¿Qué pasa cuando tu candidata feminista a la alcaldía es escrachada por otras feministas?

¿Cuántas feministas hemos guardado distancia o silencio alguna vez ante denuncias de violencias basadas en género? ¿Cuántas hemos sido violentas en distintos escenarios? Es cierto que estamos atravesadas por acciones y afectos contradictorios. Pero ¿qué pasa cuando se trata de mujeres en cargos de poder político? Las denuncias contra dos precandidatas a la alcaldía de Bogotá y Cali permiten abrir la discusión y ubicarnos en un lugar distinto al de la mayoría de agresores: el del reconocimiento y la reparación.

Ambas llevan 15 años en la política y han dedicado sus vidas a la militancia en partidos de izquierda. En la actualidad, son concejalas reconocidas por mover causas de mujeres en sus ciudades. Desde 2021, sus rostros se asocian con andar la calle: kilómetros de asfalto llenos de trapos, fogatas, palos, escombros y el acecho de la Fuerza Pública durante el Paro Nacional

Fue en ese momento que Heidy Sánchez, concejala de la Unión Patriótica (UP) y Ana Erazo, concejala del Polo Democrático, dieron entrevistas, transmitieron en vivo en sus redes y defendieron abiertamente a les jóvenes que participaron de la protesta. A pesar de los señalamientos que siguieron a esa defensa, acompañar el Paro Nacional también hizo que la gente se fijara en sus proyectos políticos.

Heidy Sánchez Barreto llegó en 2020 al Concejo de Bogotá con la coalición de Colombia Humana, con 188.804 votos por lista cerrada. El mes pasado anunció su precandidatura a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico. Su trayectoria política, según cuenta en entrevistas y declaraciones, comenzó hace 15 años entre el movimiento social, estudiantil y de mujeres. Hoy tiene 34 años. Desde su curul acompaña a ciudadanes de varias localidades y presta su voz para denunciar violencias basadas en género. Fue en el Concejo donde se convenció de lanzarse a disputar el segundo cargo de elección popular más importante del país.

Aunque todo dependerá de la consulta interna del Pacto Histórico, la coalición a la que pertenece la UP, esta abogada ya arrancó una campaña marcada por un fuerte discurso feminista: entre sus propuestas está incluir el enfoque de género a la política distrital de seguridad, que iría en línea con la propuesta de seguridad humana de Petro.

Ana Erazo Ruíz también precandidata por el Pacto Histórico en Cali, y tiene una trayectoria muy parecida. Esta politóloga de la Universidad del Valle se enuncia como hija del movimiento social y feminista. Inició su camino en la política hace 15 años, hizo parte del colectivo Mujeres en Movimiento, y desde el Concejo ha dinamizado, entre muchos otros temas, la actualización de la Política Pública de Mujeres de Cali, que no se ajustaba desde 2010, así como la campaña ‘Cali sin acoso’.

En este espacio ha hecho control político siempre con el pañuelo violeta atado a la muñeca. Su propuesta programática para la alcaldía responde a ejes como seguridad humana, transparencia, soberanía alimentaria, agua y movilidad. Su compromiso, por otra parte, es seguir haciendo política en la calle. “He conectado mi curul con los territorios”, cuenta en entrevistas.

Además de los 15 años de trayectoria política, su llegada a los concejos y su nueva ambición electoral, Heidy Sánchez y Ana Erazo comparten algo más: ambas han sido señaladas de encubrir a miembros acusados de abuso sexual de la Juventud Comunista Bogotá (JUCO) del Partido Comunista y Congreso de los Pueblos, movimientos de izquierda donde comenzaron su militancia.

En MANIFIESTA conocimos los testimonios de dos mujeres, en Bogotá y Cali, que habrían sido agredidas por parte de compañeros de militancia en las organizaciones que ellas y las ahora precandidatas integraban. Las sobrevivientes denuncian no haber recibido apoyo al acudir a Heidy y Ana, quienes ejercían liderazgos en dichas organizaciones. 

Aunque políticas y sectores feministas que abogan por la participación política de las mujeres afirman que no es su deber responder por las violencias de los hombres, las mujeres que denuncian insisten en la urgencia de cuestionar y abrir nuevas discusiones: ¿Qué pasa cuando mujeres feministas en ejercicio de cargos políticos, encubren violencias basadas en género o incluso las ejercen? ¿Y si ejercen estas violencias debemos ubicarlas en el mismo lugar de hombres políticos acusados de lo mismo? ¿Cómo acercarnos a sus propuestas enfocadas en el cuidado, la prevención y erradicación de violencias basadas en género, si no hay reconocimiento y compromiso de reparación frente a omisiones o posibles violencias cometidas en el pasado?

‘Para mí, en ese momento, la política lo era todo’

Laura* y Nicole* empezaron a militar en movimientos de izquierda, en Bogotá y Cali, desde el colegio. Antes de exponer sus relatos, agregamos una aclaración a petición de ellas: sus testimonios, como mujeres que han denunciado violencia sexual, no deben ser instrumentalizados de ninguna manera por la oposición política. Piden que quien se apropie de la discusión sea la misma izquierda que hoy gobierna.

“Conozco a Heidy Sánchez desde 2010. Mi militancia empezó muy joven, a los 15 años, en la Juventud Comunista Bogotá. Heidy siempre fue un referente, un modelo a seguir”, cuenta Laura, de 28 años. Agrega que su vida escolar y social, en ese momento, empezó a girar en torno a la militancia política.

“Para 2013 yo recién cumplí los 18 años y entré a primer semestre de la universidad. Hice mi tránsito en la militancia política, de dejar de trabajar temas secundaristas para empezar a trabajar temas universitarios», cuenta ella. «Es por esto que mi vínculo con Heidy se volvió más cercano. Al yo entrar en la universidad privada y ella ser de la Universidad Libre, hacíamos parte del equipo de universidades privadas”, recuerda.

Ese mismo año, la JUCO citó a Laura a una escuela de formación política. “En esa escuela me cruzo con René Ayala, miembro importante del Partido Comunista y director de la Agencia Prensa Rural en ese entonces”, cuenta ella y afirma que Ayala era alguien muy metido en el Proceso de Paz. “Él me empieza a adular porque soy muy participativa en la escuela. Luego me dice que empezará a hacer entrevistas a políticos y líderes campesinos, y que le gustaría que lo acompañara en el proceso”. Con 18 años y a punto de iniciar su pregrado, se sintió feliz de que él se hubiera fijado en ella para su trabajo político. 

La semana siguiente, cuenta Laura, René Ayala la llamó. “Me dijo ‘Necesito que vengas ya para hacerle una entrevista a un prisionero político. Insistió mucho. Me pidió que nos viéramos en un centro comercial. Yo quería ser periodista, quería estar en la jugada”. Laura alistó su grabadora de voz y salió a tomar transporte. “Lo llamé y le pregunté en qué dirección nos veíamos. Pensé que iba a ser en una oficina de la organización. Me dijo que por seguridad no me podía decir, que solo llegara al centro comercial”.

Ya en el centro comercial, cuenta Laura, René Ayala le dijo que llegara a un bar. Al entrar vio que estaba con un líder social. “Saqué mi libreta para la entrevista. Ellos dos se rieron y me dijeron ‘pero primero tómate algo’”, recuerda ella. Pidieron cerveza, la sirvieron y Laura recuerda que bebió.

“Lo siguiente que me acuerdo es estar en el baño vomitando, la mesera metiéndome los dedos a la boca para hacerme vomitar y preguntando ‘¿con quién estás?, ¿quiénes son esos?, ¿a quién te llamo?’ La siguiente escena que recuerdo es que voy en un taxi y René Ayala está insistiendo en llevarme a su casa. Estaba tocándome las piernas y el cuello, pero todo es muy borroso (…) Me agarré de la manija del taxi y lo recuerdo porque al día siguiente tenía marcas de mis uñas en mi propia mano de lo duro que apreté la manija”. Laura relata que resistió a los tocamientos como pudo, entre el mareo y el temor, hasta que el taxista se volteó, le abrió la puerta a René y le dijo ‘hermano, ya no joda’. 

Laura cuenta que se despertó en su casa al día siguiente, a las tres de la tarde, sin saber qué le había ocurrido. 

Este hecho marcó el principio del fin de su participación en la JUCO. Cuenta que perdió sus amistades y su sustento. También que líderes como Heidy Sánchez le dieron la espalda en ese momento. En otras denuncias, como esta carta pública compartida en 2021 por una ex militante de la JUCO, que renunció ese año, se refieren a René Ayala como agresor dentro de una larga lista de nombres, acotando que “No son casos aislados, no son actuaciones individuales, estas dinámicas son permitidas y perpetuadas por lógicas propias de la militancia en la JUCO”. También habla de “Una práctica sistemática de los hombres de la JUCO. (…) Entre ellos mismos se encubren, respaldan y protegen”.

‘Quería construir procesos con mujeres’

“Yo conocí el proceso Zona Pública, del Congreso de los Pueblos, en el año 2012, justo cuando estaba en grado 11 en el colegio Santa Librada”, nos cuenta Nicole, de 27 años. “Había un grupo de comunicación alternativa de unas personas que eran estudiantes de la Universidad del Valle. Hacían una incidencia política con estudiantes de secundaria en varios colegios públicos”. Nicole explica que el colectivo de comunicación alternativa Zona Pública estaba liderado por Ana Erazo y Andrés Hincapié, conocido como ‘El Rojo’. En ese entonces, este hombre era un referente a nivel regional y nacional de Congreso de los Pueblos, y sería su presunto agresor.

“En 2013 entré a Univalle y conocí el proceso estudiantil de Congreso (de los Pueblos), que se distanciaba un poco del parche de Ana y El Rojo por sus posturas anarquistas (…) Yo en realidad lo que quería era crear una colectiva de mujeres, un espacio de género, porque no lo había en la organización. Mi mamá es feminista y me ha dado bases en ese sentido. Yo aspiraba crear una escuela”, afirma.

Los hechos ocurrieron en medio de otra coyuntura: Nicole sospechaba que uno de los compañeros que frecuentaba los espacios liderados por Andrés Hincapié era un abusador serial. Se trataba de Carlos Rocha, quien en efecto llevaba años violentando mujeres en la Universidad Nacional de Bogotá y la del Valle, en Cali, como expuso La Silla Vacía en 2021. Pero en 2014 no habían estallado las denuncias en su contra y Nicole quería exponerlo ante sus compañeros de militancia para que lo expulsaran de los procesos de Congreso.

Tras una actividad para recoger fondos, Andrés Hincapie citó a Nicole para hablar de la situación de Carlos Rocha “Y lo que íbamos a hacer como organización política y social al respecto”. A sus 18 años, consideraba que era un espaldarazo muy importante y decidió ir. 

“Al llegar, recuerdo que vi dos canastas de cerveza vacías y a Juan Camilo Hormaza (conocido como El Chulo) bastante borracho, que de por sí ya era alcohólico, como la mayoría de hombres de ‘izquierda’ que conocí al interior del Congreso de los pueblos”, recuerda. “Con él estaban Andrés Hincapié (El Rojo), ‘El Chiqui’ y Juan David Díaz (conocido como El Mono) (…) en una parte del apartamento donde yo no los podía ver”. Así relata ella el momento previo a la violencia sexual que sufrió en la denuncia que publicó en 2020. Según esta, todos los hombres que señala eran de Congreso de los Pueblos. Y afirma que esa noche Andrés Hincapié le ofreció licor. Luego de tomar se sintió mareada y enferma.

Nicole recuerda que Juan Camilo Hormaza la desvistió, mientras Andrés Hincapié miraba. «Le dije a Juan Camilo Hormaza más de una vez que ‘no’ como una expresión contundente de rechazo a lo que me estaba haciendo, lo cual no fue impedimento para que me quitara la ropa interior a la fuerza, realizara sexo oral e introdujera sus dedos en mi vagina», dice la misma denuncia. Ese fue el principio de un proceso de revictimización que, como en el caso de Laura, acabó con sus proyecciones en la organización y la devastó a nivel emocional.

‘Sentí el rechazo de ellas en primera persona’

En el caso de Laura, decidió denunciar públicamente en 2017, en una fiesta del Primero de Mayo en el barrio Policarpa. Allí encontró a René Ayala, que estaba borracho. Verlo le detonó pánico y el recuerdo de la mesera metiéndole los dedos a la boca en ese bar. 

“En 2017 en la JUCO llevábamos un proceso de años de construir el equipo de mujer y género, y llevaba años la discusión de construir un protocolo para atender VBG, que estaba liderando al lado de mujeres que consideraba mis amigas, mis mentoras”, cuenta Laura. Entre ellas estaba Heidy Sánchez.

Laura decidió señalar a René Ayala en octubre de ese año en su Facebook. “Yo en ese entonces no sabía qué era el escrache, ni el #MeToo”. Denunció el presunto abuso sexual, pero también los malos tratos, el menosprecio y la invisibilización de su trabajo dentro del Partido Comunista. “Escribí: ‘Estoy mamada de que me griten, me ninguneen, que me toque demostrar que sé cosas, que he estudiado, que sí argumento, solo porque soy mujer’”. Al post le siguieron respuestas que le demostraron a Laura que “Las mujeres sororas te rompen como los machos”. 

Captura de pantalla tomada de la cuenta de Twitter de Laura.

“Cuando denuncié no fue para salirme de la JUCO, sino para abrir un debate. Lo más triste del mundo es que yo hice ese acto kamikaze de denunciarlo a él, con toda la seguridad de que Heidy y las demás compañeras iban a estar conmigo” cuenta Laura. “Yo hice eso con toda la seguridad de que mi denuncia iba a permitir abrir unas discusiones difíciles, que con esto por fin iba a prosperar el protocolo de género que yo misma estaba armando (…) Pero Heidy sale con (…) que si eso era así por qué no se activaban los caminos creados dentro del partido, cuando yo misma estaba trabajando en eso”, relata Laura.

Laura asegura que sus compañeras le dieron la espalda. En ese entonces conoció a otra víctima de Ayala, que le solicitó no hacer público su caso. Una vez más, acudió casi rogando que le prestaran atención a la sistematicidad de las presuntas violencias ejercidas por este hombre. La respuesta, cuenta ella, fue empezar a sacarla de chats de WhatsApp. Lentamente la expulsaron de la JUCO. Laura asegura que no solo perdió a sus amigos, sino también sus fuentes de ingresos, pues tenía oportunidades de trabajar dentro de la organización. La violencia política afectó cada aspecto de su vida, relata ella.

“Al final, el acto kamikaze que hice dio paso a todas las denuncias por VBG de la JUCO. Me empezaron a llegar mensajes de JUCO Cali, JUCO Barranquilla, JUCO Medellín. También de Congreso de los Pueblos, la UP, la Federación de Estudiantes Universitarios, el Polo. Fueron tantas las denuncias que tuvimos que armar una colectiva entre 2019 y 2020: la Juntanza Feminista Nacional”, recuerda Laura.

En 2020 Laura interpuso un derecho de petición ante el Comité Ejecutivo Nacional de la JUCO preguntando por los protocolos de prevención y atención a VBG en la organización, los mismos que sus compañeres le reclamaron no haber activado ante el hecho de violencia que sufrió. “La JUCO nunca respondió (…) es la prueba de que intentamos hacer todo por los canales correctos y aún así no funcionó”.

Derecho de petición interpuesto por Laura, con fecha del 10 de junio de 2020.

Esta Juntanza fue integrada por 13 mujeres de la JUCO, que en su momento firmaron una carta de apoyo a Laura, pero no renunciaron a ese proceso político porque querían luchar desde adentro. De a poco, fueron expulsadas y tildadas de “enemigas”, según el relato de Laura.

La estigmatización se convirtió en acoso judicial cuando en 2020, el líder de la JUCO Cartagena, Daniel Quirós Carvalo, entuteló a las colectivas Jutanza Feminista, Blanca Villamil, Las Anóminas y otras alrededor del país, por publicar en sus redes sociales una denuncia de acceso carnal violento presuntamente cometido por él contra una militante de la organización. La tutela fue declarada improcedente por la Corte Constitucional, y desembocó en la Sentencia T-356 de 2021, que respalda el escrache.

A pesar de la persecución, Juntanza Feminista se dedicó a sistematizar las denuncias en los movimientos y organizaciones de la izquierda colombiana. En el proceso, a Laura le llegó un mensaje: ‘Hola, soy Nicole y tengo una situación. Esta es mi cédula, este es mi número, quiero entrar a la sistematización y ser parte de la colectiva’.

‘¿Y por qué estás rompiendo la izquierda?’

“Con Nicole pasó exactamente lo mismo. Ana Erazo hizo con ella lo mismo que Heidy hizo conmigo. La misma situación de ‘¿y por qué estás rompiendo la izquierda?’. A Nicole la sacan políticamente de todo”, cuenta Laura.

Por su parte, Nicole relata por qué acudió a Juntanza Feminista: “Esa situación me destruyó completamente. La persona que yo era, ya no existe. Y me ha tocado asumirme desde esa violencia, que además tardé en integrar en mi vida. Antes la bloqueaba”.

Agrega que perdió toda legitimidad frente a sus compañeros y compañeras. “Mi intimidad se volvió algo público: todo el mundo podía opinar de eso o, incluso poner en duda mi denuncia. Eso me marginó. Pero cuando empecé a denunciar, mis abusadores empezaron a ganar liderazgos políticos”, recuerda. “Yo no me fui, ellos querían que me fuera. Pero yo quería seguir construyendo porque estar ahí había transformado mi vida”, aclara Nicole.

Ella empezó a denunciar ante las mujeres del proceso antes de hacerlo público. “Muchas eran trabajadoras sociales que también hablaban de género, pero empiezan a justificar a mis agresores. Hago la denuncia en Fiscalía en 2016 y eventualmente me voy, me retiro de Congreso en 2017”. Su denuncia se conoció en 2018. Dos años después, en 2020, se dio un intercambio de comunicados que iniciaron en abril y terminaron en noviembre de ese año. El primero es de Ciudad en Movimiento, una organización nacional integrante de Congreso de los Pueblos que, para entonces, Ana lideraba en Cali. 

Fragmento del comunicado de Ciudad en Movimiento con fecha del 13 de abril de 2020.

Este se publicó el 13 de abril, pronunciándose sobre la denuncia de Nicole, reconociendo que al momento de enterarse de lo ocurrido, en 2016, habían procedido “de manera equivocada y revictimizadora”. En este también aseguraban que Nicole había ignorado el ofrecimiento de acompañamiento jurídico y psicológico que le habían hecho, y cerraban diciendo que Andrés Hincapié había renunciado a la organización en 2016, mientras Juan Camilo Hormaza había sido expulsado en 2017.

El seis de mayo, Nicole decidió comunicarse con Ana para comprender de qué acompañamiento hablaba el comunicado. Hasta la fecha no existía comunicación directa entre ellas dos y Nicole no había recibido dicha oferta. Entonces, la concejala respondió con una carta en la que se ratificaba que, como organización, ponían a su disposición los servicios de una abogada y una psicóloga. 

Conversación entre Nicole y Ana Erazo.
Carta de representantes de Ciudad en Movimiento dirigida a Nicole con fecha del 6 de mayo de 2020.

Pero Nicole afirma que no logró un diálogo horizontal con la abogada designada, Carolina Rodríguez. Incluso denuncia que la profesional usó un tono hostil en la conversación cuando ella le solicitó que la organización cubriera el costo de su peritaje psicológico, el mismo que permitiría el avance de la investigación en la Fiscalía. Nicole optó por este recurso y lo pagó de su bolsillo porque en 2014, luego del episodio de violencia sexual, no activó la ruta de atención ante las autoridades, y no tuvo acompañamiento médico que respaldara la denuncia que hizo años después.

Conversación entre la abogada Carolina Rodríguez y Nicole.

A finales de 2020, Nicole decidió difundir los hechos que vivió en una carta de 10 páginas. Allí relata el hecho, señala a sus presuntos agresores y habla de los comunicados y el nulo apoyo de Congreso de los Pueblos y sus cabezas. Nicole se refiere al presente: “De un momento a otro, Ana ya no tuvo más que ver ni con Congreso ni con Ciudad en Movimiento. Ahora es concejala y está dedicada a su candidatura”, cuenta. “Ella siempre supo de las violencias que ha ejercido Andrés Hincapié (…) En espacios públicos no ha habido reconocimiento. Dice que no tiene nada que ver con el tema, que a esas personas no las volvió a tratar”, agrega.

Primera página de la carta de denuncia pública de Nicole, con fecha del 8 de octubre de 2020.

“En mi caso, terminé siendo peor que el victimario”

Hablamos con la concejala y precandidata Ana Erazo, quien no quiso pronunciarse frente al caso específico de Nicole, explicando que tiene un impacto emocional sobre ella. Sin embargo, accedió a contarnos lo que ha podido reflexionar como feminista frente a los casos de violencia al interior de organizaciones de izquierda a las que perteneció. “Hay que reconocer que hubo situaciones al interior de las organizaciones sociales que lamentablemente no tuvieron en su momento un protocolo ajustado para la atención de esos casos y, por supuesto, pudimos haber caído en situaciones de revictimización y otras dolorosas para las víctimas”, afirma. “En ese sentido, lo que hemos podido avanzar es en esa vía, poder construir, adecuar, protocolos de atención de VBG”.

Ana agrega que siente que se le ha castigado de manera doble. “En mi caso, terminé siendo peor que el victimario y creo que no es una situación en la que debamos caer. Obviamente reconocemos unas responsabilidades, pero dirigimos toda la situación de justicia y reparación hacia el victimario”, concluye.

Por su parte, la concejala y precandidata Heidy Sánchez respondió a nuestras preguntas con la siguiente precisión. “En las actuales dinámicas cualquier pronunciamiento mío puede ser mal interpretado, colocándome en dos de estas situaciones: una, que no deseo asumir responsabilidades y estoy cubriendo la espalda de los agresores y, la otra, que estoy revictimizando. En ninguna de esas posiciones deseo ser situada”. 

Frente al tema de posibles caminos de reconocimiento y reparación, Heidy afirmó: “Creo que es necesario un diálogo y trabajo colectivo y, por ello, en compañía de algunas organizaciones feministas, estamos revisando una ruta de acción adecuada que nos permita construir un espacio que facilite escuchar, hablar, intercambiar y seguir aprendiendo en torno a cuál es la mejor forma de abordar estos casos y así realizar las acciones de reparación que sean necesarias”, sin precisar si se trata de un trabajo con la JUCO o dentro de la UP, donde milita actualmente.

Cabe anotar que estas posturas no se alejan de las exigencias que hicieron Laura y Nicole años atrás: abrir conversaciones difíciles y encauzar las denuncias dentro de sus movimientos. 

El debate sobre reconocimiento y reparación

Juliana Hernández, activista feminista y experta en participación política de mujeres, considera que lo primero por preguntarse es qué significa ‘reparar’ en este contexto. “Tú puedes escrachar a una persona tantas veces como quieras, sin entender cuál es la reparación que esperas”, explica. “¿Qué estamos buscando como reparación y para garantizar que nunca más a una mujer le pase lo que nos ha pasado a las víctimas de violencia?”. Sin embargo, en las dos denuncias que conocimos la respuesta es clara: la reparación debía contemplar que sus denuncias fueran atendidas y que los presuntos agresores fueran apartados de los espacios. Lo que ocurrió fue lo contrario. Ellas se vieron obligadas a salir de las organizaciones.

Le preguntamos a Juliana quién debe asumir el costo de la ‘muerte política’ de estas mujeres, un hecho en el que se vieron involucradas las cabezas visibles de dichas organizaciones. “El costo lo deberían asumir los liderazgos de los partidos políticos, el partido como estructura (…) Las estructuras tienen que pedir perdón por no tener rutas; deben reconocer que ha habido violencias, que han guardado silencio”, opina Juliana. “Que se sienten con las víctimas a hablar sobre qué las haría sentir reparadas: ¿una reparación administrativa?, por ejemplo, porque hay lucro cesante (…)”, agrega. Sin embargo, como expuso Nicole, insinuar formas de reparación económica genera aún más juicios.

Carmenza Zá, ex militante de movimientos de izquierda y activista que ha acompañado denuncias de VBG, agrega que “Lo que hay de fondo es esta falsa disyuntiva de si tienes conciencia de género o conciencia de clase. Los han querido vender como temas aislados. En ese escenario, es muy fácil que nos confundamos o que actuemos mal, por omisión. Pero hay otra circunstancia en la que sabemos, conscientemente, que estamos sosteniendo estas prácticas violentas. Y creo que ese es el caso aquí”, concluye para referirse a los señalamientos contra Heidy Sánchez. 

Para Juliana, quienes tienen que cambiar son las estructuras, “y quienes cambian las estructuras no son las mujeres, porque en la mayoría de partidos políticos son los hombres quienes toman las decisiones como dirigentes”.

Por su parte, Carmenza asume un punto medio. “No creo que ni Heidy ni Ana quieran el poder por el poder”, señala. Y agrega que considera que Heidy es una mujer comprometida con la causa trabajadora y de víctimas, es decir, con un enfoque social genuino.

También plantea que la precandidatura de Heidy Sánchez es una oportunidad para abrir, por fin, espacios de diálogo y reparación de estas violencias en la JUCO y el Partido Comunista. Oportunidad que se puede extrapolar a la carrera de Ana Erazo a la alcaldía y los diálogos necesarios al interior del Congreso de los Pueblos. Para Carmenza, este momento político-electoral “debe traducirse en la disposición para construir con quienes han sido aliadas siempre, con quienes se identifican con las consignas, quienes pueden aportar a la construcción de una política distrital distinta. Pero no desde la política del silencio”.

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*Los nombres fueron cambiados a petición de las fuentes.

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NOTA AL PIE: Por petición de Mónica Godoy Ferro, retiramos los fragmentos en los que se le cita en el texto. Aclaramos que es una petición con la que no estamos de acuerdo, pues no está sustentada en argumentos que evidencien tergiversación o conflictos éticos. Sin embargo, ante el nivel de insistencia y los malos tratos por parte de la fuente, hemos decidido prescindir de su voz.

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