Los transfeminicidios siguen aumentando en el Caribe colombiano

Al menos cinco transfeminicidios se han registrado en esta zona desde que inició la pandemia. Algunas de las víctimas habían denunciado previamente amenazas de muerte por parte de la Policía de un corregimiento. ¿Qué está pasando en el Caribe colombiano con las garantías de vida para esta población?

Ser una mujer trans en Colombia se siente muchas veces como estar condenada a una sentencia de muerte. Al iniciar la pandemia y su cuarentena por causa de la covid-19, se empezaron a vivir impactos específicos para nuestra población en diferentes territorios. Uno de ellos fue el aumento de  los transfeminicidios en la región Caribe colombiana, así como crímenes de odio en contra de poblaciones con orientaciones sexuales diversas. Varios de estos transfeminicidios ocurrieron en casos que involucran denuncias de amenazas de muerte a algunas de estas víctimas por parte de agentes de la Policía de la zona. ¿Por qué y quiénes están asesinando a las mujeres trans en el Caribe colombiano?

La Corte Constitucional dictaminó a través de la Ley Rosa Elvira Cely,  la sentencia C-539 que tipificó el delito de feminicidio en Colombia, que los asesinatos de personas trans deben llevar la tipificación y el análisis correspondiente de feminicidio, incluidos los hombres trans, en supuestos de que el crimen haya sido “motivado en el sexo (femenino) asignado al nacer (…) o en la identidad de género» asumida por la víctima.

Esta violencia, que tiene como objetivo hacer un barrido de aquello que no es normativo, es también el resultado de diferentes procesos de exclusión social que hemos vivido la población trans de manera histórica. Exclusiones que tienen que ver con espacios laborales e incluso con acceso a servicios tan prioritarios como el sistema de salud. Una cadena de exclusiones que aumentan nuestra exposición y los riesgos que implican ser trans en este país, riesgos que no deberían existir. Según un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra expectativa de vida en la región es de 35 años, para el 80% de nosotras.

Hay datos, pocos, que son muy dicientes para intentar ilustrar esa exclusión social a la que me refiero: por ejemplo el 23,7 por ciento de las mujeres trans no están afiliadas a ningún sistema de seguridad social, según el ‘Estudio de vulnerabilidad al VIH del 2016’. Asimismo, según datos que maneja la Fundación GAAT, Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans, el 15,8 por ciento de las mujeres trans han sufrido rechazo o maltrato en sus lugares de trabajo. También, según el estudio ‘Línea base PPLGBT’, solo el 7,89 por ciento de las mujeres trans y el 14,29 de los hombres trans acceden a la universidad.

Esto cierra la gama de oportunidades para las personas trans, y con el abandono estatal que se siente en varios territorios, empeora nuestra situación en diferentes poblaciones, donde muchas veces la única opción es ejercer el trabajo sexual, una actividad que obliga a salir a las calles de manera rutinaria para obtener un sustento diario a pesar de la covid-19, de las noches oscuras y de la inseguridad en las calles, en donde muchas veces ocurren estos transfeminicidios. Según datos de la Fundación GAAT, para el 69,1 por ciento de las mujeres trans, y para el 50 por ciento de los hombres trans, el trabajo sexual se convierte en su única opción laboral.

La sensación generalizada que se sigue sintiendo en el país y en la zona Caribe para las personas trans es la falta de oportunidades, la necesidad de implementar políticas públicas que sienten un precedente y garanticen nuestros derechos, la falta de respeto por los derechos humanos y sobre todo el riesgo latente. Un riesgo que, en lo que va del año, ha cobrado sistemáticamente la vida de 29 mujeres trans. Varios de estos transfeminicidios han ocurrido en el Caribe, cómo se evidencia a continuación.

Crímenes de odio en la zona Caribe 

El 14 de junio de 2020 la familia de Ariadna halló su cadáver en el piso de su habitación con varias puñaladas en el cuerpo, en su casa ubicada en el barrio Cristo Rey, al sur de Santa Marta. La víctima, oriunda de Riohacha, ejercía el trabajo sexual desde su vivienda. La investigación de este transfeminicidio aún tiene muchos interrogantes. De parte de la Fundación Calidad Humana, la ONG defensora de derechos humanos de la cual soy líder, tenemos la información de que días antes Ariadna, junto con otras seis mujeres trans, denunciaron ante esta organización presuntos acosos, maltratos, discriminación, persecución, trata de personas y extorsión por parte de agente de la Policía Metropolitana de Santa Marta, adscritos al CAI de Mamatoco.

Video de denuncia donde Ariadna, junto a otras compañeras, denuncian amenazas y maltrato por parte de las autoridades de la zona. Video cortesía de la ONG Calidad Humana.

Ese mismo día en la madrugada asesinaron a Brandy Carolina Brow, en el barrio La Chinita en Barranquilla. En medio de una riña después de una fiesta, cómo aseguran algunos medios, un hombre que las autoridades identificaron como ‘Esneider’ sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuello a la víctima. Con la ONG Calidad Humana, y en compañía de otras organizaciones, indagamos sobre la vida de Brandy en los lugares que frecuentaba. Su círculo más cercano asegura que estuvo privada de la libertad tanto en Boyacá como en Barranquilla, cómo aseguran en los medios de comunicación, por delitos como hurto y agresión a un servidor público. Brandy manifestaba haber sido víctima de tratos denigrantes en ambos centros de reclusión debido a su identidad de género y su orientación sexual. Ahora que había recobrado su libertad, se dedicaba al trabajo sexual, la peluquería y había regresado a vivir en el barrio La Chinita. Hemos resaltado con varias organizaciones que este barrio es un lugar de alto riesgo para la comunidad LGBT, pues se ha podido registrar que es uno de los lugares con mayor índice de violencia contra estos grupos poblacionales.

Casi un mes después, el 12 de julio de 2020, Leidy Padilla Daza, que se dedicaba a ser peluquera, fue asesinada de dos puñaladas afuera de su local en el barrio Villa del Rosario en Valledupar. Sin alcanzar a trasladarla a algún centro de salud, la Policía y el CTI llegaron un rato después a hacer el levantamiento respectivo, tomar declaraciones a los testigos que presenciaron el crimen y recolectar material probatorio. Según la plataforma Caribe Afirmativo, Leidy lideraba acciones de prevención de VIH y Sida en el espacio público, hacía parte de la organización de la marcha LGBTI en esta ciudad y hacía parte de la organización LGBTI Matices

Nuevamente la violencia transfeminicida se hizo sentir en Santa Marta con el asesinato de Patricia Dumon el pasado 19 de agosto, encendiendo nuevamente las alarmas del distrito de Santa Marta. Patricia muere de un balazo en la cara, en medio de la carretera del sector de Mamatoco mientras ejercía como trabajadora sexual. Según los testimonios, cerca de las nueve de la noche una moto la abordó para solicitarle sus servicios. Patricia accedió, pero nunca regresó al hotel donde pernoctaba con sus compañeras. Tampoco se comunicó con ninguna de ellas durante toda la noche. Las hipótesis de su muerte continúan siendo varias, y la investigación por parte de las autoridades continúa. Patricia, como Ariadna, había sufrido en ocasiones anteriores amenazas de la Policía de Mamatoco, según hemos podido registrar con la ONG Calidad Humana. 

Casi dos meses después, el cuatro de octubre de 2020, en Cartagena asesinan a Michel, otra mujer trans que se suma a las víctimas mortales de la violencia de género que solo crece en la zona Caribe. Según sus reportes, las autoridades encontraron el cuerpo de Michel en los alrededores de la Plaza de Toros de la ciudad, con heridas de cuchillo en el pecho y el antebrazo. Las versiones recogidas por las autoridades de Cartagena indican que el presunto agresor era un conocido de la víctima, y que se dedicaba al hurto y la distribución de estupefacientes. Sin embargo aún no se ha podido establecer el motivo del crimen.

¿Muertes anunciadas?

Los detalles compartidos en cada crimen de cada tranfeminicidio tienen un solo objetivo, y es el de poder mostrar de alguna manera la sevicia de los agresores en cada una de estas muertes. La mayoría de estas víctimas murieron por heridas de arma blanca, siendo atacadas de manera directa por su asesino.

Respecto a las amenazas que vivieron Ariadna y Patricia Dumon por parte de funcionarios de la Policía de Mamatoco, en la Fundación Calidad Humana recibimos mensajes previos de denuncia por parte de varias mujeres trans trabajadoras sexuales, y nos reunimos con algunas de ellas. En este grupo estaban Ariadna y Patricia, pero no quisieron denunciar por miedo. Con quienes sí denunciaron realizamos un oficio que le entregamos a la Policía Metropolitana de Santa Marta. En ese momento el coronel Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, designó al mayor William Guerrero como encargado de la investigación. Sin embargo, no pasó mucho en ese momento.

Oficio entregado por la Fundación Calidad Humana a la Policía Metropolitana de Santa Marta. Cortesía de Christina Cantillo.

Oficio entregado por la Fundación Calidad Humana a la Policía Metropolitana de Santa Marta. Cortesía de Christina Cantillo.

Oficio entregado por la Fundación Calidad Humana a la Policía Metropolitana de Santa Marta. Cortesía de Christina Cantillo.

Las amenazas contra las trabajadoras sexuales que habían denunciado en ese momento continuaron, y esta vez, según ellas fueron amenazas de muerte. Según ellas los policías señalados las abordaron para decirles que ya sabían de las denuncias y que iban a ‘aparecer muertas por allí’. Con la preocupación de estas nuevas amenazas, radiqué una denuncia ante la Fiscalía a inicios de marzo, y las mujeres graban el video publicado antes en este texto, donde denuncian directamente a los policías que las amenazan. Casi tres meses después, a mediados de junio, Ariadna es encontrada muerta en su casa.

Denuncia radicada en Fiscalía por Calidad Humana. Cortesía de Christina Cantillo.

Denuncia radicada en Fiscalía por Calidad Humana. Cortesía de Christina Cantillo.

Desde la zona Caribe seguimos resistiendo, cómo podemos, la violencia contra la población trans. Organizaciones como Caribe Afirmativo han velado por garantizarle a la población trans la visibilización de sus casos a través de informes e investigaciones, así como el apoyo de acompañamientos jurídicos que han incluido: radicación de denuncias penales, querellas administrativas, monitoreos conjuntos con organizaciones internacionales, talleres de sensibilización para funcionarios públicos, entre otros apoyos.

El apoyo y la resistencia de organizaciones como Caribe Afirmativo, o como la ONG Calidad Humana tiene que continuar y crecer. El aumento de transfeminicidios en esta zona del país está generando una pregunta concreta: ¿La población LGBTIQ en el Caribe, y en el resto de Colombia, está teniendo garantías para llevar una vida digna llena de oportunidades? El objetivo de activismos como el mío es poder responder con total seguridad que sí.

***

Christina Cantillo Martínez, la autora de este texto, es una mujer trans nacida en Santa Marta en 1985. Tiene formación en trabajo social y comunitario, con amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Actualmente dirige la fundación Calidad Humana Construyendo Sociedad Colombia ONG, que defiende los derechos humanos. Recuerda seguir a MANIFIESTA en Instagram.

#NiUnaMenos, Caribe, MujeresTrans, Transfeminicidios, ViolenciaPolicial

Comentario

  • Marian de las salas Cantillo

    desde la fundación lideres en culturas de paz FUNLUCULPAZ apoyamos la defensa de los derechos humanos y humanitarios en Colombia y el enfoque fe género como un garante para lograr una paz estable y duradera la capacidad de apoyo y lalidad de la fundación calidad humana para la transformación de las vidas en el departamento

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