*Al final de este texto encontrarán un glosario con definiciones clave de conceptos como regulacionismo, abolicionismo, trabajo sexual, trata con fines de explotación sexual. Este permitirá entender mejor las discusiones que se plantean a continuación.
Maryluz no entra en detalles: fue secuestrada en 2002 y cuenta que ‘así cayó en la prostitución’. Por eso su activismo abolicionista actual se enfoca en el marco del conflicto armado, pero también en la crisis de explotación sexual que está viviendo la ciudad de Medellín. Después de formar parte de una organización que trabaja por la regulación del trabajo sexual, esta mujer de Nariño, Antioquia, concluyó que es una sobreviviente, no una trabajadora sexual, y ahora se enuncia desde allí. Su historia de vida no solo representa un cruce atípico entre dos posturas: primero la regulacionista y luego la abolicionista de la prostitución; también la problemática de la explotación sexual en el contexto del conflicto interno y en la ciudad, que cobra vida en el cuerpo de mujeres como ella.
Las marcas no solo son físicas. “Yo ahora siento mucho miedo de viajar (…) siento como si fuera a viajar a ejercer la prostitución y me da mucho miedo, ganas de vomitar, tristeza. He pospuesto muchos viajes por eso. Yo siento una tristeza inmensa”, relata Maryluz.
De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en 2022 Antioquia fue el segundo departamento con más víctimas de trata de personas. La UNODC define este delito como el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción. Tiene varios fines y uno de ellos es la explotación sexual. Antioquia también ocupa el segundo lugar de esta forma de trata, según cifras presentadas en un debate de control político reciente sobre el tema en el Concejo de Medellín. Los medios son un reflejo semanal de esta situación. Por ejemplo, en abril, CAMBIO publicó la historia de una niña secuestrada por el ELN en el Bajo Cauca, llevada a Medellín y explotada sexualmente junto a otras menores en el Parque Lleras.
Organizaciones como la Corporación Jurídica Libertad, dedicada a la defensa de los derechos humanos y citada por el mismo medio, asegura que los casos de niñas desaparecidas en esa región de Antioquia y llevadas a la capital, donde se convierten en mercancía, se vienen presentando hace dos años.
En paralelo, la situación en la ciudad se ha agudizado por cuenta del crimen organizado que está ampliando su negocio a las redes de trata, y los récords de visitas turísticas a la ciudad, algo que fomenta el mal llamado ‘turismo sexual’. Cada vez son más los titulares sobre denuncias contra ciudadanos extranjeros que visitan e incluso se instalan en Medellín para captar menores de edad y mujeres en situación de vulnerabilidad con fines sexuales comerciales en fiestas o a plena luz del día en varias zonas de la ciudad.
Aunque la Defensoría del Pueblo, el Concejo y varias organizaciones civiles locales han lanzado alertas, fuentes consultadas coinciden en que ni el gobierno local ni el nacional priorizan esta emergencia. De hecho, según datos del MinInteror, los casos de trata se han duplicado en el país de 2016 a 2022.
La problemática ha enfrentado con fuerza a sectores de mujeres regulacionistas del trabajo sexual con mujeres abolicionistas. Las primeras luchan por la despenalización, reconocimiento y formalización del trabajo sexual, la regulación estatal de este, y la protección legal y asistencial de quienes lo ejercen. Las segundas niegan la prostitución como un trabajo: lo ven como explotación sexual en el marco de una sociedad patriarcal, y buscan formas de perseguir a quienes componen la demanda, y mejorar los medios materiales de quienes ejercen la prostitución.
El gobierno actual ha dejado claro en varias ocasiones que coincide con la primera postura. Y ahora, en la reglamentación del nuevo Ministerio de la Igualdad, se anunció la creación de una Dirección para Actividades Sexuales Pagas bajo el mando del Viceministerio de la Mujer. Aunque la vicepresidenta y ahora ministra de la igualdad Francia Márquez negó esto en un tuit, la posible dependencia fue un nuevo choque entre ambas posturas. Sectores abolicionistas, algunos de ellos con agendas transexcluyentes, otros con agendas electorales, cuestionaron que este Ministerio tenga una Dirección de Actividades Sexuales Pagas, y no una contra la trata y la explotación.
Mientras la discusión sigue su curso, la crisis en Medellín aumenta con los días. Lo que hoy sucede en la ciudad desdibuja la línea entre trabajo y explotación sexual, y supera las discusiones entre regulacionistas y abolicionistas de la prostitución. De fondo está una crisis cultural, institucional y humanitaria que no da espera a un acuerdo social y políticas públicas sobre cómo abordar la intersección de esta problemática con el turismo en la ciudad.
En MANIFIESTA consultamos a fuentes que, desde orillas distintas, coinciden en que el gobierno, a través del MinIgualdad, tendrá que poner la lupa sobre la pesadilla que viven muchas mujeres y niñas cada noche en pleno Parque Lleras.
“A mí me engendró mi madre para ser feliz”
El 12 de julio, el concejal Daniel Duque de la Alianza Verde citó a un debate de control político para exponer la afectación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes causada por su explotación sexual (ESCNNA). “La explotación sexual es un crimen contra la mujer (…) Yo fui un ser humano que se deshumanizó con un billete (…) Ninguna mujer nace para ser prostituida. A mí no me engendró mi madre para ser el inodoro de Colombia, a mí me engendró mi madre para ser feliz”. Así terminó su intervención en el debate Maryluz López Henao, invitada para dar su testimonio como sobreviviente.
Entre 2015 y 2017, cuando Maryluz salió de la prostitución, en sus palabras, quería hablar de su experiencia sin estigma. Por eso, el año pasado se unió a un colectivo que aboga por la regulación del trabajo sexual, pero luego empezó a aprender sobre conceptos y enfoques: “abolición, regulación, prohibición. Busqué personas que sí supieran sobre eso, empecé a juntarme con ellas y a mirar el tema (…) me di cuenta de que mi forma de pensar y sentir coincidía más con la abolición, porque yo siempre he buscado defender los derechos humanos de las mujeres, ponerme en sus zapatos”. Esto ocurrió en paralelo con la publicación de su libro ‘Alzo mi voz’, un ejercicio de sanación a través de la escritura, y un relato sobre una de las múltiples formas de violencia sexual en el conflicto armado.
“¿Por qué relaciono yo el conflicto armado y la prostitución? Porque me tocó a mí, porque a raíz de sufrir un secuestro caí en la prostitución, y siempre en los asuntos de conflicto armado están las ‘putas’, son a quienes más se les agrede, se les vulnera, que no cuentan como personas, seres humanos”, nos explica.
Maryluz también fue víctima de reclutamiento forzado y explotación sexual en la adolescencia. Esa intersección de la guerra, la infancia y la violencia sexual sigue presente en el departamento, como se evidencia con la investigación de CAMBIO; cuando se traslada a la ciudad, se cruza con dinámicas de empobrecimiento y desprotección, así como con una demanda demencial de parte de turistas que llegan a captar niñas y mujeres que no decidieron estar en su radar ni se enuncian como trabajadoras sexuales.
Una demanda demencial e impune
Según las cifras entregadas Daniel Duque, entre 2020 y 2022 en Medellín se registraron 736 víctimas de explotación sexual de menores de edad, un número compuesto por casos escabrosos y un subregistro latente.
Solo para dar una idea, en septiembre del año pasado, la Defensoría Regional de Antioquia lanzó una alerta por presunto rapto de niñas, niños y adolescentes, quienes habrían sido llevades a casas de El Poblado y explotades sexualmente por extranjeros y colombianos que los buscaban en el Parque Lleras. “Se están robando los chicos y los están encerrando, niños de 10 y 11 años, como sucedió en la Feria de las Flores pasada, donde comentaban que había casas donde los niños están siendo encerrados”, explicó la Defensora Regional Yucelli Rincón en entrevista con Teleantioquia.
Si esto ocurre en el espacio público, en plena zona rosa y corazón de la vida nocturna de Medellín. ¿Qué pasa a puerta cerrada? En febrero de este año, en MANIFIESTA contamos la historia de captación de menores de edad en fiestas organizadas por los estadounidenses Cassey Brown y Patrick Red. Las ‘gringo parties’ se hacían en penthouses de El Poblado y Provenza, y se pautaban como espacios de mujeres con un perfil específico (‘jóvenes’, ‘elegantes’, ‘atractivas’ y no ‘prostitutas’ o ‘modelos webcam’) conocían extranjeros y consentían tener sexo. Sin embargo, encontramos que estos hombres habrían explotado sexualmente al menos a dos chicas menores de edad.
La crisis se evidencia también en los imaginarios de turistas que llegan a Medellín en una búsqueda predatoria de mujeres, donde su consentimiento es lo menos importante. Las denuncias públicas sobre extranjeros que exhiben sus “fantasías de violación” y su búsqueda de “mujeres muy jóvenes” en redes sociales son un indicador del problema.
“Cuando uno va a hacer caracterizaciones de quiénes son las mujeres que en este momento están ejerciendo la prostitución en Medellín casi todas son migrantes venezolanas”, nos cuenta Sara Jaramillo, presidenta de la Veeduría de la Ruta de Trata de Personas de Medellín y activista abolicionista. Ella nos aclaró que su causa se mueve exclusivamente alrededor de ese tema y que ni ella, ni la veeduría que integra, tienen una agenda que niegue la existencia de las personas trans. De hecho, en su trabajo reivindican que las mujeres trans son una población altamente vulnerable a las redes criminales.
“Ahora se acrecentó el problema debido a que hay muchas mujeres venezolanas que llegaron a sobrevivir”, explica desde la otra orilla Mery Giraldo, integrante de Guerreras del Centro, una corporación nacida en los 2000 que apoya a las trabajadoras sexuales, sobre todo a las desplazadas de otras regiones. La misma Mery es desplazada de Pensilvania, Caldas y ejerció el trabajo sexual. Hoy es la representante legal de Guerreras. Asegura que a las migrantes en ventas ambulantes también les ofrecen dinero para que se prostituyan.
Datos de Migración Colombia indican que las regiones con más alta concentración de población venezolana migrante son Bogotá (19,6%), Norte de Santander (10,7%), Atlántico (9,3%), Antioquia (9,1%) y La Guajira (8,6%). En 2021, Medellín albergaba 148.714 refugiados y migrantes venezolanos. No hallamos datos recientes sobre cuántas mujeres y niñas venezolanas permanecen en la ciudad. Tampoco de cuántas ejercen trabajo sexual.
De acuerdo con el análisis de la Corporación Espacios de Mujer, una ONG que trabaja para prevenir la trata de personas y acompaña a víctimas, los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes de nacionalidad venezolana vulnerados o amenazados se incrementaron un 2933 por ciento entre 2016 y 2021: pasaron de 119 personas a 3609.
Una crisis institucional, social y cultural
Un cuestionamiento de Sara Jaramillo a la anunciada Dirección de Actividades Sexuales Pagas del MinIgualdad es que, como está planteada en uno de los decretos que reglamenta el ministerio, no tiene funciones ligadas a la lucha contra la trata o a la reivindicación de los derechos de mujeres en situación de explotación. “El Ministerio se lava muy fácil las manos diciendo que eso le toca a la Fiscalía, que eso le toca al Ministerio del Interior porque es el que tiene la política pública de Derechos Humanos”, opina. “Si tenemos un Ministerio de la Igualdad que va a velar por los intereses y los derechos de las mujeres, deberíamos comenzar a nombrar las cosas como son”. Sara habla del nombre de la Dirección, pues desde su postura abolicionista, el término recoge también, para ella, las violencias referidas.
Este no es un concepto alejado del que tiene Mery Giraldo, a pesar de haber ejercido estas actividades sexuales pagas. Para ambas está la urgencia de contener y prevenir las violencias que pululan en Medellín. “Desde el Ministerio de la Igualdad qué bueno sería que se trabaje el tema de mejoramiento de los ingresos y hacer articulación con la Unidad de Víctimas, porque la gran mayoría de mujeres (trabajadoras sexuales) somos víctimas de desplazamiento”, opina. Para ella lo principal es la autonomía económica. “A medida que una mujer tenga autonomía económica, ya no se va a dejar llevar de proxenetas”, asegura.
El 26 de julio, en un evento oficial en Cali, la vicepresidenta Francia Márquez respondió preguntas de medios y se refirió a los cuestionamientos de la Dirección: “Sé que hay movimientos de mujeres feministas que se han expresado en contra de esta dirección y se han planteado que vamos a motivar la prostitución. Esto no es cierto. Hay varias sentencias de la Corte Constitucional que han establecido y han dado órdenes a las entidades del Estado colombiano para que atiendan a una población muy vulnerable: las mujeres trabajadoras sexuales”, dijo. “Muchas sometidas a violencias. A esas mujeres tenemos que brindarles alternativas económicas, otras oportunidades (…) Hay una dirección que es la Dirección para erradicar todas las violencias contra las mujeres, y una de esas violencias es la trata de personas, la explotación sexual y el fomento de la prostitución forzada”, agregó.
La oposición de la que habla salió a las calles el pasado 13 de julio en Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta, en plantones convocados por cinco organizaciones, algunas de ellas con posturas transexcluyentes. Aunque no se registraron concentraciones masivas en estas ciudades, el abolicionismo, creciente en ciudades como Medellín, se plantó para gritarle al gobierno que escuche lo que tienen por decir y aportar en la construcción del Ministerio.
¿Por qué la lucha contra estas violencias no avanza?
Si bien el trabajo del MinIgualdad aún no arranca, sería importante ver la experiencia de Medellín no solo como una bomba de tiempo, también como un caso de estudio. Por un lado están los índices de trata y explotación, así como la convergencia de estos con el conflicto armado en el departamento. Por otro, el desarrollo turístico que, según la concejala Claudia Ramírez, sí está relacionado con el aumento de estos delitos y debería repensarse desde una perspectiva social y ecológica.
Otros dos factores decisivos son la inoperancia institucional y la naturalización. “No es solamente una situación desatendida por la administración, sino que es una situación normalizada por la ciudadanía (…) En tres años solamente se ha presentado una captura por trata de personas. Estamos hablando de la ciudad más explotadora de Colombia, la más explotadora de mujeres y niñas”, dice Sara Jaramillo, citando datos del debate de control político, el cual se realizó en medio de noticias sobre una red transnacional de trata que enviaba mujeres de Medellín a Francia, y era liderada por un policía y un ex policía.
Aunque parezca solo un chisme en redes sociales, la conversación desatada por la ruptura de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, la supuesta infidelidad de este último con una modelo colombiana, evidencia la normalización a la que se refiere Sara. Los chistes sobre ‘trabajar con la DEA’ (la de abajo) y los rumores sobre la cantidad de dinero que supuestamente cobran algunas mujeres con perfiles visibles en redes sociales por prestar ‘servicios sexuales’ indican cómo se ha instalado el imaginario de que en esta ciudad las mujeres tienen precio, y cómo las mujeres de ‘mayor valor’ no reciben el mismo juicio que aquellas ejerciendo el trabajo sexual en las calles de esta ciudad.
El informe ‘Yo no quiero esto para mi vida’, elaborado por Caribe Afirmativo y publicado en abril de este año, expone la situación de trata contra personas LGBTIQ+ en tres departamentos, incluido Antioquia. “En el contexto de trata de personas, muchas ocasiones los victimarios actúan con pleno conocimiento de las autoridades, en espacios públicos y establecimientos de legalidad, aspectos que hace indispensable mayor atención de los entes de control”, concluye la organización.
Finalmente está el factor del subregistro, muy ligado a la normalización. En su investigación, Caribe Afirmativo dice que existe una brecha entre la comisión del delito y su registro oficial, lo que hace difícil comprender sus dimensiones y ejecutar estrategias para combatirla.
¿Qué aportará la Dirección de Actividades Sexuales Pagas?
El Decreto 1075 del 29 de junio de 2023, que establece la estructura del Ministerio de la Igualdad, ubica la Dirección de Actividades Sexuales Pagas en el Viceministerio de las Mujeres y le otorga siete funciones.
Para Valery Sofía Arango Cadavid, integrante de la Red Popular Trans de Medellín, esto es un avance importante. “Desde la Red la expectativa es muy alta y es ambiciosa: poder tener el componente de vida digna para las personas que ejercemos el trabajo sexual en sus diferentes modalidades. Que por fin se rompa ese estereotipo de que el trabajo sexual tiene que ser empobrecido y de que no es seguro”, afirma. “En Medellín tiene que haber un verdadero proceso de investigación (…) porque siguen vendiendo las cuerpas de nuestras menores de edad en un turismo sexual que es impropio y que no nos representa”.
Por otra parte, para quienes se enuncian como sobrevivientes del sistema prostituyente y se reconocen inmersas en estos delitos, es fundamental que se establezcan líneas de trabajo paralelas que reconozcan la historia de vida, la vulnerabilidad, el hambre y otros condicionantes que, finalmente, aprovechan nacionales y extranjeros que pagan por sexo.
“La dirección de Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de Igualdad falla desde su concepción porque deja de reconocer todas las circunstancias de violencia y pobreza extremas que llevan a las mujeres a prostituirse (…) Se habla mucho de combatir la prostitución de menores pero, sabiendo que la mayoría de mujeres en prostitución ingresan al comercio sexual siendo niñas, ¿cómo es que soy víctima de un delito un día y el día que cumplo 18 soy ‘trabajadora sexual’”, se pregunta Maryluz López.
Si bien la vicepresidenta aclara que no se trata de fomentar la prostitución y que existe otra dirección (la de Prevención y Atención de las Violencias contra las Muejeres) que abordará el problema de la trata, la explotación y la inducción a la prostitución, esta tampoco hace explícita la lucha contra los delitos. Es decir, entre sus tareas no hay nada relacionado con líneas de trabajo o articulación institucional para erradicarlos.
Estos delitos van más allá de las formas conocidas de violencia basada en género, pues no se pueden desligar de dinámicas del conflicto, organizaciones de crimen organizado y transnacional, una altísima rentabilidad –comparable con la del negocio del narcotráfico– y un factor cultural que ubica a Medellín como una capital de la explotación sexual en el marco del turismo.
“Las autoridades deben dejar de obedecer a razones machistas y empezar a luchar contra la trata y la explotación sexual, tal como lo mandan distintos tratados internacionales, la CEDAW y el mismo Acuerdo de Paz”, recuerda Maryluz.
Desde hace una semana estamos intentando obtener respuestas oficiales sobre los enfoques, líneas de trabajo y diálogos con sectores regulacionistas y abolicionistas de la Dirección de Actividades Sexuales Pagas del Ministerio de la Igualdad. Al cierre de esta nota, Vicepresidencia no ha contestado nuestras preguntas.
*
***
