En la noche del pasado seis de abril, mientras Bogotá dormía, en el Parque Nacional y sus alrededores el panorama era desolador. Gritos, llanto y estallidos se escuchaban a lo lejos. El estruendo de las aturdidoras interrumpió la noche de los vecinos de la zona que, desde sus apartamentos grabaron cómo agentes del Esmad reprimían una pequeña manifestación de diferentes pueblos indígenas que reclamaban alimentación diaria. La marcha incluía mujeres y niñes.
La desproporcionalidad de fuerzas era evidente: el gas lacrimógeno impregnó el aire y anunció la tragedia. Según denuncias de políticos como el concejal Diego Cancino, la intervención de esa noche dejó al menos 30 personas lesionadas, incluides cinco niñes y tres mujeres embarazadas.
Juana*, una adolescente indígena embera de 17 años, y su bebé de 1 año a quien cargaba a espaldas, fueron dos de las víctimas. Debido a los golpes que recibieron, fueron trasladados al Hospital Santa Clara, donde estuvieron aproximadamente dos semanas. Cuando les dieron de alta, les trasladaron a un hogar de paso del ICBF donde, según relata Juana, fue golpeada en reiteradas ocasiones por sus costumbres étnicas, como no comer determinados alimentos. “Les pegan en boca, está cargando al niño en su espalda atrás y bienestar halan como un animal por el piso, tirando como basura”, nos traduce su intérprete, pues Juana solo habla dialecto emberá. Esto último no lo tuvieron en cuenta en la institución donde, según ella, en ningún momento hubo alguna labor de traducción.
Luego de varios días en el hogar de paso, cansada del maltrato y sin entender qué pasaba, la adolescente huyó del lugar con su bebé a espaldas. Sin embargo, denuncia ella, personas de la entidad la encontraron, presuntamente la golpearon y se quedaron con su bebé. En su huida, Juana encontró una estación de Transmilenio y logró llegar al campamento en el Parque Nacional.
Según el examen de Medicina Legal que le practicaron ese mismo día, y al que tuvimos acceso en MANIFIESTA, la menor presentó numerosas contusiones en varias partes del cuerpo, por las cuales le dieron siete días de incapacidad. Además, sugerían remitirla urgentemente a una valoración psicológica.
Aunque hace pocos meses Juana recuperó a su hijo, se lo entregaron desnutrido. Desesperada, la joven grabó un vídeo pidiendo explicaciones al ICBF, pero según cuenta el papá del bebé, la entidad se excusó en que, como era Semana Santa, no había personal para atender su solicitud. Durante casi un mes, en MANIFIESTA buscamos respuesta por parte de esta entidad, pero no fue posible que respondieran.
El relato de Juana es uno de los tres casos de violencias basadas en género que pudimos documentar al interior de la población indígena que vivió por meses en el Parque Nacional. Los tres ilustran de manera muy clara la manera en la que las mujeres e infancias indígenas fueron víctimas de violencia institucional, violencia por parte de grupos armados que presuntamente bordeaban la zona e incluso violencia obstétrica ejercida por algunos centros de salud. Factores como la evidente falta de un enfoque étnico para atender estas violencias, la barrera lingüística entre funcionaries del Distrito y personas indígenas, y la falta de condiciones para una vida digna durante su estadía en el parque, fueron agravantes de estos casos. ¿Qué ha pasado en cada uno de ellos y cuál es la situación actual de la población indígena que fue reubicada?
Mujeres con voz propia
“Las mujeres indígenas no somos diferentes a ustedes nuestras hermanas mestizas, de sentir, vivir, soñar, armonizar, tejer procesos pero sobre todo de curar nuestras heridas (…)” se lee en una carta firmada el pasado 15 de febrero, en nombre de las mujeres de los 15 pueblos indígenas: Embera katío, embera chamí, embera dobidá, muisca gue gata thizhinzuqa, tullpa yanacona, kokonuko, nasa, cumbaltar pasto, uitoto monifue, uruk, kubeo, koreguaje, wayúu bakatá, zenú, pijao mohan y eperara siapidara, desplazados forzadamente de sus territorios y asentados por más de siete meses en el Parque Nacional.
En la carta, dirigida a la alcaldesa Claudia López, la invitan a conocer de primera mano lo que estaban viviendo en ese momento y a resolver las tensiones a través del diálogo. La carta nunca fue respondida por la Alcaldía.
Entre quienes firmaron el documento se encuentra Violet o María Violeta Medina, una lideresa del pueblo Nasa que está desde 2015 en Bogotá, desplazada por la violencia desde su lugar de origen. En septiembre del año pasado se unió a la Minga que se asentó como forma de protesta en el Parque Nacional, junto a casi 2.000 indígenas de estos 15 pueblos. El escenario ha sido más difícil para infancias y mujeres indígenas quienes, como ella, viven formas diferenciadas de violencia. Según un censo realizado por la misma comunidad en meses pasados, se pudieron registrar más de 560 menores de edad y 480 mujeres en el Parque Nacional.
La zozobra para Violet inició en carne propia el pasado 25 de diciembre, cuando hombres armados no identificados llegaron al parque, específicamente a su ‘cambuche’, preguntando por ella. Por suerte Violet no estaba ahí en ese momento. La Guardia Indígena, que se encargaba de la seguridad de las comunidades en la zona, notó la presencia de los desconocidos, los abordaron y los entregaron a las autoridades. Ese fue el primero de varios hechos que han afectado su seguridad. Hace casi un mes, su esposo tuvo que escapar de varias motos que lo estaban acechando, e incluso pudimos notar algunos seguimientos irregulares dirigidos hacia ella en nuestra reportería.
La lideresa cree que el origen de estas presuntas persecuciones tiene que ver con su defensa férrea de los derechos de su pueblo. De hecho, tocando puertas aquí y allá, logró hacerse un espacio y viajar a New York a finales de abril para exponer la situación que están viviendo los pueblos indígenas en Bogotá en el Global Indigenous Affairs Desk, dejando claro que las mujeres indígenas tienen voz y agenda propia.
Ante los casos de Juana y de Violet, En MANIFIESTA también buscamos respuestas por parte de la Secretaría de Gobierno, pues nos indicaron que era el ente designado para atender el ‘tema de los embera’ en específico. Queríamos saber, sobre todo, si desde la Alcaldía se había implementado una ruta diferencial con enfoque étnico para atender violencias basadas en género en el Parque Nacional.
Aunque no nos respondieron en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de la Mujer nos explicaron que la ruta que se implementó es la misma que ya maneja esta entidad en la ciudad. Asimismo, explicaron que se instaló una mesa de trabajo en el Parque, donde recibían denuncias sobre este tipo de violencias. Según la institución, sólo tienen registro de una denuncia interpuesta en ese lugar. Igualmente aclararon que en 2021 trabajaron en una traducción de la ruta a Emberá Chamí y Katío, pero no mencionaron si se hizo lo mismo para los otros 13 pueblos.
Violencia obstétrica y desidia institucional
Aparte de lo que han vivido Juana y Violet, también conocimos dos casos de abortos espontáneos al interior del Pueblo Zenú que estuvo asentado en el Parque Nacional. Ambos, denuncia la comunidad, fueron producto de las condiciones en las que vivían en el Parque Nacional, donde se presentó violencia obstétrica y tampoco hubo seguimiento y/o atención oportuna por parte de las instituciones competentes. Un caso fue el de Darly Rivera, oriunda de Sucre, desplazada por amenazas de grupos armados en el municipio de Guaranda, donde residía. Llegó a Bogotá buscando refugio hace casi cuatro meses, se contactó con el Gobernador de su comunidad aquí y terminó viviendo en un ‘cambuche’ con su prima en el Parque Nacional.
Cuando Darly llegó a Bogotá no sabía que estaba embarazada. Después de días de retraso en su menstruación y algunos síntomas, se rebuscó dinero para ir al médico. Ella enfatiza en su relato el trato que recibió en su cita médica, que califica de ‘displicente’. También afirma que le confirmaron el embarazo y le diagnosticaron anorexia, sus datos quedaron errados en el historial clínico y no supo cómo estaba el feto o cuántos meses tenía.
Darly se fue resignada, pero muy emocionada, confiesa. Ella quería tener a su bebé, a pesar de ser consciente de que las condiciones para su gestación eran muy adversas. Dormía sobre un plástico en el piso, a veces pasaba hambre y frío. Sin embargo, tenía la esperanza de que pronto todo iba a mejorar para ella, su comunidad y su bebé.
Un día en la madrugada helada que se sentía en el Parque, Darly se despertó sangrando. Cuenta que avisó a las Autoridades Indígenas y fue remitida de urgencias a una clínica. También cuenta que estuvo sangrando y esperando un buen rato en una sala, hasta que finalmente la atendió un médico que, sin más explicaciones, le dijo que había tenido un aborto y procedió a hacerle un legrado. La mujer cuenta que de nuevo, se vio enfrentada a una atención cruel, ‘victimizante e infantilizadora’. “Me dijo fuerte que abriera piernas, como si yo me lo hubiese buscado (el aborto)”, concluye.
De vuelta en el Parque Nacional, y en un delicado estado de salud, Darly buscó acompañamiento psicológico y médico por parte de las instituciones del Distrito, servicios que lleva esperando desde hace casi tres meses. Adicional a este caso, en MANIFIESTA tuvimos conocimiento de otra mujer zenú que perdió su embarazo presuntamente después de que el Esmad la golpeara en el vientre. La mujer era una de las 3 mujeres embarazadas que se registraron durante la represión de este organismo policial.
Al cierre de esta nota, a ninguna de las dos se les ha acompañado, reparado o al menos, respondido por sus pérdidas. Ambas exigen justicia por la pérdida de sus embarazos deseados.
Los desafíos para el retorno
Las Autoridades Indígenas Bakata, un proceso organizativo de pueblos indígenas que residen en Bogotá, denunciaron que, desde que inició La Minga en el Parque Nacional, el 29 de septiembre de 2021 hasta el pasado 7 de mayo, fallecieron once personas, cinco de ellas menores de edad. La última muerte se registró hace más de un mes: un niño de tres años que al parecer sufría de paludismo. Debido a esto, se volvió urgente buscar una salida dialogada, así que el pasado seis de mayo, gracias a la mediación de la Comisión de la Verdad y la Defensoría a través de la Comisionada Patricia Tobón, se reanudaron los diálogos entre las comunidades y la Alcaldía de Bogotá.
Luego de 300 días de habitar el Parque Nacional y resistir a la falta de condiciones más básicas para sus vidas como agua potable, alimentación básica y techo, se logró un acuerdo entre los 15 pueblos indígenas y el Distrito para retornar a sus territorios o reubicarse en Bogotá. Un día después, parte de la población fue reubicada en la Unidad de Protección Integral (UPI) en el Parque La Florida, en Engativá.
“Allí, el Distrito les asegurará alimentación, servicios de salud, educación y atención a la primera infancia”, se lee en el comunicado distrital. Así inició el proceso de reubicación, en el cual otra parte de la población fue reubicada en otras Unidades de Protección Integral en Bogotá, como La Rioja o El Caracolí, mientras se puede garantizar un retorno con garantías a sus territorios.
MANIFIESTA tuvo acceso al documento que resultó de esa reunión en el cual se acordaron varios puntos fundamentales para la reubicación o el retorno, de acuerdo al caso, como la implementación integral del Artículo 66 del Plan Distrital de Desarrollo, que busca garantizar los derechos de los pueblos étnicos en Bogotá; la participación innegociable de las comunidades indígenas en la formulación de la política pública, en este caso, de las Autoridades Indígenas Bakata; entregar kits de hábitat (colchonetas, cobijas, sábanas, etc) para las comunidades que han sido reubicadas en diferentes UPI de la ciudad, además de garantizarles atención completa de primera infancia, salud, alimentación, y garantizar un regreso digno y seguro para los pueblos indígenas que quieran retornar a sus regiones.
A un mes desde el pacto de estos acuerdos, ya se denuncian incomodidades. Las comunidades aseguran que hay hacinamiento en los centros a los cuales fueron trasladados. También denuncian que en algunos de estos no pueden cocinar y que los mercados no alcanzan. Frente a esta situación, Violet es drástica: “Necesitamos garantías, si no cumplen, volveremos y seremos más. No tenemos miedo”.
Repite la frase luego de una llamada con la Defensoría del Pueblo, en la que una funcionaría le dice que no tienen respuesta sobre su solicitud de protección. Mientras sigue esperando, se resguarda en la medicina ancestral que la protege porque, como supone ella, ese es el precio que debe pagar por rebelarse ante la subordinación étnica que han pretendido imponerle.
Por ahora el panorama del retorno a los territorios de origen de la mayoría de las comunidades es un gran reto, pues la violencia y el saqueo no cesan. Hace tres semanas INDEPAZ reportó una masacre en Alto Baudó, Chocó, donde tres indígenas pertenecientes al pueblo Embera Dobida y un hombre afro fueron asesinados en el resguardo indígena de Peña Alta. Esto evidencia que muchos de estos pueblos no cuentan con garantías de retorno, pero tampoco con garantías de estadía digna.
Aunque después de levantarse del Parque, los titulares de los grandes medios no se hicieron esperar y la mayoría anunciaban el gran ‘final’ de la ‘travesía’ indígena, los pueblos difieren. Para muchos el afán de su reubicación tenía más una preocupación estética que humana. Aún así, afirman que honrarán los acuerdos y esperan que el Gobierno también. Para las Autoridades Indígenas en Bakata la Minga continuará hasta que sus derechos sean respetados y la vida digna para sus pueblos sea una realidad: la resistencia indígena sigue de pie.
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Actualización: en una visita de último momento a La Rioja, una de las Unidades de Protección Integral a donde se reubicó parte de la población indígena, pudimos establecer, según lo que presenciamos y los relatos de la comunidad, que la comida que se está entregando en este centro viene cruda o en mal estado. Debido a eso, afirman personas de la comunidad, hay bebés que se han enfermado, y la población no está comiendo lo que debería. Asimismo, la comunidad denuncia que no han recibido kits de aseo y no les prestan atención médica en el lugar, que cuenta con 13 salones y al menos 500 niñes. Esta también cuenta que el compromiso con el Distrito es que en 25 días se haría un retorno seguro a los territorios, algo que no se ha cumplido.
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