“Los derechos se conquistan en las calles”
Hace un tiempo Myriam Bregman dijo esta frase, una feminista de izquierda que recientemente quedó elegida como diputada nacional en Argentina. Esto es lo que estamos viviendo hoy en Colombia: desde hace más de un año el movimiento Causa Justa radicó ante la Corte Constitucional una demanda para llevar la lucha por el aborto a un nuevo nivel y exigir su despenalización total. Desde entonces, y sobre todo los últimos meses, nos hemos movilizado miles de mujeres, hombres trans, personas no binarias y demás personas gestantes, con el objetivo de que la Corte Constitucional acceda a eliminar el delito de aborto del Código Penal.
Después de tanta espera, conoceremos esta decisión entre el jueves y el viernes de esta semana.
Sabemos que son mayoritariamente las mujeres las que son atravesadas por esta lucha y, por ende, quienes la lideran desde hace décadas. Sin embargo, no se puede desconocer que otras personas gestantes también hemos participado activamente de ella. A pesar de esto, y por alguna razón, muchas veces ha sido evidente que nosotros y nosotres hemos quedado marginalizado(e)s del debate público e, incluso, del lenguaje jurídico sobre el aborto en Colombia. ¿Por qué?
En 2006 la Corte Constitucional de Colombia resolvió, en la sentencia C-355, que el aborto no es un delito en tres casos: cuando la continuación del embarazo constituye un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando existe una grave malformación del feto que hace inviable su vida y cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto. Esta sentencia fue un gran avance en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en Colombia. Pero olvidó algo: el resto de las personas gestantes. Nosotros y nosotres, las personas trans masculinas y no binarias, no fuimos nombradas en la sentencia y quedamos en un cierto limbo, o vacío legal, que tuvo y sigue teniendo efectos en el acceso que tenemos al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los tres casos ya legalizados por la Corte.
Ahora bien, es cierto que a través del mecanismo de tutela muchas personas trans y no binarias han logrado, después de 2006, que se les garantice el derecho a la IVE en los tres casos estipulados. El problema está en que muchas otras personas, sobre todo aquellas que viven en zonas rurales, se vieron obligadas a someterse a paternidades y embarazos forzados. ¿Por qué?
En la mayoría de estos casos los comités de ética de los hospitales y centros de salud centraban su argumentación en la sentencia C-355 de 2006, en la que el sujeto de derechos es la “mujer” e ignoraban sentencias como la T-363 de 2016, en la que se garantiza la protección del derecho a la igualdad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto absoluto por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual. En otras palabras: además de verse sometidas a las diferentes trabas -de las que también son víctimas las mujeres- para acceder al derecho a la IVE en nuestro ya violento sistema de salud, las personas trans masculinas y no binarias hemos tenido que luchar para que se nos considere sujetos de este derecho.
Según la primera encuesta realizada en el país a personas transmasculinas y no binarias, publicada este año por la Alianza Trans Abortera de Colombia, ATAC, y Profamilia, el 44 por ciento de las personas que necesitaron abortar considera que su identidad de género fue una barrera para acceder al servicio. El fanzine ‘Todes abortamos’, producido por el Laboratorio de Historias Poderosas de Chicas Poderosas, ahonda en estas barreras a través de personas como Daniel, víctima de múltiples violencias en Norte de Santander, entre ellas la violencia sexual por parte de grupos armados y someterse a una paternidad forzada.
Hacen falta más ejemplos que ilustren esta barrera que enfrentamos porque hace falta mucha información sobre nuestra experiencia. “No existimos en los datos y no es porque no hayamos existido, sino porque la imposición de género es binaria. No hay registros de personas trans que aborten porque en el registro para acceder a derechos de salud es M [Masculino] y F [Femenino]”, explica Marttín Junco en el fanzine, un activista trans no binarie, investigadore social y educadore comunitarie. “Cuando accedemos nos toca escoger y en el registro no hay opción de nada. Hay unos vacíos que no nos permiten existir en los registros, negándonos nuestra construcción identitaria”.
Ante este panorama la pregunta es: ¿De dónde viene esta marginalización en los debates jurídicos? Mi postura es que se debe a esta misma exclusión y marginalización del debate público y dentro del movimiento por la legalización del aborto en Colombia. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo: la exclusión en el debate público se traduce a la exclusión en el debate jurídico y así sucesivamente. Esto, que a ojos de muchos parece una nimiedad o un detalle a mejorar, tiene efectos en las experiencias de vida de personas trans masculinas, no binarias y demás personas gestantes que ya experimentamos, cotidianamente, injusticias estructurales y del sistema de salud en el país.
En la demanda de Causa Justa, por ejemplo, la mujer sigue siendo el único sujeto nombrado. Sigue sin haber un reconocimiento pleno de todo el resto de las de las personas gestantes que no nos identificamos como mujeres, pero que deberíamos estar incluidas en el proceso jurídico.
¿Por qué sigue pasando? Si bien hay varias colectivas, instituciones y medios de comunicación que ahora reconocen la lucha de proyectos como la ATAC, la participación de las personas trans masculinas y no binarias en el debate público del aborto sigue siendo mínima. Por ejemplo la campaña por redes sociales que ha liderado las últimas semanas Causa Justa no ha tenido en cuenta abiertamente a las personas trans masculinas y no binarias.
Además de sufrir esta marginalización y esta exclusión, las personas trans y no binarias en Colombia nos vemos sometidas a muchas otras injusticias estructurales que hacen que nuestro acceso al aborto sea mucho más difícil. Por una parte, la situación de pobreza en la que viven muchas de las personas de nuestra población impide, por ejemplo, que podamos acceder en muchas ocasiones a las afiliaciones a los servicios de salud. Y, cuando accedemos, nos enfrentamos a un desconocimiento completo por parte de los profesionales de la salud acerca de nuestras experiencias de vida. Por otra parte, hacen falta cifras y datos sobre nuestra población que nos permitan cambiar, a través de política pública, el acceso a nuestros derechos, incluido el del aborto.
En ese sentido, la inclusión de todas las personas gestantes en el debate público sobre el aborto es una reivindicación y una lucha, en términos de justicia social, que debemos fortalecer y garantizar. Mi propósito con esta columna es hacer un llamado ético-político a ampliar nuestro lenguaje en la opinión pública, pues, como pueden ver, la manera en la que nos nombran tiene efectos directos en nuestras experiencias de vida, las de las personas trans masculinas y no binarias, que en esta sociedad ya la tenemos bien difícil.
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Guillermo L. Acevedo es un hombre transgénero, filósofo, estudiante del doctorado en Bioética y de la maestría en Filosofía. Integrante del colectivo político La Creciente. Lo encuentras en Twitter por acá. Sigue a MANIFIESTA en Instagram,Twitter y Facebook.
