El pasado 27 de junio se conoció que la Registraduría oficialmente archivó el ‘Referendo Provida’, cuyo comité promotor estaba encabezado por la ex senadora del Centro Democrático Milla Patricia Romero e integrado por John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres), María del Rosario Guerra (Centro Democrático), Esperanza Andrade (Partido Conservador), entre otras figuras políticas y religiosas. Este buscaba cambiar la Constitución para reafirmar la existencia de derechos del no nacido, reconocer su personería jurídica y fortalecer la libertad de conciencia para el ejercicio de la objeción. Eufemismos que, sin mencionar la palabra ‘aborto’, estarían buscando afectar directamente un derecho, pues abortar en Colombia está despenalizado hasta la semana 24 desde el año pasado gracias a un fallo de la Corte Constitucional.
A pesar del despliegue del ‘Referendo Provida’ en la recta final, apoyades por comunidades de fe radicales y poderosas, solo recogieron 1.2 millones de firmas. El umbral para continuar con el proceso son cerca de dos millones, cinco por ciento de la población habilitada para votar en Colombia.
Sin embargo, hay una segunda iniciativa que sí avanzó de manera silenciosa y ayer, 25 de julio, habría entregado las dos millones de firmas, según declaraciones de sus voceras. ¿Quién encabeza este referendo? ¿Quiénes conforman su comité promotor? ¿Cómo recogieron los apoyos? ¿Qué podemos esperar una vez la Registraduría tenga las firmas? En MANIFIESTA hacemos un recuento del segundo referendo antiaborto convocado el año pasado por la política y pastora Sara Castellanos Rodríguez, y conocido como ‘Referendo por la Vida’.
Un referendo promovido por un pacto de sangre
El 23 de febrero de 2022, dos días después de que la Corte despenalizara el aborto en Colombia hasta la semana 24, Sara Castellanos, ex concejala de Bogotá y ex candidata al Senado por el Partido Liberal, anunció en medios de comunicación que ella y un grupo de ocho ciudadanos más habían radicado una solicitud de referendo constitucional. Esto es, una iniciativa de participación ciudadana que, en este caso, buscaba modificar el artículo 11 de la Constitución para reconocer el “derecho a la vida desde la concepción”. Un mes después, la Registraduría lo oficializó. A partir del 23 de marzo, Castellanos y su comité tendrían seis meses exactos para la recolección de firmas, según lo indicado.
Podría decirse que este referendo es ‘un pacto de sangre’ y su lugar de convergencia es la iglesia Misión Carismática Internacional, dirigida por el pastor César Castellanos, papá de Sara. Su comité promotor está integrado por Emma Claudia Castellanos, mamá de Sara; Manuela Alejandra Castellanos, su hermana; Clara Lucía Sandoval, líder de Misión Carismática y ex candidata a la Cámara. Hay cinco integrantes más: Johana Chaves García, Luisa del Río Saavedra, Martha Consuelo Nivia Bejarano, Ivonne Tatiana Vanegas Cala y Edna Patricia Casallas Ortegón.
¿Cómo avanzaron con las firmas?
“(…) parece ser que el referendo de Sara Castellanos ha sido más efectivo en WhatsApp. Estaba organizado en grupos de WhatsApp por regiones y a través de ahí se daban instrucciones”, nos cuenta una integrante de un colectivo de derechos sexuales y reproductivos que ha hecho seguimiento de las iniciativas, quien prefiere mantenerse anónima. Este es uno de los elementos que explican por qué el avance de esta iniciativa fue más silencioso y certero que el del referendo archivado. Se usaron canales distintos a las redes sociales para recolectar apoyos. La conversación digital se enfocó en un nicho.
Por otra parte, entre las estrategias de recolección, identificamos la participación de menores de edad. Esto también ocurrió en la campaña del referendo de Milla Romero: niñes con formularios, diciendo que el referendo buscaba “acabar el aborto en el mundo”. Carol Borda, vocera de la iniciativa de Castellanos, expresó en medios que les menores de edad se unieron para ayudar ya que no podían firmar.
Una prórroga otorgada por el Fenómeno de la Niña
La Ley 1757 de 2015 estipula que pasados seis meses se podrá prorrogar el periodo de recolección de firmas de un referendo solo por fuerza mayor o caso fortuito*. Los dos referendos hicieron este pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE). Sara Castellanos remitió su solicitud el 6 de septiembre de 2022, pues su plazo de seis meses se venció el 23 de agosto. Milla Romero envió la solicitud un mes después, el 22 de noviembre de 2022. Sin embargo, fue este último el que recibió una respuesta favorable primero, el 15 de diciembre. El CNE les concedió tres meses extra antes de otorgarles la prórroga, en los que tampoco lograron la meta.
El argumento que ambos comités presentaron fue el mismo: las lluvias intensas relacionadas con el Fenómeno de la Niña. Para Danilo Sepúlveda, sub coordinador de justicia electoral de la Misión de Observación Electoral (MOE), es importante cuestionar la consistencia de ese argumento y tener presente que la decisión del CNE sienta un precedente sobre la definición de fuerza mayor y caso fortuito.
Finalmente, cinco meses después de presentada su solicitud de prórroga, Castellanos también obtuvo una respuesta favorable –mediante la Resolución 1322 de 2023– y tres meses más de plazo. Aunque el documento no explica la demora, esta podría estar relacionada con que el CNE tuvo que estudiar un escrito de oposición en el que se solicitaba no conceder el plazo adicional a la iniciativa.
Este fue presentado por el ciudadano Alejandro Matta Herrera. Matta argumenta que el Fenómeno de la Niña no se extendió a todo el país ni duró los seis meses destinados a recoger las firmas. “No podría afirmarse que el fenómeno de la niña haya generado una fuerza destructora que haya paralizado al país de forma general impidiendo la recolección de apoyos”, dice el ciudadano en el documento. Sin embargo, en concepto del CNE, la ocurrencia climática sí fue un impedimento.
¿Qué debemos esperar?
Con los más de dos millones de firmas entregadas, el siguiente paso es el conteo y revisión de estas a cargo de la Registraduría, que por ley debería tardar máximo 45 días. Recordemos que en 2014, otro referendo antiaborto convocado por la organización antiderechos Unidos por la Vida, en respuesta a la Sentencia C-355 de 2006 que despenalizó el aborto en tres causales, anunció haber recogido dos millones de firmas. Sin embargo, en la segunda fase, la Registraduría declaró que solo 842.434 eran válidas. La mayoría presentaba problemas de legibilidad e inconsistencias de datos.
En la eventualidad de que los apoyos del referendo de Castellanos sean válidos y sobrepasen el umbral, este tendrá que avanzar en el Congreso, a través de un acto legislativo. De ser aprobado, irá a revisión de constitucionalidad en la misma Corte que falló a favor de la despenalización el año pasado. Finalmente, se convocarían votaciones en el país.
Juliana Martínez, secretaria técnica de Causa Justa, señala lo incoveniente de utilizar los mecanismos de partición ciudadana para atacar derechos fundamentales de grupos históricamente discriminados y que son sujetos de protección, como las mujeres. Aunque el éxito de este referendo parece un escenario imposible, la iniciativa demuestra, una vez más, que el lobby antiderechos y sus estrategias sigilosas ocurren en paralelo a nuestros avances feministas.
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