Quedan tres días para que termine el gobierno de Iván Duque y el volumen de las críticas es cada vez más alto. Las que más resuenan es que Duque deja un país desfinanciado en sectores como paz, salud e inclusión, y con mayores índices de violencia. Así lo reitera el informe realizado por la comisión de empalme del presidente entrante Gustavo Petro.
Las críticas relacionadas con lo que este gobierno significó para los derechos de las mujeres no han tenido tanta resonancia. Pero eso no quiere decir que Duque no haya dejado deudas por saldar en esta materia. Esto, a pesar de que la equidad de género fue otra de las banderas desdibujadas de su campaña.
Si bien hubo hitos históricos para nuestros derechos en el gobierno de Duque, como la Sentencia C-055 de 2022 que legalizó el aborto hasta la semana 24, no fue gracias a su voluntad política. Más bien fue un logro de los movimientos de mujeres como Causa justa y les magistrades de la Corte.
Por otro lado, asuntos como la prevención y mitigación de las violencias basadas en género, presupuesto destinado a la equidad de género, la gestión de la primera vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, y paridad política son puntos que quedan con deudas importantes para el gobierno que entra. En MANIFIESTA indagamos en seis de esos puntos cuyos pendientes repercuten directamente en las vidas de las mujeres y personas diversas.
Presupuesto para la equidad de género
En 2021 se registró que la plata para inversión en equidad de género se redujo a comparación de 2020. Esta medición se hizo gracias al trazador presupuestal de equidad de la mujer. Una herramienta creada en 2019 a partir de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del gobierno Duque.
El trazador sistematiza los planes, acciones y dineros de las carteras y entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), dirigidos a cerrar brechas de género. Estos los agrupa en: autonomía económica, violencias basadas en género, salud y derechos sexuales y reproductivos, educación y acceso a tecnologías, y participación política. Pero ni siquiera la mitad de las 158 entidades que reciben dinero del PGN cumplen registrando esta información en la plataforma. De 2020 a 2022 casi 42 entidades han hecho la tarea de dejar sus datos, así que estos podrían compararse en la debida proporción.
Hace un año, Duque declaró que el 50 por ciento del presupuesto anual del país iría dirigido a las colombianas. Ese día promulgó seis leyes centradas en temas como trabajo, emprendimiento y educación para las mujeres. Pero lo que evidenció el trazador es que la inversión fue del 0.21 por ciento del total del PGN, y no mejoró en 2022. Aún considerando el subregistro de las entidades, es un porcentaje muy alejado del que Duque anunció.
Si en 2021 la inversión de las entidades del Estado en materia de equidad cayó más de 250.000 millones de pesos, en 2022 se restaron otros 290.000 millones. Sorprenden datos como que el Ministerio de Relaciones Exteriores invierta menos de cuatro millones de pesos en equidad, destinados solo a participación política.
A pesar de que la inversión más grande es, de lejos, en el eje de autonomía económica y acceso a activos (2,1 billones de pesos), el DANE ha reportado de manera consistente la crisis de desempleo de las mujeres en el país. En 2019 registró un desempleo de 13.6% para las mujeres, frente a un 8.2% de los hombres. Para finales de 2020, la tasa de desempleo varió: 18,7% para mujeres y 10,2% para los hombres. Asimismo, la brecha que se mantuvo entre mujeres y hombres en 2021 fue de 6,2 pp. Actualmente, el desempleo entre mujeres es del 14.5 por ciento, y el de hombres es del 9 por ciento. La brecha se mantiene, así lo declaró la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer.
En materia de paz, Women’s Link reveló que durante sus primeros dos años, el gobierno de Duque solo implementó 20% de las medidas de género del Acuerdo Final. De seguir a ese ritmo, se necesitarían 251 años para cumplir las metas pactadas con las mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco del Proceso de Paz, según Verdad Abierta.
Avances en aborto
El pasado 21 de febrero, las mujeres y personas que gestan celebramos la sentencia C-055 de 2022, que despenaliza el aborto hasta la semana 24. Sin embargo, desde ese momento el gobierno de Iván Duque se ha pronunciado en contra. Esa misma semana, Duque apeló a la ‘Cosa juzgada constitucional’, refiriéndose a la sentencia de 2006. “Ya la Corte había establecido tres razones excepcionales para que se pudiera hacer una IVE», dijo.
Los ataques del presidente contra la sentencia se mantuvieron. Incluso en junio, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de derogar la sentencia Roe vs. Wade, Duque aprovechó para exigirle al Ministerio de Justicia que solicitara a la Corte escuchar a los sectores que piden tumbar la sentencia C-055 de 2022. Además, el presidente saliente declaró en la conmemoración de la libertad religiosa del pasado 7 de julio que “El derecho al aborto no existe en Colombia”.
Aunque el fallo es sólido y Colombia está lejos de un escenario como el de Estados Unidos, preocupa que no cuente con la voluntad de este gobierno en su implementación. 100 días después del anuncio de la Corte, Causa Justa publicó un informe que indaga en las barreras que persisten luego del fallo: el desconocimiento de la Sentencia C-055 y la desinformación a las mujeres que buscan acceder al derecho por parte de las EPS y el personal médico, la solicitud de requisitos innecesarios y dilaciones de las EPS e IPS para hacer la IVE en las primeras 24 semanas. También el uso inconstitucional de la objeción de conciencia y las violencias y tratos discriminatorios en los servicios de salud.
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
Para Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, “se demostró que la figura de las Altas Consejerías es inútil, pues se convirtieron en oficinas diagnósticas. Pero ya la sociedad civil ha diagnosticado suficiente los problemas de las poblaciones”. ¿Qué tan significativa ha sido la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer estos años?
Hoy hay 11 Consejerías Presidenciales. En 2021 se eliminaron 3 por decreto por austeridad del gobierno. Esa decisión dio a conocer que dichas entidades, adscritas al Departamento Administrativo de Presidencia, le costaron 232.000 millones a la nación el año pasado.
En el caso de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, sus objetivos van desde asistir el diseño de políticas públicas y velar por su coordinación, hasta establecer alianzas con todos los sectores e impulsar estrategias culturales y artísticas en favor de la equidad y el empoderamiento de las mujeres, junto a la presidencia y la vicepresidencia. Sin embargo, cuando se eliminaron las tres oficinas, varios medios aseguraron que el trabajo de esta consejería ha sido insuficiente. Esto porque el gobierno nacional ni siquiera veló por mantener la paridad en su gabinete, una gran promesa de su campaña.
Asimismo, la consejería no acompañó el trabajo de la Comisión de la Verdad, que inició en 2018 e incorporó el enfoque de mujeres y personas LGBTIQ+ en sus procesos. La consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, justificó esta ausencia en medios. “Nunca nos invitaron, fue un ejercicio donde no se tuvo en cuenta a la Consejería”.
Para Olga Amparo Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer, uno de los principales problemas de esta consejería es que perdió mucha institucionalidad. Esto debido a que “El perfil lo asumió la vicepresidenta”. Para ella esto hizo que la consejería perdiera liderazgo.
A pesar de esto, Olga Amparo reconoce algunos esfuerzos: “Las alcaldías o gobernaciones apoyaron esta iniciativa de las Casas de Mujer Empoderada”. Marta Lucía Ramírez las define como espacios “Con asesoría psicológica, consultorios jurídicos, formación tecnológica y acompañamiento en los planes de negocios para tener un país de emprendedoras”. Afirma que han llegado a 37 puntos y quieren dejar 50 casas a fin de año.
Otro logro tiene que ver con la aprobación del documento CONPES 4080 que consigna la ‘Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres: Hacia el Desarrollo Sostenible del País’, en abril. El reto de la ejecución queda por entero en manos del gobierno entrante, con un presupuesto de 47,9 billones de pesos asignados para los próximos ocho años.
Violencias contra las mujeres
Aunque siempre es complejo hablar de la cantidad de feminicidios en el país por la diferencia en los números y el subregistro que persiste cada año, las cifras indican que los feminicidios aumentaron durante el gobierno de Iván Duque, a pesar de que una de sus banderas era la prevención y reducción de estas violencias.
Según datos de la Fiscalía, los feminicidios pasaron de 157 en 2018 a 230 en 2019 (46,49% más), luego 190 en 2020 y 198 en 2021. Según datos de la Fundación Feminicidios Colombia, en la primera mitad de 2022 se han registrado al menos 129 casos de feminicidio y la Red Comunitaria Trans ha registrado al menos 12 transfeminicidios. De marzo a mayo, registramos al menos 70 feminicidios en nuestro conteo mensual de MANIFIESTA.
Además Medicina Legal reportó en sus Forensis 49.026 casos de violencia de pareja en 2019, 30.558 en 2020 y 40.058 en 2021. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo registró al menos 35 transfeminicidios en 2021. Según la misma entidad, en ese año, y lo que va de 2022, se han registrado al menos 248 casos de violencia contra personas LGBTIQ+.
En cuanto a lo que tiene que ver con violencias contra las mujeres rurales, la agencia de la ONU reconoce el incremento de la violencia en estas zonas del país, la cual “Está teniendo un impacto devastador, especialmente entre las mujeres, los niños, los afrodescendientes, los líderes comunitarios, los pueblos indígenas, y los defensores de los derechos humanos”. Por esto le exige al gobierno de Petro llegar a tomar “medidas urgentes”.
Olga Amparo coincide, y aclara que desde la Casa de la Mujer se refieren a “Violencias contra las mujeres en sus diversidades identitarias y sexuales”. Para ella, “Hay factores que ponen a ciertos colectivos de mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad y a vivir violencias”, por ejemplo relacionadas con economías ilegales.
“Este gobierno se rajó en violencia contra las mujeres y no solo tiene que ver con el incremento de las cifras”, asegura. “La debida diligencia que tiene el Estado de investigar sancionar prevenir y proteger está en déficit”. Olga Amparo indica que la impunidad bordea el 99%. “El mayor registro de feminicidios habla de una deficiencia de protección y atención: un porcentaje muy alto de mujeres que son víctimas de feminicidio, han acudido a la institucionalidad a pedir medida de protección. Son muertes anunciadas”, afirma.
La activista también denuncia la no operación de este gobierno en lo que tiene que ver con ocuparse de los efectos que tiene la violencia contra las mujeres, sobre todo lo que se relaciona con el acompañamiento psicosocial, el cual califica de “Muy deficitario”. Algo que espera que cambie en el gobierno entrante de Petro.
Gestión de la primera vice del país
“Me queda la satisfacción del deber cumplido. Dejamos un legado a los colombianos”, dijo a medios Marta Lucía Ramírez, quien también fue canciller durante parte del gobierno de Duque. Ella fue la cabeza visible de las políticas públicas para el avance de los derechos de las mujeres y cierra este gobierno con una imagen desfavorable del 53 por ciento y una imagen favorable de 22 por ciento, según la encuesta Pulso País, publicada por W Radio.
Una persona que pudo ver de cerca la gestión de la funcionaria porque trabajó en ONU Mujeres, que abarca a 25 departamentos y fue un enlace clave para las acciones de la vicepresidenta en los territorios, afirma que la voluntad para avanzar en los derechos de las mujeres no faltó. “Yo puedo dar fe de que hubo un interés genuino por parte de ella y de su equipo (…), y por eso mismo pienso que el problema de ella no era de no querer hacer las cosas, sino de su enfoque de seguridad”.
Lo primero que aclara es que toca tener claro cómo funciona la implementación de la política pública. “En gran parte, depende de los recursos de las entidades territoriales. Quién esté en la vicepresidencia tendrá esa limitación, sea Francia o sea Marta Lucía”. A la última se le facilitaba el tratamiento con las entidades territoriales de corte uribista, afirma esta fuente, quien recalca lo clave de esta relación para implementar la política pública.
Asimismo, esta persona afirma que “Me parece que era muy lejana al movimiento social de mujeres y diversidades. Sin esa cercanía con el movimiento es muy difícil implementar la política”.
Recientemente en medios, Marta Lucía destacó varios programas en los que trabajó durante este gobierno relacionado con derechos de las mujeres: las Casas Mujer Empoderada mencionadas anteriormente, la Escuela de Formación Política y liderazgo para mujeres y el Fondo mujer emprende, que según sus datos logró impactar a casi dos millones de mujeres en áreas rurales.
Frente a este último proyecto, Olga Amparo afirma que “Destinaron 1.000 billones de pesos para proyectos de emprendimiento de las mujeres. Pero unos proyectos que no generan competitividad en el mercado y que no le genera a las mujeres acumulación de capital. (…) Ahí hay un déficit grandísimo… son como proyectos económicos pobres para mujeres pobres, para que sigan subsistiendo en la pobreza”.
Para quien trabajó en ONU Mujeres, el enfoque que le dio la Vice al empoderamiento económico de las mujeres es muy cuestionable. “Lo que yo vi al final (…) es que eso se usó para buscar promover política, volverse a reelegir, gobernadores… en fin”.
Esta misma persona afirma que el trabajo central de la vicepresidenta tuvo que ver con fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad de las mujeres. “Quiso prestar buenos abogados, recursos técnicos a las entidades territoriales. Pero el problema de justicia y mujeres es más estructural”, explica. Estos apoyos se dieron en un contexto de congestión judicial y desconocimiento de las violencias basadas en género. En ese sentido, “No importa qué tanto apoyo técnico le des a las entidades territoriales. (…) el sistema de Justicia está totalmente caído y el tema no pasa de la denuncia”.
Asimismo, reconoce que la Vice también trabajó en el monitoreo de las violencias contra las mujeres y revivió el Observatorio de Asuntos de Género a nivel nacional, pero las entidades territoriales no accedieron a esta información por falta de recurso humano, dinero, etc.
¿Qué hizo falta? Muchas cosas. “Toda la política nacional de equidad de género en todas sus dimensiones. Todo el tema de discriminación en todos los aspectos. Nada se hizo (en ese aspecto) sino que todo se enfocó a esta lectura neoliberal de la violencia basada en género”, explica nuestra fuente. “Que es como todo lo que es violencia física. (…) Si no hay atención en violencia psicológica y económica, todo eso se queda en la nada”, asegura.
Paridad
A inicios del año, organizaciones como Fundación Artemisas, Dejusticia, Sisma Mujer, Humanas, y la Red Nacional de Mujeres, denunciaron que el gobierno de Duque estaba incumpliendo con la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas. Esta exige que al menos el 30% de los cargos de máxima decisión en el gobierno sean ocupados por mujeres.
La paridad fue una de las promesas del gobierno Duque, y tampoco se cumplió. En su Plan de Desarrollo, y en el Decreto 455 de 2020 incluyó metas de equidad de género que exigían la cuota como una norma, afirma la Fundación Artemisas en su más reciente informe. Este analiza si Duque se rajó en términos de paridad.
Este tiene hallazgos muy dicientes. Por ejemplo: De 19 cargos principales en la Casa de Nariño, solo siete están ocupados por mujeres. Asimismo, de 37 viceministerios, solo 11 son de mujeres. Y de seis departamentos administrativos solo Prosperidad Social está dirigido por Susana Correa Borrero. También, afirma Artemisas, de ocho unidades administrativas especiales sin personería jurídica solo tres estuvieron dirigidas por una mujer. Asimismo, en el organigrama del Ejecutivo aparecen varias entidades adscritas encargadas de atender funciones administrativas y prestación de servicios públicos. Estas entidades representan 87 puestos, de los cuales apenas 17 están ocupados por mujeres. Entre otros hallazgos.
“Este balance responde a la falta de compromiso por parte del gobierno nacional saliente para garantizar la paridad universal en los altos cargos de nivel máximo decisorio”, afirman Artemisas. En el informe del comité de empalme sobre derechos de las mujeres, el cual presenta los retos y exigencias para los primeros 100 días del gobierno que entra, se afirma que en esta materia “se requiere revisar y fortalecer la estructura del Plan de Promoción a la Participación Política de las Mujeres y las Escuelas de Formación Política que ha desarrollado el Ministerio (del Interior). Las cuales resultan de poco impacto para la garantía de este derecho”.
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