La olla comunitaria ‘Del Putas’ comenzó muy temprano en el barrio Santa Fe, en la localidad de Mártires, en el segundo piso de uno de esos edificios antiguos que sobreviven, como sus habitantes, sobre calles viejas del centro de Bogotá. El lugar era la casa de la Red Comunitaria Trans, una organización comunitaria que defiende los derechos de las personas trans en la zona. La jornada de alimentación para el barrio se convocó por redes sociales. La cita era a la 1:30 p.m, pero los desayunos se fueron en un abrir y cerrar de ojos temprano en la mañana.
En una esquina, frente al edificio, varias mujeres desmontaban una cocina improvisada: una olla vieja y negra sobre unos palos de madera que hacían de estufa. Unxs periodistas que también intentaban cubrir la jornada obstaculizaban la entrada. Al irse le dieron paso a hombres, mujeres y niñes que llegaban a pedir lo prometido: un plato de comida para quien tuviera hambre. Cada diez minutos o a veces más, llegaban de a cinco, seis o familias enteras a reclamar la comida.
El apartamento de dos habitaciones y una sala comedor amplia, acogió a las cocineras en un cuarto donde organizaban los almuerzos. En la otra habitación se reunieron varias mujeres pertenecientes a las organizaciones que convocaron la olla de ese cuatro de septiembre. Esta fue posible gracias a la unión de diferentes colectivas ciudadanas como Lxs Nadie, Calle Siete de Bogotá y Las Viejas Verdes. Para la jornada de ese día se unieron con Putamente Poderosas, una colectiva defensora de las trabajadoras sexuales en Medellín, para servir cerca de 300 desayunos y almuerzos a las trabajadoras sexuales del barrio Santa fe de Bogotá.
En la localidad de Santa fe se ubica el 9% de las 7.094 personas que ejercen trabajo sexual en Bogotá según datos de la Secretaría de la Mujer de 2017, luego de Los Mártires (21,4 por ciento), Kennedy (20 por ciento) y Chapinero (11 por ciento). La gran mayoría de esta población se ha visto profundamente afectada por la emergencia sanitaria debido al cierre de establecimientos y con la cuarentena aplicada en las calles de la ciudad durante varios meses. Trabajar de la forma cómo lo hacían antes de la pandemia no es una opción ahora, así como tampoco lo es quedarse en casa sin trabajar. Y a pesar de que el Distrito prometió mercados y subsidios para arriendo desde el 21 de marzo para esta población, la realidad ha sido otra.
Ante el panorama de exclusión e indiferencia que ofrecen los gobiernos locales desde el inicio de la cuarentena, han sido las propias trabajadoras sexuales quienes, a través de tejidos comunitarios se han puesto sobre los hombros la obligación de garantizar el derecho fundamental más importante: la vida misma.
La precaria situación de muchas trabajadoras sexuales hizo que el 28 de abril, un mes después de la promesa de la Alcaldía, cerca de 60 mujeres se reunieran en el Parque de los Hippies con una consigna: “Por los derechos de las trabajadoras sexuales, juntxs por una cuarentena digna”. Esta misma manifestación se ha repetido en ciudades como Bucaramanga y más recientemente en Medellín, donde el pasado siete de octubre varias trabajadoras sexuales se reunieron al frente de la Iglesia Veracruz con pancartas que decían: “Estamos putas por el abuso policial” y “La sangre de las putas jamás se olvida”.
El hambre y la necesidad no le dan espera a las trabajadoras sexuales de varias ciudades en el país, para quienes el virus pasó desde hace meses a ser un tema secundario. La prioridad es el rebusque, alimentar a lxs hijxs, pagar las pensiones y los pagadiarios donde viven. Ante el panorama de exclusión e indiferencia que ofrecen los gobiernos locales desde el inicio de la cuarentena, han sido las propias trabajadoras sexuales quienes, a través de tejidos comunitarios, iniciativas colectivas en los barrios, y alianzas entre diferentes colectivos, han reemplazado al Estado y se han puesto sobre los hombros la obligación de garantizar el derecho fundamental más importante: la vida misma.
La olla comunitaria ‘Del Putas’ fue precisamente eso: una jornada para cubrir, al menos por ese día, la alimentación y la energía de cientos de mujeres trabajadoras sexuales, habitantes de calle y trabajadorxs informales de la zona. La iniciativa hizo parte de la alianza ‘Juntas somos más poderosas’, una campaña generada entre colectivas como Calle Siete y Putamente Poderosas, que han creado todo tipo de estrategias para sostener a su comunidad desde el inicio de la cuarentena, las Viejas Verdes y la Red Comunitaria Trans, donde además de exigir la garantía de derechos fundamentales para las trabajadoras sexuales, hacen un trabajo de sensibilización y pedagogía, pues las relaciones sexuales también son una fuente de contagio.
En estas jornadas se encontró que lo más difícil para las trabajadoras sexuales durante el confinamiento fue conseguir la plata para pagar la pieza o los pagadiarios donde viven. Los clientes escaseaban y los pocos que frecuentaban a las trabajadoras no eran conscientes de la situación.
“Las trabajadoras sexuales son las que se están llevando al lomo el sostenimiento de las comunidades. Hacen censos, hacen mercados, hacen ollas, y sostienen mucho el parche”.
Marciana Punk, integrante de Lxs Nadie, trabajadora sexual y diseñadora, madrugó más de lo usual ese cuatro de septiembre para preparar los desayunos de ese día: huevos pericos con chocolate y pan.
Una semana antes de esta olla, el 26 de agosto, Marciana junto con Lxs Nadie y una familia de mujeres afrocolombianas repartieron aproximadamente 800 platos de sancocho a lxs 452 indígenas embera katío y embera chamí que huyeron de la guerra y que llevan meses en un asentamiento de condiciones precarias en el parque Tercer Milenio de Bogotá, y a cualquier persona que pasara por allí con hambre. Lxs Nadie está conformada por trabajadoras sexuales, madres de familia, recicladorxs, vendedorxs ambulantes, carreterxs y trabajadorxs informales de los barrios Santa Fe y Mártires, que nació durante la emergencia sanitaria por covid-19 como consecuencia del hartazgo de la ciudadanía frente al incumplimiento del Distrito con la entrega de mercados y subsidios. “Queremos que el proceso de compartir alimentos no sea asistencial, sino que sea colectivo”. Afirmaba Marciana ese día, mientras con los ojos seguía a Sasha, la matriarca de la familia afrocolombiana, quien mezclaba el sancocho en una olla gigante frente a los cambuches hechos de plástico negro donde lxs embera se siguen resguardando a medias del clima bogotano.
“Las trabajadoras sexuales son las que se están llevando al lomo el sostenimiento de las comunidades. Hacen censos, hacen mercados, hacen ollas, y sostienen mucho el parche”. Marciana lleva cerca de cuatro meses sin ejercer su trabajo como webcamer por dedicarse exclusivamente a alimentar a otras comunidades que también se han quedado esperando una ayuda del gobierno para paliar el hambre. “Me siento un poco privilegiada porque sí logré ahorrar un buen dinero. Al principio fue muy productivo, pero ahorita sí es que hay muchísimas mujeres que se conectan”. Dice que espera en noviembre retomar su trabajo como webcamer.
Pero Marciana sabe que el hambre no es cosa que dé solo los fines de semana, y que para muchxs de sus compañerxs es una persecución diaria. “Yo en mi casa tambien cocino y le digo a mi compañera de apartamento: ‘vamos a hacer un sudado para cincuenta personas’, y uno va, camina, camina, empaca y uno sabe que hay unas que todavía están en la 18, unas que están en la 22, y pues marica así sea darles como el plato del almuerzo y decir ‘siga camellando y en la buena china’”.
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La olla de huevos pericos que se fue acabando en el barrio Santa fe le dio paso a una frijolada con tocineta, arroz y limonada sola o con aguardiente. Carolina Calle, trabajadora sexual y líder de la corporación Calle Siete Colombia, paseaba de un lado para otro con los alimentos y las ollas, mientras saludaba a las mujeres que iban llegando a almorzar. Con otra compañera iban sirviendo cada plato en moldes de icopor entre el calor de las ollas gigantescas. Carolina fue la encargada de convocar esta olla comunitaria. “Siempre las hago en los espacios en los que se ejerce el trabajo sexual”, explica ella. “La Red donó el espacio, las demás también hicieron donaciones y todo lo posible para que esto se diera. La idea es que como dice la campaña: Juntas somos más poderosas y eso se está viendo hoy”, asegura.
Calle Siete lleva dos años trabajando por y para las trabajadoras sexuales del barrio Siete de agosto de Bogotá. “Se llama así porque la calle es mi territorio y siete por el barrio”, explica Carolina. En los últimos meses, por la cuarentena, la labor de la corporación se ha extendido a otros territorios de la capital. “Entre nosotras mismas tenemos que ayudarnos”, es el pilar de la colectiva y la motivación de Carolina, que lleva cinco años haciendo activismo. “Empecé a ver que nos abusaban todo el tiempo, nos decían que no podíamos trabajar y como no conocíamos nuestros derechos, asumimos que el abuso policial era normal y eso me empezó a hacer ruido”. Ahí Carolina supo que debía hacer algo que no se quedara en ‘fotos y dichos’.
Carolina calcula que ha realizado diez ollas comunitarias desde que inició la cuarentena, que han alimentado a 3.000 personas y ha entregado aproximadamente 700 mercados gracias a donaciones. Ella denuncia que el Distrito entregó muy pocos mercados que no alcanzaron para nadie. “Yo hice tres protestas en pandemia, precisamente, exigiendo que el distrito diera soluciones reales (…) Nosotras somos como 30.000 compañeras a nivel Bogotá, no hemos recibido ni miércoles, sino un mercado por allá cada vez que quieren”.
El incumplimiento del Distrito no es solo una denuncia que hacen las propias trabajadoras sexuales, sino instituciones distritales como la Personería de Bogotá, que alertó que la Alcaldía de Bogotá solo había entregado un “pequeño mercado” a las trabajadoras sexuales durante la segunda semana de mayo, que incumplió promesas como el subsidio de arriendo a esta población y que, a pesar de que en tres ocasiones las trabajadoras sexuales pidieron ayuda para recibir su mínimo vital, llevan meses esperando las asistencias y, además, ninguna institución asume la responsabilidad. “Entre las Secretarías de Gobierno, de la Mujer y de Integración Social, se diluye la responsabilidad de cumplir con los compromisos”, afirma la Personería.
Otro gran problema que están enfrentando las trabajadoras sexuales en Bogotá, además del abandono, es la violencia de la Policía. “Lo más difícil ha sido ver el abuso policial. Hemos tenido que volver a la clandestinidad y ver que ellos (los policías) abusen de nosotras. Por ejemplo, aquí en Santa Fe, la Policía les quita la plata, los celulares, a muchas las violan, les exigen servicios sexuales a cambio de dejarlas trabajar. En el Siete de agosto nos hostigan todo el tiempo”, afirma Carolina Calle.
De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, el abuso policial representa cerca del 10 por ciento de las situaciones de violencia relacionadas con el ejercicio de la prostitución. Las mujeres que trabajan en la calle tienen tres veces más probabilidades de sufrir violencia policial que las mujeres que ejercen dentro de establecimientos.
«Hubo violaciones en cuanto a los derechos de la salud, al derecho al trabajo, persecución policial y nuestra identidad de género fue violentada con el pico y género».
Cuenta Carolina que sumada a la violencia policial, los dueños de los hoteles o los pagadiarios donde viven las trabajadoras sexuales, le suben el precio a las habitaciones sabiendo que el trabajo en este momento es escaso. En medio de la necesidad, estos meses muchas compañeras han llamado a Carolina a decirle que no tienen qué comer, ni en donde dormir. Según la Secretaría de la Mujer, El 86, 7 por ciento de las trabajadoras sexuales vive en arriendo o subarriendo y el 60 por ciento de los hogares de personas que ejercen la prostitución no superan los dos salarios mínimos.
Yoko, integrante de la Red Comunitaria Trans nos cuenta que de cara a las necesidades que enfrentan las trabajadoras sexuales “tuvimos que hacer una campaña y un fondo para poder darle una solución a las chicas, porque el olvido institucional fue total en medio de la pandemia. Hubo violaciones en cuanto a los derechos de la salud, al derecho al trabajo, persecución policial y nuestra identidad de género fue violentada con el pico y género”.
Putamente Poderosas y Las Guerreras del Centro: las redes de apoyo de las trabajadoras sexuales en Medellín.
En Medellín la situación de las trabajadoras sexuales no es muy diferente a lo que ocurre en Bogotá. Para Melissa Toro, fundadora de la organización Putamente Poderosas, “la pandemia es una radiografía gigante para saber cómo están las trabajadoras sexuales en Colombia y en Medellín: hay un abandono estatal tremendo”.
Según Melissa, un ejemplo que ilustra este abandono es que en Medellín no se hace un censo de trabajadoras sexuales desde 1963. Sin embargo, la Alcaldía registró 427 personas que ejercen la prostitución en el centro de la ciudad, en el marco de los aislamientos que se llevaron a cabo el 13 y 26 de julio de este año. No obstante, para Toro las ayudas por parte de la Alcaldía de Medellín se quedaron cortas para las trabajadoras sexuales de la ciudad. “La alcaldía de Medellín destinó varias ayudas y unos auxilios que se hacían por medio de unos formularios virtuales. Esas ayudas siguen siendo desde el privilegio porque muchas de las chicas no tienen un celular con internet. Además la Alcaldía no se ha pronunciado sobre la situación de las trabajadoras”, afirma Melissa. No obstante, a finales de Septiembre, la Alcaldía anunció que con el objetivo de disminuir la discriminación de trabajadoras sexuales, a través del proyecto ‘Por mis derechos, equidad e inclusión’, asesoraría a 850 trabajadorxs sexuales en temas educativos, de salud y empleo.
Para las Guerreras del Centro, 15 trabajadoras sexuales activistas del centro de la capital antioqueña, en este momento hay cerca de 2.000 trabajadoras sexuales en la ciudad, “Pero es un censo fluctuante porque constantemente hay mujeres nuevas: mujeres venezolanas, mujeres que vienen de la Costa Pacífica y también del Atlántico de aquí de Colombia”, explica Mery Giraldo, vocera de la organización.
A inicios de octubre, como documentó El Tiempo, varias trabajadoras sexuales hicieron un plantón frente a la iglesia de Veracruz, en Medellín, para exigir condiciones dignas de vida. Respecto al plantón Melissa explica que “Estamos putas porque los derechos no se debaten, se garantizan. Lo que se ha agudizado (durante la pandemia y sobre todo el confinamiento) ha sido el maltrato y el abuso policial”. Cuenta que en cada visita semanal que hacen con la organización, las trabajadoras les dicen que son golpeadas, violadas y robadas por policías. De acuerdo con la Personería de Medellín, este año se han presentado 64 denuncias de abuso de autoridad por parte de la Policía en lo que va de este 2020.
Mery cuenta que al principio del confinamiento, los policías tenían la orden de multar a las trabajadoras sexuales que estuvieran en la calle y que algunas alcanzaron a recibir hasta tres multas en un día. “Las mujeres estaban con rabia y con razón. No podían trabajar, ni siquiera las dejaban sentarse en las bancas públicas de los parques”. Sin embargo, cuando se expidieron las primeras normas de autocuidado y bioseguridad como el uso de mascarillas y el lavado constante de manos, según Mery la presión policial fue disminuyendo.
En Putamente Poderosas no saben si las trabajadoras sexuales han tenido covid-19, pues muchas de las mujeres no han tenido los medios para acudir a un centro médico. Según datos del Ministerio de Salud del 2012, aunque más de la mitad de las trabajadoras sexuales de Medellín están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del régimen subsidiario, menos del 15 por ciento consulta un hospital, clínica o consultorio particular cuando se sienten enfermas.
«Se formaron grupos: dúos, tríos en vista de las necesidades y también de los feminicidios, creamos alianzas. Lo que mandó la parada en ese tiempo fue haber estado juntas, por ejemplo, nos llamamos: ‘¿Cómo está fulana?, ¿cómo está María?, ¿cómo está Luz Dary, por qué no contesta?'».
Las Guerreras del Centro, por su lado, tuvieron conocimiento de tres casos de coronavirus. “Pero, ¿sabe cómo nos enterábamos? Cuando ya morían. Una muy amiga mía murió por el virus, otra también y otra, lo que supimos fue que se había ahorcado como consecuencia de la pandemia. La salud mental también es un punto muy importante para tratar en las trabajadoras sexuales”, afirma Mery.
En medio de la incertidumbre por la pandemia, la manera más efectiva que encontraron las trabajadoras sexuales de Medellín para cuidarse fue fortalecer los lazos entre ellas: sus propias redes de apoyos y comunicación. “Se formaron grupos: dúos, tríos en vista de las necesidades y también de los feminicidios, creamos alianzas. Lo que mandó la parada en ese tiempo fue haber estado juntas, por ejemplo, nos llamamos: ‘¿Cómo está fulana?, ¿cómo está María?, ¿cómo está Luz Dary, por qué no contesta”. Además de lo anterior, la hija de Mery es la encargada de ir a la casa de cada una de las trabajadoras sexuales a llevarles mercados, a saber cómo estaban o a llevarles un celular por si están incomunicadas.
Hasta agosto de este año, la colectiva Putamente Poderosas había recogido cerca de 310 millones de pesos que se utilizaron en el bienestar de cerca de 3.300 personas entre trabajadoras sexuales, vendedores ambulantes y sus familias. Entregaron 2.800 mercados y un total de 900 auxilios de alojamiento. Las Guerreras del Centro recibieron distintas donaciones y mercados desde diferentes organizaciones públicas y privadas. “No puedo decir mentiras, también hay entes gubernamentales que nos han apoyado. Por ejemplo, desde la Alcaldía, el proyecto ‘Por mis derechos, equidad e inclusión’, además de brindar capacitación para empleo y apoyo psicosocial a las trabajadoras sexuales, también están dando mercados”. Sin embargo, asegura que también han tenido sus falencias.
«Una muy amiga mía murió por el virus, otra también y otra, lo que supimos fue que se había ahorcado como consecuencia de la pandemia. La salud mental también es un punto muy importante para tratar en las trabajadoras sexuales «.
Aunque Las Guerreras del Centro son solo 15 mujeres, cada mes impactan la vida de alrededor de 100 trabajadoras sexuales. “Hubo mucho apoyo solidario y pues la comunidad se repartía la comida entre los que más lo necesitaban, o me daba cuenta que en tal parte había trapo rojo, pues yo donaba parte de mi mercado. También poníamos una mesa y poníamos: ‘Toma lo que necesites, pero también si quieres, dona’. Fuimos muy solidarios”. En este momento, Las Guerreras del Centro están trabajando en un proyecto de huerta comunitaria con el Museo de Antioquia para emplear a siete trabajadoras sexuales un día a la semana, el objetivo es enseñarles a sembrar y a cultivar la tierra. Los productos que se produzcan en la huerta serán para las mujeres de Medellín que se dedican al trabajo sexual.
Caribe Afirmativo: al frente de las trabajadoras sexuales trans en el Caribe colombiano
Desde Caribe Afirmativo, una organización civil que busca incidir en la construcción y posicionamiento de agendas de diversidad sexual y de género en el Caribe latinoamericano, hay una preocupación por la seguridad de las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual en los departamentos de la Costa Caribe colombiana. Según Wilson Castañeda, director de la entidad, en Santa Marta, Valledupar y Barranquilla han asesinado a seis mujeres trans, cuatro de ellas trabajadoras sexuales y dos de ellas ciudadanas venezolanas.
¿Cuáles son los factores de inseguridad que están impactando las vidas de estas mujeres?. “Hay una fuerte proliferación de prácticas delincuenciales como la trata de personas, que ha aumentado en los últimos meses por la afluencia de mujeres trans y mujeres cis migrantes venezolanas”, explica Wilson, quien asegura que en ciudades como Cartagena, Santa Marta y Riohacha llevan a las trabajadoras sexuales a redes de trata en ultramar, allí les quitan el pasaporte y muchas veces las privan de la libertad. Actualmente Caribe Afirmativo registra la desaparición de una trabajadora sexual que se encuentra en una de estas redes, en aguas internacionales.
Wilson asegura que en la región hay muy poca atención enfocada a trabajadoras sexuales, y que esa atención es inexistente cuando se habla de mujeres trans.
Además del peligro que corren de caer en redes de trata, Castañeda cuenta que otra de las preocupaciones es el abuso policial. “Hemos encontrado muchas prácticas de persecución policial al trabajo sexual a pesar de ser un trabajo protegido por la Corte Constitucional”. La sentencia C-636 de 2009 proferida por el tribunal reconoció la prostitución por primera vez, a nivel jurídico, como un trabajo. Un año después sale la sentencia T-629 que protege el trabajo sexual y a las trabajadoras sexuales al establecer que la falta de garantías laborales mina los derechos fundamentales de esta población.
La investigación de Caribe Afirmativo de 2019 Enterezas: mejorando la respuesta a casos de violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales y trans documenta que de acuerdo a los informes de derechos humanos de la misma organización correspondientes a cuatro años (2013 – 2017), las mujeres trans son las personas más violentadas por la Policía, representando un 70 por ciento de los casos de violencia por parte de esta institución. “La mayor vulneración la presentan las trabajadoras sexuales, quienes de manera individual o colectiva afrontan esta situación”, concluye el texto. Wilson asegura que en la región hay muy poca atención enfocada a trabajadoras sexuales, y que esa atención es inexistente cuando se habla de mujeres trans.
Christian De la Rosa, coordinador de la Casa de paz de Ciénaga, Magdalena, y delegado de Caribe Afirmativo en ese departamento, afirma que desde julio de este año se han registrado picos de violencia contra mujeres trans trabajadoras sexuales, dos de ellas han sido asesinadas y otras han sido víctimas de desplazamiento forzado. En Ciénaga hay 13 trabajadoras sexuales trans y tres de ellas son venezolanas. En este momento, la mayor amenaza que enfrentan es la de ‘Los Serenos’, un grupo de personas contratadas por otros ciudadanos que se encargan de “cuidar las calles”. De la Rosa denuncia que este grupo las está extorsionando, pues les cobra dinero para que ellas puedan seguir ejerciendo su labor en las calles.
Desde Caribe Afirmativo, en alianza con la Gobernación del Magdalena, han ayudado a las trabajadoras sexuales trans del departamento. “En los dos últimos meses se ha realizado la entrega de 56 ayudas humanitarias: mercados y kits de higiene. De esas ayudas se han priorizado a las trabajadoras sexuales que son 13, entre migrantes y nacionales. En articulación con la Gobernación del Magdalena se han gestionado 25 mercados solidarios”, cuenta Christian, quien además también coordina con organizaciones aliadas para brindar acompañamiento psicosocial a trabajadoras sexuales trans y asesorías judiciales en materia de covid-19: “Les buscamos asesoría en casos de desalojo en medio de la pandemia, en casos de discriminación y violencia policial”.
La Red de Ayuda Mutua de Bucaramanga surgió por y para las trabajadoras sexuales de la ciudad bonita.
En Bucaramanga, Julián Díaz y Natalia Jaimes crearon la Red de Ayuda Mutua de Bucaramanga en marzo, cuando empezó la cuarentena. Él, diseñador de modas y ella, abogada, se encargaron de llevar comida a las trabajadoras sexuales de la ciudad tres veces por semana. Ya les han repartido cerca de 3.000 mercados a ellas y a los habitantes de calle de la ciudad.
“Estas mujeres no tenían para comer, salían en pleno confinamiento a buscar qué encontraban. Nosotros empezamos a identificar dónde vivían y les empezamos a llevar mercados”, afirma Julián. Según cálculos de la Red Mutua de Ayuda de Bucaramanga en alianza con la Alcaldía, en la ciudad hay aproximadamente 1.200 trabajadoras sexuales, calculan que cerca de unas 400 mujeres decidieron ejercer este trabajo al comienzo de la cuarentena. En este momento hay 24 trabajadoras embarazadas, 315 mujeres migrantes y 78 mujeres con hijos entre los cero y los catorce años de edad.
La historia de las demás ciudades se ha repetido aquí. A mediados de mayo, un grupo de trabajadoras sexuales de la ciudad salieron a las calles para denunciar que no habían recibido ninguna ayuda por parte de la Alcaldía, a pesar de haber solicitado en varias ocasiones ayuda de mercados. Fatima Bacca, vocera del grupo de manifestantes le dijo a Blu Radio que muchas de las trabajadoras no podían pagar las habitaciones o los pagadiarios donde viven y que el estado de salud de varias de las mujeres era complicado. De acuerdo con el Ministerio de Salud, solo el 26 por ciento de las trabajadoras sexuales de Bucaramanga están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
“Nosotros estamos reunidas sacando unas cartas para enviarlas a la Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo, a la Oficina de Equidad de Género de la Alcaldía de Bucaramanga y a la Gobernación porque las mujeres estuvieron encerradas 45 días con la esperanza de que el alcalde les ayudara y nunca llegó nada”, le dijo Fatima a ese medio de comunicación.
Ante la respuesta precaria del gobierno local, ha sido la Red de Ayuda Mutua de Bucaramanga con apoyo de Putamente Poderosas de Medellín quienes se han encargado del bienestar de las trabajadoras. “La mayoría están casi siempre en el centro de la ciudad, entre la carrera 15 y la 27, se ubican desde la calle 32 hasta 26” Dice Julián. Afirma que el mayor problema que enfrentan las trabajadoras sexuales es la violencia policial, pues eso es lo que ellas les cuentan a él y a Natalia cada que van a visitarlas.
Además de los mercados o los almuerzos que prepara el restaurante aliado Zirus, desde la Red de Ayuda Mutua hicieron un par de ollas comunitarias al norte de la ciudad, y Julián abrió una fábrica de ropa en la que en un principio laboraban cuatro trabajadoras sexuales y cuatro practicantes de la escuela de modas en la que trabaja. Luego de la cuarentena, dos de ellas decidieron no seguir trabajando en la empresa de Julián. La primera colección se llama Lourdes Fátima en honor a Fátima Bacca, extrabajadora sexual de Bucaramanga y quien cuidaba lxs niñes de otras trabajadoras. Fátima falleció el pasado 21 de septiembre después de luchar durante varios meses contra un cáncer. El objetivo es que a futuro la empresa pueda emplear a 12 trabajadoras sexuales.
Más de siete meses han pasado desde que la pandemia llegó a Colombia y las trabajadoras sexuales siguen sosteniendo a sus comunidades con las uñas, en la precariedad, escuchando las promesas incumplidas de los gobiernos locales, viendo la falta de garantías para preservar sus vidas, pero también en medio del fortalecimiento de lazos comunitarios. Colectas, fondos, mercados, ollas comunitarias, manifestaciones y censos han hecho parte de las estrategias de varios colectivos de trabajadoras sexuales en el país que tienen un objetivo en común: sobreponerse una vez más al abandono estatal y seguir sobreviviendo a la pandemia.
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La precariedad sigue y la pandemia no para. Si quiere aportar a la situación de las trabajadoras sexuales en el país, puede comunicarse con cualquiera de los colectivos mencionados en este reportaje. Sigue Tatiana a través de Twitter y a MANIFIESTA a través de Instagram*
