Las mujeres farianas también exigen el derecho a vivir

Mujeres farianas reunidas en Asamblea en la Universidad Distrital en Bogotá. Foto cortesía de Victoria Sandino.

El pasado fin de semana miles de excombatientes llegaron a Bogotá exigiendo que se respeten sus vidas y que se cumpla el Acuerdo de paz. Dentro de esta gran demanda, las mujeres que marchan tienen sus propias banderas. En MANIFIESTA hablamos con cinco mujeres farianas sobre sus luchas, las violencias que sufren y sus reclamos al Estado colombiano.

Mientras el 21 de octubre 8.000 miembrxs de la Minga de siete pueblos indígenas del país dejaban la capital, cerca de 2.000 mujeres y hombres firmantes del Acuerdo de paz y excombatientes de las extintas Farc iniciaban una movilización desde los departamentos de Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia y Meta. Casi los mismos territorios desde donde salieron lxs indígenas minguerxs. 

Diez días después, el 31 de octubre, lxs excombatientes llegaron a Bogotá siguiendo casi el mismo camino de La Minga hacia el corazón de la ciudad: la Plaza de Bolívar. Sus reclamos son un eco infinito de los gritos de demanda proveniente de otras comunidades que han llenado la Plaza: la garantía del derecho a la vida. Lxs excombatientes llegaron y pusieron 236 sillas vacías en la Plaza, bajo la mirada de la estatua de Simón Bolívar y ante los ojos del Congreso y del Palacio de Justicia. 236 sillas que corresponden a lxs compañerxs que han sido asesinadxs desde la firma del Acuerdo de paz hace cuatro años. 

¿Qué tan útil es un Estado si sus ciudadanxs le reclaman, le suplican cada año, cada semana e incluso cada día que lxs deje vivir?, ¿qué pasa con el contrato social que hay entre lxs ciudadanxs y ese aparato burocrático gigante que prometió garantizarles la vida ante todo? En medio de una emergencia sanitaria mundial, que ha cobrado la vida de aproximadamente 32.000 colombianxs, qué mensaje envía que la gente se vuelque a las calles, emprenda viajes de días enteros llenos de incomodidades, peligros y decida arriesgarse ante un virus que puede arrebatarles la vida, solo para encontrar la respuesta a esa pregunta: ¿por qué el Estado no nos protege? 

Tres movilizaciones masivas en menos de un mes: la Minga, el paro nacional y la #PeregrinaciónPorLaVidaYPorLaPaz de lxs excombatientes demuestra que para miles de personas en Colombia la última de las preocupaciones es morir por covid-19, ellxs temen que la inoperancia del Estado y la indolencia del Gobierno Nacional lxs mate primero.

Entre el clamor general de lxs excombatientes, las mujeres farianas, una organización de excombatientes que asumen como principio revolucionario la equidad de género y la reivindicación de los derechos de las mujeres, ponen sobre la mesa sus preocupaciones ahora que dejaron las armas y están en la vida civil: el aumento de la carga de los trabajos del cuidado no remunerados, la falta de oportunidades de estudio y de oportunidades laborales y la violencia física con la que las amenazan. En MANIFIESTA hablamos con cinco mujeres farianas que nos contaron sus motivos para marchar y quedarse en la Plaza de Bolívar  el tiempo que sea necesario para ser escuchadas.

“Esta movilización es una jornada de protesta, una jornada de dignidad de nuestra gente, clamando al Gobierno Nacional que responda nuestro llamado y a nuestra apuesta por la paz y que atienda y garantice el derecho a la vida. Así que tal como lo llama la consigna, peregrinación o movilización por la vida y por la paz” dice la senadora del partido Farc, Victoria Sandino.

Victoria Sandino en la plaza de Bolívar en la Peregrinación por la vida y por la paz. Foto cortesía de Victoria Sandino.

Olga Marín, excombatiente y responsable de la página web Mujer Fariana, concuerda con Victoria y agrega que el motivo de la movilización es el incumplimiento del Gobierno Nacional: “Salimos porque el Gobierno no ha cumplido el Acuerdo de protección a lxs firmantes de la paz y lo que ha hecho es mirar a un lado ante los asesinatos de los 236 compañerxs. Nos movilizamos porque Bogotá es el centro, aquí está el presidente. Le exigimos una respuesta”. Olga agrega que lo que desató la urgencia de movilizarse fue asesinato de Albeiro Suárez, líder del paritdo Farc y líder del proceso de reincorporación de excombatientes. Albeiro fue asesinado el 16 de octubre pasado junto a su escolta,Yeferson Mandela, otro firmante del Acuerdo, en el municipio Uribe, en el departamento del Meta. Suárez participó en octubre de 2018 en el taller Construyendo País que tomó lugar en Villavicencio. Allí, el presidente Iván Duque le prometió protección del Estado y le garantizó el derecho a la vida: “Personas como usted, que le han apostado a la reincorporación, al desarme, a la desmovilización y la reinserción, tendrán todo el acompañamiento nuestro y el apoyo para que puedan hacer esa transición exitosa, tendrán la protección del Estado”. 

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre la entonces guerrilla de las Farc y el Gobierno Colombiano, 231 exguerrilleros y cinco exguerrilleras han sido asesinadxs. Durante el Gobierno de Iván Duque ocurrieron más de la mitad de esos homicidios. Los departamentos que más reportan este tipo de violencia son Cauca con 38 casos, seguido de Nariño (28), Antioquia(25), Caquetá (22) y Meta (21). En este momento hay 18 excombatientes desaparecidos. 

Olga Marín en la Plaza de bolívar. Foto cortesía de Daniela Díaz.

Por su parte, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación dijo a distintos medios que se ha identificado que en el 61 por ciento de los casos de excombatientes asesinados resueltos por la Fiscalía, los responsables son disidencias de las extintas Farc, la guerrilla del ELN y grupos armados ilegales como el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas. “No se va a repetir el exterminio de la Unión Patriótica. En esta oportunidad no hay negligencia ni connivencia de parte de las entidades del Gobierno”, aseguró. 

Frente a estas declaraciones, las mujeres farianas tienen una posición muy clara. “Es risible es inocuo a las palabras del Gobierno Nacional, cuando la práctica es otra. O sea, primero en una firma de un Acuerdo de paz que estemos hablando de más de 236 firmantes asesinados, pues (…) se está configurando todo un fenómeno de genocidio contra quienes hemos firmamdo la paz y contra quienes estamos trabajando por sacar adelante este Acuerdo y pasar la página de la violencia en Colombia”, dice Victoria Sandino.

Edith Beita, excombatiente de Quibdó, Chocó, también se refirió a las declaraciones del Gobierno. “No ha cumplido nada. Es más la pérdida que hemos tenido en este proceso que lo que hemos hecho.  Es el Gobierno y el Estado que no han querido cumplir con los puntos pactados en La Habana. La paz no es el silencio de los fusiles, sino el compromiso de todos los colombianos con esa paz. Que la paz no se vuelva trizas”.

Edith Beita en la Peregrinación por la vida y por la paz. Foto cortesía de Daniela Díaz.

Estas mujeres también le exigen al Gobierno Nacional el cumplimiento del punto 3.4.3 del Acuerdo Final, en la que se promete la creación de una Comisión Nacional de Garantías y Seguridad que desmantele las organizaciones criminales (incluidas las sucesoras de estructuras paramilitares y sus redes de apoyo) responsables de homicidios y masacres de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, y movimientos sociales y políticos.

Aunque la mayoría de asesinados son hombres, las mujeres farianas expresan preocupación por las violencias que son ejercidas sobre ellas y por las amenazas que enfrentan en sus territorios. El pasado 2 de noviembre, Victoria Sandino se reunió en una Asamblea en la Universidad Distrital con las mujeres farianas para hablar de esas problemáticas y de “nuestras vocerías, nuestras reivindicaciones, señalar cómo nuestras compañeras y nosotras somos amenazadas de manera permanente en todo el territorio nacional y en los distintos escenarios, en mi caso, en el escenario político y público en el cual me encuentro”, cuenta Sandino. “Entonces queremos que eso se visibilice, queremos que se reconozca la carga de la violencia basada en género de estas amenazas y violencias que hay en contra de nuestras compañeras”.

Asimismo, Edith afirma que la amenaza más grande que viven las mujeres excombatientes tiene que ver con los procesos de liderazgo que llevan. “Nosotras venimos trabajando el tema de género y nos volvemos objetivo militar porque les decimos a las mujeres que tienen los mismos derechos de los hombres y ellos, dentro de su machismo, no les gusta porque dicen que les dispersamos la cabeza a las mujeres. El tema de seguridad para nosotras es bastante duro”.

“Entonces queremos que eso se visibilice, queremos que se reconozca la carga de la violencia basada en género de estas amenazas y violencias que hay en contra de nuestras compañeras”.

Sandra Restrepo, militante del partido Farc de Antioquia, quien también estuvo presente en la movilización, agrega que además de las amenazas basadas en género, las excombatientes están enfrentando un obstáculo que cada vez se hace más tangible: la desigualdad en el acceso a oportunidades laborales y de estudio frente a sus compañeros hombres: “Nuestras luchas son las que traíamos desde el momento en que estábamos en armas: la igualdad. Que el trabajo doméstico sea remunerado. No que yo soy mujer, me levanto a las cuatro de la mañana y me acuesto a las siete de la noche y me digan: No, ella no hace nada. ¿Cómo así que no hace nada si es la primera que se levanta y la última que se acuesta?”. Sandra asegura que las mujeres madres cabeza de familia deberían tener una renta básica y la posibilidad de dejar a sus hijes en guarderías. De hecho, la renta básica se acordó en el punto 3.2.2.7 del Acuerdo Final en las ‘Garantías para una reincorporación económica sostenible’. 

Sandra Restrepo en la Plaza de Bolívar. Foto cortesía de Daniela Díaz.

El tema de las guarderías también quedó estipulado en los ‘Componentes de los planes de sustitución’. Sin embargo, esta es una promesa que estas mujeres no han visto. “El estudio y la preparación de las mujeres es muy importante, pero qué pasa si yo no me puedo capacitar porque debo quedarme en casa cuidando y criando un hijo que además es para la sociedad”. Edith argumenta por la misma línea. “Lo de la desigualdad es muy cierto, en los territorios no hay guarderías para que ellas puedan trabajar y no depender del hombre, nosotras necesitamos cumplir también nuestros sueños, no solo ellos”. 

Doris Suárez, excombatiente y ahora líder y representante legal del emprendimiento de cerveza artesanal La Trocha coincide con sus compañeras. “En la guerrilla no podíamos tener hijos, pero ahora hay muchas madres y no hay guarderías diurnas y nocturnas. Muchas por estar al cuidado de la crianza de los niños no se van a capacitar. Los niños también tienen que ser cuidados socialmente. Eso nos ha atrasado muchísimo a las mujeres”. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Colombia las mujeres realizan el 85 por ciento de los trabajos del cuidado no remunerados. 

“El estudio y la preparación de las mujeres es muy importante, pero qué pasa si yo no me puedo capacitar porque debo quedarme en casa cuidando y criando un hijo que además es para la sociedad”

Frente a esos atrasos que denuncian las mujeres farianas, Doris afirma que es muy difícil sacar un proyecto productivo como La Trocha. “La matriz que utiliza la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, para la presentación de proyectos tanto individuales como colectivos es muy compleja, el nivel de escolaridad nuestro es de primaria en muchos casos”, explica ella, quien asegura que muy pocxs reincorporadxs cuentan con un nivel de educación superior. “La ARN no tiene especialistas en finanzas (…), eso ha hecho que muchas mujeres opten por proyectos individuales, pero esa no es la alternativa”. 

Según ella, el éxito de La Trocha se debe a que se encuentran en la ciudad y a que han contado con apoyos externos al Gobierno Nacional como el de la Universidad Nacional y de personas civiles. Por lo anterior, Doris hace un llamado a los profesionales de diferentes áreas como economía y finanzas para que apoyen  la comercialización de los proyectos de excombatientes. Olga, por su lado, afirma que los proyectos a través del Estado no salen. “La mayoría de los proyectos y las cosas que se han hecho han sido por cooperación internacional, pero no por el Gobierno”. Dice también que la situación empeora cuando se suma el panorama de violencia de los territorios.

Doris denuncia que el incumplimiento del Gobierno con el Acuerdo incluye el retraso en la entrega de vías de acceso a municipios en zonas rurales. Lo anterior, según ella, no permite que los productos que sacan lxs excombatientes sean comercializados a precios competitivos. “íbamos a traer una yuca del Putumayo y sale súper costoso y no pudimos”. El objetivo de La Trocha es convertirse en un espacio para ayudar a promocionar y comercializar los productos de sus compañerxs. Para cumplir con el objetivo anterior, están recolectando dinero a través de esta Vaki para obtener su propia sede y poder tenderle la mano a otros proyectos productivos de reincorporación.

Los diversos reclamos de las mujeres y hombres excombatientes se agrupan en algo fundamental: el cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno Nacional. Este Acuerdo es con el Estado colombiano y no puede depender de la voluntad del Gobierno de turno. En la mitad hay vidas de seres humanos en juego, está el presente y el futuro de un país y su promesa de paz. “El Gobierno le está dando la razón a quienes no quisieron acogerse al Acuerdo de Paz, a los que dijeron que nos iban a incumplir, pero aquí estamos, en Bogotá y acá vamos a insistir hasta que el Gobierno nos escuche”, concluye Sandra. 

El día de hoy, en horas de la mañana varios vocerxs de la Peregrinación de excombatientes tienen programada una reunión con funcionarixs del Gobierno, con el objetivo de concretar una reunión con Iván Duque. Mientras tanto el país se levanta con una nueva masacre: el asesinato de cuatro personas en el corregimiento de Bijagual, en el municipio de Nechí, en el Bajo Cauca Antioqueño. También asesinaron a Jorge Luis Solano en su propia casa, un líder social del Catatumbo. ¿Cuántas repeticiones masivas de la misma exigencia necesitamos en este país?

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