María Italia Pérez dice que la ausencia de su hijo es más grande cada día. La gente repite que el tiempo tiene una función reparadora en el duelo, pero no es así: “Que le asesinen un hijo a uno es una situación que nunca se va a superar. El dolor es cada vez más intenso”. El 28 de mayo de 2021, su hijo Michael Andrés Aranda Pérez, de 24 años, volvió a Siloé luego de participar en la movilización masiva que partió de diferentes puntos de resistencia de Cali hasta la Universidad del Valle, el punto de encuentro.
Era la primera marcha a la que Michael asistía desde el inicio del Paro Nacional, que arrancó el 28 de abril, hace un año exacto.
A las cinco y media de la tarde, cuando el grupo de Siloé regresó al punto de resistencia de la glorieta, bloqueada desde el tres de mayo, la Policía abrió fuego contra les manifestantes. A esa hora, el cuerpo de Michael cayó sobre el asfalto por un impacto de bala en el tórax, que probablemente salió de un arma de la Fuerza Pública. Fue llevado a una brigada de salud cercana y luego enviado al Hospital Universitario del Valle en una ambulancia. Allí se encontraron los dos, madre e hijo, e hicieron camino juntos hasta el hospital. Pero Michael murió poco tiempo después por la gravedad de la herida.
Al día siguiente, María Italia y su esposo Abelardo, el papá de Michael, denunciaron el asesinato de su hijo, como parte del procedimiento para hacer el traslado del cuerpo de la morgue a Medicina Legal.
La jornada de ese 28M en Siloé, que marcaba un mes del estallido social que vivimos en Colombia, dejó dos víctimas mortales más: Daniel Steven Sánchez y Didier Andrés Quintero. Sus cuerpos aparecieron incinerados en puntos diferentes a la mañana siguiente, en hechos que aún no se esclarecen, pero que según varios testigos también involucran a la Fuerza Pública.
María Italia y Abelardo sienten que a un año del asesinato el dolor es más agudo porque lo acompaña la desesperanza: “Esto es irreparable. Lo único que se acerca a la reparación es la justicia. Pero tantos meses después, estamos en ceros. En el caso de Michael Andrés no ha habido una primera audiencia, no hay imputación de cargos. La Fiscalía dice que está en proceso, que está trabajando duro. La necropsia se demoró cuatro meses en llegar de Bogotá. Ha sido un proceso demasiado lento, no hay ningún avance visible”.
El pasado mes de enero, María Italia solicitó una reunión con el fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros, quien aseguró que la primera audiencia tendría lugar pronto. Sin embargo, hoy, a finales de abril, no les han llamado para informarles la fecha.
A un año del asesinato de Harold
“Desde el 3 de mayo todos los días y las noches han sido difíciles para mí. Harold era el motor de la familia”, dice Jenny Mellizo, madre de Harold Rodríguez Mellizo, una de las víctimas mortales de la arremetida de la Fuerza Pública contra civiles en la glorieta de Siloé, la noche del 3 de mayo de 2021. Esa noche, les manifestantes se encontraban congregades en medio de una velatón. Harold no estaba participando de la manifestación, sino que bajó a comprar una salchipapa con su mejor amigo. Al llegar a la glorieta, el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía (GOES) ya estaba disparando con fusiles. A las 9:20 p.m. una bala atravesó su rostro.
Luego de ese día, Jenny Mellizo ha visitado el cementerio cada semana: “Él no ve lo que le llevo: las flores, los arreglos, no los ve. Pero como madre ese vacío que siento se llena un poquito y me da alegría estar al lado de los restos de mi hijo”.
Tampoco ha dejado de exigir justicia. En el caso de Harold, la investigación alcanzó la etapa de imputación de cargos. Por las muertes de Kevin Agudelo, José Emilson Ambuila y Harold Rodríguez Mellizo, ocurridas el pasado 3 de mayo en Siloé, la Fiscalía imputó al comandante del GOES, el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzalías, con los cargos de homicidio agravado y lesiones personales.
Sin embargo, el camino al juicio es largo y se ha dilatado por cuenta de los policías sindicados y sus abogados: “He sentido que se burlan de nosotros. Van cinco audiencias aplazadas hasta ahora por parte de ellos. Los tres policías sindicados se enferman. Los abogados dijeron, durante las elecciones pasadas (votaciones legislativas), que tenían que aplazar porque uno iba para el Senado. Luego se enfermó otro abogado. Han sacado excusas. Además, las fechas de las audiencias no las escoge el juez, ni nosotros como víctimas. Esa prioridad la tienen ellos”, asegura Jenny, quien además manifiesta su preocupación por los reportes de amenazas contra la vida del fiscal Oliveros, quien también lleva el caso del asesinato de su hijo.
Jenny se refiere a algo que algunos medios han registrado. El fiscal Juan Carlos Oliveros ha recibido llamadas de amenazas y hostigamientos que lo han obligado a apartarse de varios procesos. Este funcionario, aparte del caso contra el teniente Mancilla y el de Michael, ha liderado la investigación contra Andrés Escobar y varias de la Primera Línea.
Un movimiento social para no olvidar
La desconfianza en las instituciones y los tropiezos para el esclarecimiento de los crímenes de Estado tras el Paro nacional, impulsaron la juntanza de los padres y madres de Siloé en un movimiento que llamaron MEVICO –Memoria Viva Colombia–, integrado también por familiares de víctimas de otros puntos de resistencia de Cali y diferentes regiones del país. “Conocernos y entender el dolor que todos tenemos nos lleva a lo que es la juntanza. Y a la lucha por la justicia, porque en realidad ningún caso ha avanzado”, cuenta María Italia.
Desde MEVICO organizan plantones, velatones, viajes y actividades que les permiten visibilizar los nombres e historias de sus hijos. Además, se han articulado con otros colectivos como las Madres de Soacha o la Asociación de Familiares de Víctimas de la Masacre de Trujillo, Valle. Así, han aprendido sobre experiencias de resistencia de muy largo aliento.
Los esfuerzos colectivos de estas familias que se juntaron en torno al dolor que causó la violencia policial tras el Paro nacional, contrasta con el desamparo institucional que han vivido. “El Estado no ha reconocido su responsabilidad. Frente al gobierno local, el alcalde tuvo un acercamiento con nosotros hace poco, pero siempre es difícil contar con ellos porque no llegan a las reuniones que citamos”, afirman desde el movimiento. “La posibilidad de un acto público donde se reconozca la negligencia por parte de la Alcaldía tampoco existe. Es duro saber que no hay respaldo de ninguna institución. La verdad estamos luchando solos”.
Al respecto, Steven Ospina, líder social y político del sector de La Nave, el segundo punto de resistencia en Siloé, afirma que es lamentable el vuelco que le dio la Alcaldía de Cali al proceso de reparación de las víctimas del Paro Nacional. “La Alcaldía centró su ejercicio en empleabilidad, es decir, en buscar neutralizar a quienes podían generarle tropiezos a la administración. No buscó garantizarles verdad, acompañamiento psicosocial real, reparación a quienes fueron víctimas de los crímenes de Estado en el marco del estallido”.
Para Steven, el acompañamiento de las familias que perdieron a sus hijos por la violencia policial en el Paro, es una responsabilidad del Estado. “Las organizaciones y personas que ejercemos liderazgo hemos acompañado en el sentido emocional y para mantener la memoria viva, pero se dificulta garantizar reparación”.
Un Paro Barrio Adentro en época electoral
Además de la persistencia de las madres y padres de los jóvenes asesinados, el Paro sigue visible, quizá con un rastro cada vez más desleído, en procesos que iniciaron con ilusión. Luego del levantamiento de ambos puntos de resistencia en Siloé, La glorieta y La Nave, inició un proceso de continuidad que les integrantes de las primeras líneas de Siloé llamaron Paro Barrio Adentro.
En un principio, el proyecto contemplaba concretar acciones en favor del tejido comunitario que se fue construyendo con cada semana del Paro nacional en Siloé. Sin embargo, un año después hay opiniones encontradas sobre este. Steven afirma que el gran logro de la estrategia Barrio Adentro fue consolidar el empoderamiento de una nueva camada de líderes sociales en el territorio. Para él, esto ha fortalecido el tejido social. “En el punto de resistencia de La Nave se han creado procesos con niños. Además, están liderando el proyecto turístico ‘Quebrada Tour’ (una ruta entre vecinos de Siloé y otras zonas de Cali para fomentar el comercio local). En la glorieta, el fuerte han sido las actividades culturales”.
Sin embargo, uno de los jóvenes que apoyaron las primeras líneas durante el Paro, cuyo nombre omitimos por seguridad, opina que el Paro Barrio Adentro evidenció la necesidad de figurar y de beneficiarse de algunos de sus compañeros. “El trabajo, como se venía haciendo dentro de los puntos de concentración, no se pudo continuar con la misma articulación. Fue muy complejo entendernos después del levantamiento”.
¿Cali ganó algo después del Paro? La respuesta se bifurca, dependiendo de a quien se le pregunte. Hay algunas personas que señalan una ganancia en el escenario político electoral. Hay evidencia de esto: el tejido organizativo en las calles se tradujo en las urnas durante las pasadas elecciones legislativas. Por ejemplo, el periodista José Alberto Tejada, luego de denunciar activamente en Canal 2 abusos de la Fuerza Pública en Cali, llegó a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. No tenía una trayectoria política previa, pero hizo del cuidado de la juventud una bandera.
Steven concuerda con esa ganancia. “Los resultados del 13 de marzo son consecuencia del estallido del 28 de abril. Lo que se dio en las calles fue resultado del acumulado de injusticias de las que la gente se cansó. Un reguero de indignación”, define él. “Eso generó la necesidad de cambio”. Y ese cambio se está direccionando en la transición del Congreso y, habría que esperar a ver, la Presidencia.
Para María Italia, Abelardo y Jenny, sin embargo, habrá que esperar que quienes llegaron a hacer campaña en Siloé se posesionen en sus cargos de Senado y Cámara. “Nadie hasta el momento ha venido a decir ‘aquí estoy yo, voy a hablar por ustedes’. No hemos tenido representación en la política para apoyar la exigencia de justicia”, dice Abelardo.
Los rostros de Harold y Michael serán indelebles
A las siete de la noche de esta semana, conversamos con las familias en una cafetería cercana a los puntos donde Harold y Michael recibieron los disparos. La proximidad con esos lugares, y con la estación de Policía de El Lido, de donde hace un año salieron los uniformados y la tanqueta que atacaron a los manifestantes, sigue dando escalofríos.
La convivencia con la Policía asfixia a las familias. Hay desconfianza, hay temor, hay frustración de saber que quienes mataron a sus hijos siguen ejerciendo su labor sin ninguna consecuencia. En palabras de Jenny, el ideal es sencillo: que condenen a los autores intelectuales y materiales. Que les aparten de sus cargos porque son un peligro para la sociedad.
María Italia y ella hacen un paralelo entre las investigaciones por la muerte de sus hijos y la de un miembro del CTI que fue asesinado en el sector de La Luna, tras disparar contra manifestantes. “Ha habido avances y desde junio hay una persona en la cárcel. Yo me pregunto ¿qué tenía ese funcionario del CTI que no tuviera mi hijo?”.
Mientras tanto, los rostros de Michael, Harold y las demás víctimas mortales del Paro Nacional en Siloé aparecen sonrientes en un mural en el cementerio San José, a pocos metros de la glorieta. Allí también acude Jenny para tomarse fotos al lado de su hijo y sentir que están cerca.
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