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Libres no muertas: en abril hubo por lo menos 17 feminicidios en Colombia

Por Manifiesta Media

Llevamos un mes de paro, y la violencia feminicida no se ha detenido. En el mes pasado 16 mujeres y una niña fueron el saldo que dejó esta forma de violencia en el país. Esta vez, la mayoría de victimarios no fueron parejas o exparejas, sino hombres armados y desconocidos para ellas. En MANIFIESTA nos seguimos preguntando: ¿Por qué nos están asesinando?

Ilustración por Ana Sophía Ocampo y Megumi Cardona.

mayo 28, 2021

Llevamos un mes de paro, y la violencia feminicida no se ha detenido. En el mes pasado 16 mujeres y una niña fueron el saldo que dejó esta forma de violencia en el país. Esta vez, la mayoría de victimarios no fueron parejas o exparejas, sino hombres armados y desconocidos para ellas. En MANIFIESTA nos seguimos preguntando: ¿Por qué nos están asesinando?

Ilustración por Ana Sophía Ocampo y Megumi Cardona.

Hace un mes exacto que salimos a las calles en Colombia. El anuncio de una tercera reforma tributaria en menos de tres años, sumado a un año largo de pandemia que profundizó la desigualdad y el hambre, catalizó el estallido social que, treinta días después, seguimos viviendo actualmente.

Ese mismo día, en Tibú, en la zona del Catatumbo, Norte de Santander, Ana Julia Calderón Santos fue asesinada por hombres desconocidos y armados. A la mujer de 24 años le dispararon varias veces mientras hacía labores domésticas en su casa. De acuerdo con la comunidad del barrio El Barco, donde vivía, Ana Julia ya había recibido amenazas previas.

Hasta el momento, no se han podido identificar a los feminicidas que acabaron con su vida. Medios regionales y algunos nacionales indican que Ana Julia hace parte de las, al menos, ocho mujeres víctimas de feminicidio en Tibú entre abril y mayo.

El segundo día de movilizaciones (29 de abril), Blanca Irene Pirela Osorio, una mujer migrante de 47 años fue asesinada por hombres armados en el municipio de Albania, en el departamento de la Guajira. Blanca llevaba tres años viviendo en un asentamiento Wayúu en Colombia junto con su hijo de siete años.

El tercer día de movilizaciones, el 30A (30 de abril) fue asesinada Luz Dary Cotes, una mujer wayúu de 38 años. Luz Dary fue asfixiada en un motel de Riohacha, también en La Guajira, por un hombre que había entrado con ella al lugar. La primera semana de mayo, en 72 horas asesinaron a tres mujeres en el departamento.

Cada feminicidio que se registraba durante los días de Paro era un mensaje de afronta a una de las principales exigencias que las mujeres hemos hecho en las calles estos días: paren de matarnos. Mientras los hombres más jóvenes han sido víctimas de violencia policial homicida estos días, las mujeres siguen siendo asesinadas sin ninguna variación en sus propias casas y en sus propios barrios, como si nuestra eliminación sistemática fuera otro paisaje en este país.

Quizá la única variación es que, este mes, la mayoría de feminicidas fueron hombres armados, desconocidos para las víctimas. ¿Qué dice esto sobre la situación social que está atravesando el país?

Para esta entrega de #LibresNoMuertas, conversamos con Lizeth Valeria Mosquera Acosta, politóloga feminista, antimilitarista y defensora de derechos humanos en el departamento del Cauca. Lizeth es la Coordinadora regional de la Ruta Pacífica de las mujeres, que lucha para la negociación y visibiliza el impacto de la guerra en la vida y el cuerpo de las mujeres. 

Con ella hablamos sobre movilización social y los riesgos que enfrentamos las mujeres en este contexto: desde la respuesta desmedida de la fuerza pública, hasta estereotipos de género a los que nos enfrentamos cuando nos tomamos las calles y el impacto que genera tener todas las miradas puestas en este estallido social, cuando la violencia feminicida no da tregua.

En abril, como en todos los meses en Colombia, las mujeres siguieron siendo víctimas de feminicidio. Como parte de la Ruta Pacífica y como defensora de DD. HH. ¿por qué persiste esta forma de violencia contra nosotras?

Hay un sistema patriarcal que se mete en todo lado: en la casa, en lo organizativo, en los escenarios comunitarios, por parte del mismo estado…Son diferentes escenarios de la vida de las mujeres en las que persiste un sistema patriarcal que se refuerza claramente en los conflictos armados y en situaciones donde se busca privilegiar el uso de la fuerza, como el escenario que tenemos hoy: el gobierno prefiere la militarización antes que el diálogo en el marco del paro nacional.

En ese sentido, hay una naturalización del ejercicio de la violencia. Se le pone cuidado a la violencia de género cuando ya es letal. (...)

Las prioridades en el debate público se centran en temas de expansión de cultivos ilícitos, de economías ilegales, masacres, en casos que son de pronto un poco más colectivos (...). Eso es bien grave y complicado. No se les asigna interés también porque el sistema patriarcal al fin y al cabo legitima la desigualdad de género, una discriminación y un ejercicio de exclusión hacia las mujeres que refuerza esa idea de que en lo publico las violencias hacia las mujeres, los feminicidios, no son debates que deberían darse.

A finales de abril llegó el Paro Nacional, que en una lectura primaria no parecía el movimiento de movilización social que es ahora, ¿Qué nuevas vulnerabilidades aparecieron para las mujeres y las niñas en este mes?

Más que en las vulnerabilidades, me parece que el foco debe ponerse en la fragilidad institucional. Lo anterior es un riesgo para las mujeres de manera puntual porque en el marco del paro nacional lo que se ve es un gobierno que, a pesar de que su discurso, establece que necesita privilegiar y que quiere privilegiar el diálogo, pues en términos fácticos, reales, no da garantías, tampoco las da en términos de derechos humanos para la protesta social. 

Nosotras sabemos que las medidas de militarización constituyen un riesgo particular para las mujeres porque conocemos los hechos ya probados de violencia sexual perpetrados por integrantes de la fuerza pública, esos hechos están registrados desde el año pasado (...).

Si tu revisas la historia en Colombia, no es un solo caso que ha ocurrido, ni los casos que ocurrieron acá en Popayán son los únicos. Hay una sistematicidad de violaciones de los que se supone que deberían ser los primeros llamados a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Entonces, nosotras, claramente anticipamos que iba a haber un tema de riesgo claro con las mujeres si se fortalecía este sentido de militarizar los territorios. Lo denunciamos nosotros acá desde inicios de mayo en el puesto de mando unificado y en los espacios en los que pudimos estar dialogando con la institucionalidad buscando garantías para la protesta social y lamentablemente no se hizo nada al respecto.

Además de las medidas de militarización, ¿Qué otros riesgos posiblemente letales han aparecido para las mujeres y niñas en el marco del Paro?

Cuando se posiciona la idea de que la gente que protesta es la gente que hace daño, que son vándalos, todo el esfuerzo institucional va dirigido a contrarrestar la protesta social (...). Lo que pasa, entonces, es que los temas de las mujeres pasan a un segundo plano. Los casos de violencia que se reportan reciben una respuesta nula de la Policía. Nos han dicho: “No, no vamos a ir porque esto no es importante”. Desafortunadamente, en el marco de la movilización esto no resulta importante, no es lo urgente.

Por otro lado, el hecho de que las mujeres estén protestando las pone en riesgo. Por ejemplo, hay mujeres que quieren salir con sus hijos, con sus hijas ante la arremetida de la fuerza pública, claramente creo yo que hay que reflexionar cómo el uso de la fuerza y la militarización también coarta el derecho constitucional de las mujeres de salir a protestar y a ejercer su derecho de la protesta pacífica (...).

¿Qué lecturas haces sobre el caso de la menor de edad que se suicidó en Popayán después de un ataque sexual por parte de la Policía?

Frente a este caso (...), resultaría un poco apresurado determinar o tipificar el delito que está detrás de los hechos ocurridos. Lo que es claro es que hay violencia sexual. Es algo que se puede concluir a partir de lo que la menor relató, a partir de lo que las chicas defensoras de derechos humanos afuera de la URI esa noche lograron registrar. Lo que se logra ver en los videos es que hubo un uso excesivo de la fuerza (...).

Es importante generar las reflexiones del impacto de la violencia sexual en términos psicológicos. Aquí se entiende únicamente como acceso carnal violento, el resto, si son temas de manoseo, si son actos sexuales abusivos, si son temas verbales, si son temas simbólicos incluso, no se ve como violencia sexual. Entonces, ayer que tuvimos un debate bastante acalorado con la policía nacional, eso queda muy claro en las palabras de ellos: (...) violencia sexual hay solamente cuando hay acceso carnal violento, esa fue la respuesta que nos dieron ayer.

¿La falta de reconocimiento de las violencias ejercidas por la Policía, convierte a la institución en una amenaza potencialmente letal para las mujeres?

(...) Acá en territorio caucano de manera particular también (aparte de parejas y conocidos) hay grupos armados que direccionan su accionar en contra de mujeres que son lideresas sociales. Respecto a las instituciones estatales que manejan armas, creo que cualquier persona que haga parte de una institución en donde se privilegie el uso de la fuerza tiene un mayor riesgo de tener una construcción en su carácter y en su visión de mundo bajo patrones patriarcales.

Siempre que pase eso, sí creo que hay un mayor riesgo de que sean potenciales feminicidas. Eso no quiere decir que todos los policías allá afuera sean potenciales feminicidas, pero hay un riesgo por cómo está concebida la institución. 

¿Qué reformas necesitaría la institución para garantizar que ninguna mujer o niña sea violentada por sus miembros?

Es una masculinidad que tiene que reforzarse utilizando el cuerpo de las mujeres, entonces para reafirmarse (...). Lo grave, lo que sí es grave en términos particulares frente al tema de la institucionalidad militar y policial, es que se supone que constitucionalmente está llamada a proteger los derechos humanos de las mujeres y a proteger a la ciudadanía en general.

Entonces que los delitos los hagan no actores ilegales, sino los mismos actores que representan al Estado es gravísimo. (...) Nosotras, desde la Ruta Pacífica hicimos un llamado nuevamente a abrir un diálogo social público frente a la fuerza pública y la necesidad de repensar la doctrina militar en el país porque es una afrenta directa en contra de los derechos humanos de las mujeres.

El Paro Nacional ha sido un escenario para ver las violencias diferenciadas ejercidas contra las mujeres, ¿Qué han podido identificar al respecto durante este mes?

Creo que es muy disruptivo para la fuerza pública en este contexto del Paro Nacional ver que hay mujeres defensoras de derechos humanos que los llaman y que buscan visibilizar el incumplimiento a las funciones constitucionales que la fuerza pública tiene (...).

Eso indica que su respuesta no solamente es igual de violenta a la que puede tener hacia un hombre, sino que a partir de esa respuesta que ellos hacen a las mujeres manifestantes o a las mujeres defensoras de derechos humanos, ellos buscan reafirmar no solamente que tienen la fuerza, sino su masculinidad y es una masculinidad violenta. 

La gran mayoría de víctimas de violencia sexual son mujeres... ¿Por qué sigue siendo así?

Es un ejercicio violento que busca reforzar patrones de masculinidades patriarcales, y esa batalla se da en el cuerpo de las mujeres. Aunque no creo que únicamente haya sucedido violencia sexual hacia nosotras. De hecho, en la denuncia que hay por el caso de otra de las jóvenes agredidas sexualmente por parte de la fuerza pública hay un registro de que al compañero de ella un integrante de la fuerza pública lo sujeta de los testículos y le empieza a gritar: “¿Dónde está tu resistencia mariquita?”.

Con los niños y con los hombres jóvenes también está ese tipo de ataque de violencias de género que muy escasamente se denuncian porque tenemos una situación en la que si se acepta y si se interpone una denuncia por eso, se pone en duda su masculinidad. En este escenario de militarización, creo que claramente el cuerpo de las mujeres es un lugar en el cual se disputa la reafirmación de ciertas masculinidades, especialmente en este caso la de las fuerzas militares.

¿Cuáles son las mayores violencias y amenazas que sufren las mujeres en Cauca?, ¿por qué?

Yo creo que las violencias más graves para nosotros son las letales, los feminicidios, pero el tema de violencia sexual es muy común y está muy poco registrado. Si tú le preguntas aquí a las autoridades institucionales, si le preguntas a la Policía, si le preguntas al ICBF, si le preguntas a la Secretaria de la mujer, cada una te va a dar cifras diferentes, si le preguntas a la Fiscalía te van a dar otras, no hay un consolidado oficial, no hay un reporte, no hay una articulación interinstitucional clara que permita tener un diagnóstico preciso. 

(...) Lo que deja muy en claro la movilización y la protesta social es que las mujeres nos enfrentamos a un doble riesgo. Las mujeres tenemos que asumir el riesgo de violencias basadas en género por nuestra condición de mujer pero también de violencia sociopolítica por la condición de liderazgo y creo que allí se entretejen unas barreras muy grandes para la garantía efectiva del derecho a participar políticamente (...).

¿Qué consecuencias tiene para las mujeres del Cauca que el territorio esté militarizado?

Creo que tiene que ver fundamentalmente con la priorización de escenarios militares en vez de escenarios de diálogo. Eso tiene unas implicaciones claras en las que se agravan los riesgos para las mujeres. Además, a lo anterior hay que agregarle un escenario de incumplimiento de los acuerdos de paz. Ese incumplimiento constante genera una sensación de frustración colectiva, de desconfianza frente al gobierno.

(...) El problema es que en este momento los actores armados ilegales no se sientan a dialogar con nadie. El que diga cosas que no les gustan pues lo amenazan, lo sacan o lo matan, y creo que eso se ha podido ver desde el pasado mes de abril donde fue asesinada Sandra Liliana Peña, la autoridad indígena en el municipio de Caldono.

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