El 16 de septiembre de 2020 marcó una fecha importante para el calendario feminista colombiano. Ese día, varios movimientos de mujeres se unieron para seguir avanzando hacia el alcance de más derechos y libertades para nosotras en Colombia, a través de una demanda que interpuso Causa Justa ante la Corte Constitucional que busca eliminar el aborto como delito del Código penal.
Esta búsqueda es el paso definitivo que sigue por la lucha de nuestra autonomía. Y es la ratificación, desde lo jurídico, de algo que poco a poco venimos entendiendo en Colombia: que la decisión sobre nuestros cuerpos es un derecho al que debemos acceder, y no un acto que se catalogue como un delito y sea castigado con cárcel. Según la última encuesta de Cifras y Conceptos, 80% de 4.867 colombianes respondieron estar «ni de acuerdo ni en desacuerdo» o “totalmente en desacuerdo” con que las mujeres que aborten vayan a la cárcel.
Adicional a esto, tras quince años del reconocimiento de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como derecho fundamental, y su despenalización parcial a través de la sentencia C-355, ha quedado claro que este avance no fue suficiente: muchas de las barreras persisten, el acceso es desigual en el país y el aumento de la criminalización es alto, recayendo sobre los grupos que viven en mayor situación de desventaja.
El próximo septiembre, si no se prolonga más, la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión que, esperamos, sea a favor de las mujeres. Y creemos que estamos ante un momento histórico para conseguirlo: es la primera vez que casi la mitad de magistradxs de la Corte Constitucional son mujeres.
Eso no va a significar que las mujeres magistradas, por el hecho de serlo, vayan a fallar a favor de los intereses y libertad de las demás y eliminar el aborto del Código penal. Y si fallan en contra no significa que eliminar el delito de aborto no sea una causa justa de las mujeres. Lo que se espera, es que la decisión conjunta de la Corte garantice que mujeres y personas gestantes puedan decidir sobre sus cuerpos, sin enfrentarse a barreras o acudir a servicios de aborto inseguros que pongan en riesgo su salud o su vida.
Sin embargo, el hecho de que cuatro mujeres integren el tribunal que va a tomar esta decisión no es algo común. En los 28 años de existencia de la Corte Constitucional, solo ha habido seis magistradas. Y con la llegada de Paola Meneses, en enero de 2021, es la primera vez que hay cuatro mujeres en esta institución.
Cada una de ellas, Gloria Stella Ortiz, Cristina Pardo, Diana Fajardo y Paola Meneses, ha construido y aportado al avance de una jurisprudencia con enfoque de género. Desde la defensa de los derechos de comunidades diversas hasta la atención obligatoria en salud de las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, las cuatro magistradas han delineado un camino que puede ampliarse de manera visible para nuestros derechos si su voto en septiembre se hace a favor de la despenalización del aborto en el país. Un camino que en muchos aspectos es coherente con la pretensión de Causa Justa.
Mientras llega la fecha, ¿Quiénes son estas magistradas y qué decisiones han tomado en defensa de los derechos de las mujeres y poblaciones diversas?
Haz click en la imagen de cada magistrada para recorrer su trayectoria:
[widgetkit id=»17″]*Este contenido hace parte de ‘MAREA: por el derecho a decidir’, un proyecto periodístico de MANIFIESTA que aboga por la despenalización social del aborto en Colombia. Este contenido de MAREA fue hecho en alianza con el movimiento Causa Justa.
