Por primera vez se realizó una convención nacional LGBT en Colombia, que reunió a organizaciones, colectivos y activistas de todo el país. Aunque el espacio significó un avance político fundamental, también dejó ver grietas y violencias al interior del movimiento, además de un evidente desconocimiento institucional para reaccionar ante estas.
Gracias a un fallo de la Corte Constitucional, en 2015, durante el gobierno Santos, comenzó la formulación de la Política Pública Nacional LGBT. Pero en 2016, este proyecto se frenó por la acción de sectores antiderechos. La lucha siguió y la victoria llegó en 2018, cuando por fin se expidió el Decreto 762 para oficializarla. Sin embargo, el siguiente gobierno, de Iván Duque, engavetó por completo su implementación. Por eso, desde las elecciones presidenciales de 2022, una de las exigencias más fuertes del sector LGBTIQ+ al gobierno del cambio es justamente volver a poner los ojos sobre la política.
Por esta razón hubo tanto entusiasmo ante el anuncio de una Convención Nacional LGBTIQ+, la primera en la historia del país, organizada por el MinInterior en articulación con actores diversos de la sociedad civil. El propósito del encuentro era el fortalecimiento de los activismos de esta población y la garantía de sus derechos.
Aunque algunas organizaciones han apostado por iniciativas similares en el pasado, esta convención permitiría no solo un vincular las demandas del movimiento LGBTIQ+ a los planes del gobierno, sino gestionar un evento masivo, sin precedentes, y convocar a activistas, líderes y lideresas de territorios apartados del país, quienes, en muchos casos, por primera vez tendrían la posibilidad de hablar sobre sus contextos y realidades permeados por el conflicto, la violencia, el empobrecimiento y la discriminación.
Y así fue: en Bogotá, durante tres días, del 14 al 16 de septiembre, unes 700 participantes y 12 mesas de trabajo fueron el escenario para avanzar en ese compromiso, incumplido por otros gobiernos, de implementar la Política Pública y lo que dicta en materia de derechos civiles y políticos. Pero el encuentro también fue escenario de divisiones, violencias y denuncias contra un asistente que hizo parte de la organización del evento y, según relatan algunas de sus víctimas, ahora cuenta con información personal del registro de les asistentes, quienes dicen sentir miedo y han vivido hostigamientos. En MANIFIESTA hablamos con dos de las víctimas, que relatan lo sucedido en la convención, así como con asistentes y funcionarios del Ministerio del Interior, para entender a fondo lo bueno, lo malo y lo que no se puede repetir en la convención nacional LGBT.
Un encuentro que tardó décadas
Para Heriberto Mejía, defensor de Derechos Humanos e integrante de la organización Caribe Afirmativo, la convención tiene un balance satisfactorio en términos políticos. “Es la primera vez en la historia que un gobierno de Colombia convoca a organizaciones, colectivas, líderes y lideresas reconocidas de los 32 departamentos (…) Eso nunca se había visto en la historia colombiana de parte del Estado”, explica Heriberto, quien mencionó la asistencia de 700 personas.
La presencia de participantes de todo el país fue un hito que implicó una logística compleja, “Pero prevalecieron las ganas de asistir”, asegura el defensor y agrega que fue una participación real, pues todes les asistentes hicieron parte de las 12 mesas de trabajo que se establecieron en el encuentro: Paz Total y diálogos con el ELN, derechos sexuales y reproductivos, zonas PDET y ruralidad, políticas interseccionales, salud mental, tránsitos saludables, entre otras. Heriberto cuenta que estas líneas de trabajo tenían un horizonte: la implementación de la Política Pública LGBT, una deuda de anteriores gobiernos.
“Se trató de conectar o actualizar la Política, discutirla y agendar unas líneas de acción para hacerle seguimiento a los tres años que quedan de este gobierno, para que esta política pública (…) tenga una respuesta robusta desde el Estado y por fin despegue”, explicó. Aparte de esto, Heriberto enlistó otros compromisos que se adquirieron para la continuidad de la convención: primero, que esta sería de la sociedad civil, o sea que el gobierno brindará garantías y recursos pero las organizaciones la liderarán. También que será un evento anual, y que sus decisiones y resultados serán vinculantes: el gobierno asumirá la implementación de lo que le compete a través del MinInterior, la Vicepresidencia y el MinIgualdad. Esto garantiza que el movimiento social LGBTIQ+ encamine sus propuestas a través de los planes de estas entidades.
Sin embargo, el defensor reconoce que no todo fueron triunfos, y expone críticas de sucesos que por ningún motivo deben repetirse en las próximas convenciones. “La crítica fundamental fue el operador. Es lo que hay que mejorar, el reto para avanzar en las próximas convenciones”, explica este. “Hubo gente a la que le llegó el tiquete dos horas antes de volar, gente a la que nunca le llegó tiquete, tuvieron que hacer la inversión y esperamos que se les reembolse la plata. El tema de la alimentación no dependía de los hoteles sino del operador externo, y la comida llegaba muy tarde”.
El operador logístico del evento al que se refiere Heriberto es Telecafé, empresa que firmó un contrato interadministrativo por 61.904’003.690 con el Ministerio del Interior en marzo para organizar y realizar los eventos de este año, según afirman varios medios. Al momento del contrato, el Ministerio expidió una resolución justificando una contratación directa con el operador. En ese entonces, medios denunciaron sobrecostos en el contrato y las cotizaciones que hacía Telecafé, un operador que ha sido denunciado por tener relación con el polémico ex congresista Mario Castaño, condenado por la Corte Suprema y la Procuraduría por hechos de corrupción.
Adicional a la queja del operador del evento, que fue generalizada, Heriberto cuenta lo que sabe sobre violencias ejercidas por un asistente del evento, denuncias le quitaron algo de protagonismo al desarollo de este: “Hubo un inconveniente con una persona que hizo parte de los comités para la logística y programáticos (…) Esta persona se incluyó en la comisión académica, que trataba contenidos, líneas temáticas y ponencias que iban a presentarse (…) tuvo serias dificultades con personas de la misma comisión y otras”, relata este. “Hubo enfrentamientos internos y violencia por orientación sexual e identidad de género (…) La misma convención y algunas organizaciones lo declaramos persona no grata”.
¿Violencias transodiantes dentro de una convención nacional LGBTIQ+?
La persona a la que se refiere Heriberto es Sergio Robayo, quien fue denunciado por varies asistentes de la convención por haber ejercido violencias de diferentes tipos, entre ellas violencia transodiante y acoso. El activista y defensor de derechos humanos asistió al evento apoyando en la logística de este, como pudimos corroborar, y como parte de la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI, una coalición de 40 organizaciones y activismos independientes, a la cual se sumó en mayo. Asimismo, se desempeñó como voluntario en la Comisión Académica y en otras comisiones, según cuentan activistas y víctimas de violencias ejercidas por él.
Víctimas como Valery Parra, una activista trans y trabajadora sexual de Medellín, quien asistió a la convención y participó de la mesa de Derechos Sexuales y Reproductivos, en la que, cuenta ella, estaba Sergio. Valery cuenta que él quería leer una ponencia sobre la aplicación Grindr, pero su tono era “súper agresivo y violento”. Valery cuenta que enfrentó a Sergio, y este le habría respondido llamándola con pronombres masculinos. “Entonces todo el mundo le dijo ‘señor respete, ella es una muchacha’, y no le importó, él siguió con su tema, siguió con su grosería y volvió a decirme ‘señor’”, afirma ella.
Es entonces, cuenta Valery, que empieza la agitación en la convención, pues ahí ella se entera de que las comisiones que participaron de la organización del evento lo habían expulsado ese mismo día previamente, ante la evidencia de algunas violencias denunciadas pero él no se fue. En vez de eso ingresó a la mesa 10 para leer su ponencia. “Me puse a buscarlo por todos lados para confrontarlo y no estaba. (…) Yo súper alterada comencé a hablar con todo el mundo, que ese tipo no tenía por qué estar ahí, y ahí fue cuando me enteré que lo habían expulsado”. Ella les cuestionó a las comisiones por qué no avisaron de la expulsión de Sergio a les asistentes. Ese mismo día, la Veeduría también lo expulsó.
Valery también denuncia que, antes de irse del salón, Sergio “Dijo que si nadie quería escuchar la ponencia de él, que iba a enviarla a cada correo porque él tenía la información y los datos de todos”, por participar en la logística y registro de les asistentes. Así también lo afirma Cristina González Hurtado, más conocida como La Pochi, presidenta de la Veeduría y de Corporación Femm, quien asegura que Sergio ya tenía “quejas y alertas” sobre “los desmanes y malos procederes” de él contra otras personas.
“Responsabilizo al Ministerio del Interior por haber expuesto a las personas asistentes de la convención, permitiendo la participación de Sergio Alberto Robayo (…) Desde la misma Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI alertamos a un funcionario del Ministerio pidiéndole que no le permitiera seguir desempeñándose como voluntario en la Comisión Académica y en otras comisiones, y por permitirle tener acceso a los datos personales de las 1.300 personas inscritas a la Convención Nacional LGBTIQ”, afirma Cristina, quien denuncia haber sido víctima de acoso en redes por parte de Sergio en los últimos días. En Twitter se evidencia cómo este la acusa de actos como enriquecerse a través de la Veeduría, algo que ella niega.
Cristina también denuncia que “Sergio Alberto Robayo Tolosa se hizo pasar por funcionario del Ministerio del Interior en las últimas tres o cuatro semanas, en las que fue voluntario en varias comisiones a las que él mismo se apuntó”. Esta radicó una denuncia penal, pues teme por su vida y su integridad. “Si algo llegará a ocurrirme, señalo como responsable a Sergio Alberto Robayo Tolosa, quien violentó a muchas otras personas en las semanas previas y durante la Convención Nacional LGBTIQ”.
Por su parte, Valery cuenta que, luego del acto violento de Sergio, terminaron en un altercado físico con intervención de la Policía. “Yo no le pegué, le metí tres palmadas en el hombro derecho”, dice ella. “La policía que estaba fuera del hotel solo vio que yo me le fui encima a pegarle, pero no sabían el contexto y me iban a capturar”.
Desde ese momento, Valery denuncia que vivió revictimizaciones y violencias por parte del evento organizado por el Ministerio del Interior. Entre estas, la reaparición de Sergio durante la noche para hablar con el Comité de Ética, la falta de acompañamiento real de la Policía, a pesar de que denunció ante Fiscalía lo sucedido, activó una medida de protección y le asignaron esquema de seguridad. “Yo solo me quería ir. Ya no quería seguir en el evento. Yo me quería regresar para Medellín pero no me habían solucionado lo del dinero del desembolso de mis gastos, ni los viáticos para devolverme (…)”. Cuando llegó a su ciudad, Valery recibió un mensaje de Sergio Robayo, quien la siguió en sus redes sociales. “Me manda una foto con una baraja de naipes rojo, un vaso de güisqui y un tabaco en la mano y me dijo ‘gracias’. Para mí eso es un mensaje violento, no sé qué me quiere decir. ‘Estoy jugando contigo. Voy a jugar contigo, o empezó el juego’”, dice Valery.
“Yo estaba súper alterada porque fueron demasiadas vulneraciones, demasiadas violencias. nunca hubo una protección integral. Siento que para el sistema judicial, para la policía y para la Fiscalía las vidas trans no importan y que nuestras amenazas son un chiste”. Valery asegura que está cansada y que tiene miedo. Cansada del intercambio en redes sobre su caso, y con miedo por lo que le pueda llegar a pasar, pues sabe que este hombre tiene sus datos, y ella es una mujer activista trans que ya tiene tres amenazas de muerte en el territorio donde ejerce el trabajo sexual. “No me siento segura, porque pueda pasar algo y yo trabajo sexualmente en la calle y ya llevo dos días sin poder salir a trabajar… a nadie le importa la situación, a nadie le compete, a nadie le interesa, entonces sí estoy afectada”.
Estas son solo dos de varias denuncias contra Sergio que se han hecho visibles en redes tras la convención nacional LGBT. A este lo contactamos por Whatsapp y por Twitter para que respondiera ante las acusaciones, pero no obtuvimos respuesta. Sus últimos tuits registran una denuncia radicada “contra las personas que me han agredido física y psicológicamente”, y un tuit firmado por la “Familia Robayo Tolosa”, en el cual se menciona que Sergio “intentó quitarse la vida, el hostigamiento en redes lo superó”. Activistas como Alejandra Cárdenas, abogada y directora de la Fundación Polari, quien ayudó a Valery en su caso, respondió ante ese tuit que era un “dispositivo de chantaje emocional”.
Ante todos estos cuestionamientos, hablamos con Gustamber Guerrero, de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Sobre el operador logístico Telecafé y las fallas en temas como el transporte de les invitades a Bogotá, Gustamber asegura que se trató de falta de tiempo. “El nueve de septiembre se remite al operador logístico la base de datos, un primer avance con casi 500 personas, y ahí es cuando con el operador recibimos una metodología e iniciamos la compra de los tiquetes aéreos”. En otras palabras, la lista se remitió solo cinco días antes del inicio de la convención.
Antes, aclara Gustamber, el trabajo logístico y programático estaba en manos de voluntaries de diferentes organizaciones que desde el 14 de agosto se organizaron en un comité preparatorio. Fue a partir de dicho comité que Sergio Robayo empezó a asumir un rol en la comisión académica. «Es importante decir que Sergio hacía parte de la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI y, claramente, como la Veeduría era una las plataformas de trabajo (…) [Sergio Robayo] hacía parte del ejercicio», afirma Gustamber. «Hay cosas que se salen de las manos, y mucho más cuando se indicaba que [Sergio Robayo] venía con respaldo de la Veeduría», concluye.
“Hay un elemento importante previo (…) una compañera trans, joven, afro, del Valle del Cauca, previo a la convención tuvo un enfrentamiento con Sergio Robayo”, cuenta él. “En un comunicado que ella saca dice que Sergio Robayo se presentó como funcionario del Ministerio del Interior. Ella le compartió su ponencia y posteriormente se dio cuenta de que él no era funcionario”. Gustamber aclara que el Ministerio, único encargado de recibir y reviasr las ponencias, no estaba haciendo una curaduría, todes podían presentar su intervención.
Sin embargo, de acuerdo con el funcionario del MinInterior, Robayo habría manipulado la base de datos de las ponencias recibidas y habría hecho un proceso de selección arbitrario, informando a les participantes sobre la supuesta selección o rechazo de sus ponencias.
Este, y otros hechos, se supieron el primer día de la convención. Por ejemplo, cuenta Gustamber, denuncias por acoso sexual contra Robayo, y preocupación ante una fiesta que este estaría organizando en la discoteca Theatron. Cuando le preguntamos al funcionario por qué permitieron que avanzaran estas situaciones, con una denuncia pública previa, respondió que “Sergio Robayo hacía parte de la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI (…) Insisto en el principio de la buena fe. No teníamos conocimiento de alguna denuncia penal contra él, ni sus comportamientos (…) Desde el primer día cuando se presentan este tipo de situaciones es cuando empezamos a tomar decisiones con claridad”.
Desde el MinInterior se creó un comité de ética para profundizar en los hechos y la noche de ayer, 19 de septiembre, Franklin Castañeda, a cargo de la Dirección de Derechos Humanos del MinInterior, citó una reunión para hablar con plataformas y algunas víctimas. Gustamber agrega que él y otres funcionaries del Ministerio también han sido víctimas de hostigamiento por parte de Robayo.
La poca visibilidad transmasculina y no binaria en la convención
Para Miyu Alarcón, activista con experiencia de vida trans no binaria asignade femenino al nacer (AFAN), e integrante de la Corporación Casa del Oso y la Plataforma Ley Integral Trans Ya, hubo cosas positivas que vale la pena resaltar de la convención: “Resalto la juntanza, el poder de encontrarnos con otrxs activistas, líderes, organizaciones y procesos de muchos lugares del país”, afirma Miyu, para quien estos tres días activaron el movimiento LGBTIQ+. “La articulación entre las organizaciones de base y les activistas es algo que fortalece el movimiento a nivel nacional, el trabajo desde diferentes mesas con las experiencias de otrxs territorios nos brinda las herramientas para seguir y avanzar en la defensa de nuestros derechos y continuar la labor ya con acuerdos claros con el Gobierno Nacional, aprovechando la presencia de algunos ministrxs”.
Para elle la existencia, la resistencia y la visibilidad de las personas trans masculinas y no binarias fue clave. Sobre todo por la poca representación que tuvo esta población en la convención, cuenta. “Marcamos un precedente histórico en el movimiento hegemónico LGBTIQ+: alzamos la voz, y en términos de derechos exigimos respeto por nuestras identidades y la legitimidad de nuestra existencia dentro del movimiento Trans”.
Miyu llama a esta falta de representatividad un acto de ‘endodiscriminación’ vivido dentro de la convención. “Tú ibas (a la convención) y había una hegemonía muy notoria entre activistas hombres gays blancos y mujeres trans… la participación de trans masculinidades y de personas no binarias AFAN fue muy poca a comparación del número de asistentes”. Miyu asegura que había cerca de 600 o 700 asistentes, y más o menos 25 personas no binarias y por mucho 15 hombres trans. Asimismo, Miyu también cuestionó los problemas con quienes estuvieron encargades de la operación logística del evento, que, cuenta elle, ejercieron algunas violencias aparte del caso de Sergio Robayo que ya mencionamos: “No tener pasajes a tiempo, reservas, pagos de viáticos, no respetar pronombres…” cuenta.
Por su lado Josephine Fernández, integrante de la Plataforma Ley Integral Trans Ya, cuenta que esta no fue invitada formalmente por el Ministerio del Interior, y en conjunto tomaron la decisión conjunta de no asistir como plataforma, pues consideraron que los temas que se iban a tratar eran muy “problemáticos y muy de endodiscriminación”, afirma ella. “Yo estoy segura que se consiguieron cosas muy importantes en términos de agenda nacional y política pública”. Pero también es consciente que el Ministerio del Interior ha recibido críticas “Con base en que no representan todas las visiones que hay dentro del movimiento”, siendo consciente que este cuenta con experiencias muy amplias y diversas.
Josephine explica que la plataforma no vio en la convención un espacio ideal para su iniciativa. “La agenda del Ministerio del Interior no pasa por lo legislativo, no pasa por lo electoral…es una agenda muy del Pacto, del Gobierno, y estamos en una posición (…) donde sabemos que necesitamos apoyos de varios sectores que no son necesariamente afines al gobierno”, explica ella. “La plataforma no es de un movimiento político, y la apuesta del gobierno tiene todo que ver con sus reformas, propuestas y promesas de campaña y no tanto compromiso con una ley. Hasta que el gobierno no está en la misma página con nosotros respecto a que tiene que haber una ley integral trans y una legislación y un proyecto aprobado por el gobierno, no vamos a poder estar ahí en esa misma mesa”.
La convención se planta como un hito histórico para la población LGBT de nuestro país, pero al mismo tiempo, a través de diferentes sucesos, fue una muestra viva de la diversidad de experiencias y de luchas, de las violencias que se viven al interior de la misma comunidad, de las articulaciones urgentes que debería haber entre el activismo LGBT y el gobierno, y de todo el trabajo que queda por delante para que el gobierno cumpla la promesa de responder a las necesidades de las poblaciones diversas de Colombia.
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Nota al pie: Al momento de la publicación de este texto, mencionamos que Sergio Robayo había participado en el comité preparatorio de la convención «como representante» de la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI. En el tercer apartado (párrafo 22) aclaramos por medio de una cita directa que la fuente del Ministerio del Interior se refirió a Robayo como integrante de la Veeduría y persona respaldada por esta organización, no como «representante».
Segunda nota al pie:
El día 2 de octubre, 12 días después de esta publicación, Sergio Robayo nos contactó de vuelta para dar su respuesta ante estas denuncias públicas pues, cuenta él, estaba hospitalizado. Hablamos con él el 3 de octubre, y damos un espacio posterior a réplica de su parte, ante lo que denuncian públicamente las fuentes de este artículo. Este aclara que “A la fecha no he sido denunciado por ningún delito, tampoco he sido denunciado en Procuraduría, ni en Contraloría, ni en Fiscalía, ni en la organización para la que yo trabajo”.
Ante la acusación de Valery, de haber usado pronombres masculinos al referirse a ella, este responde que es falso, que él no la conoce. A pesar de esto, luego contó que Valery le escribió antes del evento para un tema relacionado con la convención, cuando le preguntamos cómo había obtenido su número. También cuenta que interpuso una querella contra ella por lesiones personales.
Al preguntarle si tenía los datos personales de les asistentes a la convención, como afirmó Valery, este lo niega, y responde que el funcionario Gustamber Guerrero, “al darse cuenta que yo descubrí el nicho de corrupción que era ese evento, ordena que no presente mi ponencia”. Y afirma que él era “el curador o el coordinador o el director académico de la Convención”, y que por eso seleccionó las ponencias, algo que no coincide con el testimonio de Guerrero. Al recordarle que Guerrero nos aclaró que no había proceso de selección de las ponencias, Sergio respondió que “Gustamber tiene que defender la corrupción de él, la corrupción de Telecafé, la corrupción de Mauricio Lizcano”, entre otras, y asegura que sí había una curaduría, porque “había un equipo de 34 académicos que estábamos revisando ponencias”.
Ante lo que nos contó Guerrero, que tanto él como otres funcionarios del Ministerio fueron víctimas de hostigamiento por parte de Robayo, este respondió que “si hubiera un hostigamiento yo estaría en Fiscalía denunciado por el delito de hostigamiento como lo están ellos”. Pero sí admitió que el pantallazo qu epublicamos, mostrando cómo él contactó a Guerrero es verídico. Sobre cómo consiguió el número de Valery Parra, este respondió que ella ya la había contactado por algún asunto de la Convención.
Ante la denuncia pública de Cristina González Hurtado, de que Robayo se habría hecho pasar por un funcionario del MinInterior, este lo niega. “Si me hubiera hecho pasar por funcionario estaría denunciado por el delito de suplantación”. También niega que lo hayan echado de la convención por violencia, sino porque “empecé a denunciar que las cosas estaban mal y que había corrupción”, en la cual, asegura, estarían involucrados funcionarios y organizaciones como la Veeduría Ciudadana de la Política Pública Nacional LGBTI.
Sergio afirma que radicó denuncias penales ante la Fiscalía por lesiones personales contra Valery Parra, y por hostigamiento y por corrupción contra varios actores de la convención y del MinInterior. Él afirma que ha sido amenazado. Sin embargo solo pudimos obtener dos números de noticia criminal, los cuales indican procesos de denuncia activos. No pudimos tener acceso a los documentos de denuncia, tampoco pudimos corroborar las amenazas.
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