El documento, que ya se radicó en el Congreso, no es claro sobre el impacto diferencial en la vida de las mujeres. ¿Por qué es tan difícil analizarlo con perspectiva de género? Hablamos con varixs economistas.
El jueves 15 de abril, el Ministerio de Hacienda anunció que ya había radicado en el Congreso el proyecto ‘Ley de solidaridad sostenible’. Esta es la tercera reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, después de la ‘Ley de financiamiento’ anunciada en 2018 y de la ‘Ley de crecimiento’ de 2019.
La noticia de implementar más impuestos ––y otras medidas fiscales–– cayó como un balde de agua fría para una Colombia sumida en una honda crisis económica y social luego de un año de pandemia, que nos tiene además en el tercer y peor pico de COVID-19. Por lo anterior, distintos sectores sociales y políticos convocaron un paro nacional indefinido que empezaría desde hoy, 28 de abril y que el gobierno ha tratado de disminuir.
Ayer en la noche, por ejemplo, el Tribunal de Cundinamarca ordenó aplazar las manifestaciones hasta ‘lograr inmunidad de rebaño’.
En el país ya contamos más de 71.799 muertes por la pandemia, alcanzamos un récord de 465 muertes diarias y la ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) sobrepasa el 90 por ciento en las principales ciudades del país.
En cuanto al desempleo, este llegó a niveles históricos y las mujeres fuimos las más afectadas. De acuerdo con el DANE, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, la tasa de desempleo para las mujeres fue del 20,7 por ciento frente a un 11,7 por ciento para los hombres.
Todo lo anterior sumado a la violencia que no da tregua en Colombia, ni porque tengamos una pandemia encima. Según cifras de Indepaz, en 2020 hubo 91 masacres, y en los primeros cuatro meses de este 2021 ya se han registrado 30 masacres con 108 víctimas.
Razones le sobran a lxs colombianxs para llenar las calles tal como en el paro de 2019, a pesar del riesgo innegable por COVID-19.
Con este panorama, el Gobierno Nacional decidió ir contra la tendencia mundial de los gobiernos de inyectar billonarios rescates de capital para superar la crisis. Al contrario, la reforma que proponen aumenta los impuestos de ingresos medios y altos, y grava distintos productos y servicios básicos. Más de lo siempre: proponer poco capital para la inversión y generación de empleo.
El objetivo es recaudar 25 billones de pesos para reducir los huecos fiscales y para demostrarle a los mercados internacionales que Colombia tiene la capacidad para pagar la deuda externa, que asciende once puntos porcentuales y corresponde al 55,4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Es más caro ser mujer con la reforma?
Teniendo en cuenta que las mujeres hemos sido las más afectadas por la pandemia (por cada hombre que perdió el trabajo, cuatro mujeres quedaron desempleadas), la primera pregunta que surge es ¿Cómo se ve afectada por el proyecto ‘Ley de solidaridad sostenible’ la población más afectada por la pandemia?
El primer problema que plantea esta reforma, que agoniza en el Congreso, para nosotras las mujeres es el cambio de categoría tributaria de los productos de cuidado menstrual como los tampones, toallas higiénicas y copas menstruales. Así como de preservativos y métodos de anticoncepción femenina.
Tanto en 2018 como la semana pasada, la Corte Constitucional ordenó mediante dos sentencias que las toallas higiénicas, tampones y copas menstruales estuvieran exentos de IVA. Es decir, que la tarifa de este impuesto sobre los productos fuera cero por ciento.
«Este nuevo programa de protección social se enfoca en la población en situación de pobreza y la pobreza en Colombia está feminizada»
Alejandro Rodríguez, investigador de Dejusticia.
Sin embargo, esta reforma propone que dichos productos sean excluidos de IVA, en vez de exentos. Laura Rangel, abogada feminista e integrante del Grupo de Género y Justicia Económica de Justicia Tributaria –– quienes desarrollan la campaña ‘Menstruación libre de impuestos’–– explica la diferencia:
«Al ser exentos de IVA ese impuesto no recae sobre la consumidora, (…) puede aparecer durante la cadena de producción del bien y es asumido por el productor, que tiene la posibilidad de pedir la devolución de ese dinero», explica Laura. «Esto hace que los precios de los productos bajen». Laura considera que este cambio hace que el impuesto sea regresivo. Es decir que el dinero que se recauda a través de él impacta más a los sectores socioeconómicos más vulnerables, que respecto a sus ingresos, deben pagar más por ese bien que personas de sectores más privilegiados.
Esto porque, bajo el régimen excluido, lxs productorxs de los bienes asumen el valor del IVA, pero no pueden pedir la devolución del dinero. Lo que haría que los precios de los productos de cuidado menstrual y anticonceptivos suban de precio. Lxs productorxs deben recuperar el dinero del impuesto que invirtieron en la cadena de producción y eso vendría del bolsillo de las compradoras.
Alejandro Rodríguez, investigador de Dejusticia, concuerda con Laura respecto a la regresividad de ese cambio. No obstante, sobre cómo afecta la reforma a las mujeres, el investigador tiene opiniones divididas: «La reforma no solo toca los impuestos, sino el gasto público». De hecho, el Estado colombiano aumentó las transferencias sociales durante la pandemia y en el documento de la reforma busca que estas transferencias sean permanentes.
Para Alejandro hay dos temas en la reforma que pueden beneficiar a las mujeres, al menos en teoría. El primero es la unión de programas sociales: «Hay una reformulación del programa ingreso solidario y en sí de todos los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas», explica. «De alguna manera se unifican todos estos programas de transferencias en una sola transferencia que incluye a Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario».
Es decir, la propuesta del gobierno aumentaría la cobertura de toda la población en situación de pobreza y pobreza extrema, pero además aumentaría el monto de las transferencias. «Este nuevo programa de protección social se enfoca en la población en situación de pobreza y la pobreza en Colombia está feminizada», argumenta Alejandro.
De acuerdo con datos de Prosperidad Social , la entidad que maneja los programas sociales mencionados, siete de cada diez titulares en el país que reciben esos apoyos estatales en el país son mujeres.
Por ejemplo, en Familias en Acción, el 87,9 por ciento de beneficiarixs son mujeres, lo que representa 2’316.135 hogares. Por su parte, en Ingreso solidario el 63 por ciento de lxs beneficiadxs son mujeres, en Colombia Mayor las mujeres representan el 55 por ciento y en Jóvenes en Acción, el 54,7 por ciento.
El segundo tema que en el papel pareciera beneficiar a las mujeres es el fomento de empleo: «La reforma propone subsidiar los aportes parafiscales que deben hacer las empresas por cada trabajador en dos categorías: jóvenes menores de 28 años desempleados y mujeres mayores de 54 años» explica Alejandro.
Esto significaría que la contratación de esta población le saldría más barata a lxs empleadorxs porque el Estado va a subsidiar parte de esa contratación.
«Si uno ve las tasas de desempleo por género, uno ve que hay más jóvenes mujeres desempleadas que hombres. Esto podría tener un impacto positivo a través de ese gasto subsidiado de parafiscales y de aportes a seguridad social que asumiría el Gobierno». Según el DANE, Las mujeres de 25 a 54 años fueron quienes más perdieron sus empleos empezando el 2021. Con la propuesta en la reforma tributaria las más beneficiadas de este grupo serían las de 25 a 28 años. ¿Y las demás?
Más preguntas que respuestas
Lina Céspedes, abogada tributarista y PhD en Derecho de la Temple University aseguró en su columna de opinión en La Silla Vacía que el sistema tributario colombiano necesita una reestructuración profunda, así como lo alertó la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.
Hay varias razones. Entre ellas, que en Colombia no se adopta un enfoque de género ni para diseñar las reformas tributarias ni para discutirlas: «Haber hecho uso del enfoque de género hubiera implicado, por ejemplo, determinar cuánto supone en costos para las mujeres en edad reproductiva el que los productos de higiene menstrual y anticonceptivos pasen de “exentos” a “excluidos” en materia de IVA», afirma.
En conversación con MANIFIESTA, Lina expresó su preocupación de que las primeras damnificadas con la reforma tributaria seamos las mujeres. Aunque concuerda con Alejandro repecto al posible beneficio de las mujeres con esa unión de las transferecnias condicionadas y no condicionadas, Lina considera que no hay claridad: «Ingreso Solidario y la mayor cobertura no nos puede emocionar. El subsidio le puede llegar a más mujeres, pero ¿cuántas mujeres estaría beneficiando? (…) Una obligación del Estado es respondernos esas preguntas y darnos claridad sobre cómo está llegando a las mujeres ese ingreso solidario».
Para la investigadora, si el Estado brindara la información clara, sería mucho más fácil observar las bondades de la propuesta. «Necesitamos datos para hacer análisis más claros de lo que está pasando, sobre todo respecto a impactos de género», concluye.
Hay dos interrogantes más que plantea Lina: «Incorporar enfoque de género hubiera significado analizar el impacto de mantener en un 25 por ciento la exención aplicable a la renta líquida en lo relativo a las rentas laborales, ¿esa es una estimación adecuada de los gastos que se deben asumir en el hogar incluidos pagar el servicio doméstico y de cuidado que les permite a las mujeres generar ingresos laborales?».
¿Qué quiere decir lo anterior? Los ingresos laborales (salario y honorarios) deben tener un porcentaje al que no se le aplica impuesto. Según la Corte Constitucional, este porcentaje debe ser del 25 por ciento. Ese dinero no se grava porque es el que se destina para el gasto de los hogares y el gasto personal: el mínimo vital. Sin embargo, como pregunta Lina, ¿ese 25 por ciento refleja la situación de las mujeres y de las personas en general?
Antes de la pandemia, las personas no tenían muchos de los gastos que hoy, con el teletrabajo, están asumiendo: servicio de luz, de internet, mantenimiento de computadores, compra de sillas adecuadas para trabajar, etc. Entonces, ¿ese 25 por ciento exento sigue siendo suficiente, teniendo en cuenta que los gastos en el hogar y personales aumentaron? Además, esa decisión: «¿tiene en cuenta que son las mujeres las que asumen el trabajo doméstico y de cuidado en los hogares?, ¿tiene en cuenta que si las mujeres quieren generar ingresos, tienen que tercerizar eso?», expone la investigadora.
Es decir, ¿este porcentaje de mínimo vital tiene en cuenta entonces que las mujeres o deben contratar a alguien más para que haga ese trabajo del cuidado o ellas (u otra persona del hogar) lo hacen gratis?
Alejandro considera, además, que hay una crítica frente a este punto de la reforma: «Ese 25 por ciento no es proporcional. Ese porcentaje es muy distinto para una persona que se gana 1’800.000 frente a una que se gana 10 millones de pesos. A esta última persona le está quedando mucho más dinero sin impuesto. Las personas con más ingresos laborales son las que más se benefician con esta medida», explica.
A lo anterior se le debe sumar que la reforma propone la eliminación de la deducción mensual de hasta el 10 por ciento de los ingresos por concepto dependientes económicos.
El argumento de Lina sostiene que la deducción reconoce los lazos de solidaridad existentes entre los miembros de las familias. Esa deducción permite descontar al menos una parte de los gastos que realiza el contribuyente respecto de sus hijxs, cónyugues, compañerxs permanentes, padres y hermanxs en situación de dependencia económica.
Lo anterior significa que si, por ejemplo, una persona tiene hijxs, cónyugue, compañerxs permanentes, padres o hermanxs en situación de dependencia económica, puede reducir en un 10 por ciento (por cada uno de ellos) el dinero o base gravable al que se le va a aplicar el impuesto de renta. Entonces, es más el dinero que le va a quedar libre de impuestos.
Como la reforma pretende quitar ese beneficio, «su eliminación (como lo propone la reforma) además de implicar una presión económica, podría crear un desincentivo para que los contribuyentes mantengan esas redes de apoyo familiares y, tal vez, impactaría en mayor medida a las mujeres», explica Lina.
Todos esos vacíos que deja la reforma de más de 300 páginas hace que Lina plantee preguntas fundamentales: ¿Comenzaremos por recortar los servicios domésticos y de cuidado que contratamos y que son ofrecidos usualmente por mujeres? ¿Quiénes asumirán estas labores que ya no son contratadas en el mercado? ¿Las mujeres en dobles y triples jornadas?
Hay indicios de que las mujeres pagamos los platos rotos
De acuerdo con Lina, historicamente las mujeres somos las que hemos amortiguado en lo público y en lo privado las políticas de austeridad y de contracción de recursos en los hogares.
El informe de 2019 ‘El impacto de las reformas económicas y medidas de austeridad en los derechos humanos de las mujeres’ muestra que las políticas de austeridad impactan negativamente en los derechos humanos: nuestro derecho al trabajo, nuestro derecho a seguridad social, a vivienda, agua y alimentos, salud… también aumenta la violencia contra las mujeres y promueve la injusticia fiscal y la discriminación contra nosotras.
Entonces, aunque las políticas macroeconómicas se consideran como «neutrales al género», afectan de manera distinta a hombres y mujeres, debido a la división sexual del trabajo que sigue estructurando la sociedad. Si las políticas no tienen en cuenta lo anterior surgen sin reconocer la vida de las mujeres y pueden exacerbar brechas que ya existen.
«Estando en la universidad, una vez le pregunté a un profesor cómo afectaban los impuestos a las mujeres y me dijo que eso no tenía nada que ver, que los impuestos eran neutrales», recuerda Lina.
Tenemos una tradición tributaria que no le apuesta al género
El informe de la CEPAL ‘Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe’ afirma que aunque hay tratados internacionales y regionales en materia de política fiscal con enfoque de género, hay pocos análisis sobre la forma en que la política tributaria influye en la capacidad del Estado para financiar políticas para la igualdad de género y la autonomía de las mujeres.
Como mencionamos, los sistemas tributarios ya tienen sesgos de género porque han sido diseñados desde el contexto de la división sexual del trabajo. Es innegable que esto afecta las decisiones sobre dónde, cuánto trabajar y los patrones de consumo.
Por ejemplo, que la reforma tributaria radicada quiera cambiar los productos de cuidado menstrual y los anticonceptivos a bienes excluidos de IVA es un diferencial en contra de mujeres y personas menstruantes e implica un incumplimiento del principio de equidad horizontal.
Para la CEPAL, incorporar el enfoque de género implica identificar los sesgos propios del sistema tributario para eliminarlos y propiciar la no discriminación por razones de género en los impuestos.
En Colombia, lo que muestran las investigaciones son pocos avances de la política fiscal en materia de género. Por ejemplo, la decisión de la Corte Constitucional sobre la exención del IVA a toallas higiénicas y tampones o la exención de las indemnizaciones que impliquen una protección
a la maternidad y la exención de las prestaciones de los fondos
de pensiones. No obstante, en el país no se ha incorporado presupuestos género-sensibles en sus marcos normativos a diferencia de México, uno de los países más avanzados en cuanto a leyes fiscales con enfoque de género.
Una cifra muy diciente es que Colombia es uno de los países de la región que menos gasto público ejecuta en materia de género. Gasta el solo el 0,1 por ciento del PIB: 296,44 millones de dólares. Argentina, por su parte, destina 2.892 millones de dólares, que equivale al 0,9 por ciento de su PIB. Por encima de Colombia están países como Ecuador, Guatemala y México.
El informe también muestra que Colombia no elabora informes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre los presupuestos sensibles al género porque ni siquiera lo contempla en el marco normativo.
Lo anterior se materializa en lo complicado que se vuelve entender cómo afecta la política fiscal a las mujeres en el país. Es muy difícil conseguir datos o informes de seguimiento e impacto diferenciado. «Es que no hay información. Lo más responsable que podemos hacer es plantear preguntas a partir de las intuiciones que tenemos después de leer las reformas tributarias. Pero sin información es casi imposible establecer correlaciones», concluye Lina.
Sin embargo, todxs lxs entrevistadxs coinciden en que es positivo que estas preguntas sobre el impacto de la política fiscal en las mujeres estén surgiendo. Tanto desde los medios, como desde colectivas de economía feminista y observatorios de economía con perspectiva de género que están empezando a exigirle información al Estado. Esto para que tome decisiones más adecuadas para nuestras vidas.
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