En su discurso de la conmemoración del siete de agosto, el presidente Gustavo Petro tuvo muy presentes algunos avances de género que, afirma él, ha tenido su gobierno en este primer año. Primero mencionó que mejoró la seguridad ciudadana y esto se traduce en una reducción del 29.7 por ciento de los delitos sexuales en el país. También habló sobre el caso de Luz Mery Tristán, y afirmó que se redujeron los feminicidios.
Segundo, refiriéndose a las poblaciones que atenderá el MinIgualdad, dijo que su gobierno está llamado a corregir la opresión de las mujeres, nivelar la balanza y garantizar los espacios a los que tenemos derecho. Mencionó que prueba de esto es la terna fiscal presentada ante la Corte Suprema la semana pasada, compuesta por tres mujeres: Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez.
Por último, recordó que en junio de este año el país alcanzó la brecha de desempleo más baja entre hombres y mujeres de la década, con una diferencia de 3,9 puntos porcentuales.
A un año del gobierno del cambio, el discurso de Petro habla de un presidente sabe que debe rendir cuenta sobre las promesas que hizo a mujeres y personas LGBT en campaña. A pesar de las palabras, estas promesas no han sido las más prioritarias. Por eso en MANIFIESTA profundizamos más allá del discurso: la voluntad de cambio, los pasos en falso y el largo camino que tendrá que recorrer el gobierno en estos tres años para materializar las promesas que conquistaron el voto de mujeres, disidencias de sexo y género, y sectores feministas. Les presentamos nuestro balance🚦
La promesa de la paridad 🔴
“Es un gabinete que transitó de la concertación hacia la lealtad”. Así resumió Ariel Ávila, senador de la Alianza Verde, los remezones ministeriales. A esto agregaríamos que en ese tránsito ignoró la promesa de paridad.
Este era el gabinete ministerial para el 5 de septiembre del año pasado, fecha en la que se completaron los nombramientos de todas las carteras:
Hoy, con un ministerio más, el de Igualdad y Equidad liderado por la Vicepresidenta Francia Márquez, así se ve la gráfica de paridad:
En 2022, de los 18 ministerios, 9 estaban a cargo de mujeres y 9, de hombres. Hoy, con 19, 11 están a cargo de hombres, es decir, el 57 por ciento del gabinete.
Los remezones del gabinete ministerial, que Petro ha defendido en pro de su proyecto político, han dejado un sabor de inestabilidad y falta de gobernabilidad en la población colombiana. Aparte de esto, son cambios que representan un retroceso de la paridad que Petro hizo en campaña. Si esto ocurre en el primer nivel del gobierno, ¿qué estará pasando en los demás cargos del ejecutivo?
Según datos de La Silla Vacía, para octubre del año pasado, de 89 cargos nombrados por el presidente en sectores clave de su gobierno –social, seguridad y justicia, relaciones exteriores– solo 23 estaban ocupados por mujeres: el 25.8 por ciento.
A esto se suma la conformación de algunas listas cerradas del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, para las elecciones regionales. Además de no ser cremallera, hay casos que siguen reflejando dinámicas de la política tradicional: partidos con figuras masculinas ancladas al poder y menosprecio de la trayectoria de mujeres con vocación de poder en los territorios. Así lo denunciaron hace días activistas como Mayte Misas en el Valle del Cauca:
Coherencia con el voto feminista 🔴
Meses después del último nombramiento polémico, el de Víctor de Currea, quien casi se va de Embajador a Emiratos Árabes, los nombramientos de hombres que presuntamente han maltratado y abusado de mujeres en este gobierno parece que dejaron una marca definitiva en la opinión de algunos sectores feministas. Sobre todo aquellos concentrados en las ciudades principales. Sectores que en la campaña presidencial apostaron por el proyecto político de Gustavo Petro y Francia Márquez y que ahora parecieran poner distancia.
Esto no es nuevo en Bogotá, donde el centro de este alejamiento ha sido Hollman Morris, ahora subgerente de televisión de RTVC, integrante de la Colombia Humana y con denuncias por violencia intrafamiliar y acoso sexual en su contra desde hace años. Morris ha sido respaldado por Petro en varias ocasiones, desde su aspiración a la Alcaldía de Bogotá en 2019, hasta el día de hoy, siendo presidente.
“Hay una nueva ruptura en el momento en que se nombra a Cielo Rusinque en el DPS (Departamento de Prosperidad Social)”, afirma Juana Afanador, una mujer feminista que salió de Colombia Humana denunciando violencias contra ella y otras compañeras. “Ella llegó a Colombia Humana cuando nos fuimos muchas que estábamos abriendo un espacio para la participación política de mujeres feministas en la izquierda: otra generación. Cielo llegó con un discurso antifeminista, protector de los acusados de ejercer violencias de género”, afirma.
Luego Petro celebró la ‘inocencia’ de Morris, cuando lo que hizo la Fiscalía fue archivar la investigación de una denuncia por acoso interpuesta por la periodista María Antonia de La Torre. A pesar del tuit, Petro sí ha marcado distancia con Morris en lo público.
Violencia política 🟡
El pasado 24 de mayo se sancionó la Ley de violencia contra mujeres en política, impulsada por la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, la representante Catherine Juvinao y organizaciones de la sociedad civil. Aunque el proyecto no fue iniciativa de este gobierno, sí se aprobó en la legislatura pasada, y es una acción urgente contra la situación que están viviendo las mujeres con vocación de poder en el país.
Según la MOE, entre octubre de 2022 y mayo de 2023 se reportaron 78 hechos de violencia contra lideresas políticas, sociales y comunales. Y de acuerdo con el balance de seguridad publicado por Indepaz y Temblores, “en el primer año de Gobierno de Gustavo Petro, han sido asesinadas 18 lideresas, que corresponden al 9% del total de los asesinatos, y 4 personas de la comunidad LGBTIQ+, 6% del total”. Estas violencias, afirman, responden a factores como menor proporción de liderazgos de mujeres en los territorios por la presencia de actores armados, la dificultad de delegar labores de cuidado para ejercer su rol público, la soledad que enfrentan en sus aspiraciones, la debilidad del sistema democrático y la falta de compromiso de los partidos políticos.
A pesar de la sanción, la UTL de Catherine Juvinao confirmó que en este momento el texto está en revisión de la Corte Constitucional y dudan que su sanción se dé antes de las elecciones regionales del 29 de octubre. “Estamos en manos de la Corte y sus tiempos”. Esta revisión tendría que evaluar posibles tensiones de la ley con la libertad de expresión, como explicamos en esta nota.
Propuestas que deben trascender 🟡
Sin embargo, hay otras propuestas urgentes que están quedando en lo simbólico. El pasado #25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobierno nacional llevó a cabo un acto sin precedentes en el Chocó: la instalación del primer Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida de las Mujeres, para articular instituciones –alcaldías, gobernaciones, entidades nacionales, así como a la fuerza pública, organizaciones internacionales y de la sociedad civil– en torno a proteger la vida de mujeres y población LGBT ante las violencias basadas en género.
“Es la primera vez que se instala un puesto de mando únicamente para que hablemos de los derechos de la mujer, su eficacia, y la forma como nos vamos a comprometer en su defensa”, dijo en medio de la instalación el ex ministro del interior, Alfonso Prada.
Consultamos a la única lideresa trans afro presente en el evento, María Victoria Palacios Romaña, quien dirige la Fundación Latidos Chocó, sobre el avance y los impactos de este PMU en Quibdó y el Chocó. “La respuesta ha sido irrisoria. No he tenido conocimiento mayor del mismo”, cuenta y agrega que, nueve meses después, la instalación no pasó de lo simbólico. “Los temas de las personas LGBTIQ+ son del momento, para cumplir requisitos”.
Algo similar ocurre con la declaración de Emergencia por Violencias de Género, que quedó en firme tras la sanción del Plan Nacional de Desarrollo el 19 de mayo, justo después de un Día de las Madres trágico en el que se registraron tres feminicidios en el país.
La decisión de incluir la Emergencia en el PND se dio por iniciativa de la senadora María José Pizarro y gracias a la exigencia de feministas y movimientos de mujeres. Con la Emergencia decretada, el gobierno tendría que tomar medidas como fortalecer la articulación interinstitucional para atender casos, crear instancias especializadas y mejorar estrategias de prevención, atención, registro, entre otras.
Sin embargo, según fuentes del Congreso, no se conocen avances en su puesta en marcha pues está a manos del Ministerio de la Igualdad, el cual sigue en proceso de construcción.
El decreto está, pero “La gran deuda del gobierno con los sectores feministas es la implementación de la Emergencia Nacional por Violencia Machista. Esta medida que venimos luchando y exigiendo como movimiento desde la pandemia, requiere voluntad política y recursos para su implementación”, asegura la representante Jennifer Pedraza.
Avances para la población LGBT 🟡
¿Qué ha pasado con la Gerencia LGBT de la Vicepresidencia? ¿Qué expectativas hay sobre la creación del MinIgualdad y el Viceministerio de Diversidades, uno de los cinco establecidos en el Decreto 1075? Para María Victoria sería pertinente la participación de una persona LGBTIQ+ afro, del Pacífico, en esos espacios. Esta cuenta que su organización no ha sido convocada a espacios para aportar su mirada territorial. “Yo evaluaría con amarillo el avance en nuestros asuntos, con esperanza de llegar al verde, entendiendo la estructura que durante tantos años nos ha tenido subyugadas. Hoy tenemos un aire para potencializar las experiencias de las personas LGBTIQ+”.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, coincide con esta visión. “Hay que reconocer de entrada que el Plan Nacional de Desarrollo es el primero en toda la historia de Colombia que logra poner en el articulado a las personas LGBTIQ+ (…) El salto cualitativo que da el gobierno Petro es que logra poner lo LGBT, además de en las bases, en el articulado, que es finalmente lo que es vinculante, lo que se convierte en plan de acción, donde se generan responsabilidades y se ponen recursos”, explica.
También reconoce la importancia de la creación de la Gerencia de la Diversidad de la Vicepresidencia, en cabeza de la activista trans Francesca Mcquoid. Para Wilson, hay expectativas concretas frente al Viceministerio: “que se logre conciliar un órgano rector, pues antes de este Viceministerio todos los asuntos LGBT estaban en cabeza de la Dirección de Derechos Humanos del MinInterior. Ahorita hay cierto liderazgo en Vicepresidencia y ahora tendríamos un tercer liderazgo en el Viceministerio. La idea no es dividir, ni replicar las mismas acciones o esfuerzos”.
Por otro lado, espera que el Viceministerio ayude a acelerar la implementación de la política pública LGBT, estancada en el gobierno Duque, así como reactivar la mesa de casos urgentes y mantener un diálogo con el movimiento LGBT en todo el país. Wilson aclara que no ha habido acercamientos con Caribe Afirmativo para la construcción del Viceministerio. “Nunca hemos sido citados a reuniones preparatorias o consultivas, nunca se nos consultó sobre su infraestructura, la desconocemos”.
MinIgualdad: en construcción 🟢
La promesa de campaña tuvo un camino minado pero por fin es una realidad. El proyecto de ley para su creación fue aprobado en enero. Ya es un hecho que el MinIgualdad arranca con un presupuesto de 500.000 millones, y su estructura está definida por decretos reglamentarios firmados en un acto en la Guajira, hace un mes.
¿Qué falta para que empiece a funcionar? Por ahora no hay nombramientos oficiales en ninguno de los cinco Viceministerios: Mujeres, Diversidades, Pueblos étnicos y campesinos, Juventud, Poblaciones y territorios excluidos, y Superación de la pobreza. Con 11 oficinas en el despacho de la Ministra, 20 direcciones técnicas (incluida la polémica de Actividades Sexuales Pagas), 32 direcciones territoriales y una planta de personal de 744 nuevos funcionaries, la puesta en marcha tardará. La periodista Jineth Bedoya ha sido el único nombre sonado para ocupar el Viceministerio de Mujeres, pero declinó la oferta.
La envergadura de la cartera no tiene precedentes y preocupa no solo a la oposición del gobierno. Una de las voces más críticas de la estructura es el ex Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien instó a simplificarla radicalmente, ante el riesgo de burocracia.
A pesar de esto, la esperanza entre distintas poblaciones sigue viva. “Celebramos esta decisión porque, como organización, tan pronto se conoció el Informe de la Comisión de la Verdad, solicitamos al gobierno acoger las recomendaciones. Y una recomendación es crear un Ministerio de la Igualdad”, concluye Wilson Castañeda.
Aborto 🟢
Por más desinformación difundida por sectores antiderechos, el aborto sigue siendo libre hasta la semana 24 en Colombia y el balance frente a este tema es positivo para el gobierno. Luego de la sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenaliza el aborto hasta la semana 24, el gobierno cumplió con lo que ordena la Corte desde 2006 a través de las sentencias C-355 de 2006 y C-055 de 2022. El Ministerio de Salud, a través de la Circular 44 de 2022 y la Resolución 051 de 2023, reglamentó las sentencias de la Corte que se refieren al aborto y se dirigió especialmente a EPS, prestadoras de salud y personal médico para que no obstruyan el derecho.
La resolución, que actualiza la ruta de atención maternoperinatal, ha atizado la lucha antiaborto de diferentes sectores sociales y políticos. Pero los ataques van directamente contra la sentencia. Desde el fallo, se han activado dos referendos antiaborto y un acto legislativo de reforma constitucional, radicado por la llamada ‘Bancada Provida’ que hoy integran 48 congresistas.
Reformas para las campesinas de Colombia 🟢
Una de las reformas que tomó más espacio en el discurso del presidente el pasado 7 de agosto fue la que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección. Esta victoria del movimiento campesino se dio por un acto legislativo radicado en agosto de 2022 por el gobierno, en cabeza del MinAgricultura. Este buscaba modificar el artículo 64 de la Constitución para lograr tal reconocimiento.
¿Cómo repercute sobre la vida de las mujeres campesinas? Organizaciones como Dejusticia afirman que durante los periodos de mayor violencia contra el campesinado, fueron las mujeres quienes lideraron procesos de resistencia para permanecer en sus territorios y vender sus cosechas. De ahí que el reconocimiento pleno de sus derechos sea una deuda y una promesa de paz.
Para la lideresa y vicepresidenta del Coordinador Nacional Agrario, Leonor Yonda, la lucha del movimiento social campesino logró el avance con este gobierno: “Tristemente en 1991 la Constitución no logra materializar el ‘sujeto campesino’ sino como un trabajador agrario (…) que trabaja en el campo (…) al servicio del agro negocio, pero no con derechos estructurales, sociales, económicos, culturales y ambientales, que es lo que estaríamos logrando”, aseguró en el programa El Lunes.
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