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#LibresNoMuertas: 18 víctimas de feminicidio en el último mes de 2020

Por Manifiesta Media
Quince mujeres y tres niñas fueron asesinadas en diciembre por la misma razón: la misoginia en este país. Con ellas, la Fundación Feminicidios Colombia registró al menos 227 feminicidios el año pasado. Este 2021 vamos a seguir preguntándonos cada mes: ¿Por qué nos están asesinando?
enero 26, 2021
Quince mujeres y tres niñas fueron asesinadas en diciembre por la misma razón: la misoginia en este país. Con ellas, la Fundación Feminicidios Colombia registró al menos 227 feminicidios el año pasado. Este 2021 vamos a seguir preguntándonos cada mes: ¿Por qué nos están asesinando?

El mes que tradicionalmente nos vende valores como la unión en familia, contradictoriamente también nos recordó por qué nuestras propias casas y los hombres más cercanos a nosotras representan una amenaza, como evidenciamos nuevamente en esta entrega de #LibresNoMuertas: el conteo de feminicidios mensual en MANIFIESTA.

Un día después del Día de Velitas a Angie Tatiana Idárraga, de 22 años, la asesinó su expareja Roberto Polanco, de 47, mientras compartía con su madre y su padrastro en su casa en Tunjuelito, al sur de Bogotá. Angie Tatiana deunció a Polanco el primero de septiembre, cuando encontró unos mensajes en el celular de él en los que ofrecía un millón de pesos por matarla. 

Cuatro días después, Viviana Chará Flor fue asesinada por un hombre que entró por la terraza de su casa, encerró a les dos niñes que estaban con ella y la agredió con un arma cortopunzante en Santander de Quilichao, Cauca.

Luego, el pasado 18 de diciembre, Colombia se conmocionó por el feminicidio de Sofía Cadavid, una bebé de año y medio que fue asesinada por su propio padre, Diego Cadavid. El feminicida ya tenía antecedentes por violencia doméstica y había sido denunciado por la madre de Sofía, que ya se había separado de él.

De acuerdo con la Fundación Feminicidios Colombia, los 18 feminicidios tuvieron lugar en siete departamentos: siete en Antioquia, cuatro en Santander, dos en Atlántico, dos en Magdalena, uno en Bogotá, uno en Cauca y uno en Cesar. En el 39 por ciento de los casos, las víctimas ya habían denunciado a sus agresores. Estamos hablando de que las autoridades conocían el riesgo que estaban enfrentando casi la mitad de las víctimas que fueron asesinadas el pasado mes de diciembre.

¿Por qué siguen matando a las mujeres en Colombia? ¿Por qué seguimos sin tener una estrategia clara por parte del gobierno para mitigar esta crisis social? ¿Por qué 2021 está pintando tan mal para nosotras en términos de violencias basadas en género? Para nuestra nueva entrega de #LibresNoMuertas, nuestro conteo mensual de feminicidios en Colombia, hablamos con Lorena Paredes, la fiscal encargada de los casos de violencia sexual e intrafamiliar en el municipio de Tumaco, Nariño. A pesar de que Lorena valora que desde la Fiscalía General de la Nación se han implementado protocolos diferenciales para esclarecer hechos relacionados con feminicidios, también reconoce lo que salta a la vista: estas entidades le deben mucho más trabajo a las víctimas, sobre todo a las víctimas que habitan en territorios rurales.

Lorena, el 39% de las víctimas de feminicidio en diciembre ya habían denunciado a su agresor: ¿qué dice esto sobre las instituciones encargadas de proteger la vida de estas mujeres?

Mi opinión personal, que no se puede tomar como una posición institucional, va muy enmarcada al reconocimiento de muchas de las dificultades que tenemos las funcionarias y funcionarios públicos a la hora de tramitar estos asuntos. No es desconocida esta situación, es bastante preocupante. No se concibe cómo existían denuncias previas en estos asuntos y, de pronto, las autoridades hayamos quedado cortas respecto a la judicialización (…). Entonces, sí es una oportunidad importante para llamarnos la atención a las autoridades, todas las que hacemos parte de la ruta de atención a las violencias de género  para evitar que esto siga ocurriendo. Sé que no hay justificación alguna para este escenarios de los feminicidios y sí son supremamente lamentables, pero, desde mi perspectiva, gran parte de estos casos ocurren con la anuencia de la sociedad. Nos hace falta mucho aún en cuanto a conciencia social, al reconocimiento de la existencia de estas violencias para precisamente evitarlas. 

Son contados los casos donde he logrado que la víctima reconozca y me diga lo que pasó. Esa víctima no puede dejarse sola, sin el debido acompañamiento interdisciplinar.

¿Por qué las víctimas desisten del proceso penal y por qué, en algunos casos, no es efectivo?

Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. El escenario más común que nosotros observamos es la mujer que denuncia, pero hay una tolerancia institucional a la misma violencia que la mujer está denunciando, hay una falta de respuesta oportuna de las entidades que no obedece solamente a la falta de consciencia o del enfoque de género que se le debe a las víctimas, sino muchas veces por el cúmulo de trabajo que nosotros tenemos en los despachos. 

Y el segundo escenario, que pareciera que es una excepción pero en mi experiencia personal ha sido la regla general: encuentro víctimas supremamente mermadas en su autoestima, desconocedora de sus derechos, víctimas de una violencia sistemática por parte de sus parejas, muchas veces por parte incluso de sus padres, de su núcleo familiar inicial y ello hace que si formulan una denuncia, de alguna manera es una denuncia incipiente por falta de acompañamiento de las otras instituciones que deben abordarla. Finalmente, esas mujeres desisten de la denuncia.

Son víctimas que muchas veces formulan las denuncias, pero nuevamente regresan con los agresores por manipulación y todas las circunstancias que observamos en una situación de violencia. Entonces, la víctima o no vuelve nunca más a la Fiscalía o se presenta y ya no quiere continuar con el proceso. Yo me esfuerzo mucho porque sé que eso no es lo que la mujer quiere, ella lo que busca es no ser violentada nunca más y que el agresor cambie. Lo que yo hago es darle a la víctima el espacio para que reconsidere y podamos continuar con el proceso de judicialización, pero son contados los casos donde he logrado que la víctima reconozca y me diga lo que pasó. Esa víctima no puede dejarse sola, sin el debido acompañamiento interdisciplinar.

¿Por qué la Fiscalía no está logrando proteger a las mujeres que están en riesgo potencial de ser violentadas?

No es desconocido que tanto en la rama judicial como en la Fiscalía, parte de los investigadores adolecemos de recursos suficientes en personal para atender de manera inmediata todos los asuntos que llegan a nuestro conocimiento. Esa es una situación que marca mucho en el tema de la judicialización porque así queramos, teniendo 800 carpetas y 800 asuntos, no alcanzamos a resolverlos todos con la inmediatez que muchos casos requieren.

Sin embargo hemos avanzado en la adopción de protocolos para atender las violencias de género de manera diferencial, pero sí observo que no son suficientes los protocolos ni las resoluciones que hay al interior de mi entidad. Aunque son excelentes y están concebidos de una manera académica y respetuosa con las víctimas, no tenemos recursos suficientes en personal para que eso realmente se lleve a la práctica y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer.

En diciembre vimos que, de nuevo, los principales agresores son los hombres más cercanos a las mujeres y a las niñas, ¿por qué nos están matando los hombres que dicen amarnos?

Siempre he pensado que esas violencias obedecen al machismo, no hay otra explicación. Tenemos una sociedad completamente machista, totalmente misógina, desconocedora de los derechos de las mujeres y no son solamente los hombres, desafortunadamente, también somos las mujeres las que muchas veces perpetuamos los estereotipos de género (…). En la costa pacífica es supremamente marcada esa situación: el machismo es algo exacerbado, es nuestro pan de cada día. 

Acá me alarmó desde el primer momento que asumí el despacho. Ver que padres biológicos y abuelos son en mayor número los agresores de niños y niñas. (…) Es tan estructural ese tipo de violencia, que ni siquiera las propias madres de los niños y niñas, ni ellos mismos, son conscientes de que no es su culpa y de que estas personas no tienen el derecho a tomarlos de esa manera. (…) Acá hay niñas de once años, diez años, nueve años embarazadas por relaciones sexuales con hombres de 30, 40, 50, 60 y acá es supremamente normal. Cambiar esas ideas tan arraigadas en la sociedad ha sido bien complejo.

Hemos hecho varias campañas referentes al reconocimiento de la violencia sexual con menores de 14 años para  hacerle entender a la comunidad  que la violencia sexual con menores de 14 años es un delito, pero ha sido un reto enorme. 

En el caso de la niña Sofía Cadavid, el agresor, quien también era su papá, ya había violentado de distintas maneras a la madre de la niña… ¿Podríamos decir entonces que el asesinato de Sofía es una extensión de la violencia ejercida contra su madre?

Sí, innegablemente. Cuando hablamos de un ciclo de violencia de género, sistemática, fundamentalmente los niños se utilizan precisamente para generar castigo a la mujer, para presionarla para volver o generarle sufrimiento. Esa es precisamente la retaliación por no cumplir con los requerimientos o demandas del agresor. No se puede desconocer que lo que ocurrió en ese caso es una afrenta innegable a la madre de la niña y es una violencia con connotaciones de género. 

Desde tu lugar como fiscal, ¿qué está haciendo el Estado para responder ante la evidente #EmergenciaNacionalPorFeminicidios?, ¿has notado alguna reestructuración en la entidad que trabajas para atender mejor a estas violencias?

He notado particularmente que cuando existen casos de este impacto social, generalmente se constituyen grupos especiales para la judicialización. (…) Precisamente, cuando existen casos como estos, se hace el esfuerzo de vincular o trasladar personal para el fin específico del esclarecimiento de la investigación. (…) Generando los grupos especiales, por regla general, se ve que sí se esclarecen los casos de manera oportuna y se activan las colaboraciones interinstitucionales para atención a las víctimas o sobrevivientes.

De alguna forma he notado que esa es la manera en que la institución responde frente a esas coyunturas y frente a los casos que se publicitan más, pero el problema es que estos casos se presentan más a menudo de lo que uno quisiera. Desafortunadamente solo algunos tienen eco nacional. 

Tengo que reconocer que la institución ha sido muy juiciosa a la hora de brindarnos a los funcionarios una capacitación del enfoque diferencial para todo el personal de la Fiscalía Tumaco. Además, la existencia de protocolos son bastante útiles para contextualizar a los funcionarios frente al manejo de las investigaciones. Si contáramos con el personal suficiente para atender los asuntos, la aplicación de ese protocolo sería un éxito total. Incluso reduciríamos el índice de feminicidios porque se atendería la violencia intrafamiliar, que es la antesala del feminicidio.

¿En qué consisten esos protocolos?

Son resoluciones que adopta el Fiscal General de la Nación, producto de un proceso académico investigativo con colaboración de otras instituciones. Busca generar recomendaciones y mejores herramientas para adoptar criterios diferenciales para el esclarecimiento de los hechos: que atendamos a las víctimas con enfoque de género, etnia, edad. Son muy útiles porque no solo condensan la legislación interna, sino el ámbito constitucional y de jurisprudencia de las altas cortes. Existe un protocolo de feminicidio y dentro de ese protocolo se destaca el tratamiento de casos de violencia intrafamiliar y el Formato de Identificación de Riesgo (FIR) que nos permite saber en qué tipo de riesgo está la víctima al interponer la denuncia. 

No siempre los casos se quedan en los archivos. Muchos funcionarios y funcionarias nos esforzamos para lograr algo de justicia.

¿Cuáles son las mentiras o mitos en los que caen muchas víctimas antes de denunciar o que evitan que ellas denuncien?

He encontrado como común denominador en las víctimas que siempre piensan que es su palabra contra la del agresor: “No, es que yo no tengo pruebas”. Muchas de las víctimas se sienten obligadas a probar de alguna manera su testimonio y es algo incorrecto que nos ha costado hacerles entender a las víctimas: el estándar probatorio elevado no es necesario en estos casos como en otros delitos porque se trata de violencias basadas en género. La propia Corte Constitucional ha declarado que esos estándares probatorios deben disminuir y el testimonio de la víctima adquiere todo el peso que podría tener un gran cúmulo de pruebas en otros delitos. 

Noto siempre que las víctimas que no conocen sus derechos o de lo que implica un proceso penal piensan que formular la denuncia no va a ser lo suficientemente útil en sus casos y antes de denunciar dicen: “No, yo para qué hago eso”. Entiendo que puede pasar por los bajos porcentajes de esclarecimiento, pero no es del todo cierto. He tenido casos en los que dentro de las 36 horas siguientes a la denuncia inmediatamente solicitamos una orden de captura y el agresor está detenido y con una medida intramural. No siempre los casos se quedan en los archivos. Muchos funcionarios y funcionarias nos esforzamos para lograr algo de justicia. Es muy importante denunciar porque sí se logra esclarecimiento.

En diciembre pasado no se registraron feminicidios en Nariño. Sin embargo, este año tenemos conocimiento de al menos cuatro casos, ¿Cómo está respondiendo el departamento ante los feminicidios?

El departamento tiene varios comités relacionados con la prevención de violencias basadas en género. Existe incluso el comité departamental que le hace seguimiento a la Ley 1257 de 2008. Sé que a nivel administrativo y de carácter político, esos comités impulsan el seguimiento de casos y su pronta judicialización. Desde las instituciones tenemos gente dedicada casi de manera exclusiva a esclarecer estos feminicidios. Existe una unidad en la Fiscalía de Nariño específica para la judicialización de delitos dolosos cometidos contra las mujeres. Es un gran esfuerzo porque esto requiere más recursos físicos, técnicos y humanos para el esclarecimiento de estos hechos. 

Además de atender oportunamente las denuncias, ¿desde dónde se puede actuar para detener estos feminicidios sistemáticos?

Siempre he sido muy partidaria de la necesidad de prevención de las violencias. (…) Si un hombre o una mujer es capaz de identificar una violencia de género, pues muy probablemente va a ser capaz de evitarla o de defenderse frente a ella. Muchos de los casos llegan a feminicidios porque muchas víctimas no reconocen que están siendo víctimas de violencia sistemática y que el feminicidio puede ser el escenario final.

Uno nota en el comparativo con otras ciudades y cómo funciona realmente el modelo y uno siente realmente que en las zonas rurales les estamos debiendo a las víctimas.

¿Cómo está el panorama de justicia para las mujeres y niñas en Tumaco, específicamente?

Es muy alarmante. Un 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual en Tumaco son mujeres y del total de esas víctimas, un 80 por ciento son niñas menores de edad. Es alarmante la manera tan sistematizada como se ejecutan estas violencias frente a las niñas. Son innegable las estadísticas y es importante reconocerlas también de esa manera para satisfacer las necesidades en cuanto atención en esos procesos. 

¿Difiere mucho el accionar de la justicia para las mujeres en las grandes ciudades y zonas urbanas frente a las zonas rurales y municipios?, ¿por qué?

Sí. Inevitablemente es una situación que no se puede desconocer. Yo trabajo en el modelo CAIVAS (Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual). Sin embargo, de Centro de Atención Integral solo tiene el nombre. Los grandes modelos están instituidos en las ciudades, en las capitales: Pasto, Bogotá, Cali, Medellín, en las grandes ciudades existe un equipo interdisciplinario como debe ser, como está concebido el modelo para la atención de las víctimas, pero desafortunadamente no es una situación que se aplique de la misma manera en las zonas rurales. 

Tumaco no es tan pequeño, pero sigue siendo rural en comparación a la capital de Nariño que es Pasto. No contamos con los profesionales suficientes para atender los asuntos y mucho menos con la naturaleza de interdisciplinariedad que los mismos ameritan. No tenemos ni siquiera en Tumaco un hogar de paso que podamos utilizar para las víctimas adultas tanto en violencia intrafamiliar como en violencia sexual. Carecemos de algo tan esencial y tan elemental para brindarle protección a la víctima mientras dura el proceso penal.

Uno nota en el comparativo con otras ciudades y cómo funciona realmente el modelo y uno siente realmente que en las zonas rurales les estamos debiendo a las víctimas. (…) Por eso se sienten abandonadas y desisten del proceso penal. Yo noto que lo que hacemos no es suficiente. Es una realidad inevitable que pienso que no se puede ocultar. 

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Si estás leyendo este artículo y estás siendo víctima de violencias basadas en género aquí hay líneas de ayuda a las que puedes acudir:

  • Línea Nacional 155 para recibir orientación si estás siendo víctima de alguna violencia basada en género
  • Correo de la Fiscalía Seccional Nariño: atencionusuario.narino@fiscalia.gov.co
  • Línea Púrpura en Bogotá: 018000112137, número gratuito desde teléfono fijo o celular. WhatsApp 3007551846
  • Red Solidaria de Mujeres: WhatsApp 3223328655
  • Línea de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes: 141. WhatsApp: 3202391685 – 3208655450 – 3202391320
  • Línea Fiscalía General de la Nación: 122, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual.

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