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Quien se olvida de los presos de las Primeras Líneas, se olvida del cambio

Por Simona, Escudos Azules

Desde su primer día de gobierno, Gustavo Petro prometió la liberación de les jóvenes procesades judicialmente por manifestarse en el Paro Nacional. Pero a los casi 100 días de iniciada la era Petro, el cumplimiento de esa promesa sigue muy lejano, y con señales de que el gobierno olvidó a quienes están tras las rejas por marchar. ¿Es así? Simona analiza en su última columna.

noviembre 4, 2022

Durante las últimas semanas, las Primeras Líneas del país han vuelto a ser protagonistas en los medios y en las redes por varias razones. La primera es que el pasado 24 de octubre el Senado aprobó la ambiciosa propuesta legislativa de La Paz Total de Petro, que busca entablar diálogos de negociación con prácticamente todos los grupos armados. Pero al mismo tiempo, el Gobierno decidió retirar los artículos 16 y 17. Que permitían el indulto a jóvenes que participaron en la protesta social durante el Paro, y a miembros de la fuerza pública que estuvieron involucrados en abusos policiales. 

Según la bancada del gobierno nacional, decidieron retirar estos artículos por las críticas que recibieron de la oposición. “Nuestro gobierno sabe escuchar. Ante diversas voces críticas, hemos retirado del trámite de la Ley 418/97 artículos sobre facultades presidenciales relacionadas con sometimiento a la justicia y excarcelación de personas injustamente procesadas por participar en la protesta social”, dijo el senador del Pacto Iván Cepeda.

Un par de días después, las Primeras Líneas del país convocaron una marcha masiva para manifestarse contra la injusticia y exigir la liberación de al menos 228 jóvenes que se encuentran judicializades tras el estallido social. Muchos de estos casos son falsos positivos judiciales. Ese día también se exigió una mesa de diálogo que no se dio, algo que aumentó el malestar en las calles. Hubo disturbios y represión policial.

Algunos días después, los medios se inundaron con el video de Sergio Pastor, más conocido como "19", uno de los tantos detenidos tras el Paro. El video muestra su reacción de llanto al recibir una condena de 14 años por tortura y concierto para delinquir, en un juicio que podría tener algunas inconsistencias. “A este Estado judicial mediocre, solo les puedo decir que no sirven para nada. (...) Me siento orgulloso de los pelados que salieron a la calle inconformes de este puto Estado”, dijo al conocer su condena entre lágrimas.

La impresión que dejan los últimos días es que la justicia está empezando a cosechar los frutos de su aparente persecución contra las primeras líneas. También que el gobierno de Gustavo Petro está dejando atrás a los que salieron a las calles hace un año y medio, a creer y luchar por un mundo distinto. ¿A qué se debe esta lentitud y esta falta de atención por parte del gobierno para les manifestantes que siguen privades de su libertad? ¿Sin esos dos artículos, que van a hacer desde el legislativo para su liberación?

En el discurso de su posesión, Gustavo Petro mencionó que una de las prioridades de su gobierno iba a ser sacar a les manifestantes de las cárceles. “¿Cuánta gente está presa en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros? Simplemente porque tenían esperanza y amor. (...) Le solicito a la Fiscalía que libere a nuestra gente. Liberen a los jóvenes”, dijo ese día. Una promesa que por ahora no ha cumplido.

Su propuesta de indulto dentro de la Paz Total estaba lejos de ser perfecta. Pienso que existían dos aspectos problemáticos para estos artículos. El primero es que aceptar la idea de un indulto, en todo el significado de su palabra, es aceptar que, o salir a manifestarse es un delito, o toda la gente encarcelada que se manifestó cometió delitos en el marco de la protesta social. Y ni lo uno, ni lo otro. El indulto refuerza la idea de que salir a protestar es un acto criminal que puede ser perdonado, cuando es un derecho constitucional.

El segundo es que puede ser muy problemático incluir en ese indulto a miembros de la fuerza pública que cometieron abusos policiales. Hacerlo es un acto de desproporcionalidad descarada, ya que no se puede medir en una misma balanza las acciones de un manifestante que se defiende con piedras, frente a un policía que dispara con un arma de frente. ¿Cómo juzgar con la misma vara a representantes de una institución que supuestamente debe velar por nuestro cuidado? ¿Cómo el gobierno no va a ser consciente de la desproporcionalidad de fuerzas? 

¿Cómo va a olvidar este gobierno que miles de jóvenes salieron a protestar, informar y a proteger la marcha, y lo que recibieron como respuesta fue una cacería de brujas por parte de la Fiscalía? El resultado es una serie de montajes judiciales que tiene a tantes en prisión. En muchos casos con traslado a prisiones de alta seguridad, lejos de sus familias, con su dignidad pisoteada.

Varios montajes se han caído y muches han podido recobrar su libertad. Como sucedió con el fallo absolutorio de cuatro jóvenes de la primera línea en Soacha. Después de estar privados de su libertad durante año y medio por delitos que les sumaban hasta 20 años en prisión, la jueza afirmó que se debía proteger la protesta social. También pidió denunciar las acusaciones exacerbadas por parte de la Fiscalía, y decidió otorgarles la libertad.

A pesar de lo esperanzador que fue la absolución para estos jóvenes, otros procesos siguen siendo dilatados. Así pasa con les siete jóvenes de Boyacá, incluida Juliana Higuera. Quien participó activamente en labores de las Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) durante el Paro Nacional en Boyacá.  

El pasado 28 de septiembre tuvo lugar la audiencia de formulación de acusación. Según la Fiscalía, Juliana es la presunta determinadora del delito de concierto para delinquir, porque daba órdenes para cometer actos en contra de la policía. ¿Sus pruebas? las llamadas que ella recibía del proceso de verificación durante el Paro y los testimonios de policías. Juliana, una mujer feminista, defensora de DDHH y de universidad pública, está viviendo estigmatización judicial. En su caso, la audiencia preparatoria será  en mayo de 2023, algo que evidencia otra de las estrategias de la Fiscalía: dilatar los procesos para mantener a les jóvenes criminalizades, e impedir que su vida se desarrolle en condiciones normales

Otro caso que ha tomado un rumbo inesperado es el de Juan Fernando Torres, más conocido como Narrador. El primer preso del Paro que quedó en libertad este año. En su proceso quedó claro que el  delito de terrorismo no se puede relacionar al marco de la protesta social. A pesar de este veredicto,  hace unos días el tribunal superior de Medellín emitió junto a la Fiscalía una nueva orden de captura en su contra. En estos meses de libertad, Narrador ha denunciado el trato cruel que se vive en las cárceles por ser de la Primera Línea. No ha parado de alzar la voz por otres compañeres. Es probable que eso esté incomodando lo suficiente para quererlo volver a callar. 

A pesar de no ser perfectos, haber retirado los artículos 16 y 17 de la propuesta de Paz Total desde ya, corta la posibilidad de haber tenido una discusión pertinente en el Congreso. A mí me habría gustado escuchar los argumentos que la oposición tenía contra la liberación de les jóvenes, más allá de sus tuits estigmatizantes, que refuerzan el imaginario de que estar en prisión por protestar es válido. Si estos dos artículos sobre las Primeras Líneas no se incluyen en la propuesta de Paz Total, es necesario un compromiso mayor por parte del legislativo. Sobre todo de la bancada de gobierno, para que quienes siguen en la cárcel después de marchar en el Paro recobren la libertad.

Porque a pesar de que existe una disposición aparente y muchas buenas voluntades que alzan la voz por las Primeras Líneas, la verdad es que en la ejecución y en la organización todo ha sido muy lento y falto de interés real. Un ejemplo de esto es que, diferente a lo que se registró en medios y redes, por falta de quórum no se logró instalar en el senado la  comisión accidental para las garantías y DDHH de las personas capturadas en la protesta social. Esto, a pesar de que muches organizaciones sociales asistieron ese día. Así me lo contó una persona cercana a este proceso. En la cámara esta comisión sí está instalada y actualmente está haciendo visitas a las cárceles, verificando las condiciones de los jóvenes

Si no contamos con esa posibilidad de indulto que se proponía en el proyecto de Paz Total, ¿Qué queda por hacer? Ante este panorama existen dos posibilidades que se abren, aunque continúan siendo difusas .

La primera es un nuevo proyecto de ley, radicado el pasado 25 de octubre, que también buscan indulto o amnistía para integrantes de las Primeras Líneas. Este documento señala que no incluiría delitos como concierto para delinquir y terrorismo. Es decir que, si este indulto es aprobado, no cobijaría a varias personas retenidas tras el estallido social que están enfrentando injustamente estos cargos.

La segunda posibilidad es crear una “Mesa de alternatividad penal”, una especie de jurisdicción propia  que permita  revisar cada caso individual. Esta  podría ser una buena solución, y quizá pueda demostrar estrategias que la Fiscalía ha tenido para imputar a tantes manifestantes. ¿Cuál sería la voluntad política para lograr un espacio así? Quizá no hay la suficiente. Por lo pronto se podría revisar el mecanismo que permita la creación de esta mesa.

Mientras los esfuerzos legislativos sigan sin ser suficientes, las organizaciones sociales seguiremos elevando la voz por por las personas que siguen privadas de su libertad tras el paro. Seguiremos gritando que les queremos libres. Porque somos conscientes de que lo único que hace la cárcel es reproducir odios y callar a las voces distintas. A todas las personas que salieron a marchar en el Paro y ahora están tras las rejas: esperamos pronto fundirnos en el abrazo reparador del amor, que combate con todas las injusticias.

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