Sobre la mesa del magistrado de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, y la Magistrada Paola Meneses, hay una botella de agua transparente que se ve un poco diferente a las que se pueden comprar en las tiendas del país.
La imagen no sería digna de ser contada, si no fuera porque esa agua embotellada, limpia, viajó más de 1,029 kilómetros desde las pilas públicas de los cinco módulos de agua potable liderados por mujeres wayúu en la alta y media Guajira, nacidos del proyecto ‘Guajira Azul’. Esta fue la promesa de Duque para llevar agua potable a gran parte de ese departamento, donde pensar en agua para consumir sigue siendo una fantasía.
Esa botella de agua protagonizó la audiencia que se llevó a cabo el pasado dos de agosto en el Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá. Se trató de un seguimiento a la ejecución de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte. Ese año, el alto tribunal declaró un Estado de Cosas Inconstitucional en La Guajira, con enfoque en la violación de derechos de las infancias wayúu. Esto implicó establecer una ruta entre varias entidades con un plazo de ejecución de seis meses, para superar la emergencia. La prioridad: lograr acceso a agua potable.
Las dos lideresas que trajeron esa botella de agua a les magistrados también protagonizaron la audiencia. Lograron el espacio presencial con el ahora ex viceministro de agua y saneamiento básico, y una cara principal del proyecto de pilas, José Luis Acero. Lo que buscaban era venir a defender su liderazgo en el proyecto que, aseguran ellas, le ha cambiado la vida a miles de indígenas wayúu en zonas rurales y apartadas del departamento.
“Nuestro sentir es de regocijo y gratitud. En el departamento de la Guajira queda sembrada la semilla de progreso para la comunidad y un modelo exitoso de abastecimiento (…), porque diariamente se le está dando cuatro pimpinas a cada familia todos los días (…)”. La primera en hablar fue Carmen Barliza, de 65 años. Carmen es una autoridad tradicional wayúu que lidera el módulo de Casa Azul en Manaure, Alta Guajira, el piloto del programa, que abrió en 2018.
La gratitud a la que se refería Carmen iba dirigida a Acero y su equipo, que al final del gobierno de Duque cumplió con apenas 5 módulos de los 19 que se habían prometido en toda La Guajira. Estos benefician al 22% de la población rural.
“De verdad, desde el corazón de cada una de las 81 comunidades (…) nosotros podemos dar fe de cómo esto nos ha generado cambios en la vida cotidiana, de cómo las mujeres wayúu han dicho con lágrimas en los ojos, y se me entrecorta la voz de decir que ya no tenemos que acudir a centros médicos, porque el agua sí nos ha mejorado eso”. Envuelta en su manta de color blanco, aguamarina, morado y amarillo que le llegaba hasta el piso, Aleida Tiller cortó su frase por las lágrimas que le brotaron frente a les magistrados. Esta lideresa wayúu, de 35 años, dirige desde 2021 el módulo de Sararao, en Maicao, el cual tiene cinco pilas que distribuyen el agua potable que beneficia a 7.770 personas.
Ese día, la voz de Carmen y Aleida, y esa botella de agua, fueron el relato vivo de la resistencia de cinco mujeres wayúu en total, que desde 2018 unieron sus caminos para liderar la gobernanza del agua potable en la alta y media Guajira, cada una desde el manejo de su módulo. Fueron designadas para esta misión por las autoridades tradicionales de sus comunidades, y desde entonces sus labores van desde gestionar el dinero asignado a cada punto de agua, los pagos para los operadores que trabajan con ellas, hasta presionar a alcaldías para los fondos, luchar contra los detractores de su comunidad y, sobre todo, encargarse de que los habitantes de su zona accedan al bien más escaso de este departamento.
Desde hace unos meses, defender el lento avance de este proyecto se ha convertido en una misión adicional para ellas, quienes alegan que las entidades, los medios y las ONGs que denuncian el poco progreso de Guajira Azul, no se han tomado el trabajo de conocer por su cuenta lo que pasa en cada módulo y cada pila. Su unión cobra una nueva importancia, de cara al nuevo gobierno y la incertidumbre sobre la continuidad de este proyecto que ellas defienden.
En MANIFIESTA hablamos con ellas para entender cómo el tejido entre mujeres wayúu se ha convertido, en los últimos años, en un eje fundamental para acceder y mantener el acceso al agua limpia, en un departamento donde, por años, el arroz ha sido verde, no por echarle vegetales, sino por el agua con el que se cocina.
Las custodias del agua potable en la Guajira
“Nosotras las mujeres hemos tomado la sartén por el mango para ver si lo logramos”, afirma Carmen. Esta importante líder cuenta que las cinco fueron elegidas de manera democrática por las autoridades tradicionales de sus comunidades: “Ellos fueron los que tomaron la decisión”.
Carmen cuenta que, muchos años atrás, la búsqueda de agua era un esfuerzo conjunto entre hombres y mujeres por igual. “Nos tocaba antes labrar la tierra y buscar el agua, hacer un hueco para hacer llorar a la Tierra”. El llanto que brotaba no era potable. “Lo buscábamos hombres y mujeres por igual: ellos cavaban con pico, la mujer cavaba en la tierra con la mano o con un pote sacaba la arena para que el hombre siguiera labrando”.
Esta dinámica cambió para algunas zonas de la parte rural del departamento con Guajira Azul, que básicamente creó varios puntos llamados módulos, que funcionan como contenedores gigantes de agua procesada. Esta se reparte de ahí a través de pilas públicas. En cada pila, las personas llegan con pimpinas, o cualquier envase a recoger el agua potable para su hogar.
Coordinar esta entrega, entre muchas otras labores, está a cargo de las cinco mujeres wayúu. Con la llegada del agua potable a algunos territorios, ellas fueron apropiándose orgánicamente de un rol que custodia la operación y el acceso al agua potable, vital para el buen vivir de su pueblo.
En el caso de Carmen, que lidera el primer módulo creado, el de Casa Azul, “La sacan de ahí para repartirla a las seis pilas públicas en un carro tanque (…). A mí me dieron una donación de bicicletas, donde los usuarios llegan en bicicleta a recoger el agua en pimpinas porque Casa Azul donó las pimpinas, ya he hecho dos donaciones”.
Aparte de este módulo, que está en Manaure, funciona el de Wimpeshi entre Maicao y Uribia, que lidera Laizle Lizarzabal; Sararao en Maicao, que lidera Aleida; y Amalipa, entre Maicao y Uribia, que lidera Oneida Fernández. Cada una de ellas dirige una asociación que es prestadora del servicio en cada módulo.
Allí, día a día estas mujeres lideran desde procesos administrativos hasta averías que no faltan en el proceso de repartición e incluso enemigos del proyecto de pilas públicas entre la misma comunidad wayúu. “Yo tengo mi administrador y una nómina con los seis operadores que trabajan en mi módulo”, cuenta Carmen sobre su rutina. “A mí me toca gestionarlos, tener reuniones, gestionar el dinero que me manda el Ministerio que nos envían mensualmente para abastecer la planta”.
Para Laizle por su lado, del módulo de Wimpeshi, un día normal incluye “Estar pendiente de que el operador esté cumpliendo con sus funciones, de que el conductor esté haciendo las rutas, de que la auxiliar esté pendiente de que se hagan todas las pruebas de calidad de hierro”, entre otras funciones, como por ejemplo, hacer un reporte a fin de mes y hacer las cuentas de cobro que luego envían a las alcaldías.
María Isabel Cabarcas, emprendedora social, directora de la fundación Compartamos la Felicidad y docente, quien acompañó a Carmen y Aleida a hablar ante la Corte, asegura que desde que existen los módulos, se han convertido en “Una plataforma de reivindicación” para las mujeres wayúu, “En la medida en que un rol tradicional ha evolucionado hacia un rol posmoderno que está asociado a la generación de aportes desde el buen vivir del pueblo wayúu, en alianza, con otros actores”. Para ella, que se postulen mujeres a estos cargos de liderazgo, y que sean elegidas entre la comunidad. “Está dando un muy buen mensaje de cómo la confianza se deposita y como el rol de la mujer es sagrado por naturaleza (…), en la cosmogonía wayúu existen las mujeres como guardianas naturales de la vida”.
La juntanza entre estas cinco líderes se ha dado de manera orgánica, a través de capacitaciones y rendiciones de cuentas, y también por necesidad, dice Aleida, pues el tema administrativo con las alcaldías ha sido muy difícil y juntas “Es más fácil hacer presión”. Esta líder explica que los “Funcionarios que están en áreas administrativas hacen que los procesos sean mucho más demorados”. Por eso, para acelerar el desembolso de dineros para los módulos, entre otras cosas, “Nos citamos las tres (Carmen, Oneida, Aleida) para llegar juntas y cuando no nos quieren hacer caso amenazamos con paro porque es la única forma en la que una puede acceder”.
La juntanza de estas guardianas wayúu es constante, a pesar de la distancia entre cada módulo. En el territorio que cada uno lidera, las funciones de estas mujeres están claras ante la comunidad, que avalan sus labores y eso hace que sigan confiando en el proyecto. “Estos roles tan esenciales para la supervivencia cultural del pueblo wayúu probablemente no eran tan visibles como hace 50 años”, explica María Isabel, para quien “Poder ver hoy una estructura elevada que parece un oasis en medio de una comunidad wayuú, y que además está siendo liderada por estas mujeres, es inspirador”.
Una promesa a medio camino
“De 2010 no volvió a llover hasta 2016. Todos los jagüeyes (almacenamientos de agua artesanales) estaban secos. Había niños que habían nacido y no conocían la lluvia”.
Aleida se refiere a la gran sequía que duró seis años en La Guajira, y que se llevó la vida de más de 5.000 niñes, según asociaciones de autoridades tradicionales indígenas. Las temperaturas en el territorio varían entre 35 y 42 grados, un calor que sin agua se vuelve mortal. “El proyecto Guajira Azul nace de un paro general por toda la Guajira”. Aleida recuerda la época, 2015 dice ella, año en la cual se reunieron las autoridades del territorio y movilizaron a su pueblo para protestar por la profunda crisis que estaban atravesando, empeorada por la larga sequía. “Se tomaron las vías, era un punto clave de interés nacional porque por ahí pasa el cerrejón, y ese era un telefonazo al presidente”.
La crisis de la Guajira llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual pidió al gobierno colombiano explicaciones sobre las medidas que había tomado para atender la crisis de sus habitantes.”Se llama la atención del estado y se le dice que aquí está pasando algo muy delicado, no solo hay que prestarle atención sino que hay que accionar”, cuenta María Isabel.
Estos años de crisis, desnutrición, deshidratación y mortalidad infantil, llevó al fallo de la Sentencia T-302 de 2017, que ordenó la creación de un plan de seis meses para “Adoptar las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niños y niñas de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu”.
Justo después llegó el gobierno de Duque, quien buscó darle cumplimiento a esta sentencia en su gobierno con el proyecto Guajira Azul, su gran bandera en el departamento que ya estaba atravesando su conocida crisis institucional, ejecutado por el ex viceministerio del agua. En su lanzamiento, se prometió una inversión de 420 mil millones. Asimismo, el ex presidente prometió aumentar la cobertura de agua potable en la zona rural del cuatro por ciento de ese entonces al 70 por ciento. El 96 por ciento restante de ese entonces obtenía agua no apta para consumo a partir de “Pozos profundos, molinos y jagüeyes”, explica Aleida.
En las últimas proyecciones del viceministerio, se habla ya no de 19 módulos proyectados, sino de “24 módulos, con 130 pilas públicas por $172 mil millones y con 146 mil beneficiados”. Sin embargo, hasta ahora se ha cumplido con “5 módulos, con 22 pilas públicas terminados, por $25 mil millones y benefician a más de 30 mil personas”.
Según información de la misma entidad, la financiación para la construcción de los módulos se reparte entre plata de los municipios y el departamento administrada por la nación (otra exigencia de la sentencia), crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), obras por impuestos, sector privado y cooperación internacional. Para la operación de cada módulo, el dinero proviene del Sistema General de Participaciones indígena o SGP, los recursos que la Nación transfiere a departamentos, distritos y municipios. “Cuando las asociaciones pasan la cuenta de cobro, las alcaldías tendrían que pagar el 100%, pero depende de los acuerdos que hagan los consejos en cada municipio”, explica ella. Esto hace que el depósito de ese dinero sea más, o menos, complicado.
Ni el número de pilas, ni la cantidad de inversión, ha sido suficiente para el cubrimiento necesario. Según La Silla Vacía, “El problema principal es que la cobertura de las pilas del gobierno es escasa. Las cinco pilas que se entregaron en el marco de Guajira Azul solo benefician a 30 mil personas de las 503 mil que viven en zona rural”. El ahora ex viceministro Acero responde que “Hay que tener en cuenta que se metió la pandemia y que retrasó parte de la ejecución de esos proyectos que nos ayudaban a tener un avance en los indicadores”. Adicional a eso, proyectó un acceso para la ruralidad del 60 por ciento para antes de diciembre.
Ante este objetivo, Carmen y Aleida niegan con la cabeza. Son conscientes de que no van a llegar a ese nivel de cobertura antes de finalizar el año. Aún así, las mujeres de cada módulo defienden activamente el progreso logrado en estos años del proyecto, sobre todo por lo que ha significado para la población beneficiada. “Algunos escépticos han dicho que es para ver cómo fracasan los wayúu. Otros muy positivistas dicen que es la primera vez que nos entregan algo en las manos. Está en nuestras manos dejarlo caer”, dice Aleida, que tiene mucha expectativa sobre cómo el gobierno entrante le va a dar continuidad al proyecto. “No sé cómo vamos a quedar con ese nuevo gobierno, no nos hemos sentado a hablar. De hecho la idea de llegar acá es que no se pongan a ensayar. Existe un proceso que ya viene adelantándose. Si lo tienen que mejorar, mejórenlo”.
Defender la gobernanza wayúu del agua ante la Corte
Antes de la audiencia ante el alto tribunal, Carmen explicaba su presencia en Bogotá de manera concisa: “Yo vengo a exponer lo que yo estoy haciendo: trabajando y cumpliéndole a las comunidades que tengo dentro del proyecto, no lo he desamparado”.
El ex viceministro logró el espacio presencial para ambas líderes, quienes trajeron una placa de agradecimiento para él por el proyecto y botellas de agua traídas de sus módulos con marquillas de sus asociaciones, entre otras cosas. “No era lo mismo participar virtualmente que venir presencialmente”, asegura Aleida, quien hizo énfasis en que este proyecto tiene muchos detractores que, según estas líderes, participaron en la audiencia.
No es de extrañar, pues gran parte de la población wayúu ubicada en la ruralidad aún no se beneficia del proyecto. Luego de la sesión de seguimiento ante la Corte, el magistrado Reyes informó que iban a solicitar la intervención de la Fiscalía para poner la lupa sobre el dinero invertido en la implementación de la sentencia. En los últimos días, la senadora indígena Martha Peralta, confirmó que se aprobó, en plenaria del senado, la creación de una comisión para hacerle seguimiento a la sentencia.
Ese día, Carmen y Aleida, en representación de sus compañeras, expusieron lo que ha sido su vivencia en los últimos años con la llegada del agua potable a parte de sus territorios. Y aunque son conscientes del camino que falta con un proyecto que el gobierno anterior dejó incompleto, querían dejar claro ante les magistrados que su trabajo se ha cumplido y que “Las pilas están funcionando, pero que también hay unos retos y procesos que mejorar”. Sobre todo, viajaron de sus territorios en la Guajira hasta la capital, para dejar muy claro que ellas, más que cualquier medio, ONG o entidad gubernamental, son quienes mejor conocen la realidad cotidiana de lo que está pasando en la Guajira rural desde que llegó la posibilidad del agua potable a su tierra.
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