El pasado 13 de mayo, dos semanas después del inicio del Paro Nacional, se hizo público un caso de violencia sexual policial en Popayán: Una menor de 17 años se quitó la vida luego de denunciar que varios policías abusaron sexualmente de ella.
El día anterior, cómo quedó constatado en video, agentes del Esmad la detuvieron de manera arbitraria. Iba para la casa de un amigo y quedó atrapada entre las manifestaciones, contó en su denuncia publicada en redes sociales. Decidió grabar.
Minutos más tarde, varios agentes se la llevaron contra su voluntad hacia una URI (Unidad de Reacción Inmediata). Allí la violentaron. El caso levantó una nueva oleada de indignación en un país que ya creía haber llegado al límite de su dolor.
Las feministas fuimos las primeras en exigir respuestas a la institución. Luego hubo presión social de más sectores. ¿Qué respondió la Policía? El general Ricardo Alarcón, comandante de la regional número 6, dijo que la información era falsa. La Fiscalía General ya desmintió la respuesta y abrió una investigación contra los agentes involucrados.
La organización Temblores ONG registra al menos 16 casos de violencia sexual durante estas dos semanas de Paro Nacional, con corte al 13 de mayo de 2021. Por su lado, la Defensoría del pueblo publicó ayer un comunicado donde registran al menos 87 casos de violencias basadas en género en el marco de las movilizaciones.
Esto, sumado a los reportes de la ONG: 2110 casos de violencia policial en apenas 16 días de movilizaciones, que incluyen 39 personas asesinadas.
Este Paro Nacional ha sido la evidencia indiscutible de que la Policía es una bomba de tiempo en explosión. El año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia protegió por sentencia el derecho a la protesta pacífica, señaló que las violaciones a los derechos humanos por parte del dispositivo policial son sistemáticas. Es decir, esto no se trata de unas cuantas ‘manzanas podridas’.
“…Una amenaza seria y actual el comportamiento impulsivo de la fuerza pública y, en especial, del Esmad, quien ha desconocido abiertamente, no sólo sus propios manuales, sino también, principios y valores de rango constitucional», dijo en ese entonces la Corte.
Desde movimientos sociales, desde los medios de comunicación, desde sectores políticos y desde las altas cortes colombianas se ha señalado, durante años, la violencia policial y su sistematicidad. Hasta que llegamos a este punto, con decenas de personas asesinadas en el marco de la protesta social en menos de 20 días.
¿Qué nos trajo hasta aquí?, ¿Cuáles problemas enfrenta la Policía colombiana?, ¿Qué reformas deberían hacerse y por qué no se han hecho? En MANIFIESTA exploramos las respuestas a estas preguntas desde las voces de expertxs y feminismos diversos, que desde hace mucho tiempo vienen advirtiendo sobre esta bomba de tiempo y exigiendo su reforma, o desmonte, cada vez con más fuerza.
No hay reforma que valga sin cuestionarse antes el discurso
La evidencia desplegada de brutalidad policial que hemos visto estos días a través de redes sociales y medios que se han puesto a la tarea de corroborarla y registrarla, contrasta con la respuesta de un gobierno que en vez de reconocerla, argumenta que hay vándalos y terroristas detrás de la movilización social, que buscan desestabilizar la convivencia.
La narrativa que varios funcionarios del gobierno han expuesto durante las manifestaciones continúa siendo esa lectura maniquea de héroes y villanos a la que estamos acostumbradxs en Colombia.
«60 años de conflicto armado, de ver un enemigo interno, ha influido en todo esto», afirma Francia Márquez, lideresa afrofeminista y precandidata presidencial por el movimiento independiente Soy porque somos. «Incluso después de haber firmado un acuerdo de paz, eso es lo que hemos visto en las calles: creen (los policías) que se enfrentan con un actor armado».
Y dentro de ese gran espectro que es ‘el enemigo’, no solo caben los hombres jóvenes, que son la gran mayoría de las víctimas de la violencia homicida policial, sino también las mujeres, quienes recibimos un castigo diferenciado.
«El abuso a las mujeres tiene que ver con que con los hombres ejercen otras violencias y con las mujeres violencias sexuales. Es un ejercicio de imposición, de represión» afirma Natalia Fernández, indígena feminista del pueblo Yanacona del Cauca. «Mediante el miedo y el amedrentamiento buscan que las personas no lo vuelvan a hacer».
Según el informe ‘Bolillo, dios y patria’ realizado por Temblores ONG, Entre 2017 y 2019, Medicina Legal registró 102 casos de violencia sexual cometidos por la Policía Nacional. El 80.4 por ciento de las víctimas de violencia sexual de la Policía son mujeres.
«60 años de conflicto armado, de ver un enemigo interno, ha influido en todo esto».
Francia Márquez, afrofeminista y precandidata presidencial.
Para Natalia, esa visión maniquea no solo ha tenido consecuencias en la relación entre la Policía y las mujeres, sino el accionar de la institución contra el pueblo indígena. «La Policía ha desdibujado ese rol que tiene de mediar en la ciudadanía, dada las condiciones de guerra de Colombia».
Ninguno de los encuentros que ha tenido la Minga de su pueblo con la Policía ha incluido diálogo, asegura Natalia. «Cada vez que hay una movilización indígena resultan al menos un compañero herido o una compañera agredida o muerta».
Ese discurso de #LosBuenosSomosMás, que implica necesariamente una contraparte villana impide una reflexión por parte de la Fuerza Pública frente las violaciones que comete. «El conflicto armado ha afectado enormemente el actuar de la Policía a nivel discursivo. (…) Si soy el héroe, es válido que vaya contra el enemigo de la forma que sea. Al héroe se le permiten muchas cosas», concluye Natalia
Para ella gran parte del problema es eso: el título de héroes que cargan militares y policías impide que acepten las violaciones a los derechos humanos que cometen, pues los héroes nunca se equivocan.
Los problemas de una Policía militarizada
En Colombia, la Policía es un cuerpo armado de carácter civil. El objetivo primordial de la institución y de sus miembrxs es mantener las condiciones necesarias para que la ciudadanía ejerza sus derechos y gocen de sus libertades. La Policía debe asegurar la paz ciudadana.
Por su lado el Esmad, una abreviatura de ‘Escuadrón Móvil Antidisturbios’, se creó en 1999 bajo la presidencia de Andrés Pastrana, durante uno de los periodos más agudos del conflicto en Colombia. Esta unidad especial dentro de la Policía se concibe como un cuerpo policial que vela por el orden público y la seguridad de la ciudadanía
En el papel las funciones están claras. Sin embargo, el desconocimiento de ellas, tanto de la ciudadanía como de quienes integran esta institución configura un grave problema. «Hay un silencio alrededor de la Policía y de sus funciones. Nadie habla de eso. La Academia no trata la violencia policial», afirma Carolina Luna Hincapié, politóloga feminista y anarquista.
Carolina ha trabajado específicamente sobre la violencia ejercida por el Esmad. «Lo que está sucediendo es la bomba de tiempo que yo preví. Lo que hay aquí en Colombia es una zona gris».
De acuerdo con ella, en la misma Policía no hay claridad en las normas que deben regir en tiempos de ausencia de conflicto armado y en tiempos de guerra. «El Esmad habla de regirse bajo el DIH, pero ese es el marco jurídico de la guerra (…) Entonces, se confunde el desorden urbano con la guerra».
Aunque la creación del Esmad fue inicialmente transitoria, el expresidente Álvaro Uribe lo formalizó en 2007 como una fuerza permanente, junto con un curso que capacita a los agentes del Esmad. Hasta 2019, la entidad estaba compuesta por 3.770 hombres y 106 mujeres.
Según el informe publicado por Dejusticia “Elogio a la bulla. Protesta y democracia en Colombia”, entre 2007 y 2016 se registraron 137 investigaciones disciplinarias en contra de agentes del Esmad por abuso de autoridad. Solo se han emitido 12 fallos internos.
Otra medida transitoria que quedó permanente fue la militarización de la Policía. El profesor Alejo Vargas, investigador en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional, da luces sobre esto: «El primer problema que aparece para la Policía en Colombia es su politización con los partidos Liberal y Conservador», explica. «Para resolver eso, el general Gustavo Rojas Pinilla adscribe la Policía al Ministerio de Guerra (ahora Ministerio de Defensa)».
«Si soy el héroe, es válido que vaya contra el enemigo de la forma que sea. Al héroe se le permiten muchas cosas».
Natalia Fernández, indígena feminista del pueblo Yanacona del Cauca.
Hoy, la Policía sigue militarizada y, de acuerdo con el profesor, está en un ciclo institucional inadecuado. Sobre todo, al seguir órdenes del ministro de Defensa. «Como tradición en Colombia hemos tenido ministros de Defensa que no son especialistas en el tema de Policía. (…) ¿Qué tipo de orientación le puede dar a la Policía? Es una especie de rueda suelta», analiza.
Aparte del ministro de Defensa, la Policía debe responder en segunda instancia a lxs alcaldes, quienes son su autoridad en cada ciudad o municipio. También responden al presidente, así como a gobernadorxs en cada departamento. Al momento de recibir órdenes que no coincidan, ¿a quién obedecen lxs policías?
«Lo más probable es que el policía tengo un incentivo de obedecer a su superior inmediato, pues el que tiene su carrera policial en sus manos», explica Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista.
Él concuerda con Carolina en que los problemas de las Fuerzas Armadas han sido un tema tabú que no se han discutido a fondo. Mucho menos para consolidar una reforma policial cuando ha habido oportunidad. Primero en 1991, durante la constituyente, y en 2016 durante las negociaciones del Acuerdo de Paz.
«En la Constitución de 1991 incluso hay retrocesos: La discusión conceptual sobre justicia penal militar fue resuelta de manera autoritaria», explica Rodrigo. «Ya no cobijaba a los miembros de las fuerzas militares, sino a los de la fuerza pública».
Esto significa que los policías también tienen fuero militar, que los cobija esa justicia. Esa es una de las razones por las que termina de militarizarse la Policía. «La justicia penal militar (…) no aspira a ser un órgano de justicia, sino que vigila la obediencia con garantías del debido proceso», advierte el abogado. «En un país democrático los delitos cometidos por la Policía no deberían ser acogidos por la justicia penal militar».
Carolina concuerda con el argumento anterior. «el capítulo de las Fuerzas Armadas debió haber sido una de las consignas del Acuerdo de Paz. No es lo mismo unas Fuerzas Armadas dentro del conflicto armado que fuera del marco del conflicto», explica. «A los soldados y policías también hay que desmovilizarlos. Hay que limitar más su accionar e instruirlos más».
Un antecedente fallido
En 1993, el caso de Sandra Catalina Vásquez produjo tal indignación nacional que una reforma policial parecía viable. Sandra, una niña de 9 años, fue violada y asfixiada por un policía en la Tercera Estación de Policía, la misma estación donde trabajaba su papá, en el centro de Bogotá. 28 años después, la población sigue saliendo a las calles exigiendo lo mismo.
A raíz de este caso, la presión de diversos movimientos sociales, que durante esa época se juntaron para pensarse cambios estructurales para el país, hizo que el presidente Cesar Gaviria pusiera la reforma a la Policía en el Congreso.
La doctora en Ciencia Política, Yanilda González, analizó esta reforma policial en un artículo de Insight Crime, donde explica que los objetivos de lxs legisladores de ese momento fueron «desmilitarizar, descentralizar y profesionalizar la Policía Nacional de Colombia», entre otras.
«En un país democrático los delitos cometidos por la Policía no deberían ser acogidos por la justicia penal militar»
Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista.
Pero la reforma policial de 1993 no prosperó porque al año siguiente Ernesto Samper quedó elegido como presidente. Una de sus promesas de campaña fue detener la reestructuración de la Policía. «Dejemos que la policía se autorregule», afirmó en ese momento.
Durante su administración, la reforma policial tomó el camino de la contrarreforma. «Estos momentos se caracterizan por una mayor autonomía de la policía, menos rendición de cuentas, mayor militarización, corrupción desenfrenada y asesinatos extrajudiciales». Asegura Yanilda.
Políticos como Ernesto Samper utilizaron el miedo de los ciudadanos en torno al aumento del crimen en América Latina para pedir mayor autonomía de la policía y pedir que fuera más dura frente al crimen.
De acuerdo con Yanilda: «Cuando se eligen políticos que promueven estrategias policiales ‘más duras’, aumentan los asesinatos por parte de la policía y la represión sobre los ciudadanos». Un estudio realizado en la Universidad de Miami que analizó asesinatos policiales en 19 estados de Brasil entre 1994 y 2001, afirma que cuando hay políticxs, usualmente de derecha, que abogan por el orden y la seguridad, la democracia no reduce este tipo de violaciones a los derechos humanos.
Ese discurso de mano dura contra el crimen se ha mantenido desde Samper hasta Iván Duque. En un periodo de 20 años (desde 1999 hasta 2019) se registraron 34 asesinatos extrajudiciales contra jóvenes colombianos a manos del Esmad. Si sumamos a esa cifra las 86 personas asesinadas por violencia policial durante 2020 según registros de Temblores, y las 39 víctimas de violencia policial homicida registradas en el Paro, ¿Cuántas víctimas mortales de la Policía vamos sumando en Colombia?
¿Cómo hacer una reforma policial en Colombia?
«Desde una perspectiva feminista, la crítica a la Policía se enmarca en una crítica al militarismo», empieza explicando Alejandra Azuero, doctora en Derecho, feminista y antropóloga. «Esa ha sido una de las luchas históricas del feminismo en Colombia: la desmilitarización».
Alejandra considera que es muy interesante que la nueva generación de feministas en Colombia se estén radicalizando frente a la Policía. «Las chicas empiezan a hablar del desmantelamiento del ESMAD. Ciertos discursos defienden la abolición de la Policía». Asegura que hace unos años esa postura era menos prominente, y que ha venido creciendo aceleradamente gracias a casos como el asesinato de Dilan Cruz.
Además de lo anterior, para ella, la diversificación de los feminismos permite hacer críticas al militarismo en Colombia desde diversas aristas: «Hay feminismos de izquierda, populares, rurales, decoloniales, de expertas, de la academia, que están articulando muy claramente la interseccionalidad de la lucha».
Incluso, hay feminismos que le apuestan a la abolición: «Un elemento importante de la dimensión feminista de la crítica a la Policía es que no solo apunta a reformar, sino a pensar formas de organización social sin Policía”.
En ese sentido, Natalia cuenta cómo los pueblos indígenas se autorregulan desde las Guardias Indígenas, efectivamente sin Policía. «La Policía lo hace desde la agresividad, la Guardia no. Nosotros nos autorregulamos conjuntamente. Dos veces al año somos parte de la Guardia Indígena y regulamos para que no se desarmonicen los territorios».
Natalia explica que aunque cada guardia es distinta, hay elementos en común: «No hay un ejercicio del uso de armas que lleguen a herir de muerte a un ser humano, pero sí hay otros ejercicios de castigo». Según ella, cuando la falta es muy grave hay castigos de trabajos forzados y otras medidas.
Carolina, por su lado, tiene opiniones encontradas. «como politóloga creo que es imposible abolir la Policía en un Estado democrático. La Policía es inherente a la democracia». Pero también es consciente que «A mayor represión tenemos más fragilidad democrática».
Por eso, desde su oficio, cree que la reforma policial debería tener una perspectiva de género y el DIDH (Normas fuera de la guerra), a un cuerpo policial más instruido, no represivo y veeduría ciudadana. «Los policías y militares son entrenados solo en función del armamento, la mayoría no están instruidos en derecho, en ciencias humanas».
Sin embargo, «Como anarquista, creo que la Policía no es necesaria», dice. «Considero que las comunidades son lo suficientemente capaces de organizarse y garantizar su seguridad sin necesidad de un arma», finaliza.
Para investigadores como Alejo Vargas y Rodrigo Uprimny la reforma policial se puede hacer dentro del marco constitucional. Para ellos, ya la Corte le ha puesto límites al fuero militar o a la justicia penal militar.
«Hay conductas tan atroces y tan incompatibles que incluso si se cometen en una operación militar, se entiende que por su atrocidad rompieron cualquier nexo con el servicio y deben pasar a justicia ordinaria», asegura Rodrigo.
Alejo, por su lado, considera que la creación de un Ministerio de Seguridad que independice a la Policía de las Fuerzas Militares es necesario. Sin embargo, los gobiernos tendrían que hacer un compromiso de no politizar ese Ministerio para garantizar la independencia y desmilitarización de la Policía y así conservar su carácter civil.
Desde otra óptica, Francia Márquez considera que la reforma policial debe ser más profunda y, por lo tanto, más compleja. «La fuerza pública se tiene que transformar. El país debe invertir más en educación y menos en guerra. Debe haber un control ciudadano». Para ella, no solo son necesarias reformas legales, sino procesos de cambio de doctrinas culturales.
«En esto hay una necesidad de unos mecanismos de justicia racial. Los barrios donde más fuerte ha sido la represión armada han sido los barrios de la gente negra», afirma. De acuerdo con Temblores, de los 39 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública en el Paro, 30 han sido en el Valle del Cauca, el departamento de Colombia con más población afro.
Por otro lado, señala el componente de violencia sexual de la Policía: «Como dice Rita Segato: hay que deconstruir el mandato de masculinidad sembrado en la Fuerza Pública. Lo que le pasó a la niña de Popayán es que utilizaron su cuerpo como un campo de guerra”.
Carolina está de acuerdo con Francia. «El cuerpo de las mujeres viene a ser un territorio de disputa. (…) A los chicos los detienen, los golpean o los matan. A una la detienen y la golpean y además la violan. Es necesario hacer una reforma policial con perspectiva de género».
Además de la voluntad política, uno de los factores más importantes que permitió la reforma a la Policía en 1993 fue el consenso entre sectores políticamente opuestos. Fue una oportunidad única.
Sin embargo, 28 años después, cuando aún persisten los mismos abusos policiales y otro caso de violencia sexual emblemático que no debería serlo, el clima es distinto y quedan muchas preguntas, sobre todo una: ¿Cómo llevar a cabo reformas policiales si el gobierno actual y un amplio sector político respalda ciegamente a la institución?
Por ahora sigue siendo necesario que desde los medios de comunicación, organizaciones sociales, ONG’S y movimientos sociales se registre la violencia policial. Es la prueba que tenemos para exigir justicia y una reforma lo más pronto posible.
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