Los días del 12 al 14 de mayo marcaron un antes y un después para las mujeres en Popayán. A las nueve de la noche de ese 12 de mayo Emily, una joven de 18 años, se apartó de su mamá, una enfermera que integraba la Misión Médica de ese día en la ciudad. En un video que circula en redes sociales, se ve cómo la Policía captura y traslada a la joven a la Unidad de Reacción Inmediata (URI). Cerca de las 10:31 p.m., la joven fue entregada a su mamá, a quien le describe los tratos de la Policía.
Esa misma noche, a las 9:06 p.m. la Red Alterna, un medio comunitario, reportó en vivo la captura de otra menor, Alison, a quien cuatro agentes de la Policía y el Esmad trasladaron hacia la URI por la fuerza. Al tiempo, hostigaban a medios y organizaciones de DD.HH por grabar y hacer veeduría de estos casos.
Posteriormente el país conoció los hechos: ambas menores de edad fueron víctimas de abuso sexual por parte de la Fuerza Pública. Un crimen que abrió un doloroso debate en redes y medios sobre que constituía abuso sexual, si este involucraba violación, y en caso de que no ¿Era tan grave entonces? Se preguntaron algunas personas. “Para violar a una mujer no es necesario penetrarla”, dijo la mamá de Emily en medios. Días después, la Fiscalía descartó abuso sexual al interior de la URI.
Al otro día, 13 de mayo, Alison decidió acabar con su vida, luego de denunciar los hechos de esa noche en Facebook. Al recibir el reporte del suicidio, la Coordinación de Organizaciones Sociales del Cauca decidió cancelar el Puesto de Mando Unificado (PMU) que había convocado ese día la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán. En vez de eso, fueron a Medicina Legal a acompañar el caso.
El suicidio de Alison fue una prueba nefasta de lo que que esta Coordinación, que une y activa organizaciones sociales del departamento cuando hay movilizaciones desde 2019, había advertido días atrás. Sentadas en la mesa del PMU convocado por el Paro Nacional, con la administración municipal y departamental, esta Coordinación de Organizaciones Sociales, que incluye varias de mujeres, advirtió la posible violación de derechos de las mujeres y casos de violencia sexual que podrían ocurrir con la militarización de la ciudad y el departamento vía Asistencia Militar.
Esta advertencia traía consigo una exigencia clara: que las entidades como Secretarías de Gobierno, Secretarías de La Mujer, el Ministerio Público y la Policía tomaran medidas específicas y, sobre todo, con enfoque de género para garantizar el derecho a la protesta de las mujeres.
Estas medidas no se tomaron. Y han sido las mujeres más desprotegidas quienes han pagado las consecuencias en la zona. Y a su vez han sido las organizaciones de mujeres quienes han acompañado casos como el de estas dos menores y cobijado a sus familias ocupando un rol vital en situaciones específicas de violencia sexual que vive el departamento por causa del Paro Nacional y las decisiones que se han tomado.
¿Es posible que las mujeres ocupen el espacio público de Popayán y el Cauca en el marco de la protesta social? En MANIFIESTA quisimos entender si para las mujeres payaneses existe la garantía de construirse como sujetas políticas en las calles y en el marco de este estallido social.¿Quién defiende este derecho? ¿Quién acompaña la exigencia de justicia?
Una ciudad blanca con alerta anunciada
Desde el inicio del Paro Nacional, el pasado 28 de abril, las manifestaciones fueron masivas en Popayán. Cada vez que la Coordinación de Organizaciones Sociales convocaba, las calles respondían a reventar. Desde el primer día, también, las movilizaciones terminaron en disturbios y violencia policial ejercida contra manifestantes, algo que registró la prensa local.
Así, con una situación creciente de enfrentamientos y de violencia ejercida por la Fuerza Pública, la ciudad llegó al 12 de mayo. La abogada Diana Carolina Cano, quien trabaja para la Defensoría del Pueblo de Popayán en el Programa PRODEFENSORAS, cuenta sobre estos primeros días de movilización: “Por unos antecedentes que se habían tenido en Cali, ya se había solicitado por parte de las organizaciones que hubiera algún mecanismo de prevención para el tema de la violencia sexual”.
Diana explica que esta forma de violencia ha sido una regla en contextos de presencia de actores armados y fuerza pública, en donde generalmente se exacerban las violencias basadas en género. Es por esto que se hace la exigencia al PMU de tomar medidas con un enfoque que garantizara los derechos de las mujeres manifestantes. Según cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta 2017 se contabilizaron 15.076 personas víctimas de delitos contra su libertad e integridad sexual dentro del conflicto armado. 53% de ellas son niñas.
El Puesto de Mando Unificado en el Cauca tiene un carácter inédito. Es el primero en Colombia que unifica y sienta en la misma mesa a Gobierno municipal y departamental con los organismos que regula el Decreto 003: Policía, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y además concertar un diálogo con las organizaciones sociales que pertenecen a la Coordinación de Organizaciones Sociales. Esta unificación, que tiene lugar desde inicios de este año por pedido de la Defensoría del Pueblo, se ha convertido en un escenario de diálogo y seguimiento a la acción de la Fuerza Pública, mucho más en el Paro.
Con la orden de asistencia militar que Duque decretó los primeros días del Paro, el PMU, que antes había ayudado para establecer corredores humanitarios en los días anteriores de Paro, se convirtió en una mesa de advertencia y exigencia. Y es especialmente la Ruta Pacífica de las mujeres Cauca quienes advirtieron a las autoridades locales sobre los riesgos de militarizar Popayán. Su trabajo antimilitarista y pacifista en el departamento las lleva a afirmar que cada vez que se militariza un territorio los cuerpos de las mujeres están en riesgo de violencia sexual.
Dentro del Puesto de Mando Unificado y la Coordinación de Organizaciones Sociales, Valeria Mosquera, una de las integrantes de la Ruta, advierte esto desde el momento en que las autoridades deciden acatar la orden nacional y el 2 de mayo Popayán se militariza. Valeria cuenta que el 12 de mayo “El tema inició cuando la Fuerza Pública cerró a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que, aún estando plenamente identificados con los chalecos, la Policía se los lleva a unas instalaciones cercanas para verificar su identidad”.
También recuerda que luego de eso les alertaron sobre cuatro personas detenidas entre las que se encontraban menores de edad. “Como yo hago parte de una organización de mujeres, lo primero que miro es si hay mujeres y había dos”, las dos jóvenes que fueron víctimas de abuso sexual esa noche. “La situación logra calmarse cuando se le entrega la primera menor a su abuela y la segunda a su madre”, cuenta ella.
La primera joven que retuvieron la noche del 12 de mayo fue Emily, quien había salido con su madre Doris Portilla para acompañarla en la Misión Médica. Doris contó en medios cómo la Policía le impidió en ese momento acercarse a su hija, a pesar de haber estado debidamente identificada con logos y banderas de la Misión Médica. “Yo alcanzo a ver a lo lejos cómo tiraban a mi hija al piso, alcanzo a ver cómo era ultrajada físicamente y yo quería estar ahí ser yo la que recibiera los golpes..”.
En la misma entrevista Doris contó lo que escuchó decir a los agentes de Policía mientras retenían a su hija. “Si ella no se tiraba de la moto en medio de dos hombres que ya la habían agredido verbalmente, sexualmente, diciéndole cosas como ‘Te quiero lamer mientras te bajo los pantalones: (…) ¡Qué haces en la calle en vez de estar en tu casa cocinando, mechuda, ¿dónde está tu resistencia? (…)’ gritaban ‘busquen a la mamá’. Lo que ellos no sabían era que la mamá estaba a media cuadra”.
Por otro lado, a las 9:04 p.m., los periodistas de Red Alterna captaron en un en vivo la captura de alguien: era Alison, quien se ve forcejeando con uno de ellos. Otro agente motorizado le impidió al periodista acercarse a preguntar los datos y le gritó “no se meta”. El en vivo muestra luego cómo un policía da la orden de llevarla y es trasladada por cuatro agentes del Esmad. Los cuatro menores se entregan a sus familias a las 10:37 p.m. sin judicialización. Cuando Emili sale de la URI las redes de Derechos Humanos graban el video que circularía posteriormente en redes sociales.
Al día siguiente, 13 de mayo, ocurrió la tragedia. “Les tocó cogerme entre 4, ¿no hijueputas? escribió Alison en la denuncia que hizo por Facebook antes de quitarse la vida.
“Si la Fuerza Pública lo niega es suficiente”
La misma noche que Alison se suicidó, la Articulación Feminista 8M Popayán, que junta a organizaciones feministas y transfeministas, convocó para el día siguiente el Plantón “Ni una Menos: Mujeres Contra la Impunidad”, frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana. Al plantón llegaron diferentes sectores de la sociedad payanesa. Muchas personas que no habían participado en el Paro Nacional hasta entonces, se dieron cita para exigir justicia y un esclarecimiento de los hechos: necesitaban saber qué había pasado.
Ese día, el plantón terminó con la quema del mismo URI donde las jóvenes fueron víctimas de agresión sexual, así como las instalaciones de Medicina Legal.
Esa misma noche que se citó el plantón, la Policía Nacional publicó un video en sus redes sociales donde el Brigadier General de la Policía Ricardo Augusto Alarcón Campos asegura que la noticia es falsa. No se menciona nada sobre el caso de Emily.
Al mismo tiempo, La Ruta Pacífica de las Mujeres y la corporación Ecofeminista Comunitar emitieron una denuncia pública que se tituló“¡NO ES UN HECHO AISLADO!”, mientras sus equipos psicosociales y jurídicos acompañaban a las familias de las víctimas. “Para transformar hay que recordar”, inicia el comunicado, el cual denuncia públicamente las agresiones sexuales de las que fueron víctimas estas jóvenes.
Entre las organizaciones que hicieron veeduría el 12 y 13 de mayo también se encuentra la Red Francisco Isaías Cifuentes. Una de sus abogadas, Lizeth Montero, afirma que “La Secretaría de la Mujer Departamental y Municipal no han entendido de lo que estamos hablando. Esas dependencias le preguntan a la fuerza pública si el hecho ocurrió o no y si la Fuerza pública lo niega es suficiente”. Lizeth explica que no se dimensionan cuáles son los alcances de esta forma de violencia: “No implica necesariamente a la violación sino que implica una serie de conductas que afectan la integridad sexual de una mujer”.
Cuando son menores el tratamiento, según Lizeth, no cambia. “El ICBF ha llegado a desplegar acciones revictimizantes, llegan directo a cuestionar a los familiares de las víctimas por su capacidad o no de ser buenas mamás, por ejemplo”.
En conversación con la Secretaría de la Mujer del Municipio, la abogada Mariana Bermúdez, asegura que “nosotros tuvimos en el caso de Alison un reporte casi que inmediato del traslado por parte de cuatro agentes del Esmad y al otro día en horas de la tarde, cuando nos enteramos de la situación (de suicidio), enviamos al Equipo Purpura y nos comunicamos con Medicina Legal y la Uri para ver la situación, al mismo tiempo que entramos en contacto con Fiscalía”.
Según ella, también, se le prestó atención a la abuela y a la tía de Alison: “Fuimos el primer equipo psicosocial que estuvo apoyando a la familia (…). Reportamos la situación a la Policía y Procuraduría el día anterior y solicitamos implementación de Protocolo de Minnesota, por tratarse de una menor de edad y la aplicación de la práctica forense con enfoque de género”.
Sin embargo, la organización Comunitar asegura que fue esta organización la que prestó atención psicosocial y jurídica en el caso de Alison, y no la Secretaría de la Mujer. Su psicóloga, Fernanda Fajardo, señala dos puntos claves en este caso. Por un lado el cuestionamiento constante de su papel de defensoras y acompañantes de procesos psicológicos a víctimas y, por otro, la limitación del entendimiento social sobre las violencias sexuales.
“Cuando el agresor es el Policía o un militar se pone el ojo sobre nosotras y nuestro ejercicio y no sobre el caso o la institución”, afirma Fernanda. “En nuestro imaginario como mujeres la percepción corporal es muy importante, es lo que nos hace sentir seguras cuando nos sentimos en peligro. Cuando pasan esos tipos de violencia te invaden el espacio personal, pero también te quita la posibilidad de decidir sobre tu cuerpo y cuando eso sucede la sensación de seguridad no es algo que se quite cuando el agresor se va”.
Sobre el segundo caso de agresión sexual, la Secretaría no realizó una acción puntual el día de los hechos, pero sí buscó a la familia desde el 14 de mayo. Sin embargo, esta no desea un acompañamiento por parte de la entidad.
El pasado 14 de mayo, al respecto del abuso policial y las violencias basadas en género en el marco del Paro, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado donde registraba al menos 87 reportes de violencias basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias son: Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Cauca, este último con ocho casos.
Justicia para Alison y Emily
Casi un mes después, cada caso está yendo por un lado diferente. En cuanto a lo sucedido con Alison, la Fiscalía conformó el 14 de mayo un equipo especial liderado por la fiscal coordinadora del grupo de género.
Hace unos días, la entidad descartó que Alison hubiera sido víctima de acceso carnal violento dentro de la URI y se siguen investigando abusos durante su traslado. El pasado ocho de junio también se conoció que la Fiscalía imputará cargos a un policía que participó en el traslado de la menor.
El caso de Emily se encuentra en investigación en la Fiscalía 03 Seccional CAIVAS Popayán. A pesar de insistir, no pudimos establecer comunicación con la entidad.
La Secretaria de Gobierno Municipal Elvia Rocío Cuenca, quien en periodos pasados fuera Secretaria de la Mujer Departamental, afirma que una de las principales estrategias para garantizar el derecho a la protesta es el acompañamiento de Garantes de Convivencia quienes, según ella, han tenido un papel clave desde el pasado 28 de abril.
“El programa de Gestores de Convivencia hace acompañamiento siempre a las movilizaciones”, explica ella, añadiendo que la Secretaría de la Mujer se encarga de la situación de las mujeres durante las marchas. “En cuanto a las marchas y movilizaciones casi todas se han desarrollado de manera pacífica, las situaciones se presentan al cierre, cuando (…) se generan disturbios que han generado daños en la infraestructura y ahí entra nuestro programa de derechos humanos, aunque acudan mucho más a organizaciones de la sociedad civil”.
Ante la pregunta sobre qué sucedió el pasado 12 de mayo, la Secretaria sostiene que se desplazó con su equipo hasta la URI para garantizar que los jóvenes fueran entregados a sus padres o acudientes. “Llegué sobre las 9 de la noche, llevé yo misma hacia la URI al Coordinador de Derechos Humanos y se quedó en esas instalaciones haciendo el ejercicio de acompañamiento, estando pendiente de que la entrega a padres o adultos responsables de los menores”. La secretaria afirma que cuando los videos que rodean al caso salieron en redes sociales, los remitieron a la Secretaría de la Mujer.
Sin embargo, al preguntarle sobre enfoques diferenciales para menores y enfoques de género, la Secretaria respondió que “No lo tenemos escrito, no tenemos un instrumento especial, pero si lo hacemos en terreno porque la Secretaría de Gobierno ha pedido, por ejemplo, al ICBF que fueran garantes. Incluso en mesas de PMU se había alertado que había mucha presencia de niños en territorio”.
Respecto a enfoques de género ante los hechos, respondió que “En la secretaría de Gobierno no hay una ruta, pero hacemos lo mismo si tenemos que activar algo con la Comisaría de Familia, lo activamos. Si tenemos que pedir el apoyo de la Defensoría del Pueblo, se hace o con la Secretaría de la Mujer que es quién es competente”.
Por su lado la abogada Mariana Bermúdez responde que una de las principales estrategias de su despacho es el Equipo Púrpura. Este se encarga de la prevención de las violencias basadas en género en el marco de las protestas, por medio de apoyo psicológico, jurídico y también el papel de mediación en caso de confrontación.
Sobre el acompañamiento que han realizado en las marchas, Mariana responde que “Nuestro ejercicio de acompañamiento fue entre tarde y noche primero, pero resulta que la noche se puso muy compleja y estuvimos en una situación en donde el equipo tuvo que protegerse porque quedó en medio de una confrontación en donde pasaron muchas cosas muy graves. Decidimos que las profesionales estuvieran acompañando en el tema del día y tarde y después, en la noche, se encargaba Secretaría de Gobierno”, afirma.
El cubrimiento de los casos de violencia sexual por parte de los medios, la respuesta en redes sociales y los cuestionamientos directos a defensoras de los derechos de las mujeres, llevan a preguntar si como sociedad se reconoce el impacto que tiene en nuestras vidas este tipo de violencias. Si acompañamos el ejercicio del pedido de justicia o si por el contrario se refuerzan discursos justificadores de esas violaciones por parte de la fuerza pública.
Si las instituciones garantizan precaria y desarticuladamente entre ellas nuestro derecho a la protesta, si las violencias sexuales perpetradas por la Fuerza Pública son desestimadas. ¿Quién demanda el derecho a la justicia? ¿Cómo se acompaña y quien acompaña este derecho?
Al cierre de esta edición y como escenario inédito, la Coordinación de Organizaciones Sociales hizo una ‘denunciatón’. Esta fue comandada por las organizaciones de mujeres para hacer visible comportamientos de represión y abuso policial sistemático.
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Al cierre de esta nota, ni la Secretaría de la Mujer Departamental, ni la Defensoría respondieron a nuestra solicitud de una entrevista. Tampoco fue posible entablar diálogo con las fiscalías que llevan ambos casos. Los familiares de Alison han decidido no dar más declaraciones a los medios.
