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Red de prostitución y explotación sexual de mujeres colombianas en España es desarticulada


Magistrada Cristina Pardo Schlesinger

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Periodo en la Corte: Desde el 16 de mayo de 2017 hasta mayo de 2025.

julio 9, 2021

Esta abogada bogotana fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional entre 1996 y 2010, periodo en el que además fue magistrada titular encargada. En 2010, el expresidente Juan Manuel Santos la nombró Secretaria Jurídica de la Presidencia, hasta que renunció en 2017 para ser ternada como magistrada titular de la Corte Constitucional. 

“Cristina Pardo es una magistrada con una formación constitucional muy sólida”, dice Pardo Rodríguez, quien señala además que, aunque se ha asociado su trabajo con personas y posiciones conservadoras, “hay que reconocer que también ha sacado sentencias en donde presenta un avance para construir enfoque de género en ambientes laborales y para luchar contra formas de violencias contra las mujeres”.

El mejor ejemplo de esto es la sentencia T-140 de 2021, que fue noticia hace pocas semanas: el caso Vanesa Restrepo contra El Colombiano

Vanessa puso una acción de tutela por un caso de acoso sexual de parte de uno de sus compañeros en el diario El Colombiano. “Esa acción de tutela llegó a dos jueces en dos instancias anteriores que fallaron en contra de Vanesa. Desde Dejusticia acompañamos el caso cuando llegó a la Corte para que fuera seleccionado”, explica María Ximena Dávila, investigadora de este centro. “La Corte Constitucional lo seleccionó y la sentencia proferida, a diferencia de las dos anteriores, protegió los derechos de Vanessa y determinó que el periódico El Colombiano vulneró los derechos fundamentales al trabajo y a vivir una vida libre de violencias en el espacio laboral”. 

Dávila señala, además, que la sentencia tiene varias virtudes. Por un lado, es la primera vez que se toma realmente en serio la violencia sexual de todo tipo dentro de los espacios de trabajo o como producto de las relaciones que se dan gracias al espacio de trabajo. “Ya con eso es un precedente histórico; no solo para las mujeres periodistas y personas que trabajan en medios, sino para todas las mujeres trabajadoras”, agrega Dávila.

Por otro lado, deja muy claras las obligaciones de los espacios laborales, independientemente de que sean públicos o privados, en cuanto a la prevención, sanción y no repetición de estas violencias. Además, reconoce la importancia de utilizar el género como una categoría de análisis central para abordar la violencia contra las mujeres y dice que el análisis de género es una obligación en derecho para todos los operadores.

SentenciaResumen
Sentencia T-140 de 2021Una sentencia histórica donde la Magistrada construye enfoque de género en ambientes laborales y aporta a la lucha contra formas de violencias contra las mujeres
Sentencia T-246 de 2020Una sentencia que deja en claro que personas extranjeras con permanencia irregular deben recibir atención básica si no cuentan con los recursos, y deben recibir tratamiento para VIH sin importar su nacionalidad.
La trayectoria de la Magistrada Pardo resumida en sentencias que han significado fallos a favor de los derechos de las mujeres.

Finalmente, dedica todo un apartado a las situaciones de violencias específicas que sufren las mujeres periodistas: tanto en las coberturas como en las salas de redacción. “Es la primera vez que la corte se dedica a hablar específicamente de las violencias que viven las mujeres periodistas en los medios”, señala Dávila.

Dejusticia acompañó otra sentencia cuya ponente fue Pardo Schlesinger: la T-246 de 2020, que surgió como respuesta a una tutela presentada por una mujer migrante en situación irregular a quien se le negó el tratamiento antirretroviral (TAR) tras ser diagnosticada con VIH en el Hospital Universitario del Caribe en 2019. 

La Corte ordenó revocar la decisión de primera instancia que negaba el acceso al TAR y reiteró que las personas extranjeras con permanencia irregular tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias cuando carezcan de recursos económicos. También enfatizó que el diagnóstico de una persona que vive con VIH es razón suficiente para que se inicie el TAR, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, según cuenta Dejusticia.

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