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Lo que la pena de Epa nos enseña sobre la justicia en Colombia

Por Alejandra Guerrero Duque

La semana pasada Daneidy Barrera fue condenada a más de cinco años de cárcel por el video en el que destruye una estación de Transmilenio que publicó en 2019. La indignación en redes sociales por una condena que parece desproporcionada ha mermado, pero las reflexiones sobre lo que hay detrás de esta pena continúan. Alejandra Guerrero ahonda un poco más en esta columna.

agosto 18, 2021

"Amigas, yo sé que tal vez alguna de sus familias que trabajan en el Estado tiene que recoger esto". En el video Daneidy Barrera, a quien conocemos como la 'Epa Colombia', tiene un martillo en la mano. La estación de Transmilenio de Molinos, en Bogotá, está a sus espaldas, hecha añicos.  Estamos en pleno Paro Nacional de 2019.

El video, subido por ella misma, fue uno de los contenidos más virales de esos días. En él se ve a la Epa rompiendo varios elementos de esa estación, mientras habla de la destrucción de bienes públicos como una forma legítima de protesta social. "El Estado tiene que invertir millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando». Finaliza con una sonrisa.

La publicación pasó de ser noticia nacional, a un largo proceso con la Fiscalía que ha tenido dos fallos. En primera instancia un juzgado especializado de Bogotá la condenó a inicios del año pasado por perturbación en transporte público y daño en bien ajeno agravado. En ese primer momento se le concedió libertad condicional y tuvo que pagar cerca de 50 millones de pesos. También se le inhabilitaron sus redes sociales. 

Sin embargo, la Fiscalía consideró que esto no era suficiente, y apeló este fallo al considerar que también se le debía condenar por instigación para delinquir, un delito que inicialmente fue excluido en la primera condena. 

Toda esta historia previa nos lleva a lo que pasó la semana pasada con la Epa. Dos años después de su delito, a Daneidy la señalaron como responsable de tres cargos: daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación a delinquir con fines terroristas y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. El tribunal decidió que su condena debía ser de 63 meses y 15 días de prisión, sin derecho a prisión domiciliaria. Esto, más el pago de una multa de 492 salarios mínimos y la misma prohibición de usar sus redes sociales.

La condena de más de cinco años de cárcel tomó por sorpresa a un país acostumbrado a un índice de impunidad que ocupa el segundo lugar a nivel regional y el número 49 a nivel global. Las redes sociales repitieron el mismo mensaje durante el fin de semana: la pena de la Epa Colombia era desproporcionada. Y allí mismo, en la discusión digital, la indignación colectiva señaló varios argumentos. 

Ser mujer, venir de una clase social baja o ser de ‘extracción popular’. No pertenecer a las clases altas a pesar del capital que ha amasado con el negocio de sus keratinas, o ser lesbiana, fueron algunos de los argumentos expuestos con rabia en redes sociales. Y la respuesta es que son todas esas cosas, y una más: hay casos donde el sistema de justicia de este país no funciona para lo que debería funcionar, sino para todo lo contrario.

La condena a Epa llega entonces en un momento clave en el que nos estamos adentrando en dolorosas conversaciones sobre quiénes somos, para dónde vamos y qué país hemos construido. ¿Qué podemos aprender de esta condena? ¿Quiénes son las personas que reciben ‘todo el peso de la ley’ en Colombia y quiénes no?

Ni en la cárcel estamos cortadxs con la misma tijera

‘Pareciera que la ley solo pesa si no cuentas con la plata para salirte con la tuya’, es lo que hemos leído en redes estos días. Y esta consigna parece pesar más en Colombia si eres mujer y perteneces a las clases medias y bajas. Según un estudio realizado por la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo (CIDE), la Pontificia Universidad Javeriana y el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayoría de la población carcelaria femenina en 2018 pertenecía a estratos socioeconómicos 1 y 2. El 56 por ciento de ellas no terminaron la secundaria, y la mayoría tenían ingresos menores a dos salarios mínimos antes de ser privadas de la libertad.

La mayoría de su vida Daneidy Barrera Rojas cumplió con esta definición. Nació en Bogotá, en el barrio Bochica Sur, y como tantas personas en este país, empezó a trabajar desde los 6 años en el negocio de su familia vendiendo jeans en San Victorino. Quiso ser profesora de educación física y empezó un técnico en entrenamiento deportivo en el SENA. 

Sin embargo, la institución la expulsó en 2016 cuando su primer video se hizo viral porque “no la consideraban un buen ejemplo”, violando su derecho a la educación, de paso. Mientras tanto, todo un país la rebautizó y de ahí en adelante fue la Epa Colombia. Desde ese momento, sin posibilidad de terminar sus prácticas y sin poder hacer otra carrera, Daneidy decidió hacer de las redes sociales su trabajo.

Es evidente que, ante el sistema judicial de un país tradicionalmente clasista y corrupto como el nuestro, no todxs estamos cortados con la misma tijera. Una comparación entre la pena de la Epa y otras penas igual de sonadas basta para entender esto último. Por ejemplo, Daneidy va a terminar pagando más cárcel que Oneida Pinto, la exgobernadora de La Guajira responsable de la pérdida de 5.900 millones de pesos durante su mandato en el municipio de Albania. Solo pagó ocho meses de prisión y salió hace un tiempo por vencimiento de términos. El Ñoño Elías, un principal implicado en el caso de Odebrecht, va a pagar solo tres años de cárcel. Y a Luis Alberto Monsalve, investigado por irregularidades en la contratación del PAE durante su gobernación en el departamento del César le dieron casa por cárcel, a la Epa no.

A pesar de que casos como el de estxs políticxs es el pan de cada día en nuestro país, quienes siguen engrosando la población carcelaria son las personas más pobres. Según el grupo de prisiones Uniandes, durante las 3 últimas décadas ha habido una drástica expansión en las tasas de encarcelamiento en el país y el perfil poblacional es generalmente el mismo: relativamente jóvenes, en su gran mayoría del sexo masculino, con bajos niveles de educación formal y desempleada. O con trabajos de bajos ingresos antes de ingresar al sistema carcelario.

“La expansión de la rama judicial del Estado pasa necesariamente por el fortalecimiento de redes de instituciones punitivas que se alimentan de controlar las clases más precarizadas y segregadas socialmente”, dijo hace varios años la filósofa, activista y profesora Angela Davis, una de las grandes exponentes feministas antirracistas que aboga por la abolición del sistema carcelario. Una frase pertinente para explicar la condena de Daneidy. 

Davis, junto a otras teóricas de los feminismos negros estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX como Audre Lorde y Bell Hooks, estudiaron esto a profundidad desde los años 80. No solo la forma en que la clase, el género y la raza generan diferentes experiencias de lo que es ser hombre y ser mujer en el mundo actual. También señalaron cómo el complejo industrial carcelario en su país se ha estructurado sobre la dominación de estas matrices interseccionales.

Muchas de ellas coinciden en que mantener esas matrices sobre ciertos cuerpos es lo que ha sostenido prácticas policiales que terminan siendo diferenciales, selectivos y discriminatorios. Nada diferente a lo que vivimos en este país, mucho más luego del estallido social del #28A. Y estas prácticas, dicen ellas, son adoptadas como políticas de Estado que se enfocan punitivamente sobre quienes históricamente han conformado la otredad en sociedades occidentales. Cuerpos racializados, feminizados, empobrecidos, pertenecientes a disidencias sexuales y de género, y con diversidad funcional.

¿Cuántas de estas matrices representa la Epa en el país?

¿Para qué sirve un castigo si no es para reformar?

La condena contra la Epa no solo nos hace reflexionar sobre estas opresiones y cómo se traducen en la vida de las personas. También nos invita a reflexionar sobre el sistema de justicia y su finalidad al momento de condenar. Es decir, ¿Qué tan necesaria es una pena carcelaria para alguien que tuvo un proceso de resocialización alternativo y exitoso después de cometer un delito en 2019?

Según el Código Penal Colombiano, cuando hay una pena, esta debe cumplir funciones de prevención general y especial, retribución, reinserción social y protección al condenado. De estas funciones son dos las que se contemplan para las penas en prisión: la prevención especial, que busca que las personas no reincidan, y la resocialización efectiva.

Si el objetivo del sistema carcelario es la reintegración social de las personas que ingresan a este, a través de la educación y el trabajo, la pena contra la Epa se antoja obsoleta y, sobre todo, tardía. Esto, porque Daneidy ha hecho su propio proceso de resocialización efectiva. En este momento es una de las empresarias más exitosas en el sector de la belleza en Colombia.

Entre la exportación nacional e internacional de productos de belleza y su línea de peluquerías, ha logrado emplear a 340 personas, muchas de ellas mujeres cabeza de hogar. Asimismo, a finales de abril anunció en sus redes sociales que iba a estudiar una carrera profesional. “Amiga, estuve en la universidad y pagué el semestre para ser administradora de empresas, porque tú me dijiste que estudiara, yo voy a estudiar”. Con el inicio de una carrera profesional, la Epa quería adquirir el conocimiento suficiente para convertir su empresa en “la más grande de Colombia”.

Si hay evidencia de la resocialización de Daneidy a través del crecimiento de su empresa, de lo que comparte constantemente en redes y del contraste que hay entre ese video de 2019 y su vida actual, la pena de la semana pasada pierde completamente su finalidad de resocializar. Por el contrario, una sentencia de cinco años por destruir una estación de Transmilenio es percibida hoy como un castigo ejemplarizante que está utilizando la Fiscalía para sentar un precedente. Sobre todo luego de los meses convulsos que hemos estado viviendo en el país. 

Estos casos hacen urgente que pensemos conjuntamente alternativas al punitivismo y a la prisión. Esto puede ser desde reducir enormemente las tasas de hacinamiento hasta lograr mayor efectividad en la reinserción social como finalidad última de la pena. Es por esto que la discusión al respecto debe seguir, y se debe poner en entredicho la efectividad de seguir alimentando sistemas como el complejo carcelario. 

“La Fiscalía no me ha querido ayudar amiga. Yo siempre toco puertas, les digo que me brinden la segunda oportunidad para seguir cambiando y demostrando que puedo ser una mujer diferente”. En su último video, que ya supera las 45 millones de vistas, la Epa sale llorando desesperada. Explica lo que ha sido su proceso con la Fiscalía y las propuestas que ha hecho para reparar el delito que cometió. 

Hoy su abogado interpuso un recurso de casación para que su condena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia. Esto busca impugnar la primera condena del delito de instigación para delinquir con fines terroristas, ya que este no estuvo presente en el fallo en primera instancia. De ser así Daneidy contaría con una última oportunidad para no terminar siendo una más de las 6794 mujeres privadas de la libertad en el país.

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