Simona, integrante del grupo de jóvenes manifestantes Escudos Azules, escribió esta columna por Juliana Higuera, el Narrador, Z 11, Karo y todos los presos políticos que están en prisión.
Si alzas una cámara, eres peligroso. Si gritas, eres peligroso. Si eres Primera Línea, eres peligroso. Si eres defensora de derechos humanos, eres peligrosa. Si tienes un botiquín y das primeros auxilios, eres peligroso. Y si sales a marchar, representas un potencial peligro que debe ser eliminado y silenciado de forma simbólica, incluso física. No somos manifestantes, somos una amenaza. Somos el enemigo que ha sido deshumanizado, estigmatizado y criminalizado por soñar con una Colombia equitativa.
Eso hemos sido los últimos meses que le siguieron al Paro Nacional, sobre todo los últimos días. El pasado 11 de noviembre, por ejemplo, 10 personas fueron condenadas por los delito de concierto para delinquir, instigación a cometer actos con fines terroristas, violencia contra servidores públicos, tenencia de materiales peligrosos y lanzamiento de material inflamable. Todxs tenían una acusación en común: pertenecer a la Primera Línea.
En Boyacá fue igual. Siete personas fueron imputadas con casi los mismos cargos, entre ellos Juliana Higuera, quien participó activamente en labores de las Comisiones de Verificación e Intervención (CVI) durante el Paro Nacional en Boyacá. Juliana es activista y defensora de los derechos de las mujeres, ha alzado su voz para denunciar a miembros de la fuerza pública por actos de acoso y persecución en su contra. Además ha acompañado a víctimas de abuso policial desde el amor y la empatía. Le dieron casa por cárcel por ser madre cabeza de familia con otra mujer. El resto de personas están en la cárcel.
Los últimos meses de este 2021 han sido de persecución, de cargos, de presos políticos. Pero este año también quedará grabado en la memoria de un país entero que se volcó a las calles a elevar un grito de dignidad ante este mal gobierno. Cientos de miles de personas que se permitieron creer que el cambio es posible. Ese 28 de abril pasará a la historia como el día que recuperamos las calles y nuestro derecho a habitar el espacio público a través de la movilización social. Esto, después de un año de pandemia, la cual hizo más evidentes la desigualdad social y la pobreza de gran parte de la población.
Según el reciente informe del Banco Mundial, ‘Una recuperación desigual: las secuelas de Covid-19 en América Latina y el Caribe’, Colombia hoy es el segundo país con la mayor tasa de desempleo en la región: 36%, después de Haití. El informe indica que más del 60% de los hogares colombianos no se han recuperado de la crisis. También, que la población más afectada por la pérdida de empleo somos las mujeres, con un 39%. ¿Ante esto, cómo no seguir elevando nuestro grito?
Todxs lxs que hicimos parte activa de este Paro Nacional lo saíamos: después de que se terminara y la ‘normalidad’ regresara a Colombia, vendrían por todxs.
Durante los meses de Paro Nacional reímos, gritamos, lloramos, bailamos y salimos de nuestras casas con la incertidumbre de si íbamos a regresar a salvo. Durante esos meses, también, las cifras de brutalidad policial sobrepasaron los límites y la violencia se trasladó de los campos a las ciudades. Según los registros que recopilaron Temblores ONG e INDEPAZ, entre el 28 de abril y el 15 de julio de este año ocurrieron al menos 4852 casos de violencia policial, 1661 víctimas de violencia física por parte de la policía, 2053 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 833 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública. También 228 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, 35 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 90 víctimas de agresión en sus ojos y al menos 44 casos de violencia homicida a manos de la Fuerza Pública. Otros 28 homicidios están en verificación.
Este balance doloroso muestra el nivel de violencia y la sistematicidad con la cual se reprimió a quienes piensan diferente, y la manera en cómo se señaló la movilización social. Y ahora, luego de dejar un río de cifras llenas de dolor y muerte, la violencia estatal sigue con el objetivo claro de seguir callando las voces que continúan cuestionando a este Gobierno luego del paro. Todxs lxs que hicimos parte activa de este Paro Nacional lo sabíamos: después de que se terminara y la ‘normalidad’ regresara a Colombia, vendrían por todxs.
Nuestros cálculos se hicieron realidad. Nos están persiguiendo, nos están señalando, nos están intimidando y quieren callarnos, de la forma que sea.
La campaña de estigmatización y de deshumanización de los medios de comunicación tradicionales que señalan a lxs jóvenes capturadxs en los últimos meses como “peligrosos terroristas o vándalos” continúa. Desde el Paro, organizaciones defensoras como la Primera Línea Jurídica, la Campaña Defender la Libertad, el Comité de Presos Políticos y la Fundación Nyidia Érika Bautista, entre otras, ha solucionado al menos 250 casos de captura de jóvenes que salieron a protestar pacíficamente. Esto, sin contar con las capturas contra la prensa independiente y defensorxs de derechos humanos.
Esto nos debe importar a todxs. Al impedir y perseguir la protesta social, el gobierno impide que podamos tramitar las demandas sociales. Nos deja sin uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes para cuestionar su forma de gobernar. ¿Qué resultado tendrá el bloqueo de la protesta social para las elecciones del próximo año?
Detrás de cada compañero y compañera que está en prisión, se encuentra una idea que está siendo sancionada y criminalizada: el deseo de justicia, verdad, defensa de la vida, la solidaridad y la lucha por la memoria. Por eso hoy quiero honrar a compañeros y compañeras que en este momento enfrentan un proceso judicial por soñar con una Colombia digna. Espero que a través de estas palabras sientan el agradecimiento de todos aquellos que estamos tejiendo un mejor país.
Comenzaré con Juan Fernando Torres ‘El Narrador’. Un joven de 25 años que se acaba de graduar como profesor de primaria. Durante el Paro, transmitía con su celular las oscuras noches en que la Policía asesinaba a jóvenes en las calles. Ante tanta impotencia, El Narrador los insultaba. Y para la Policía esos insultos significaron ‘Actos de terrorismo e impartir órdenes para lograr mayor afectación a bienes públicos y privados’. La Fiscalía elaboró todo un montaje judicial en su contra. Cuando en verdad lo que hacía era denunciar la brutalidad policial en Medellín. En este momento, Juan Fernando se encuentra en la cárcel afrontando un proceso que lo puede dejar 22 años tras las rejas.
En el marco del Paro nacional, la prensa independiente fue fundamental para registrar la violencia policial. Jóvenes como El Narrador, algunos sin carrera profesional, se aventuraron a grabar con su celulares y gracias a sus transmisiones, vimos la sevicia con la que el ESMAD atacó a manifestantes. Incluso vimos cómo varios periodistas fueron agredidos. Algunos de ellos tuvieron que salir del país para proteger su vida, como mis amigos: Christian Guzmán y Alejandro Villanueva.
Este ataque contra la prensa independiente también se replicó en Bogotá con los comunicadores populares de “Z-11 Suba”, Jonatan Steven Cortés“ Z” y Karina Yurley Cepeda “Karo”, quienes grabaron varias violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en la localidad de Suba. En este momento tanto Jonatan como Karina tienen casa por cárcel. Están a la espera de la sentencia del juez que les permita recobrar su libertad.
Mis palabras también van para Juliana Higuera Quintero. A Juliana la capturaron en Paipa, Boyacá, el pasado 23 de noviembre. Con ella, son siete lxs detenidxs. Estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), quienes también se destacan por liderar causas políticas, de derechos humanos y ambientales. Todxs tuvieron un gran protagonismo en Boyacá durante el Paro. Hoy son la prueba de que en este país defender a los más vulnerables nos cuesta la libertad. Hoy tenemos el deber de señalar este falso positivo judicial elaborado por la institucionalidad.
El movimiento social está viviendo una oscura noche. El miedo, el odio y el estigma quieren arrinconarnos, pero nos mantiene la fuerza del amor y la solidaridad. Eso que encontramos detrás de un escudo, de unas manos cuidadoras con un plato de comida caliente y en la vehemencia de las defensoras que nos protegían de la muerte. Por eso hoy seguimos con la cabeza en alto, manteniendo la dignidad necesaria para continuar defendiendo nuestro derecho a movilizarnos en este país. Como sociedad tenemos el derecho a hacer realidad nuestras utopías más íntimas sin tener que ser enviadxs a prisión.
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