acompaña siempre», explica. «Él solo se dedica a mí, él me ha puesto el ojo a mí, a mi trabajo, a lo que estoy haciendo. Siempre ha dicho que el tema de mis amenazas son problemas interpersonales y líos de faldas”. Según Yirley, el alcalde sí pide a las autoridades tomar en serio las amenazas que son hechas a los hombres. ¿Por qué para unos si y para otras no?
Esta lideresa ya cuenta con un esquema de seguridad, una camioneta y dos escoltas, pero para ella la protección no se debe reducir a eso. “La seguridad es que yo pueda trabajar tranquila, que me garanticen seguir en el territorio. A mí me dicen que me van a sacar del país, pero yo digo: ¿Cómo voy a abandonar mi territorio?”. Por su parte Lilia, quizá como tantas más, se siente un poco más tranquila por la presencia de la Fuerza Pública que llegó unos días después de que se conocieron las amenazas. El pasado 24 de enero, después de que la Defensoría del Pueblo solicitara protección de les líderes al Ministerio de Defensa, este envió a El Salado más de 500 hombres y unidades aéreas y terrestres para monitorear la situación en el corregimiento y en la zona de Los Montes de María.
Las violencias basadas en género fueron (son) tácticas de guerra en los Montes de María
No es la primera vez que las mujeres son objetivo militar de los grupos armados. Como denuncia Lilia, cualquier mujer que toma el liderazgo dentro o fuera de su hogar o que pertenece a una organización o forma un colectivo es percibida como una amenaza en esa zona del Caribe colombiano. El año pasado, según el conteo que lleva Somos Defensores, 16 lideresas sociales fueron asesinadas. Una de ellas era Carlota Isabel Salinas, lideresa comunitaria de San Pablo, subregión de Los Montes de María, quien integraba la Organización Femenina Popular. Carlota murió asesinada por hombres armados cerca de su casa el 24 de marzo de 2020. Tenía 48 años, tres hijos y luchaba por los derechos de las mujeres impulsando proyectos productivos.
“La seguridad es que yo pueda trabajar tranquila, que me garanticen seguir en el territorio. A mí me dicen que me van a sacar del país, pero yo digo: ¿Cómo voy a abandonar mi territorio?”
Yirley Velasco, lideresa de El Salado, Bolívar.
Hace 22 años en los Montes de María hubo un ciclo de violencia que empezó en 1999 y se extendió hasta el año 2001. En ese periodo de tiempo, grupos paramilitares ejecutaron 42 masacres en las que asesinaron a 354 personas. Entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, la conocida masacre de El Salado tuvo lugar no solo en ese corregimiento, sino también en los municipios de El Carmen de Bolívar, Loma de las Vacas, Ovejas y otros corregimientos como Canutal, Canutalito, Pativica, El Cielito y Bajo Grande, en el departamento de Bolívar. En Córdoba, los victimarios alcanzaron a llegar a la vereda La Sierra.
Las masacres fueron una de las estrategias de control de los paramilitares en la disputa territorial que tenían contra el Frente 37 de la extinta guerrilla de las FARC. La mayoría de mujeres de esta zona tenían algo en común: ya se habían tomado los espacios públicos y eran lideresas comunitarias respetadas desde los noventa. El proceso organizativo Mujeres Unidas de El Salado es muestra de ello. No obstante, ese protagonismo en la esfera pública les costó a las mujeres de El Salado ser objetivo directo de las masacres, que en esa zona ya no solo incluían hombres, como sucedía en otros territorios, sino a las mujeres que también eran referentes dentro de la comunidad.
Para ellas había otras estrategias de control, como la violencia sexual vivida tanto en espacios públicos como al interior de sus hogares. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) “hubo un énfasis en la sexualidad cuando los paramilitares se refirieron a ellas, pues sus insultos y sus gritos se centraron en la vida íntima que compartían con los ‘enemigos’”.
El móvil central de las torturas en contra de las mujeres de esa época en El Salado resaltaba necesariamente sus roles sexuales: madres y compañeras afectivas, y por sus roles públicos como lideresas comunitarias. Una de las sobrevivientes de esa violencia sexual ejercida en la masacre del año 2000 fue Yirley. Ella asegura que el proceso de sanación de las mujeres de la zona no ha sido fácil. “Este episodio de violencia basada en género fue una estrategia que definitivamente utilizaron los grupos al margen de la ley para intimidar a la población: violar y torturar a las mujeres, marcarlas, empalarlas». La lideresa asegura que para las niñas de El Salado no ha sido fácil tampoco.
Desde Sembrando Vida, la asociación a la que pertenece Yirley, acompañan a las mujeres víctimas de violencia sexual e intrafamiliar en la activación de rutas y en el proceso de denuncia, pues los procesos de revictimización son muy comunes. “En las entidades siguen criticándonos, siguen diciéndonos: ‘Es tu culpa’, ‘era que estabas vestida de tal forma'». Aunque Sembrando Vida no cuenta con las profesionales ideales para hacer el acompañamiento, sí tienen alianzas con la Procuraduría, la Comisaría de familia y organizaciones como Sisma Mujer para que las víctimas que las busquen tengan una atención adecuada.
Por otro lado, Lilia desde ASOPROSAL trabaja junto con otras 13 mujeres desde 2012 para que las salaeras tengan un empleo con todas las condiciones laborales. Para ella, además de la violencia por parte de grupos armados, el problema que más está afectando al corregimiento es la falta de oportunidades laborales y de estudio. “No hay una fuente de empleo para las mujeres. Las niñas jóvenes terminan su bachillerato y se quedan aquí en el pueblo porque los papás no tienen pa’ enviarlas a la ciudad como Cartagena, a Barranquilla o al mismo Carmen de Bolívar para que estudien”.
Yirley añade que esa falta de oportunidades se traduce en afectaciones específicas para mujeres y adolescentes, y trabajan conjuntamente con ellas para “quitarles esa idea de los embarazos adolescentes, porque aparte de vivir la violencia, en la comunidad son muy pocas las oportunidades laborales y de estudio y eso también es violencia”. De acuerdo con el DANE, la última tasa de desempleo que registra el departamento Bolívar (2019) es de 7,5 por ciento para las mujeres frente a una tasa del 3,4 por ciento para los hombres. Más del doble.
La recuperación desde la resistencia de las mujeres
Para estas dos lideresas, la recuperación de estas violencias ejercidas sobre su población es posible, aunque las dos coinciden en que es un proceso complejo que requiere cumplir con varias condiciones. Para Yirley, la fuerza, la unión de la comunidad, pero, sobre todo, las entidades estatales juegan un papel fundamental en la reconstrucción de una población que ha sufrido dos desplazamientos forzados masivos: “creo sobre todo que si trabajamos en la reconstrucción del tejido social, se puede reconstruir una comunidad. Quedan secuelas, tengo que ser sincera porque quedan muchas heridas también, pero yo creo que la resiliencia y la resistencia de la comunidad también ha hecho que esto sea posible”. Lilia, por su lado, le apuesta a la no repetición: “Sí es posible que uno se recupere, pero si no se vuelve a repetir”.
Los helicópteros son ahora los mensajes de texto que llegan a sus celulares o a las redes sociales advirtiendo que les van a quitar la vida.
Lilia denunció las amenazas en su contra en el mismo grupo de Yirley. «Se hicieron las capturas y ya pensaba uno que ya eso iba a parar ahí», cuenta ella, «pero ya este año empezaron con las mismas amenazas y pues uno teme por su vida y la de la familia. Ajá, yo vivo con miedo”. Un miedo que llega como una evocación conocida para una persona que ha sido sobreviviente del conflicto armado. Una sensación que no debería sentir alguien jamás.
La resistencia de Yirley ha estado atravesada por una lucha constante contra las violencias basadas en género. “Enfrentarnos al machismo nos cuesta la vida», sentencia. «Hemos tenido compañeras que les ha pasado. Hay momentos en los que decidimos quedarnos calladas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A eso hay que hacerle frente, trabajarle a los hombres también, a los diferentes funcionarios, sobre todo a ellos”. Esa conversación con los hombres es esencial para ella: si ellos conocen mejor las problemáticas y los procesos organizativos propios de las mujeres, pueden dar el primer paso para su deconstrucción. Lilia, por su lado, considera que la resistencia de las mujeres de El Salado se cultiva en el campo: “Hay muchas mujeres que luchamos por todo. Acá más que todo lo que hay es mujeres luchonas, trabajadoras del campo, de las fincas”.
Las dos lideresas coinciden en que hubo un momento en el que El Salado pensó que podría vivir tranquilo, pero que desde hace tres o cuatro años la violencia volvió a pisar fuerte en el territorio. Para ellas, aunque algo tiene que ver el cambio de Gobierno de Juan Manuel Santos al de Iván Duque, la violencia simplemente se había apaciguado, pero nunca se fue del todo. Tienen miedo de que estos nuevos panfletos sean la antesala de otra masacre como la ocurrida en febrero del 2000. Los helicópteros son ahora los mensajes de texto que llegan a sus celulares o a las redes sociales advirtiendo que les van a quitar la vida.
Aunque el Gobierno Nacional ya mandó a la Fuerza Pública, las mismas lideresas y habitantes exigen que esta medida no se reconozca como la única para resolver una situación tan compleja en la que convergen distintas formas de violencia y distintos actores. “No solamente Los Montes de María, sino todo el país, necesita seguir apostándole a la paz”, afirma Yirley. “El Salado necesita que haya fuente de trabajo y que se esclarezca todo, que no haya repetición, ni un desplazamiento más. Eso es lo que necesitamos todos los salaeros”, concluye Lilia.
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