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No cuadran las cifras de feminicidios en Colombia

Por Laura Tatiana Peláez Vanegas

Hace cinco años empezamos a hablar de este delito en Colombia para nombrar una forma de violencia muy antigua contra nosotras las mujeres. Hoy, las cifras entre conteos no cuadran, y generan confusión para entender la dimensión de esta problemática.

abril 14, 2021

La #EmergenciaNacionalPorFeminicidos llegó el año pasado al debate público gracias a la presión conjunta de las feministas: organizaciones sociales, fundaciones, colectivas y medios de comunicación que a diario estamos denunciando la consecuencia más nefasta de la violencia machista: una mujer que deja de existir a la fuerza en razón de su género.

Muchas también decidimos registrar esta forma de violencia en cifras, para intentar darle una dimensión cuantitativa a una problemática tan compleja. En nuestro caso, empezamos una base de datos propia en enero pasado. Ese mes registramos al menos 31 feminicidios, una cifra que ha crecido a 40 casos.

Ante esta presión, y la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno, la congresista por la Unión Patriótica, Aída Avella, convocó el pasado 22 de febrero una audiencia pública en el Congreso para exigir al Estado colombiano responder por la prevención y la impunidad en los casos de feminicidio, en donde también se denunciaron las cifras de este crimen en Colombia.

Y hablamos de cifras en plural, porque actualmente hay varios registros, estatales y no oficiales, sobre cuántos feminicidios ocurren en el país cada año, y ninguna cifra está coincidiendo con otra. ¿Por qué?

Por ejemplo, si alguien se pregunta por cuántas víctimas de feminicidio hubo en 2020, va a encontrar la cifra más oficial de la Fiscalía: 143 feminicidios a hoy, con corte a finales de octubre del año pasado. Pero también podría llegar a otras cifras oficiales como la del Instituto Nacional de Medicina Legal, que cuenta 115 homicidios de mujeres cometidos por sus parejas o exparejas en 2020, o la de la DIJIN, que reporta 185 feminicidios para el mismo año.

Esta cifra fue expuesta por legisladoras el pasado 24 de marzo en el Congreso, en medio de una plenaria que se dedicó a trabajar proyectos de ley relacionados con la equidad de género. “Se presenta un aumento del 3,93% en el número de mujeres víctimas de feminicidio, al pasar de 178 casos reportados en 2019, a 185 en 2020, según las cifras informadas por la Policía», expresó ese día la senadora Myriam Paredes, del partido Conservador.

Por su parte, en la audiencia convocada en febrero, una representante del mismo partido, Adriana Matiz, usó otras cifras para hacer una denuncia: ni la Fiscalía General de la Nación tenía cifras iguales. Según ella, las cifras del SPOA (Sistema de Información de la Fiscalía) –alojada en Datos Abiertos–, indican que entre 2018 y 2020 hubo 1579 feminicidios. Pero en un derecho de petición que pidió la representante, la Fiscalía respondió que para esos dos años hubo 645 feminicidios. Una diferencia de 934 casos.

La denuncia prendió una alarma que algunos medios replicaron: ¿Por qué la Fiscalía tiene cifras que no cuadran? Al hablar con la asesora de la representante, quien filtró la información de Datos Abiertos, nos dijo que se sorprendió con la cifra, pero que «esos fueron los datos que salieron». Al contrastar la información y buscar los feminicidios de 2018 a 2020 en Datos Abiertos, encontramos una cifra muy parecida a la que le entregó la Fiscalía a la representante: 647 feminicidios.

Respecto a la denuncia de Adriana, la Fiscalía General de la Nación le contestó a MANIFIESTA que existe una razón para explicar ambas cifras: “La información que fue entregada en respuesta al derecho de petición incluyó exclusivamente el número de víctimas de feminicidio en las que se concretó la muerte, y no las tentativas de feminicidio”. Algo que corroboramos por cuenta propia: la cifra de Adriana incluye tentativas de feminicidio. No deja de ser escandaloso que igual estemos hablando de más de 900 intentos por asesinar a una mujer.

Las denuncias de ambas políticas, y las cifras en las que se basaron para hacerlas, es solo un ejemplo de lo peligroso que resulta no poder tener un registro certero sobre la cantidad de feminicidios cometidos en el país. Esto, sumado a un probable subregistro estatal que se denuncia constantemente, ha reforzado la necesidad de hacer registros fuera de las instituciones. Sin embargo, esta cifras tampoco coinciden. Por ejemplo, para 2020, distintos conteos de la sociedad civil registraron desde 227 feminicidios hasta 630. 403 mujeres de diferencia.

¿Qué quiere decir todo esto? que las cifras de feminicidios en el país no están cuadrando por ningún lado. Ni entre las diferentes entidades estatales, ni entre los observatorios independientes que trabajan mes a mes en este conteo macabro. Ante este mar de de números confusos que hacen un intento por volver la violencia feminicida un dato verificable, en MANIFIESTA nos preguntamos ¿por qué no sabemos con exactitud cuántos feminicidios ocurren en Colombia?

Primero lo primero: ¿qué es (y qué no es) un feminicidio?

La eliminación sistemática de mujeres y niñas en razón de su género es una forma de violencia antiquísima. Diana Russell, activista y escritora feminista propuso el término femicidio porque el concepto de homicidio no reconoce ni visibiliza el contexto y las características que tiene este crimen. Para Diana los femicidios son “los asesinatos realizados por varones motivados por un sentido de tener derecho a ello o superioridad sobre las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres”.

Esta definición ha sido desdibujada por narrativas revictimizantes en los medios de comunicación, que hasta hace poco dejaron de hablar de crímenes pasionales, crímenes que corresponden a la esfera privada de una pareja o peor: crímenes justificados en que “algo hicieron” estas mujeres para terminar muertas.

Debido a la normalización de esta forma de violencia, una de las luchas feministas más intensas en América Latina durante el siglo pasado y el comienzo de este ha sido precisamente buscar que los Estados reconozcan que los asesinatos de mujeres y niñas no son simplemente homicidios. Uno de los precedentes de esta lucha fue el de ‘Las muertas de Juárez’, un caso muy reconocido en México donde niñas y mujeres entre los 15 y los 25 años empezaron a ser asesinadas desde 1993 en Chihuahua. Hasta junio de 2010 se registraron al menos 475 víctimas. 

Esta fue una de las primeras veces que en Latinoamérica empezamos a escuchar el término ‘feminicidio’, para describir los asesinatos de Las Muertas de Juárez. La mayoría de mujeres y niñas eran torturadas, secuestradas y víctimas de violencia sexual. No se podía hablar simplemente de homicidios. 

En Colombia el feminicidio de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años que fue agredida sexualmente, empalada y asesinada por Javier Velasco, su compañero de estudio, el 23 de mayo de 2012, quebró el letargo de indiferencia en el que vive un país acostumbrado a la violencia. Gracias a la presión social y a la labor jurídica de las mujeres feministas de Cisjusticia (Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho): Isabel Agatón, Blanca Lilia González y Nidia Olaya, se presentó el proyecto de ley que buscaba tipificar en el país los asesinatos de mujeres, en el marco de las violencias basadas en género, como feminicidios.

El proyecto de ley, que terminó siendo la Ley 1761 de 2015, más conocida como Ley Rosa Elvira Cely, hizo que Colombia reconociera el feminicidio como un delito autónomo y no como un agravante de los homicidios. Además se ponía al día a nivel jurídico en la región, pues entre 2007 y 2012 países como México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Chile ya habían reconocido este delito como tipo penal.

De acuerdo con nuestra ley, el feminicidio se entiende como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por su identidad de género y cuando se presenten estas características: que el agresor haya tenido una relación cercana, familiar o íntima con la víctima, que haya un historial previo de violencias en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar de la víctima (así no hayan sido denunciadas), que se hayan ejercido actos de instrumentalización de género o sexual, que el agresor se haya aprovechado de relaciones de poder que lo favorecen, que el feminicidio se produzca para generar terror o humillación, y que la víctima haya sido privada de la libertad o incomunicada.

Ahora, ¿qué no es un feminicidio? Para Diana Tovar, abogada de la organización de GEA  Jurisgeneristas “No toda muerte de una mujer o niña es un feminicidio. La Ley Rosa Elvira Cely describe unas circunstancias muy concretas que deben tenerse en cuenta para elaborar esa tipificación”. Asimismo lo resalta la Fiscalía: “En algunos casos, la muerte de una mujer no obedece a su condición de ser mujer o su identidad de género, ni en el marco de una relación de subordinación o desigualdad de poder”.

Aparte de la tipificación, la ley exige el registro del delito como uno de los pilares fundamentales para enfrentar esta violencia. Así, se creó el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE) que almacena los registros de feminicidios en el país a partir de la información brindada por la Fiscalía. Antes de 2015, no existía un conteo oficial de feminicidios, sino que se mezclaba entre conteos de homicidio y sus agravantes, que muchas veces no se registraban. Según la Ley, este conteo es la cifra más oficial de feminicidios en Colombia.

Así, en el país empezamos a contar de manera oficial los feminicidios, un ejercicio que nos empezó a acercar a la magnitud de esta violencia y a sacarla de su normalización. En la segunda mitad de 2015 se registraron 54, en 2016 el conteo sube a 132 casos, en 2017 a 221, en 2018 a 229, en 2019 a 231 y finalmente, el año pasado, se registraron 143 víctimas de feminicidio. ¿Por qué en el año de la pandemia,  donde creció de manera visible la violencia machista al interior de los hogares la cifra más oficial de feminicidios bajó?

Ante un conteo insuficiente, las mujeres registramos

“La pregunta es ¿por qué aquí no pasa nada?, ¿por qué nadie dice nada?”, cuestiona Yamile Roncancio, abogada y directora de la Fundación Feminicidios Colombia, una organización encargada de #ElConteoQueNoQueremosHacer, el registro de feminicidios que llevan a través del observatorio de la Fundación, creado en enero de 2018. Ese mes registraron 41 feminicidios en el país, más de una mujer asesinada al día en Colombia por ser mujer.

Yamile afirma que, a partir de estas preguntas, decidió investigar y se dio cuenta de que en el Estado había diversas fuentes de información respecto a la cantidad de feminicidios: “No debería pasar porque una cosa es que existan muchos observatorios desde la sociedad o ciudadanía, pero al interior del Estado no es correcto”, explica. “El Instituto (Nacional de Medicina Legal) dice una cosa, la Fiscalía dice otra”. Ella entiende que estas cifras no demuestran contradicción, sino que expone el hecho de que cada entidad estatal recoge información con objetivos diferentes.

Por su lado Estefanía Rivera, coordinadora del Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista, lleva contando feminicidios desde hace más tiempo, cuando en 2013 empezó a hacerle seguimiento a este delito en el centro de Medellín: “Identificamos que no había ningún reporte, ningún registro que llevara alguna institución”. Estefanía sostiene que “No tenemos un Estado que empiece a cranearse la investigación criminalística y jurídica para los feminicidios. Esto implica que la mayoría de mujeres asesinadas queden en la completa impunidad”.

Marcha del #25N pasado, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Foto por Jimena Madero Ramírez.

En la audiencia pública de febrero pasado la Fiscalía, representada por la asesora de Violencias Basadas en Género de la Vicefiscalía, Luz Angélica Mariño, se refirió a los cuestionamientos de los altos porcentajes de impunidad y aclaró que mejoró la gestión: “(…) en el año 2020, con corte al 31 de diciembre, tuvimos un avance de esclarecimiento importante, del 94 por ciento en relación con los casos que nosotros hemos tipificado como feminicidios”.

Sin embargo, Ingrid Ramírez Fuquen, subeditora de investigaciones de Cuestión Pública que participó en su conteo de feminicidios durante la cuarentena de 2020 en Colombia Ya no estoy aquí’, argumenta por la misma línea de Fundación Feminicidios Colombia y de la Red Feminista Antimilitarista: “Al Gobierno parece que no le importa la mujer que es asesinada víctima de un feminicidio. (…) Al no tener el ojo del Estado que es a quien más debería importarle y protegerlas, pues le toca a las colectivas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil”.

El observatorio de feminicidios del medio 070, se inspiró en el conteo mensual de feminicidios que hace el medio Cosecha Roja en Argentina. La periodista Estefanía Avella y la editora Natalia Arenas decidieron ir más allá con el registro en Colombia y a las cifras añadieron historias de mujeres víctimas: “Empezamos a hacerlo porque las cifras no dicen mucho del fenómeno”, explica Natalia. “La meta era darle algún tipo de visibilidad a cada víctima (…) tratar de entender quién era. Las circunstancias en las que se dio ese feminicidio”.

Un punto interesante en las motivaciones de este medio para construir la base de datos mensual es que entidades como la Fiscalía reportan las cifras cada seis meses o cada año: “El objetivo básico con el conteo es tomarle una foto a este tipo de violencia mes a mes», una dinámica que ayuda a «encontrar patrones y entender el fenómeno».

Por nuestro lado, en MANIFIESTA siempre tuvimos claro que debíamos profundizar en la problemática de feminicidios en el país. Así nació nuestro formato mensual #LibresNoMuertas. Del mismo modo que 070, no queríamos quedarnos con un conteo mensual que solo mostrara unos números. Por eso decidimos que el formato tendría cada mes una entrevista con una mujer experta que explicara a la audiencia, desde su campo, la violencia feminicida como un problema público, político y estructural. 

Es curioso que en el 100 por ciento de los observatorios independientes de feminicidios consultados para este artículo, las mujeres somos quienes estamos haciendo esta cuenta letal: “Como al Estado no le importan los feminicidios, entre mujeres nos cuidamos y entre mujeres nos estamos contando, visibilizando, humanizando”, concluye Ingrid.

La disparidad entre los observatorios ciudadanos

Los conteos independientes que existen en el país también revelan una disparidad importante en las cifras de feminicidios. Basta con ver los registros del año pasado para señalar a qué nos referimos.

Por ejemplo, la Red Feminista Antimilitarista reportó 630 feminicidios el año pasado, eso quiere decir que 1,77 mujeres fueron víctimas de este delito cada día en Colombia. No obstante, la Fundación Feminicidios Colombia, fuente principal de MANIFIESTA durante el año pasado, registró al menos 227 feminicidios en el mismo periodo de tiempo. Hay que tener en cuenta que la Fundación tiene más de 200 casos en verificación, por lo que la cifra es susceptible de subir. Sin embargo, existe una gran diferencia de 403 casos entre un conteo y otro. 070, por su lado, registró 292 feminicidios el año pasado, una cifra que se acerca más a la de la Fundación.

El conteo ‘Ya no estoy aquí’ de Cuestión Pública decidió tomar como base el conteo de la Red Feminista Antimilitarista y filtrar los feminicidios ocurridos entre el 24 de marzo y el 31 de agosto de 2020, tiempo en el que la cuarentena fue más estricta y el confinamiento se impuso. De acuerdo con su trabajo, 237 mujeres fueron víctimas de feminicidio en apenas seis meses. 

Lo anterior evidencia que estamos registrando el feminicidio de una manera que no está dando los mismos resultados. ¿Qué variables se están teniendo en cuenta en cada base de datos para definir o descartar un feminicidio? 

La Fundación Feminicidios Colombia se basa en los criterios que utiliza la ley para definir el feminicidio y lo diferencia de los homicidios de mujeres, por ejemplo. «(…) Cuando se trata, por ejemplo, de Pepita, que iba transitando por la Alpujarra en Medellín y en la noche se acerca un hombre armado con la finalidad de sustraer sus pertenencias y en el forcejeo la mata, yo no voy a registrar eso como feminicidio. (…) El atracador no la está matando porque sea mujer, sino que la está matando porque la está robando».

La Red Feminista Antimilitarista en cambio tiene una base conceptual distinta con un significado mucho más amplio. Ellas elaboraron el concepto ‘Violencia Neoliberal Feminicida’, donde consideran como feminicidios los crímenes perpetrados por hombres con armas contra mujeres empobrecidas. “Es toda una dinámica que tiene que ver con con la estructura neoliberal que le aporta al capital, con las rentas de la criminalidad”, explican.

Las mujeres de este observatorio también consideran que toda la violencia sicarial contra las mujeres, todo asesinato violento de una mujer cometido por un hombre es un feminicidio. “Si a una mujer la asesinan en la vía pública, por atracarla, ¿ella deja de ser mujer? No. La subordinación no cambia y eso lo hace un feminicidio”, asegura Estefanía. 

Cuestión Pública se identifica con estos mismos argumentos: “suscribimos la metodología del Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista porque esa mujer fue asesinada por accidente, pero no pasa nada, se invisibiliza. Una mujer que muere en un contexto violento es una mujer víctima de un contexto feminicida”, explica Ingrid.  

Lo más interesante de los aportes a la discusión sobre qué es y qué no es feminicidio en este país es que vienen de lugares diversos y no se detienen con la definición de una ley. Para 070 hay una categoría en su observatorio que no tiene discusión, por ejemplo:  el feminicidio político, entendido como los asesinatos a lideresas sociales, una temática en la que ahonda el medio constantemente. Pero para la Fundación Feminicidios Colombia, por ejemplo, el feminicidio con motivos políticos ya está contemplado dentro de la ley Rosa Elvira Cely.

Nociones como la del ‘feminicidio político’, o el concepto de Violencia Neoliberal Feminicida pueden marcar la diferencia entre las cifras. Hay que tener en cuenta que cada observatorio decide qué variables maneja, resalta, relaciona y si tiene una o más bases de datos. Todos estos factores también intervienen. 

En MANIFIESTA consideramos que no todos los asesinatos violentos de mujeres y niñas son feminicidios y seguimos en la discusión sobre meter siempre todos o solo algunos de los asesinatos de lideresas sociales en nuestro registro. Desde aquí, por ejemplo, nos preguntamos si realmente es imposible que otra mujer cometa un feminicidio, si entre nosotras no hay relaciones de poder y si nunca estamos subordinadas entre nosotras. 

Estas preguntas son incorrectas e innegociables para otros conteos, “No es feminicidio cuando es una mujer la que lo comete porque entre mujeres no hay una relación de poder. Estamos en el mismo lugar de subordinación, en la misma estructura y en las mismas redes de opresión” replica Estefanía, de la Red Feminista Antimilitarista. 

Más que medir cuál metodología o cual observatorio es mejor, la importancia de entender el proceso detrás de estos registros es alimentar una discusión nacional pública sobre una problemática estructural que sigue borrando a diario la vida de mujeres y niñas en Colombia.

La incertidumbre por las cifras

Si una persona en este país se llega a hacer la pregunta de cuántos feminicidios ocurren en el país, la respuesta no va a ser sencilla. Es decir, el acceso a la respuesta va a ser variado y confuso, y no debería serlo.

Luisa Fernanda Gómez, subeditora de ColombiaCheck, considera que uno de los retos más grandes al comprobar el número de feminicidios en Colombia tiene que ver con lo que se entiende por feminicidio: “Las luchas feministas han logrado que se reconozcan al menos los feminicidios, pero no se reconocen todos los casos”, explica. “Muchas veces para el Estado no es feminicidio lo que para las organizaciones feministas claramente lo es”.

A pesar de la dificultad, la diferencia y la oferta de información puede ser muy valiosa para tratar de  entender la violencia feminicida. Para Luisa, el ejercicio que hacen los distintos observatorios es enriquecedor e importante por una razón en especial: “No se tienen que tomar los datos oficiales como verdaderos porque detrás de esos datos hay intenciones políticas (…). Cualquier ejercicio que pueda hacer una organización de la sociedad civil es un ejercicio valioso que hay que tener en cuenta, obviamente también desde el análisis y la verificación de la información”.

Desde otra orilla, la abogada Diana Tovar argumenta que es muy importante que desde la sociedad civil se tome la tarea de hacer el registro de los feminicidios, pero cree que “Los observatorios en general deben tener mucha más rigurosidad en la captura de la información y los medios de comunicación también deben ser más responsables”, anota. Para Diana es fundamental que estos observatorios independientes dialoguen con las cifras oficiales de Fiscalía y Medicina Legal, sobre todo para aportar a la búsqueda de justicia para las mujeres.

En su respuesta a MANIFIESTA la Fiscalía considera que estos conteos muestran la fortaleza de los movimientos sociales y de “Las organizaciones de mujeres frente a la visibilización de la violencia basada en género”. Para la entidad, estos registros no contradicen su conteo oficial, el cual, según su respuesta, está abierto a un diálogo con “la información que ellas puedan compartir para la revisión de casos que en su criterio sean feminicidios y no se estén investigando como tales”, una práctica que activa la Fundación Feminicidios Colombia al contrastar datos con la Fiscalía. 

Las denuncias se toman con pinzas

En la audiencia pública de febrero, Luz Angélica Mariño resaltó los esfuerzos que viene haciendo la Fiscalía por hacer el mejor trabajo posible frente a los feminicidios y reconoció las fallas de la entidad: “Desde el año pasado hemos estado intensificando el trabajo con todas las 35 seccionales de la Fiscalía (…). Sin embargo, sabemos que esto es un desafío que todavía tiene la Fiscalía, que tenemos aún falencias en el abordaje de las situaciones”.

Diana hace énfasis en que la obligación de registrar, investigar, juzgar y sancionar son completa responsabilidad del Estado. “Hay que tener en cuenta que el subregistro de este delito es impresionante, en todos los observatorios, oficiales y particulares. Cuando se comparan las cifras, incluso de la misma fuente, se debe entender que de pronto hay cifras sin desagregar”, cómo pasó con la denuncia que hizo la representante Adriana Matiz en esa misma audiencia.

Una variable que se agrega es que así la ley haya sido sancionada hace seis años, realmente no ha pasado tanto tiempo y en Colombia, la transformación o la reforma de las instituciones para lograr el reconocimiento debido no se da de un día para otro: “pretender que el Estado colombiano, con un sistema de justicia tan endeble, con una población absolutamente machista y misógina, con una configuración legal netamente patriarcal, en un término de cinco años va a entender una cosa que hasta al movimiento feminista le ha tomado años escribir en la teoría (…) pues eso es caer en un sueño ideal que no va a ser materializado”, explica Yamile.

Tanto Diana como Yamile concuerdan en que no están justificando las posibles fallas de la Fiscalía, sino matizando y tratando de explicar que los avances en la práctica toman tiempo. 

Es importante que los puentes para el diálogo y la conversación sigan abiertos, y que los observatorios independientes sigamos alimentando una discusión vigilante del Estado, para procurar información más transparente y unificada. La disparidad en las cifras de feminicidios, el corazón de este artículo, demuestra que a pesar de que ya logramos una delimitación a nivel jurídico, la discusión social y el registro sobre una violencia que hasta hace poco estamos reconociendo en el país sigue en construcción. 

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